Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74469
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.469, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Koshibo S.A. y ot. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan, Violini, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- había rechazado las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva y acogido parcialmente la de prescripción, en lo relativo a los períodos comprendidos entre enero de 1998 y diciembre de 1999 (v. fs. 244/250).
Disconformes con dicho pronunciamiento, las codemandadas Elizabeth Sonia Severino y María Alejandra Padin interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. fs. 255/258), mientras que la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 259/267). De todos ellos, solo este último remedio fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 269/270).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 276) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara desestimó los recursos de apelación presentados por ambas partes, confirmando así el fallo de grado que había rechazado las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva y acogido parcialmente la de prescripción, en lo relativo a los períodos comprendidos entre enero de 1998 y diciembre de 1999 por el impuesto sobre los ingresos brutos.
I.1. Para rechazar el recurso de la parte demandada, la mayoría del tribunal a quo consideró, por un lado, que los títulos ejecutivos de autos presentaban los requisitos extrínsecos exigibles (v. sent. a fs. 245 vta./246 vta., votos del señor juez De Santis -párrs. primero y segundo- y de la señora jueza Milanta -párr. tercero-).
Entendió asimismo que, tanto los agravios concernientes a la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria dispuesta por la resolución determinativa sobre la base de lo regulado por los arts. 17, 20 y 54 del Código Fiscal (t.o. 1999), como los atinentes a la falta de tratamiento de las defensas planteadas en sede administrativa, implicaban ingresar en aspectos ligados al procedimiento que antecedió a la emisión de la boleta de deuda, algo que estimó ajeno al proceso de apremio (v. sent. a fs. 245 vta./246 vta., votos del señor juez De Santis -párr. tercero y sigs.- y de la señora jueza Milanta -párr. cuarto-).
Añadió también una referencia a los argumentos brindados por la jueza de primera instancia, quien fuera de lo ya indicado había ponderado el carácter de instrumento público de las liquidaciones expedidas por los funcionarios autorizados, la preclusión de la etapa administrativa, la fuente legal de la solidaridad discutida, la naturaleza excepcional de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y la necesidad de que las interesadas demuestren acabadamente su agravio constitucional (v. sent. de grado a fs. 201/203 y sent. de Cámara a fs. 245 vta./246 vta., votos del señor juez De Santis -párr. séptimo- y de la señora jueza Milanta -párr. segundo-).
En disidencia, el señor juez Spacarotel sostuvo que la limitación de la defensa de inhabilidad de título al análisis de sus formas extrínsecas no puede "sacralizarse" en desmedro de la posibilidad de atender planteos que versan sobre la inexistencia o inexigibilidad de la obligación, cuando ella resulta indubitable, manifiesta, de sencilla comprobación o puede esclarecerse en el cauce del proceso promovido.
Agregó que -en su visión- el carácter objetivo de la responsabilidad solidaria regulada por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2004) desborda las pautas derivadas de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales y, por ende, viola el art. 31 de la Constitución nacional, lo cual abona el cuestionamiento de la idoneidad del título ejecutivo presentado.
I.2. Para desechar -por unanimidad- el recurso de apelación a través del cual la Fiscalía de Estado cuestionara el acogimiento parcial de la excepción de prescripción, el Tribunal de Alzada señaló ante todo que -a su entender- los hechos del caso quedaron consumados al amparo del Código Civil (ley 340), sin que la posterior entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (ley 26.994) pudiera incidir en ellos.
Sostuvo que todo lo concerniente al plazo de prescripción, al inicio de su cómputo, a las causales de suspensión e interrupción y aun al lapso de gracia posterior constituye una materia de fondo, asociada al derecho de propiedad y regulada por el Congreso de la Nación (arg. art. 75 inc. 12, Const. nac.). De allí extrajo que resultaban aplicables al caso los arts. 3.956, 3.980, 3.986 y 4.027 inc. 3 del ya citado Código Civil.
Consideró admitido por el propio Fisco que la resolución 3.965, dictada el 27 de diciembre de 2004, puso fin al procedimiento recursivo instado por la firma demandada. Manifestó que a partir de ese momento -y no de la notificación practicada el 26 de abril de 2005- cabía reputar removido el impedimento mentado por el art. 3.980 del Código Civil, desde el cual se computa el plazo de gracia de tres meses allí establecido.
Concluyó que, bajo esos lineamientos, las obligaciones correspondientes a los períodos 1998 y 1999 se encontraban prescriptas.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y 16, 17 y 121 de la Constitución nacional.
Luego de reseñar los antecedentes del juicio, critica que el Tribunal de Alzada haya desplazado las normas locales que regulan la prescripción de los tributos, sin especificar los motivos por los cuales estas no serían compatibles con las disposiciones del Código Civil y sin declarar su inconstitucionalidad.
Manifiesta que son varios los motivos de orden constitucional que justifican el dictado de una regulación autónoma, estrictamente local, sobre todos los aspectos que rodean a los impuestos provinciales, entre ellos la extinción de la obligación de ingresarlos. Invoca en tal sentido los arts. 5, 121 a 123 y 126 de la Constitución nacional.
Afirma que la doctrina del caso "Filcrosa" se encuentra en la actualidad huérfana de todo apoyo legislativo, debido a que los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) demuestran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea que, además, esta potestad conlleva la facultad de establecer el modo de computar tales términos.
Expone que en autos se ejecuta una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, gravamen de carácter anual que se determina a través de una declaración cuyo vencimiento opera en los meses de marzo o abril de cada año y que recién con posterioridad la autoridad de aplicación se encuentra en condiciones de exigir lo adeudado. Defiende por ello la razonabilidad y la aplicación al caso de la solución sobre el inicio del cómputo del término prescriptivo establecida en la última parte del primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011).
Sostiene que las causales suspensivas e interruptivas del curso de la prescripción reguladas por el Código Fiscal pueden ser compatibilizadas con las disposiciones del Código Civil. Concretamente, asimila la suspensión establecida por el art. 161 inc. "a" del cuerpo normativo provincial con la previsión del art. 3.986 segundo párrafo de la preceptiva de fondo.
Admite que escapa a esta semejanza la regla local que extiende dicha suspensión hasta noventa días después de la notificación de la resolución del recurso interpuesto contra el acto determinativo, pero aduce que ella debe ser analizada a la luz de la doctrina sentada -entre otras- en la causa B. 52.202, "Pucheta", sentencia de 1-III-2004. Advierte que allí se le asignó efectos interruptivos de la prescripción, hasta el agotamiento de la vía administrativa, a la reclamación formulada en esa sede. Por tal motivo considera que el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal consagra una válida autolimitación en la materia.
Tras practicar el cómputo de los plazos de prescripción de los períodos discutidos a la luz de los criterios pregonados, concluye que, a la fecha de promoción del apremio (25-VII-2005), ninguno de ellos había vencido.
Reprocha al tribunal actuante no haber advertido que durante la tramitación del expediente administrativo el Fisco estuvo imposibilitado de ejercer la acción de cobro. Sostiene que ello obsta al cómputo de dicho lapso, por no existir entonces deuda exigible. En apoyo de sus dichos, cita lo dispuesto por el art. 2.554 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso prospera.
III.1. La impugnación relativa a la errónea aplicación de las normas que rigen la prescripción de impuestos debe ser favorablemente acogida en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.; mi voto en causas A. 71.388, cit., pto. IV.3.i.; A. 73.098, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cejas", sent. de 20-III-2019; A. 74.284, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sent. de 8-V-2019 y A. 71.949, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Andreani", sent. de 23-XII-2020).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las derivaciones de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III.3. Consecuentemente, entiendo que corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 inc. "a" y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción en relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la firma Koshibo S.A. para los períodos fiscales 1998 y 1999.
IV. Sentado lo principal, no parece ocioso señalar que si bien en precedentes muy recientes me he pronunciado en contra de la constitucionalidad de la responsabilidad solidaria regulada por el Código Fiscal (v. por todos, mi voto en causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sent. de 23-II-2021), ello ha sido así en la medida en que semejante asunto había llegado -de una forma u otra- a la instancia extraordinaria del Tribunal. Tal cosa, como se ha visto, no acontece en la especie.
Al margen de lo que quepa ser discutido en el marco de un juicio de apremio, lo concreto es que no ha arribado a conocimiento de esta Corte remedio alguno contra la parcela del fallo del Tribunal de Alzada que confirmó el rechazo de las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva, ni se verifican las condiciones que habilitan el uso del instituto de la apelación adhesiva puesto que el a quo trató el tema -en sentido desfavorable para la ejecutada- sin que pueda reputarse desplazado (cfr. mi voto en causas A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021 y A. 76.115, "Siemens S.A.", sent. de 31-VIII-2021).
Nótese que se trata aquí de un proceso de ejecución fiscal en el cual los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad incoados por las codemandadas fueron denegados por la Cámara, en el entendimiento de que no se hallaba cubierto a su respecto el recaudo consistente en que el pronunciamiento atacado resultase definitivo o equiparable a tal, quedando las impugnantes habilitadas a ejercer la vía prevista en el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 270).
Al margen del acierto o error de dicha afirmación, lo cierto es que la decisión fue notificada a las codemandadas (v. cédula de fs. 274) quienes no articularon ante esta Suprema Corte queja contra lo así resuelto. Por consiguiente, atendiendo a la firmeza adquirida por dicho auto, la postura con la que llega el caso y estando involucrados derechos de contenido patrimonial de ordinario disponibles, no corresponde al Tribunal subrogar a la parte en el intento impugnatorio que voluntariamente dejó desierto, supliendo oficiosamente tal omisión (conf. mi voto en causas A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sent. de 25-II-2021 y A. 70.476, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mareque", sent. de 28-VIII-2021).
V. Por los fundamentos desarrollados, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar el pronunciamiento atacado en cuanto fuera motivo de agravio y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que -debidamente integrado- se expida nuevamente sobre la prescripción de los períodos 1998 y 1999, aplicando al caso los arts. 159, 161 inc. "a" y demás normas relevantes del Código Fiscal (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 289, CPCC).
Las costas se distribuyen por su orden, dado que los demandados pudieron creerse con derecho a oponer excepciones (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr., CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Me aparto de las consideraciones efectuadas por el distinguido colega que inicia el acuerdo, en tanto considero que el recurso extraordinario no puede prosperar.
Ello, por cuanto -recientemente- el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su voto- declaró aplicable al caso las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 25, ley 13.406; 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.