Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74489
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.489, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Consorcio Médico Sarmiento s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres , Soria, Genoud, Violini, Budiño , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción y mandó llevar adelante la ejecución promovida (v. fs. 194/204 y 255/275).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 305/323), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 327/328).
Desestimado el recurso de inconstitucionalidad, dictada la providencia de autos con respecto al de inaplicabilidad de ley (v. fs. 344/345) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara interviniente confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de prescripción interpuesta y mandó llevar adelante la ejecución promovida, con costas a la demandada.
I.1. Para así decidir, comenzó por transcribir el art. 2 de la ley 13.406 en relación a la conformación del título ejecutivo, como así también lo previsto en los arts. 9 y 10 de esa norma respecto de las distintas excepciones que pueden oponerse, haciendo hincapié en que se impone a la ejecutada la carga de probar aquella que plantea.
Mencionó las disposiciones del Código Fiscal (ley 10.397) regulatorias de la prescripción que son aplicables al caso.
Por un lado, el art. 131 (t.o. 2004 -actual 157, t.o. 2011-), que establece que "Prescriben por el transcurso de cinco (5) años las acciones y poderes de la autoridad de aplicación de determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código...".
Por otro, el art. 133 (t.o. 2004 -actual 159, t.o. 2011-), en el que se señala que "Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la autoridad de aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. [...] Los términos de prescripción establecidos en los artículos 131 y 132 no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Autoridad de Aplicación por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia. Esta norma será de aplicación para las obligaciones de carácter instantáneo y para los tributos de base patrimonial en cuanto infrinjan normas de índole registral. Los términos de prescripción a que alude el párrafo precedente, quedan limitados a cinco (5) años a partir del 1º de enero del año siguiente a la verificación de los hechos aludidos".
Así también, reprodujo los arts. 134 y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004 -actuales 160 y 161, t.o. 2011-).
Luego de rememorar que la interpretación de las normas debe ser sistémica, desestimó los agravios esgrimidos por la apelante y confirmó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los artículos del Código Fiscal reguladores del inicio del cómputo de la prescripción, como asimismo el de los que establecen la interrupción y suspensión de su curso.
Remarcó, tal como indicara el juez de primera instancia, que el impuesto de sellos tiene una naturaleza objetiva e instantánea y que el término de la prescripción quinquenal no comienza a correr hasta tanto los hechos imponibles puedan ser conocidos por la autoridad de aplicación por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia. En ese sentido, destacó la relevancia de la exteriorización.
Sobre esa base, analizó las constancias obrantes en el expediente administrativo y rechazó el planteo de prescripción de los tributos efectuado con sustento en las previsiones legales de los arts. 48 de la ley 12.397 y 9 de la ley 13.244, dado que la exteriorización del hecho imponible había tenido lugar recién en el año 2004, a raíz de la notoria resistencia del contribuyente a los requerimientos de la autoridad de aplicación en las inspecciones llevadas a cabo.
Agregó que una interpretación contraria importaría convalidar una transgresión del art. 30 del Código Fiscal (t.o. 2004 -actual 34, t.o. 2011).
En conclusión, expresó que al haberse producido la exteriorización en el año 2004, el plazo quinquenal inició el 1 de enero de 2005, pero se suspendió el 27 de diciembre de 2006, al ser notificado el contribuyente de la resolución determinativa y sumarial 944/06. Añadió que dicha suspensión se prolongó hasta los noventa días posteriores a la notificación de la sentencia 1.074 del Tribunal Fiscal de Apelación -dictada el 18 de septiembre de 2009- y a la efectiva recepción de las actuaciones administrativas por parte de la autoridad de aplicación, situación que tuvo lugar el 4 de marzo de 2010. Entendió que recién a partir de ese momento se reanudó el plazo remanente, cuyo vencimiento se hubiera producido el 8 de marzo de 2013.
En esas condiciones, coincidió con el juez de primera instancia en que, a la fecha en que se interpuso la demanda (22 de febrero de 2013), la deuda reclamada resultaba plenamente exigible.
I.2. Finalmente, en relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 264 del Código Fiscal (t.o. 2004) indicó que adolecía de falencias y que mediante él se pretendía controvertir el origen del crédito, cuestión vedada en este proceso al no evidenciarse de manera manifiesta la inexistencia de la deuda.
II. Contra esa decisión, la ejecutada interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad, habiendo sido desestimada esta última impugnación a fs. 344/345.
II.1.a. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la demandada plantea en primer término que, del juego de los arts. 48 de la ley 12.397 y 9 de la ley 13.244, surge que las obligaciones de autos fueron novadas y que se encuentran extinguidas.
Considera absurda la interpretación según la cual la primera de dichas disposiciones comprende únicamente acreencias ya liquidadas por el organismo recaudador y expresa que el propio precepto ordena la consolidación de las deudas anteriores al 31 de diciembre de 1999 que fueran conocidas con posterioridad.
Aduce que, aun admitiendo que la exteriorización del hecho imponible tuvo lugar recién en el año 2004 o la alegada resistencia del contribuyente a la fiscalización, correspondía encuadrar la deuda en concepto de impuesto de sellos -devengada originalmente durante los años 1998 y 1999- en lo dispuesto por el art. 48 de la ley 12.397 y, en consecuencia, declararla extinguida a partir del 1 de septiembre de 2004, por no verificarse ninguna de las excepciones contempladas en el art. 9 de la ley 13.244. En abono de sus dichos invoca el informe 114/2004 -dictado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- y el voto en minoría de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación.
Sostiene que carece de relevancia lo normado por el art. 5 de la ley 13.529 (B.O., 25-IX-2006), precepto que, si bien reguló situaciones pretéritas, no podría alcanzar aquellas finiquitadas con arreglo al citado art. 9 de la ley 13.244.
Asimismo, invoca la falta de consideración de la resolución dictada por ARBA el 23 de febrero de 2005 en el marco del expediente administrativo 2306-1153940/01, agregado por cuerda a estos actuados. Advierte que ese caso resulta análogo al presente y que allí el organismo recaudador entendió que las acciones para exigir el pago se encontraban extinguidas. Niega que sus agravios impliquen controvertir el origen del crédito reclamado o la legitimidad de su causa.
En otro orden, reprocha al Tribunal de Alzada haber subordinado la reanudación del plazo de prescripción, suspendido por la intimación de pago, a la efectiva recepción de las actuaciones administrativas por parte de la autoridad de aplicación, cuya fecha real pone en duda.
Destaca que, de acuerdo con el art. 135 del Código Fiscal (t.o. 2004), la suspensión de la prescripción se extiende hasta noventa días después de notificada la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que rechaza el recurso presentado contra la determinación de oficio. Acusa a la Cámara interviniente de haber aplicado de manera retroactiva la solución brindada por la ley 14.553, publicada recién el 24 de diciembre de 2013.
Calcula el plazo de prescripción del caso desde el 1 de enero de 2005 hasta el 27 de diciembre de 2006, fecha de su suspensión, y estima que -en dicho supuesto- el término se habría reanudado el 1 de febrero de 2010 -fecha en que vencieron los noventa días hábiles administrativos posteriores a la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación-. Aduna que desde allí hasta el 22 de febrero de 2013 -fecha de inicio de este juicio de apremio- transcurrieron tres años y veintiún días y que, por lo tanto, el Fisco excedió los cinco años con que contaba para exigir el cobro.
Observa que, a tenor de lo prescripto por el art. 3 del Código Fiscal, el cómputo de ciertos términos debe hacerse en días hábiles administrativos e infiere que en la especie la Cámara consideró como inhábiles los días del mes de enero de 2010, lo cual atribuye a un error, por no existir ni haberse invocado ninguna disposición legal que así lo estatuya.
II.1.b. Bajo el título "INAPLICABILIDAD DE LEY POR CONTRARIAR LA DOCTRINA LEGAL" (v. fs. 315 y sigs.), la recurrente aclara que no tratará allí la infracción a preceptos de la Constitución provincial, en el entendimiento de que tales agravios deben ser introducidos por la vía del recurso de inconstitucionalidad. En cambio, aborda en ese acápite la alegada contradicción entre la sentencia atacada y lo decidido por esta Corte en las causas C. 81.253; C. 99.094 y A. 71.107; entre otras.
A la luz de tales pronunciamientos, sostiene que tanto el plazo como la suspensión, interrupción y demás modalidades de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales deben regirse por el Código Civil y no por el Código Fiscal.
En particular, solicita a esta Corte que aplique dicha doctrina legal "...con relación al art. 135 del Código Fiscal y los 90 días que plantea de suspensión de la prescripción, o sea que [ajuste] la iniciación de los plazos de prescripción y sus correspondientes suspensiones a las disposiciones de los art. 3956 y 4027 [...] del Código Civil" (fs. 316 vta.).
Más adelante expresa "...que la doctrina legal establecida en la Corte provincial, determina [que] los supuestos de interrupción del curso de prescripción establecido[s] en los arts. 131, 134 [y] 135 del Código Fiscal son inconstitucionales en cuanto prev[é]n supuestos distintos a los regulados en las normas de fondo (arts. 3956 y conc. del C.C.)" (fs. 317).
II.2. A continuación, la impugnante desarrolla otros dos acápites, titulados respectivamente "RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (v. fs. 317/321) e "INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS DEL CODIGO FISCAL" (v. fs. 321/323).
II.2.a. En el primero de ellos alega que resulta palmaria la inconstitucionalidad de los preceptos del Código Fiscal y plantea que el régimen de prescripción fortalece la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado de derecho y sienta las bases para que el Fisco actúe con la debida diligencia, economía de costos y eficiencia. En esa línea, cuestiona la aplicación al caso del criterio de la exteriorización, máxime por tratarse de contratos ejecutados en forma inmediata a su suscripción, que no fueron ocultados.
Concluye que no medió en la especie caso fortuito, fuerza mayor, ocultamiento ni falta de debida registración, por lo que -arguye- no existió imposibilidad material para ARBA de hacer valer sus derechos.
II.2.b. En el segundo acápite agrega que la aplicación al caso del art. 264 del Código Fiscal (t.o. 2004) provocó la determinación de una deuda en concepto de impuesto de sellos confiscatoria, que afecta su derecho de propiedad, contradiciendo además el principio de realidad económica consagrado por el art. 7 del Código Fiscal. Asimismo, niega controvertir a través de estos argumentos el origen del crédito o la legitimidad de su causa. Afirma que procura -en cambio- demostrar por qué la descomunal deuda determinada resulta a todas luces injustificada.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, he de puntualizar que, pese a lo reclamado por la demandada en distintos tramos del escrito presentado a fs. 305/323, la prescripción de las obligaciones fiscales discutida en autos no será analizada aquí a la luz de las disposiciones contenidas en el Código Civil (ley 340).
III.1.a. Al respecto cabe advertir, por un lado, que los agravios sobre la cuestión desarrollados como parte del recurso de inaplicabilidad deducido presentan serias deficiencias técnicas.
Si bien la impugnante en su presentación se propuso abordar la contradicción entre la sentencia atacada y lo decidido por esta Corte en las causas C. 81.253; C. 99.094 y A. 71.107, tanto en lo referente a la aplicación del plazo como a la suspensión, interrupción y demás modalidades de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, al aludir de manera concreta a las consecuencias que la interpretación propiciada por la actora arroja en la especie, se limita a confrontar la causal de suspensión de la prescripción normada por el art. 135 del Código Fiscal con preceptos del Código Civil que estatuyen -respectivamente- sobre el inicio del cómputo y la extensión de los plazos prescriptivos regulados por la legislación de fondo, aspectos todos ellos disímiles.
Posteriormente, en la pieza bajo examen se planteó la inconstitucionalidad de "...los supuestos de interrupción del curso de prescripción establecido[s] en los arts. 131, 134 [y] 135 del Código Fiscal [...] en cuanto prev[é]n supuestos distintos a los regulados en las normas de fondo (arts. 3956 y conc. del C.C.)" (fs. 317, segundo párr.). Ello se hizo a través de una frase ciertamente imprecisa y genérica que tampoco consigue demostrar por sí misma de qué manera la interpretación de las normas locales realizada por el Tribunal de Alzada, que llevara también a excluir el supuesto de novación previsto por la ley 12.397, se apartaría de las directrices sentadas por la preceptiva nacional invocada y la haría incurrir en absurdo.
Lo expuesto obliga a recordar que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causas A. 71.980, "M., D.", sent. de 6-IV-2016; A. 74.114, "Massalin Particulares", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En particular, esta Suprema Corte tiene dicho que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente, para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan (conf. causas A. 70.029, "Comas", sent. de 15-XII-2010; A. 69.983, "Maglione", sent. de 10-III-2011; A. 74.114, "Massalin Particulares", cit.; e.o.).
III.1.b. Cierto es que otra versión de los argumentos recién reseñados fue presentada más adelante, al fundarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (v. pto. II.2. de este voto y escrito a fs. 317 y sigs.).
Pero corresponde resaltar que, como señalé precedentemente, dicho remedio fue desestimado por esta Corte mediante su resolución de fs. 344/345, donde se puntualizó que "...la pretensión consistente en que se resuelva la prescripción aplicando las normas del Código Civil -y no las del Código Fiscal- es materia propia del recurso de inaplicabilidad de ley...".
En otras palabras, la impugnante confundió entonces la vía idónea para desarrollar su crítica sobre la falta de aplicación de las normas de prescripción contenidas en el Código Civil, fundada en el fallo "Filcrosa" de la Corte nacional y en ciertos pronunciamientos posteriores.
III.1.c. Más allá de lo expuesto, y a todo evento, advierto que en mi criterio tampoco podría acogerse favorablemente la denuncia de violación de las normas del Código Civil (ley 340) que ha sido insinuada.
Ello así, por cuanto a través de un renovado estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales y a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), he modificado mi postura anterior (que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional) para establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
Al respecto, los argumentos vertidos por el doctor Soria en precedentes de este Tribunal donde se abordaron cuestiones análogas a las mencionadas me persuaden de sostener el criterio expuesto en su oportunidad por mi colega (v. causas A. 71.388, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos", sent. de 16-V-2018; A. 73.468, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Unión Com", sent. de 19-IX-2018; A. 71.949, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Andreani", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
III.2.a. En relación a la denuncia de absurdo y violación o errónea aplicación de los arts. 48 de la ley 12.397 y 9 de la ley 13.244 he de puntualizar que la Cámara, para adentrase en esa temática, destacó que en el caso resultaban aplicables los arts. 131, 133, 134 y 135 del Código Fiscal (t.o. 2004 -actuales 157, 159, 160 y 161, t.o. 2011-), normas que indican el modo en que debe ser computado el plazo de prescripción -como así también sus causales de interrupción y suspensión-, disponiendo que la prescripción comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones, marcando una diferencia apreciable entre el régimen de la prescripción en las obligaciones tributarias y el corriente en derecho civil.
No obstante, resaltó que dichas normas también prevén que los términos de prescripción no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la autoridad de aplicación por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia.
Señaló que dichas disposiciones no resultaban inconstitucionales y, además, que la declaración peticionada por la demandada resultaba un acto de suma gravedad que debía ser considerado como ultima ratio del orden jurídico. En consecuencia, confirmó el rechazo del planteo constitucional que fuera efectuado.
III.2.b. Sobre esa plataforma, afirmó que la interpretación de una norma, en el caso los arts. 131, 133 y 134 del Código Fiscal (t.o. 2004 -actuales 157, 159 y 160, t.o. 2011-), debe ser sistémica, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico. A lo que agregó, con posterioridad, que el recurrente pretendía aferrarse a una interpretación literal, sin tener presente que el Código Fiscal establece, en su art. 5 (t.o. 2004, idéntico en t.o. 2011), que son admisibles todos los métodos para la interpretación de las disposiciones de este Código y demás leyes fiscales.
Así, puso énfasis en que las disposiciones jerár
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