Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75385
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 75.385, "ARBA c/ Mar Yi S.A. y ots. s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Violini, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que: i] hizo lugar a la defensa de prescripción en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los anticipos 1 a 12 del año 2003 y 1 a 6 del año 2004; ii] rechazó las defensas de inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva e inconstitucionalidad de los arts. 47 y 58 del Código Fiscal (t.o. 2011) y iii] como consecuencia de lo indicado, mandó a llevar adelante la ejecución promovida contra Mar Yi S.A. y los señores Luis María Doumic y Martín Gastón Doumic, aunque solo en lo tocante a las multas por omisión e infracción de deberes formales, intereses, gastos y costas, por tratarse de aspectos que no fueron blanco de oposición (v. fs. 198/211).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4 de mayo de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 242/243).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 246) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación a través del cual la Fiscalía de Estado había cuestionado la declaración de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los anticipos 1 a 12 del año 2003 y 1 a 6 del año 2004, formulada por el señor juez de grado en su sentencia.
Para así decidir, recordó el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia en la causa "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899) y otras posteriores, de acuerdo con el cual es el Congreso quien cuenta con la potestad exclusiva para regular los plazos de prescripción de las obligaciones, el modo de computarlos y sus causales de suspensión e interrupción -entre otros aspectos-, por así desprenderse del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Puntualizó que, a tenor de la cláusula de la supremacía incorporada al art. 31 de esta última, las provincias deben adecuar sus regulaciones a las pautas sobre la materia establecidas en el Código Civil, ya que -de lo contrario- son indefectiblemente inválidas.
Recordó que esta Suprema Corte propició tal temperamento a partir de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007.
Estimó acertado el juicio volcado en la sentencia de primera instancia, en cuanto previa tacha de inconstitucionalidad de los preceptos provinciales por resultar incompatibles con la legislación de fondo, analizó la defensa de prescripción a la luz de las normas contenidas en el Código Civil (ley 340).
No se le escapó que el día 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial (v. leyes 26.994 y 27.077), trayendo consigo una regulación diferente en la materia. Pero sostuvo que ese cuerpo normativo no estaba llamado a regir la relación jurídica debatida en autos, al haberse originado, desarrollado y extinguido al amparo de la preceptiva anterior (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Descartó que el dies a quo reglado por el art. 159 del Código Fiscal resulte compatible con la solución brindada por el art. 3.956 del Código Civil. En efecto, tras confrontar ambas disposiciones, concluyó que, a través de la fijación del punto de inicio del cómputo, en esencia el legislador provincial amplió indebidamente el plazo prescriptivo de cada ejercicio fiscal. Al menos en un año.
Asimismo, negó que la promoción de un proceso cautelar anticipado, en los términos del art. 13 del Código Fiscal, pueda interrumpir el curso del término prescriptivo. En tal dirección, consideró que el art. 160 del Código Fiscal emplea una fórmula más restrictiva que el art. 3.986 del Código Civil, a tenor de la cual la prescripción solo se interrumpe mediante acciones o pretensiones dirigidas a obtener el estricto fin del "cobro" de lo adeudado, mientras que el proceso cautelar anticipado produce efectos de "mero resguardo" de tales acreencias.
Entendió que el art. 161 inc. "a" del Código Fiscal resulta inconstitucional, en tanto de mediar apelación ante el Tribunal Fiscal y aun cuando ya hubiese transcurrido un año, prolonga en al menos noventa días adicionales la suspensión del plazo de prescripción que, de conformidad con el art. 3.986 del Código Civil, trae aparejada la intimación de pago producida en el caso por la notificación de la resolución determinativa del tributo.
Sobre la base de dichos lineamientos y el título ejecutivo acompañado al expediente, calculó que el plazo quinquenal de prescripción del último período reclamado (6/04) comenzó a correr el día 19 de julio de 2004 y que, aun cuando la notificación de la resolución determinativa 1.496/06 importó su suspensión durante un año a partir del día 28 de junio de 2006, el término expiró el día 19 de octubre de 2010, mientras que la demanda de apremio fue interpuesta recién el día 2 de febrero de 2011.
Finalmente, descartó que la aplicación del art. 3.980 del Código Civil autorice en la especie a dispensar la prescripción cumplida, debido a que el Fisco no promovió la acción judicial dentro de los tres meses posteriores al cese del impedimento al que se enfrentaba, lo cual -precisó- se produjo recién el día 30 de septiembre de 2010 con la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación.
Por los fundamentos reseñados, declaró la prescripción del último período reclamado (6/04) y, por implicancia, la de todos los anteriores.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los principios del derecho administrativo y tributario que rigen el caso; de los arts. 4 a 6, 70, 104 incs. "a" y "b", 159, 160 inc. 3 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011); 10 y 171 de la Constitución provincial; 17, 75 inc. 12 y 121 de la Constitución nacional y 7 y 2.537 del Código Civil y Comercial.
Cuestiona el desconocimiento de las pautas sobre interpretación y aplicación de normas tributarias contenidas en los arts. 4 a 6 del Código Fiscal. Según lo entiende, ello condujo a una errónea lectura de los elementos de la causa y a la equivocada declaración de inconstitucionalidad de varios preceptos de ese cuerpo normativo.
Asimismo, critica la interpretación efectuada por la Cámara del art. 160 inc. 3 in fine del Código Fiscal (t.o. 2011). Al respecto, sostiene que según esta disposición cualquier acto judicial tendiente al cobro de lo adeudado interrumpe la prescripción, siempre que la deuda no se encuentre ya determinada y firme. De allí extrae que la promoción del proceso cautelar anticipado que tramitó en el expediente n° 6.777, en momentos en que el trámite administrativo todavía no había concluido, proyectó en la especie efectos interruptivos.
En particular, discrepa con la posición del a quo según la cual dicho proceso cautelar no perseguía la efectiva percepción de la deuda. Destaca que a través de tales medidas el Fisco trató de mantener vivo su derecho y que no existían otras acciones judiciales aptas para asegurar la cobranza de un crédito que no se encontraba expedito.
Advierte que los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial reconocen la competencia local para regular la prescripción tributaria a través de preceptos como los arts. 159 y 161 del Código Fiscal. Añade que, por resultar preexistentes, estos no suscitan un conflicto de leyes en el tiempo a resolverse mediante la aplicación de los arts. 7 y 2.537 de la nueva codificación.
Recuerda que las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes, motivo por el cual considera que, frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la Cámara debió abandonar la jurisprudencia elaborada en torno al precedente "Filcrosa" de la Corte nacional.
Con cita de lo decidido en la causa I. 67.878, "Colegio de Odontólogos", resolución de 5-V-2006, plantea que la decisión atacada obstaculiza la adecuada percepción de la renta pública, favoreciendo las conductas renuentes al cumplimiento espontáneo de las obligaciones discutidas e impidiendo que el Fisco provincial pueda contar con los recursos necesarios para solventar las actividades estatales.
Si bien admite que la cláusula de los códigos del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional le atribuye competencia al Congreso para legislar en materia de derecho común, puntualiza que esta pauta debe ser interpretada razonablemente, sin desconocer las facultades reservadas por las provincias en materia tributaria, ni su autonomía financiera, entre otras.
En abono de la tesis a la que adscribe, cita las causas C. 99.854, "Haras San Pablo Club de Campo", sentenciada por esta Suprema Corte el día 7 de octubre de 2009 y "Sociedad Italiana de Beneficencia", fallada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 17 de noviembre de 2003.
Luego de transcribir lo dispuesto por los arts. 104, 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal, cuya validez constitucional sostiene, razona que el cómputo del plazo de prescripción debe iniciarse a partir de que el acreedor tiene la posibilidad efectiva de demandar el cobro de la deuda. Y que el término se prolonga mientras dura la inacción voluntaria, mas no cuando esta se encuentra impuesta por la ley. Expone que para casos como el de autos la legislación prevé un procedimiento administrativo previo, donde se garantiza el derecho de defensa del contribuyente.
Tacha de ilegítima y equivocada la aplicación de los arts. 3.956, 3.980 y 3.986 del Código Civil, así como también la idea de que una acción judicial pueda prescribir antes de tornarse exigible judicialmente, la de que existen eventos suspensivos de la prescripción anteriores al nacimiento del plazo y la equiparación entre "dificultades de hecho" e imposibilidad de instar una acción por encontrarse pendiente un recurso admitido por la ley.
Invoca doctrina de la Corte nacional acerca de la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción (CSJN Fallos: 312:2352; 316:2325; e.o.) y sobre el carácter de ultima ratio de la declaración de inconstitucionalidad de una norma (CSJN Fallos: 300:1087).
III. El recurso extraordinario prospera.
El Fisco articula sus embates sobre dos ejes fundamentales, nítidamente diferenciables: i] de un lado, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad y consecuente falta de aplicación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y ii] de otro, cuestiona el alcance que el pronunciamiento atacado le otorga a la medida cautelar anticipada iniciada por el ejecutante, en los términos del art. 160 inc. 3 de dicho cuerpo legal.
III.1.a. La primera cuestión controvertida resulta análoga a la debatida en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018. Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello sostuve que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de ese precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004; concs. art. 159, t.o. 2011) era sustancialmente análogo al preceptuado por la regla nacional (cfr. art. 57, ley 11.683), guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.). Esto se verifica asimismo con respecto a los arts. 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011) y 65 inc. "a" de la ley nacional 11.683.
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas en las causas mencionadas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.1.b. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (CSJN Fallos: 342:1903) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III.2. El segundo segmento de análisis también ha sido objeto de abordaje por este Tribunal en las causas A. 73.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mar Yi S.A." y A. 73.695, "Provincia de Buenos Aires c/ Marino y Cía. S.A.C.I.F.A.", sentencias de 1-VI-2021.
III.2.a. En tales oportunidades sostuve que una petición cautelar anticipada como la aquí discutida se encuentra íntimamente ligada al cobro de la acreencia, motivo por el cual constituye un "...acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado", con efectos de interrupción del curso de la prescripción, de acuerdo con lo previsto por el art. 160 inc. 3 del Código Fiscal.
Ese resguardo precautorio funciona en el caso como un instrumento que complementa a -y es complementado con- la acción ejecutiva. Esto es de la esencia de su funcionalidad; no se trata de un "mero resguardo" ajeno al reclamo articulado con el objeto de cobrar la deuda. Mal puede desvincularse una pretensión de la otra como si fuesen independientes, pues ambas se alinean hacia la clara finalidad de perseguir judicialmente el cobro de un crédito.
III.2.b. En otro orden de razones, semejantes a las que indiqué en el punto anterior (v. supra pto. III.1.a.), interesa tener presente que el contenido de la ley tributaria nacional armoniza con el de su par provincial.
En efecto, el art. 67 de la ley 11.683 preceptúa que la prescripción se interrumpe, además de por el inicio del juicio de apremio, por "...cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado". La identidad de soluciones existente entre ambas legislaciones es evidente.
III.2.c. Para más, debe destacarse un dato adicional de relevante valor interpretativo.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene una norma, el art. 2.654, que guarda similitud con la ley tributaria provincial en la medida que otorga eficacia interruptiva de la prescripción a cualquier presentación judicial que traduzca la voluntad del acreedor de perseguir la deuda. El citado precepto establece que "...el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo".
Es claro que la articulación de la medida cautelar por parte del Fisco acreedor constituye una conducta que demuestra la voluntad inequívoca de hacer efectiva la deuda.
Cierto es que los hechos que dan lugar al presente caso son anteriores a la entrada en vigencia de dicho ordenamiento, mas no puede negarse la importancia que representa ello como guía interpretativa.
IV. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir la cuestión, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y devolver los autos al tribunal de origen para que, debidamente constituido, dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los parámetros de este voto y atendiendo, eventualmente, a los argumentos que por la forma de decidir pudieron verse desplazados.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden, toda vez que la demandada pudo razonablemente entender que la acción se encontraba prescripta (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, a excepción de lo expuesto en el punto III.1.b., pues considero que los restantes fundamentos vertidos por mi distinguido colega resultan suficientes para dar mi voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con el distinguido colega que inicia el acuerdo, en tanto considero que debe rechazarse el agravio del recurrente tendiente a que se apliquen la
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