Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75743
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.743, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Clienting Group S.A. s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan, Carral, Kohan, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 155/161 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, dicha parte interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante (v. presentación electrónica de fecha 29-IX-018, 10:10 hs.).
Dictada la providencia de autos a fs. 169, presentada la memoria (v. presentación electrónica de fecha 30-IV-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La señora jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada e imponer las costas del proceso a la parte vencida.
Para así decidir, comenzó explicando que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires promovió ejecución por vía de apremio contra la empresa Clienting Group S.A., por la suma de un millón cuatrocientos treinta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos con sesenta y ocho centavos ($1.431.255,68), correspondiente a obligaciones fiscales impagas del impuesto a los ingresos brutos.
Frente a ello, agregó que la firma demandada opuso excepción de prescripción solicitando el rechazo de la ejecución, con costas.
Al respecto sostuvo que, en virtud de la época de nacimiento de la obligación, se aplicaba a la presente causa la legislación de fondo vigente al momento del hecho, toda vez que se trata de hechos consumados bajo el amparo de esa norma (ref. Cód. Civ., ley 340 y modif.).
Así, señaló que el régimen aplicable para determinar si operó el plazo de prescripción liberatoria resultaba el Código Civil y no las previsiones del Código Fiscal local, conforme el marco jurídico que surge del fallo "Filcrosa S.A." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia de 30-IX-2003, seguido por la mayoría de esta Suprema Corte.
Precisó así que el plazo de las acciones para determinar y exigir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos es de carácter anual y que dicha anualidad será el año calendario, conforme el art. 209 del Código Fiscal (t.o. 2011). De modo que, para el período fiscal 2010, el inicio del cómputo del término quinquenal se inició a partir del día 1 de enero de 2011, operándose en principio el término de prescripción el día 1 de enero de 2016, siempre que no existieran causales de interrupción y/o suspensión.
En tal sentido, observó que las actuaciones administrativas 2360-482420/17, en las que fueron dictadas las disposiciones de inicio y la determinativa sancionatoria 5.932, el día 25 de octubre de 2016, notificada los días 9 y 16 de noviembre de 2016, carecían de virtualidad suspensiva en los términos del art. 3.986 del Código Civil y, en consecuencia, la pretensión de cobro por vía de apremio resulta extemporánea.
Agregó que lo mismo ocurre con relación a la multa tributaria, toda vez que su imposición es una consecuencia de la determinación de oficio de la existencia de deuda, sin la cual no podría aplicarse, siendo la solución más coherente aplicar el mismo plazo de prescripción en atención a que ambos procedimientos tramitan en forma conjunta.
Por dichas razones resolvió hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta al referido título ejecutivo.
II.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -a su turno- rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fue materia de agravio.
Para resolver de ese modo, explicó que en las presentes actuaciones corresponde aplicar las normas del Código Civil (ley 340), vigente al tiempo del nacimiento de las obligaciones fiscales ejecutadas en autos (conf. art. 3, texto según ley 17.711, Cód. Civ. cit.; concs. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994). Agregó, a mayor abundamiento, que de encontrarse en curso el plazo de prescripción bajo dicho régimen legal, la solución no se vería modificada, toda vez que el nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994), expresamente contempla esa situación y dispone la aplicación de la ley anterior (cfr. arts. 2.537, 2.532 y concs., ley 26.994).
En ese orden de ideas, sostuvo que la interpretación que propone la parte actora recurrente no puede prosperar, pues es claro que el modo de computarse la prescripción incide decisivamente en el plazo respectivo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civ., ley 340), al punto que el criterio así plasmado no se compadece con dichas disposiciones del derecho de fondo, cuando la hermenéutica que mejor se aviene a ellas es la que inicia el cómputo del plazo en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual.
Así consideró que el período fiscal ejecutado correspondiente al año 2010 comenzó a correr el día 1 de enero de 2011, y expiró cinco años después (1 de enero de 2016), siempre y cuando no existan causales de suspensión que modifiquen su curso.
Agregó que, en el caso, de las actuaciones administrativas surge que el día 1 de abril de 2016 se dictó la disposición 1.718/16 y, con fecha 25 de octubre de 2016, la disposición determinativa y sancionatoria 5.932/16, notificada a la firma demandada los días 9 y 16 de noviembre de 2016.
Por ello advirtió que ambas resoluciones fueron dictadas una vez vencido el plazo de prescripción, día 1 de enero de 2016, careciendo los actos señalados de virtualidad suspensiva (en los términos del art. 3.986, Cód. Civ.) y que -por tanto- la pretensión de cobro vía apremio que incoara el Fisco resulta extemporánea.
II.2. Dicho ello, la Cámara desestimó la solicitud de que se considere interrumpido el plazo de prescripción a partir de la fecha de inicio del expediente administrativo, ello en virtud de que las causales de suspensión e interrupción son aquellas previstas por la ley común, sin posibilidad de extenderlas a otros supuestos. Agregó que tampoco las diligencias orientadas a la determinación y cobro del impuesto adeudado, que resulten de un trámite interno de la Administración, constituyen actos eficaces para interrumpir la prescripción de las acciones tributarias.
Sin perjuicio de lo expuesto y para mayor satisfacción del apelante, el voto emitido en tercer término agregó que tampoco tiene incidencia en la resolución de la causa, la intimación efectuada con fecha 9 de noviembre de 2016, a la firma demandada por parte del organismo fiscal (cuya copia luce a fs. 56, expte. administrativo 2360-0482420/17, que corre por cuerda sin acumular), toda vez que, al momento de notificarse, la prescripción ya había operado en favor del contribuyente, (v. fs. 160 voto de la doctora Milanta).
III. Contra el pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció que la sentencia impugnada infringió el régimen jurídico aplicable e incurrió en errónea aplicación de normativa constitucional.
Remarcó la necesidad de revisar la doctrina sentada por la Corte federal en el caso "Filcrosa", a la luz de la nueva normativa nacional que regula expresamente la preeminencia de las normas locales tributarias en materia de prescripción, atento la insoslayable autonomía de estas por sobre las disposiciones del derecho común.
Seguidamente expresó que el art. 2.532 del nuevo Código confirma expresamente la competencia de las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en cuanto al plazo de tributos. Agregó que el art. 2.560 establece que el plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local.
En cuanto al alcance de la potestad provincial para regular la prescripción de sus tributos, destacó que, si el legislador ha reivindicado que las normas locales pueden regular la prescripción liberatoria en cuanto a los plazos, más aún pueden regular el modo de cómputo y las causales de suspensión e interrupción.
Sentado ello, recordó que el art. 159 del Código Fiscal regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados.
Apuntó que la aplicación de dicha norma impone concluir que la acción entablada por el Fisco se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio y de allí la plena exigibilidad de la deuda que compone la pretensión fiscal.
Sostuvo que, en el caso de autos, el plazo de prescripción del período reclamado -1 al 12 de 2010-, comenzó el día 1 de enero de 2012. Ello así, toda vez que tratándose de una deuda generada por el impuesto a los ingresos brutos, debe ser determinada por el contribuyente en sus declaraciones juradas anuales a año vencido (arts. 209 y 210, Cód. Fiscal).
Por último, destacó que el art. 161 del Código Fiscal determina que el plazo queda suspendido por un año, entre otros, desde la fecha de la intimación administrativa de pago. Lo que en el caso aconteció los días 9 y 16 de noviembre de 2016 con la notificación a la firma demandada de la disposición determinativa y sancionatoria 5.932. Precisó entonces que, al momento de interponerse la demanda, el día 7 de agosto de 2017, el plazo para promover la acción aún no había expirado.
Destacó que la recta interpretación de las cuestiones debatidas en autos, imponen destacar que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional menciona los diferentes códigos de derecho material, establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común que, interpretada racionalmente, no solo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 de la Constitución nacional (siendo la legislación local la regla, en tanto la legislación nacional es la excepción) sino que, en el caso particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas.
IV. El recurso no prospera.
Ello en tanto recientemente el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (causa CSJ4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente sostuvo que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su decisión- declaró aplicables al caso las normas del Código Civil vigente a la época de los hechos debatidos y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Por los fundamentos expuestos, en atención al alcance de la impugnación extraordinaria formulada, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales, y rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos razonamientos fueron señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", los que recientemente fueron renovados por dicho Tribunal en autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como en otros precedentes análogos, habré de apartarme de la solución que aquí propicia el doctor Torres.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
II. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III. Consecuentemente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción con relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la contribuyente de autos, para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden, dado que la ejecutada pudo considerar que la deuda se hallaba prescripta (arts. 25, ley 13.406 y 68 segundo párr., CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos I y III de su voto, pues considero que los fundamentos allí vertidos resultan suficientes para dar también mi voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Kohan y Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el a
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