Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76342
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.342, "Fisco de la Provincia de Buenos aires c/ Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. y otros s/ Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud, Maidana, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, rechazó las excepciones de prescripción y de litispendencia opuestas por la ejecutada (v. fs. 223/231 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 235/255 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 259/260.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 262), agregada la memoria de la demandante (v. presentación electrónica de fecha 9-III-2020, 11:15:01 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, rechazó las excepciones de prescripción y de litispendencia opuestas por la ejecutada (v. fs. 223/231 vta.).
I.1. Para así decidir, en primer lugar, realizó un repaso de las circunstancias relevantes obrantes en las actuaciones administrativas agregadas sin acumular en autos (expte. adm. 2.306-16770/05).
Luego recordó que esa Cámara, dejando a salvo el criterio expuesto en otros pronunciamientos, hizo suyo el cambio jurisprudencial producido a la luz del tratamiento y alcance del tema en cuestión que confiere el caso "Filcrosa" (CSJN sent. de 30-IX-2003) y su receptividad por la Suprema Corte provincial en las causas C. 81.253; C. 81.410; C. 87.124; entre otras, en las cuales, por mayoría, se pronunció a favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, entonces vigente, aplicable en materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el art. 119 del Código Fiscal.
Entendió que los antecedentes descriptos demarcaron un nuevo giro en la cuestión debatida en autos, que no se limitaba a la aquiescencia del plazo prescriptivo de cinco años contenido en el mentado art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, entonces vigente, sino que proyectaba su exégesis a todo el sistema de prescripción -incluidos los supuestos de suspensión e interrupción-, asignándole preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa.
I.2. Respecto al cómputo inicial del plazo de prescripción quinquenal, señaló que debe efectuarse desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren los tributos omitidos (cfr. arts. 157, 159 y concs., Cód. Fiscal y el criterio de la Cámara sentado en precedentes propios que cita).
En esa línea señaló que la fijación del tributo y su carácter anual (junto a la sanción derivada del deber de dicha naturaleza) configuran una prerrogativa inherente a la órbita local, pues se trata de cuestiones que versan sobre la estructura y definición del propio tributo. Esa misma razón es la que torna injustificable -a su juicio- tomar como inicio del plazo la fecha para la presentación de la declaración jurada que dispone la Comisión Arbitral.
En ese entendimiento, sostuvo que el contribuyente efectúa el pago de los anticipos durante el período anual, siendo tal circunstancia la que permite a la Administración conocer la tributación correspondiente, manteniéndose durante ese lapso las potestades de fiscalización y verificación del Fisco.
Sostuvo -tal como lo hiciera en un precedente propio- que el modo de computarse la prescripción incide decisivamente en el plazo respectivo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civ.) y que, de una hermenéutica de esas disposiciones, se infiere que el cómputo del término se inicia en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual.
Puntualizó que, en el particular, el período omitido fue el año 2004 -posiciones 1 a 10-, por lo que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1 de enero de 2005. Advirtió que el 31 de marzo de 2008 se dictó la resolución determinativa y sumarial 137/08, la que fue notificada el 14 de abril de 2008. Que en su contra se dedujo recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal el 6 de mayo de 2008, quién resolvió la cuestión mediante resolución del 14 de agosto de 2012, habiéndose notificado a los responsables el 16 de agosto de 2012 y al Fisco el 10 de septiembre de 2012. Finalmente señaló que la pretensión ejecutiva fue interpuesta el 29 de octubre de 2012.
I.3. Acto seguido entendió que la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal y el tiempo que insume su tramitación, cuando se opere la prescripción durante su sustanciación, habilitaba a operar la dispensa del art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente (cfr. criterio del Tribunal de Alzada en un fallo propio que menciona y arts. 161 inc. "a" del Código Fiscal; 3.980 y 3.986 del ordenamiento de fondo citado).
En base a ello concluyó que el plazo no estaba prescripto al momento de interponerse la demanda atento a la resolución del Tribunal Fiscal de fecha 14 de agosto de 2012 y al plazo de gracia de tres meses estipulado en el referido art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente.
I.4. Por último, por el principio de adhesión a la apelación analizó la excepción de litispendencia opuesta por la ejecutada, la cual rechazó al considerar que en el juicio de apremio no correspondía examinar las cuestiones materiales sobre la causa de la obligación, circunstancia que difiere del supuesto en el que el planteo se formula en el marco de pretensiones de conocimiento (declarativa de certeza y anulatoria), como las que se invocan en sustento de la excepción.
Además, sostuvo que una acción ordinaria iniciada por el deudor antes o después del juicio ejecutivo no puede paralizarlo en tanto, de admitirse ese proceder, se habilitaría al obligado a frustrar la vía ejecutiva, despojándola de su razón de ser.
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, la demandada se agravia en lo concerniente al rechazo de la excepción de prescripción. Denuncia la violación de la doctrina legal de esta Corte y de los arts. 1, 5, 17, 18, 31 y siguientes de la Constitución nacional y en particular, la errónea aplicación del art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente (v. fs. 235/255 vta.).
Reprocha, tras reseñar las constancias administrativas y judiciales, que la Cámara sostuvo que el plazo no estaba prescripto al momento de interponerse la demanda ejecutiva atento haber operado su dispensa, de conformidad a lo establecido en el art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente.
Advierte que, para ello, se consideró que el tiempo insumido en la tramitación del recurso ante el Tribunal Fiscal consumió el plazo prescriptivo, circunstancia que habilitó su aplicación.
En ese contexto, aduce que el pronunciamiento impugnado aplicó indebidamente el mentado art. 3.980 al equiparar el tiempo que demora la Administración en resolver un recurso a un hecho natural o jurídico, tal como podría ser un tsunami, terremoto, etc., y que, de ese modo, incurre en un exceso analógico inadmisible y coloca en su cabeza la responsabilidad de la desidia administrativa, cercenando sus derechos de defensa en juicio, tutela judicial efectiva e igualdad ante la ley.
Expresa que el supuesto de hecho que autoriza la dispensa de la prescripción prevista en el art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente, comprende las dificultades o imposibilidades de hecho que impiden temporalmente el ejercicio de una acción, entendiendo por tales aquellas circunstancias asimilables a la fuerza mayor, sean de carácter general o individual, que por tener carácter insuperable, invencible o imprevisible impiden actuar al interesado para hacer valer sus derechos.
Afirma que ello no se da en el caso y que, por el contrario, la dispensa fue pedida por la actora con sustento en el actuar moroso de la administración, acusando a su parte de haber evitado la ejecutoriedad del acto por haber interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, cuando -en rigor de verdad- es el propio Fisco que integra el Poder Ejecutivo al que representa el que pretende ampararse, de un modo absurdo, en un hecho impeditivo como es la referida demora.
Interpreta que la apertura de esa mentada vía recursiva no implicó un obstáculo insalvable para que la parte actora interpusiera la demanda de apremio, aunque más no sea a efectos interruptivos del plazo de prescripción.
En ese orden hace mención a que el Fisco tuvo la posibilidad de iniciar el proceso antes del año 2010, tomando en cuenta que el cómputo del plazo de cinco años comenzó a correr a partir del 1 de enero de 2006 (según la sentencia recurrida) y que solo peticionó al tener materializada la deuda el 14 de julio del año 2009 una medida cautelar anticipada, la que -en su visión y conforme lo resolviera el magistrado de primera instancia- no constituye una causal de interrupción de la prescripción, decisión que -aduce- llegó firme a la Cámara.
De allí que entiende que resulta inviable aplicar la dispensa del art. 3.980 del Código Civil ante la inacción de la Administración en activar un abanico diverso de formas procesales para exigir el cobro de su crédito.
Concluye que la Cámara interviniente utilizó de forma vacía e infundada el art. 3.980 del Código Civil, entonces vigente, en clara violación de lo sostenido por la Corte federal respecto a su carácter excepcional, de interpretación restrictiva, debiendo ponderar -para su aplicación- las dificultades o imposibilidades de hecho con relación a la persona del demandante y no atender consideraciones de índole general (doctr. Fallos: 311:1490 y 314:862).
Por último, señala que conforme la doctrina legal de esta Corte (causas C. 81.251, "Cooperativa de Almaceneros" y A. 73.767, "Recuperación de Créditos") la deuda reclamada a la fecha de promoción de la vía ejecutiva esta prescripta, en tanto el plazo a atender es de cinco años y de seis si se considera la suspensión de dicho término.
III. El recurso prospera.
III.1. Como he señalado en varias oportunidades en las cuales intervine, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Volskwagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019, ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que en el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde revocar aquí el pronunciamiento atacado por cuanto para dispensar la prescripción realizó el cómputo del plazo sin asignar preeminencia a la legislación de fondo y a la vez, en un sentido distinto al criterio expedido por esta Suprema Corte.
En efecto, del relato de los antecedentes se desprende que la Cámara puntualizó que el período omitido fue el año 2004 -posiciones 1 a 10-, y siguiendo lo establecido en los arts. 157, 159 y concordantes del Código Fiscal y de la interpretación que hiciera del art. 3.956 del Código Civil, entendió que el cómputo del plazo de prescripción quinquenal (cfr. art. 4.027 inc. 3 del Cód. Civ., entonces vigente) se iniciaba en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual -1 de enero de 2005-.
Consideró que, notificada la resolución determinativa y sumarial a las partes el 14 de abril de 2008; recurrida esta ante el Tribunal Fiscal el 6 de mayo de 2008, siendo recién resuelta el 14 de agosto de 2012 (esto es cuando ya había fenecido el plazo de prescripción), se habilitaba la aplicación de la dispensa de la prescripción cumplida atento haberse iniciado el sumario dentro de los tres meses subsiguientes -29 de octubre de 2012- (cfr. arts. 3.980 y 3.986, Cód. Civ. derogado y 161 inc. "a", Cód. Civ.).
Como surge de lo expuesto, si bien la Cámara subsumió el caso en lo concerniente al plazo de prescripción liberatoria en las normas del Código Civil, no adoptó -como anticipé- la postura legal de esta Corte acerca del cómputo inicial del plazo de prescripción y no examinó la existencia de causales de suspensión e interrupción conforme la normativa de fondo, extremos ambos que tienen incidencia a los fines de aplicar la dispensa en los términos del mentado dispositivo civil.
Respecto al primer punto, referido a la determinación del comienzo del plazo prescriptivo cuando el Fisco reclama específicamente la obligación no saldada de determinados anticipos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos junto con los intereses que estos devengan desde su mora (aun después de concluido el año fiscal al que acceden), este Tribunal se ha expedido en el sentido de que tal fecha es la del vencimiento de las particulares obligaciones que se reclaman (doctr. causas A. 72.756, "Fisco de la provincia de Buenos Aires c/ Merco Trans", sent. de 29-XII-2020; A. 73.474, "Fisco c/ Necotrans S.A. s/ apremio", sent. de 25-II-2021 y A. 73.331, "Sauma", sent. de 5-IV-2022).
De acuerdo a tal criterio legal en el caso concreto, debe establecerse el dies a quo en el primer día hábil posterior al vencimiento de cada anticipo mensual reclamado.
Ahora bien, y en cuanto a la señalada suspensión del curso de la prescripción liberatoria, esta Corte -por mayoría que integré- sostuvo que solo puede ser suspendido por el término de un año luego de efectuada fehacientemente la interpelación administrativa (conf. art. 3.986, segundo párr., Cód. Civ.). Ahora bien -precisó- dicho extremo no puede alongarse a todo el período que insumió el procedimiento de impugnación de la acreencia efectuada en sede administrativa por los contribuyentes, aun cuando se haya desarrollado con la participación activa de la demandada, dado que el plazo de prescripción de la acción solo puede suspenderse por una sola vez conforme lo normado en el citado art. 3.986, aprovechando, por lo demás, el tiempo anterior al que se produjo la suspensión y el posterior a su cesación -conforme art. 3.983 del Código Civil- (doctr. causas A. 71.949, "Fisco c/ Andreani S.A.", sent. de 23-XII-2020 y A. 72.453, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Roberto y Ulises Defelippe S.A. s/ apremio provincial", sent. de 30-VIII-2021).
A la luz de tales preceptos, en el particular tal circunstancia deriva de la notificación efectuada a las partes el 14 de abril de 2008, suspensión que se extiende hasta el 14 de abril de 2009 (esto es por un año), por lo que al momento de iniciarse el apremio, el plazo de prescripción se encontraba cumplido.
Ahora bien, no obstante no haber sido alegada ni acreditada por la parte interesada la imposibilidad absoluta de interponer la acción (aún al mero efecto interruptivo de la prescripción), la Cámara sostuvo que el Fisco inició el apremio dentro del plazo de tres meses desde que se notificó la resolución del Tribunal Fiscal y dispensó -casi automáticamente- la prescripción cumplida.
Acierta el recurrente en que dicha parcela del pronunciamiento debe ser revocada atento el carácter restrictivo de aplicación del instituto reseñado.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que el instituto de la dispensa de la prescripción cumplida, por reglar situaciones de carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y la facultad conferida a los jueces (art. 3.980, Cód. Civ.) debe ser ejercida con la máxima prudencia, debiendo ponderarse las "dificultades o imposibilidades de hecho" con relación a la persona misma del demandante (conf. Fallos: 314:862; 313:173; 311:1499; e.o.).
En el caso, el tiempo trascurrido durante el trámite ante el Tribunal Fiscal no cumple con los extremos requeridos para ser considerado una causal de dispensa, cuando -en rigor de verdad- pudo interponer la acción al efecto interruptivo (lo que, como se verá más adelante, aconteció).
Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso bajo análisis y revocarse el pronunciamiento impugnado (art. 279, CPCC).
III.2. Finalmente, en atención al modo en que me pronuncio, no debe perderse de vista el postulado procesal denominado "adhesión a la apelación" que impone, en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la contraparte, ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (doctr. causas A. 71.596, "Squassi", sent. de 25-X-2017; A. 74.134, "Fregonese", sent. de 29-V-2019; e.o.).
En consecuencia, más allá del esfuerzo argumentativo realizado por el recurrente tendiente a desbaratar los efectos interruptivos de la medida cautelar deducida por el Fisco, corresponde atender al planteo de la demandante respecto a la articulación de una medida cautelar autónoma o anticipada en resguardo del crédito perseguido en autos. Ello así, en el marco del juicio pleno asumido en ejercicio de la competencia positiva que asiste a este Tribunal (art. 289, CPCC).
En efecto, en lo referente a ese punto, esta Corte expresó que conforme lo normado por el art. 3.986 del por entonces vigente Código Civil, la demanda a la que se refiere ese precepto de fondo es comprensiva de toda actividad o diligencia judicial encaminada a la defensa del derecho, ya que más que la forma, se toma en cuenta la esencia de la manifestación de voluntad del titular de ese derecho cuando ejercita su propósito de ejercerlo mediante una petición judicial. A la luz de tales conceptos, la capacidad de la solicitud de una medida cautelar autónoma o anticipada para interrumpir la prescripción resulta innegable (doctr. causas A. 73.958, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mar Yi" y A. 73.695, "Provincia de Buenos Aires c/ Marino y Cía. SACIFA", sents. de 1-VI-2021).
Por lo tanto, a la luz de la doctrina legal sentada, el cómputo de la prescripción debe efectuarse teniendo en cuanta el efecto interruptivo señalado.
IV. A mérito de todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, revocar el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad y reenviar los autos a la instancia anterior para que, debidamente constituida, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la base de los fundamentos brin
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