Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata y se le devuelven las actuaciones para que, con nueva integración, decida nuevamente la excepción planteada por la demandada (art. 289, CPCC). Con costas de esta instancia a la ejecutante vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.235, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Empresa San Vicente S.A. de Transportes s/ Apremio. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, admitió el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocó el pronunciamiento de primera instancia. En consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución promovida contra la demandada Empresa San Vicente S.A. de Transportes (v. sent. de 10-II-2022).
Disconformes con dicho pronunciamiento, la ejecutada (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2022) y la representación fiscal (v. presentación electrónica de fecha 2-III-2022), articularon sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, cuya concesión fue denegada por la Cámara interviniente con sustento en la falta de definitividad del fallo atacado (v. resol. de fecha 9-VIII-2022).
Frente a ello, los impugnantes presentaron las correspondientes quejas en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentaciones de fecha 16-VIII-2022, de la parte demandada y de fecha 22-VIII-2022, de la parte actora).
Mediante resolución de fecha 23-VI-2023, esta Corte declaró, en primer término, mal denegados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y los concedió. En segundo lugar, rechazó el remedio deducido por la parte actora (conf. art. 31 bis, ley 5.827) y llamó autos para resolver el interpuesto por la demandada.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires inició juicio de apremio contra Empresa San Vicente S.A. de Transportes y otros, a fin de cobrarse una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos ajustada de oficio mediante la disposición determinativa y sancionatoria 1.981/13, por la actividad "servicio de transporte automotor urbano" (fs. 6/7).
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la "defensa de exención o inmunidad fiscal e inconstitucionalidad" opuesta por la parte demandada y rechazó la ejecución (art. 9 inc. "c", ley 13.406).
Para así decidir, citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada de las causas L.243.XXXIV "Línea 22 S.A. c/ Provincia de Buenos Aires" y E.134.XXXIV "El Puente Sociedad Anónima de Transportes c/ Provincia de Buenos Aires", sentencias de 19-V-2010 y F.78.XLI.RHE "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (S.A.E.S)", sentencia de 15-III-2011 y lo decidido por este Tribunal en la causa A. 74.007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Arias", sentencia de 11-IV-2018, en el entendimiento de que resultaban aplicables en la especie (v. sent. de fecha 28-IX-2020).
III. En lo que al caso interesa, apelado el mentado pronunciamiento por la Fiscalía de Estado, la Cámara del fuero con asiento en La Plata hizo lugar al recurso deducido. En consecuencia, revocó el fallo de grado y mandó a llevar adelante la ejecución (v. sent. de 10-II-2022).
III.1. En cuanto a la defensa opuesta por la empresa ejecutada —que, con independencia de la denominación empleada, fue interpretada como una excepción de inhabilidad de título—, el tribunal comenzó por recordar que la ley 13.406, que regula la vía de apremio, establece un régimen de excepciones de conocimiento limitado que, por su propia naturaleza, impide ventilar cuestiones como las invocadas en la oposición (art. 9). Asimismo, destacó que las controversias relativas al origen del crédito u otros aspectos de la obligación pueden ser ampliamente discutidas en un proceso ordinario posterior (art. 551, CPCC).
Aseguró que, en el caso, no se configuraba una circunstancia extraordinaria que permitiera hacer excepción a tales reglas e ingresar al análisis de la causa del título.
III.2. Sin perjuicio de lo anterior, remarcó que la actividad que motivó el presente apremio era la de servicios de transporte automotor urbano regular de pasajeros —conforme la descripción consignada en el título ejecutivo— y no la de transporte interjurisdiccional (como afirmaba la demandada).
Por consiguiente, consideró que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se fundó la sentencia de primera instancia no era aplicable en autos, toda vez que de las constancias de la causa surgía que las circunstancias de hecho y de derecho discutidas en tales precedentes diferían de las ventiladas en el sub judice .
En ese orden, sostuvo que el Máximo Tribunal federal invalidó la pretensión impositiva provincial para los supuestos en que el impuesto sobre los ingresos brutos pretendiera aplicarse por la prestación del servicio público de transporte interjurisdiccional y cuyas tarifas hubieran sido fijadas por la autoridad nacional, sin contemplar la incidencia de ese gravamen local. Precisó que ese extremo no se hallaba acreditado en el caso: esto es, ni que la verificada se tratase de una actividad extra provincial, como tampoco que, siéndolo, no haya estado ponderada la gravitación del tributo a la hora de fijar el esquema tarifario.
A su vez, con relación al precedente A. 74.007, "Fisco c/ Arias" (antes cit.), expresó que allí esta Suprema Corte revocó el pronunciamiento de la Cámara actuante que había rechazado las excepciones de litispendencia y luego cosa juzgada opuestas por los demandados en su calidad de responsables solidarios de la firma Expreso Quilmes S.A. Indicó que el motivo de esa decisión radicaba en que la mencionada empresa había iniciado una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuyo objeto coincidía con el crédito reclamado en el apremio y donde se resolvió su improcedencia sustancial.
Advirtió que eso no sucede en la especie, de modo que no se registra la necesaria identidad de sujeto, objeto y causa entre este pleito y un proceso de conocimiento en el que se hubiese declarado la inconstitucionalidad e inexigibilidad de la pretensión fiscal.
Notó también que la firma no alegó, si quiera, haber promovido paralelamente un juicio de tal naturaleza y alcance respecto del tributo aquí ejecutado.
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia que el pronunciamiento emitido por la Cámara incurre en la violación o errónea aplicación del art. 9 de la ley 13.406 y una equivocada apreciación de la prueba agregada en autos, incurriendo en absurdidad, arbitrariedad e ilegitimidad.
Asimismo, postula que la decisión recurrida viola la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emanada en las diversas causas que cita (v. ptos. V y VI, escrito electrónico de fecha 1-III-2022).
Y agrega que se vulnera —también— la doctrina de esta Suprema Corte, sentada en la causa "Fisco c/ Arias" (antes cit.), creando una situación de "escándalo jurídico".
IV.1. Con relación a la errónea aplicación del art. 9 de la ley 13.406, la recurrente plantea que la Cámara incurrió en un excesivo rigor formal que la lesiona en el ejercicio de su derecho de defensa.
Afirma que, al desestimar la excepción por ella deducida con fundamento en la estrechez cognoscitiva de la clase de proceso en trámite y la posibilidad de revisión del punto en un juicio ordinario posterior, desconoce la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme a la que, si bien la opuesta no conforma el catálogo de defensas establecidas legalmente, su procedencia debe admitirse cuando la cuestión debatida reviste gravedad institucional, puede resultar frustratoria de un derecho y perturbar la prestación de servicios públicos.
IV.2. Asimismo, sostiene que el pronunciamiento impugnado incurre en arbitrariedad, al desconocer las constancias obrantes en el expediente administrativo 2360-0163261/09, ofrecido como prueba.
Indica que tales actuaciones evidencian que, en los períodos reclamados, calificaba como "prestataria de un servicio de transporte interjurisdiccional, Sub-urbana, Grupo I, inscripta en el Convenio Multilateral", que las tarifas por su actividad habían sido fijadas por el Poder Ejecutivo nacional y que el permiso de concesión había sido otorgado por la Secretaría de Transporte de la Nación.
En ese contexto, reprocha que la Cámara avale la ejecución de una deuda que debe reputarse inexistente a tenor de lo declarado por la Corte federal en torno a la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos cuando pretende aplicarse a empresas prestatarias del servicio de transporte interjurisdiccional. Cita, en este sentido, lo decidido por aquel tribunal en las causas "Línea 22 S.A.", "El Puente" y "Fisco c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (S.A.E.S)", ya referidas.
Solicita la aplicación de los aludidos precedentes y de la doctrina emanada de la causa "Fisco c/ Arias" (antes cit.).
IV.3. Finalmente denuncia que, en las apuntadas condiciones, la sentencia impugnada constituye un "escándalo jurídico" y desatiende el perjuicio económico y la perturbación del servicio público de transporte que ocasiona dar curso al reclamo fiscal de una deuda inexistente.
V. El recurso prospera, por la primera causal de casación.
V.1. En tal sentido, la recurrente aduce erróneamente aplicado —por su extremo rigor formal— el art. 9 inc. "c" de la ley 13.406, al haber la Cámara impedido que, por su conducto, pudiese demostrar la inexistencia de la deuda reclamada. Esto mismo, con motivo de una supuesta inmunidad fiscal o hipótesis de doble imposición económica vedada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, derivada del carácter interjurisdiccional de la actividad de transporte que realiza.
Así las cosas, si bien en el acotado marco del juicio de apremio la defensa de inhabilidad de título solo puede versar sobre las formas extrínsecas previstas en dicha norma y, por ende, en principio los jueces no se encuentran autorizados a abrir discusión acerca del origen del crédito ejecutado, cierto es que dicha restricción ha sido exceptuada cuando —llevada a un extremo— impediría el tratamiento de planteos serios capaces de poner en duda la existencia misma de la deuda. En esos casos excepcionales, negar semejante posibilidad importaría consagrar un rigorismo formal excesivo, con grave menoscabo de las garantías constitucionales (doctr. causas C. 104.147, "Municipalidad de Mercedes", sent. de 31-VIII-2016; C. 122.758, "Municipalidad de Olavarría", sent. de 21-X-2020; A. 72.864, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ María Mater S.A. y otros, U.T.E. y otros", sent. de 18-XI-2022, v. en similar sentido: CSJN Fallos: 340:76; 343:184 y 344:645).
Bajo esa premisa, estimo que en el sub examine la Cámara debió habilitar el tratamiento de lo planteado, pues con independencia del acierto o desacierto del argumento, lo alegado —con sustento en una serie de precedentes de la Corte federal, evidentemente vinculados con la materia— configuraba una defensa prima facie atendible, con aptitud para conducir eventualmente a la conclusión acerca de la inexistencia de la deuda y, por ende, a la improcedencia del juicio de apremio promovido para su cobro.
V.2. Dicho eso, no se me escapa que el a quo , pese a advertir que la excepción prevista en el art. 9 inc. "c" de la ley 13.406 solo procedía por cuestiones extrínsecas y estrictamente formales del título, avanzó de todos modos sobre el fondo del planteo ("a mayor abundamiento"), examinando de manera somera las constancias de la causa y señalando que, en cualquier caso, a la apremiada no le asistía razón.
Con todo, estimo que el recurso igualmente contiene agravio, pues la Cámara —al incursionar en ese análisis sustancial— lo hizo en términos necesariamente limitados, constreñida por el estrecho alcance que previamente había asignado al citado precepto.
V.3. Siendo todo eso así, estando involucradas cuestiones predominantemente fácticas que —por lo señalado— quedaron sin tratamiento adecuado, se impone un reenvío a la instancia anterior para que emita un nuevo pronunciamiento consistente con lo que surge de esta opinión (doctr. causa A. 78.263, "Unipar Indupa SAIC", sent. de 22-XII-2025).
VI. Por lo expuesto, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata y se le devuelven las actuaciones para que, con nueva integración, decida nuevamente la excepción planteada por la demandada (art. 289, CPCC). Con costas de esta instancia a la ejecutante vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos deberá restituirse a la recurrente (art. 293, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata y se le devuelven las actuaciones para que, con nueva integración, decida nuevamente la excepción planteada por la demandada (art. 289, CPCC). Con costas de esta instancia a la ejecutante vencida (arts. 60 inc. 1, CCA y 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:27:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:40:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 17:52:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:02:35 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 12:37:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 12:42:05 hs. bajo el número RS-61-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia