Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 3 de Octubre de 2018.
I. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedido el de nulidad en virtud de que -presentado el mismo en el Juzgado de Paz de origen- arribó a la Cámara holgadamente vencido el plazo previsto en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 395/405 vta. y 376/377, respectivamente).
En el marco del presente juicio de apremio incoado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas contra la firma Cervecería y Maltería Quilmes SAICAyG, el Juzgado de Paz letrado de origen rechazó las excepciones de inhabilidad de título y prescripción y mandó llevar adelante la ejecución (v. fs. 304/306). A su turno, la Cámara interviniente hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta, modificó el monto total de la condena y el modo de establecer las costas y confirmó todo lo demás dispuesto en la sentencia apelada (v. fs. 334/336 vta.).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 4, 15, 17, 18, 31, 52 y 75 incs. 1, 2 y 12 de la Constitución nacional (v. fs. 399 y vta., 401 vta. y 403 vta.).
II.1. Sostiene que esta Corte -escudándose en una visión errada y en extremo formal del proceso- declaró mal concedido el remedio de nulidad articulado, en atención a que el mismo fue presentado fuera del órgano que dictó el fallo impugnado. Expone que, de ese modo, este Tribunal omitió tratar la totalidad de las cuestiones planteadas -referidas a la manifiesta inexistencia de deuda por falta de publicación oficial de las ordenanzas y la acreditación de su satisfactoria divulgación- que tornaban, a su modo de ver, ilegítima la pretensión fiscal (v. fs. 397/398).
II.2. Alega que no existe posibilidad de que el plazo estipulado para la interposición del recurso extraordinario provincial se encontrara vencido desde que, como lo reconoce la Cámara en la providencia que concede el mismo, no surge de autos que su parte haya sido notificada con anterioridad y fue su parte la que se notificó en forma espontánea (v. fs. 397 vta.). Por otro lado, expone que el mentado recurso fue presentado ante el Juzgado de Paz de Malvinas Argentinas por ser ese el órgano donde se encontraban las actuaciones (v. fs. 399 vta./400)
II.3. Agrega que las decisiones como la que aquí se exhiben, por su índole federal, son aptas para ser resueltas por la Corte Nacional y no pueden ser excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la Provincia, por lo que la intervención de esta Suprema Corte resulta necesaria en virtud de la regulación que el legislador hizo del art. 31 de la Constitución nacional (v. fs. 399).
II.4. Concluye que la sentencia en crisis pretende obstaculizar el planteo de cuestiones manifiestamente federales (relativas a la publicidad de normas y a la aplicación de la legislación de fondo en materia de prescripción) con sustento en un criterio que, a su entender, exhibe un intolerable rigorismo formal (v. fs. 400/401).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 409), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, es preciso recordar que las cuestiones de derecho procesal local, así como las relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530 y 295:54, entre otros).
En el sub lite , no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio fijado por este Tribunal para declarar mal concedida la vía local intentada, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de exceso ritual y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
Cabe tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 329:3761 y 330:133 cit.).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la citada figura, sin que dichos recaudos se encuentren -como se anticipó- satisfechos en la especie.
Por otra parte, no resulta aplicable el precedente del más Alto Tribunal in re "Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Irizar, José Manuel" citado (Fallos: 327:4474), en tanto -en el presente- ha sido la propia conducta discrecional del recurrente la que imposibilitó -por error en el lugar de presentación del medio impugnativo articulado- analizar las cuestiones traídas ante esta instancia extraordinaria (SCBA causas Ac. 104.886, "Seguros", resol. de 12-VIII-2009; C. 103.870, "C.N.R.T.", resol. de 19-V-2010 y C. 110.069, "Cola", resol. de 24-VIII-2011 y CSJN Fallos: 191:85; 194:85; v. también 225:123; 234:400; 235:113 y 891, 243:178; 245:427; 322:73 y otros).
IV.3. Resta indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 4, 15, 17, 18, 31, 52 y 75 incs. 1, 2 y 12, Const. nac.; v. fs. 399 y vta., 401 vta. y 403 vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.279, "Aita", resol. de 3-V-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia