Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122688
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, seg. párr., 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 20 de Febrero de 2019.
I. La parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley articulado, ante la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión (art. 278, CPCC; v. fs. 476/508 vta. y 471/472, respectivamente).
En el marco del presente juicio de apremio incoado por la Municipalidad de Junín contra la firma AMX Argentina SA, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia del juez de grado que -a su turno- desestimó las excepciones de falta de legitimación, litispendencia e inhabilidad de título, así como el planteo de inconstitucionalidad y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la accionada haga al Municipio ejecutante íntegro pago del capital reclamado de un millón cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos con treinta y ocho centavos ($ 1.052.546,38), con más los intereses previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas vigentes (v. fs. 379/387 vta. y 411/416 vta.).
En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 18 y 33 de la Constitución nacional (v. fs. 489 vta., 496/497 y 500 vta./501 vta.)
II.1. Plantea que esta Corte emitió un pronunciamiento que califica de ritualista y dogmático, en tanto omitió dar tratamiento a los hechos y fundamentos desarrollados sobre la inexistencia de la deuda reclamada e hizo prevalecer una norma procesal local sobre la ley de fondo, violando así -según su opinión- las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo (v. fs. 495/496, 498 y 501 vta./502).
II.2. Sostiene además, que este Tribunal interpretó erróneamente el precedente de la Corte Suprema nacional invocado por su parte (Fallos 335:1459), al entender que la aquí accionada no esbozó los mismos agravios que la demandada en el caso citado (esto es, la falta de publicación de las ordenanzas municipales). En consecuencia, afirma, se aplicó de manera estática y matemática la doctrina emitida por el Tribunal federal para concluir que no se cumplía la condición de habilitación de la instancia extraordinaria local (v. fs. 499/501).
A ese respecto, el recurrente considera que las excepciones planteadas no podrían ser reeditadas en el proceso posterior y constituyen defensas de carácter federal que debieron ser atendidas (v. fs. 499/500).
En el mismo sendero, reitera los argumentos vertidos en el remedio local referidos a la procedencia de las mencionadas excepciones de litispendencia, inhabilidad por falta de legitimación de las partes e inexistencia de deuda por inconstitucionalidad de las ordenanzas fiscales (v. fs. 502/505 vta.)
II.3. Finalmente, esgrime que el fallo atacado limitó sus posibilidades de ejercer plenamente sus defensas, generando un perjuicio irreparable por tener que afrontar el pago de una deuda ilegítima por una suma sideral. Ello implicó, asevera, una palmaria vulneración de los derechos constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (v. fs. 506/508).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 509), el mismo no fue contestado.
IV.1. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas con la interpretación del derecho procesal y público local y las relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto inequívoco de carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542; 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708; 4770; entre otros y doctr. SCBA causas C. 119.970, "Municipalidad de Junín c/ Akapol SA s/ apremio", resol. de 1-VI-2016 y C. 119.766, "Municipalidad de Gral. Madariaga c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG s/ apremio", resol. de 29-III-2017).
En el sub lite , no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que la alegada concurrencia de circunstancias excepcionales que tornarían admisible la vía extraordinaria denegada no constituyen más que una discrepancia de criterio con lo expresado por esta Corte al declarar mal concedido el recurso local incoado y al descartar la aplicación de la doctrina nacional invocada (v. fs. 471/472), insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales omisión de cuestiones conducentes, dogmatismo y exceso ritual manifiesto, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3 En lo que atañe a la pretendida vulneración de las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio no se evidencia -en principio- que se hayan formulado argumentos suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, siendo inidóneas a tal fin las referencias generales efectuadas a fs. 506/508 (doctr. art. 15, ley 48).
IV.4 Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 18 y 33 de la Constitución nacional; v. fs. 489 vta., 496/497 y 500 vta./501 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros).
Por ello, el Tribunal
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden en atención a la ausencia de contradicción (arts. 68, seg. párr., 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia