Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120506
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 298 in fine, CPCC). Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia recurrida, debiéndose remitir al juzgado de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo aquí resuelto. Las costas de alzada y las de esta instancia extraordinaria se imponen al Fisco vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.506, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Serpe, Antonio Pascual. Apremio".
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia decretando prescriptos algunos períodos reclamados, confirmándola en todo lo demás decidido (v. fs. 120 y vta.).
Se interpusieron, por el demandado, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 130/141).
En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación se corrió traslado a las partes (v. fs. 177), el que fue respondido únicamente por la demandada (v. fs. 181/182).
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la ejecución del total de la deuda reclamada, correspondiente a los períodos bimensuales 1/1993 a 6/1997 por el impuesto a los Ingresos Brutos, disponiendo la prescripción de tres de ellos. Confirmó el fallo en lo restante (v. fs. 115/120 vta.).
II. Frente a este pronunciamiento el recurrente alega la violación del art. 168 de la Constitución provincial señalando que el Tribunal de Alzada ha omitido pronunciarse sobre la excepción de inhabilidad o nulidad de la ejecución.
Sostiene que se ha preterido su argumento defensivo sustentado en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de conformidad con la jurisprudencia de la Corte nacional in re "Losicer, Jorge Alberto y otros s/B.C.R.A.", sentencia de 26-VI-2012, pues el Fisco no instó el procedimiento por diez años, produciendo un excesivo devengamiento de intereses (v. fs. 134/135 vta.).
III. Ingresando en el estudio del canal nulitivo por medio del cual se aduce omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, se anticipa que el mismo no puede ser de recibo, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
En dicha senda, se advierte que los reproches traídos por el recurrente están sustentados en la falta de consideración de los argumentos vertidos en torno al excesivo plazo procesal que el Fisco imprimió a su reclamo lesionando su derecho constitucional a ser juzgado en plazo razonable, lo que a su entender permite anular la sentencia por estar vinculado inescindiblemente con el principio de congruencia (v. fs. 134/135 vta.).
En rigor de verdad su impugnación importa un cuestionamiento al pronunciamiento que le es adverso, pues surge prístinamente de los fundamentos expuestos en el punto II (v. fs. 115/116) que se ha dado respuesta a sus agravios, resultando su queja extraña a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 119.571, "B., L. J. y otra", resol. de 4-III-2015; C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015 y C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015).
IV. En consecuencia, al igual que el señor Subprocurador General, pero por los fundamentos dados, considero que la nulidad por infracción al art. 168 de la Constitución provincial que se intenta debe ser desestimada. Costas al recurrente (arts. 68 y 298 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces Soria, Negri y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. La Fiscalía de Estado inició juicio de Apremio contra el señor Antonio Pascual Serpe a raíz de la deuda que por el impuesto a los Ingresos Brutos mantenía con el Fisco provincial y cuya determinación de oficio se había realizado mediante el expediente 2306-0360717/1998, de la que daba cuenta el titulo ejecutivo obrante a fs. 2 bis (v. fs. 9/10 vta.).
Luego de algunas vicisitudes procesales, se presentó espontáneamente el ejecutado negando la deuda e interponiendo excepción de inhabilidad de título y de prescripción (v. fs. 51/61), lo que fue repelido por el Fisco (v. fs. 65/69).
A su turno el juez de primera instancia rechazó las excepciones planteadas y mandó llevar adelante la ejecución por el total de la deuda reclamada (v. fs. 85/88).
Este pronunciamiento fue apelado y fundado, en un mismo escrito, por el ejecutado (v. fs. 91/96 vta.).
I.2. La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había hecho lugar a la ejecución del total de la deuda reclamada por el impuesto a los Ingresos Brutos [períodos 1/1993 a 6/1997], disponiendo la prescripción de los períodos 1/93, 2/93 y 3/93 (v. fs. 115/120 vta.).
Fundó su decisión -en la medida del recurso interpuesto- de la siguiente manera:
a) en relación al plazo de prescripción, confirmó el fundamento dado por el juez de grado anterior, basado en la causa Ac. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos 'Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo'" (sent. de 30-V-2007) en el que esta Corte estableció el plazo de prescripción quinquenal para las obligaciones fiscales haciendo aplicación del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (v. fs. 117 vta. y 118);
b) sin dejar de reconocer que las provincias tenían el poder originario e indefinido y que el delegado a la Nación era definido y expreso al facultar al Congreso nacional el dictado de los códigos de fondo (art. 75 inc. 12, Const. nac.), afirmó que esa delegación comprendía la de legislar de manera uniforme sobre la prescripción de las obligaciones de cualquier naturaleza y sobre la interrupción y suspensión de ella, siguiendo la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa" (v. fs. 118 y vta.); y
c) las resoluciones del expediente administrativo ponían de manifiesto el propósito del Fisco de no hacer abandono de su derecho y tenían efecto interruptivo de la prescripción opuesta y que por habérselo iniciado el 12 de agosto de 1998 los períodos correspondientes a 1/93, 2/93 y 3/93 habían sido alcanzados por el plazo quinquenal del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (v. fs. 118 vta./119 vta.).
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación de los arts. 16, 31, 75 inc. 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional y 1, 10 y 31 de su par provincial, así como de doctrina legal.
Despliega su impugnación en base a los siguientes argumentos:
a) la Cámara luego de establecer la aplicación del Código Civil en materia de prescripción juzgó equivocadamente, configurándose el absurdo en su decisión (v. fs. 137 y vta.);
b) determinó que el inicio del expediente administrativo tenía efecto interruptivo de la prescripción, para luego concluir que los únicos períodos prescriptos eran los correspondientes a los periodos 1 a 3 de 1993 ya que las actuaciones se habían iniciado el 12 de agosto de 1998 (v. fs. 137 vta. y 138);
c) se rehusó a aplicar los arts. 3.956, 3.980, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil, pues de conformidad con la doctrina elaborada sobre el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el impuesto a los Ingresos Brutos la prescripción se contabiliza por cada anticipo y sólo suspende su curso la determinación de oficio (v. fs. 138);
d) las actuaciones administrativas encuadrarían en "la constitución en mora efectuada en forma auténtica" y "por única vez" a las que hace referencia el art. 3.986 segunda parte del Código Civil (v. fs. 138 vta.); y
e) las causales de interrupción están consignadas en la primera parte del art. 3.986 y en el art. 3.989. Cita fallo de la Corte federal en apoyo de su postura (v. fs. 138 vta. y 139).
III. El recurso prospera.
III.1. Si bien en su momento recepté la posición conforme a la cual la potestad de regular lo atingente a la prescripción corresponde a las provincias, ese criterio resultó minoritario. De allí que debí someterme a la doctrina legal fijada en tal sentido a partir de la causa C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Incidente de revisión en autos 'Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada. Concurso preventivo'" (sent. de 30-V-2007; v. también C. 82.282; C. 84.445; C. 84.976 y C. 87.124).
Considero que la mentada doctrina legal es en un todo aplicable a la cuestión aquí planteada.
En efecto, los fundamentos del fallo dictado en la causa C. 81.253, citada anteriormente por esta Corte, remiten a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( in re "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -síndico- en la causa Filcrosa S.A. s/quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda", sent. de fecha 30-IX-2003) y que este Tribunal provincial ha reafirmado recientemente en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Crédito SRL. Apremio" (sent. de 16-V-2018).
III.2. Ingresando entonces a resolver el agravio planteado por el recurrente, encuentro que le asiste razón en la forma en que la Cámara hizo aplicación de las normas del Código Civil.
Como bien señala el impugnante equivocó el fundamento al considerar que el expediente administrativo tenía efecto interruptivo, pues dijo:
"...no puede perderse de vista que si el título ejecutado mediante la vía del apremio se identifica con un expediente administrativo, las resoluciones del mismo que pongan de manifiesto el propósito del Fisco de no hacer abandono de su derecho tiene efecto interruptivo de la prescripción opuesta..." (fs. 118 vta. in fine /119 1er. párr.).
Como surge del párrafo del pronunciamiento transcripto, la Cámara aplicó la primera parte del art. 3.986 equiparando la interposición de la demanda judicial con el inicio de las actuaciones administrativas, provocando un erróneo cómputo de la prescripción.
El art. 3.986, primera parte, dice:
"La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio".
Como se advierte de la simple lectura del texto sólo la demanda judicial tiene efecto interruptivo.
Considero que debió aplicarse el segundo párrafo del art. 3.986, en el que se legisla sobre la causal de suspensión. Este artículo en su parte pertinente dice:
"La prescripción liberatoria también se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción" (el destacado me pertenece).
A partir de allí corresponde revisar el cómputo de la prescripción.
Así tenemos que las actuaciones administrativas para la determinación de oficio de la deuda por el impuesto a los Ingresos Brutos se iniciaron mediante el expediente 2306-0360717/1998 por los períodos 1 a 6 de los años 1993 a 1997 (v. fs. 98/99), lo que le fue notificado al contribuyente el 15 de octubre de 1999 (v. fs. 105/106); luego la autoridad de aplicación ganó un año con la suspensión de la prescripción, en razón de lo dispuesto en la segunda parte del art. 3.986 del Código Civil.
Además, para aplicar el plazo de prescripción quinquenal del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, debe tenerse en cuenta que el dies a quo se destina para cada período vencido, ya que el art. 3.956 establece que:
"La prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación".
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, deberá hacerse lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocarse la sentencia de Cámara, debiendo remitirse el expediente a la instancia de origen para que se dicte una nueva resolución teniendo en cuenta lo aquí resuelto. Las costas de alzada y las de esta instancia extraordinaria se imponen al Fisco vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera con el siguiente alcance.
II. El Fisco provincial inicia el presente proceso con el fin de ejecutar la deuda tributaria del contribuyente por los períodos 1/1993 al 2/1997 correspondientes al impuesto a los ingresos brutos.
III. El juez de grado (v. fs. 85/89) desestimó la excepción de prescripción articulada por la ejecutada. Para ello sostuvo que si bien a la luz del precedente "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 326:3899 causa: "Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf -Síndico- in re Filcrosa SA s/ quiebra. Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda", sent. de 30-IX-2003) el cómputo del plazo prescriptivo debe ser efectuado acuerdo a las reglas y principios de la ley de fondo, y no del Código Fiscal (v. fs. 87), las actuaciones administrativas "han actuado con un efecto interruptivo de la prescripción en curso". Sobre tal aserto consideró la demanda articulada en tiempo útil.
IV. A su turno, en el pronunciamiento en crisis la Cámara confirmó parcialmente esta decisión, donde solo acogió la prescripción por los períodos 1/93, 2/93 y 3/93.
Para así resolver, consideró -al igual que el magistrado de origen- que la regulación del instituto de la prescripción corresponde enteramente al Congreso de la Nación (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.), siendo inválidas las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil.
Agregó que cualquier acto que traduzca en forma auténtica la voluntad del acreedor de perseguir la deuda basta para interrumpir el curso de la prescripción (v. fs. 118 vta.).
Bajo este piso de marcha y siendo que el expediente administrativo fue iniciado con fecha 12 de agosto de 1998, declaró -tal como lo señalé- prescriptos solamente los períodos 1/93 al 3/93 (v. fs. 119).
V. En la pieza recursiva articulada por ante este Tribunal no se objeta el encuadre jurídico adoptado por las sentencias de ambas instancias, pues, al igual que éstas, se pone de manifiesto que la normativa que regula el caso debe ser el Código Civil. No obstante ello, el recurrente denuncia que la violación normativa se configura por cuanto el Tribunal de Alzada otorga al inicio del expediente administrativo el efecto interruptivo de la prescripción. Puntualiza que tal decisión se aparta de lo preceptuado en el art. 3.986 (del Código Civil vigente al momento de los hechos).
La cuestión entonces queda ceñida a determinar si el inicio de las actuaciones administrativas opera -en los términos del primer párrafo de dicha norma- como acto interruptivo del curso de la prescripción.
VI. En tal marco, asiste razón al recurrente en cuanto señala que la decisión se encuentra desprovista de fundamento jurídico que la sustente. La norma que se reputa violada no otorga al inicio del expediente administrativo los efectos que la Cámara le asigna; resulta así una afirmación dogmática y por lo tanto carente de base legal para interrumpir, bajo esta circunstancia, el cómputo de la prescripción. Ante ello corresponde descalificar la sentencia en crisis.
VII. Ahora bien, ello impone revisar el cómputo de la prescripción, para lo cual cabe tener presente que la ejecutante de autos no ha efectuado impugnación alguna de la sentencia que está siendo revisada en esta instancia.
Merced a ello, el ámbito de la decisión queda circunscripto a la propuesta de la parte recurrente cuyos agravios delimitan el ámbito de decisión de este Tribunal.
Por ello habré de acompañar la propuesta del doctor de Lázzari de efectuar un reenvío a la instancia de grado.
VIII. En virtud de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso articulado.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 298 in fine, CPCC). Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la sentencia recurrida, debiéndose remitir al juzgado de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo aquí resuelto. Las costas de alzada y las de esta instancia extraordinaria se imponen al Fisco vencido (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia