Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122358
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia de Cámara, debiéndose reenviar al juzgado de origen para que se resuelvan las restantes alegaciones de la parte demandada contenidas en su presentación de fs. 53/73 vta. Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria a la demandada vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.358, "Municipalidad de San Antonio de Areco contra AMX Argentina S.A. s/ apremio".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había rechazado el juicio de apremio al admitir la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda con sustento en el art. 39 de la ley nacional 19.798. Impuso las costas a la actora vencida (v. fs. 175).
Se interpuso, en representación de la Municipalidad accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/190 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco promovió, en representación de ésta última, juicio de apremio contra AMX Argentina S.A., persiguiendo el cobro de una deuda por incumplimiento del pago de las tasas por "Habilitación de Antenas" y por el "Uso del Espacio Público" respecto del Contribuyente Comercio n° 1.272; por las tasas de "Uso del Espacio Público" y "Seguridad e Higiene" en relación al Contribuyente Comercio n° 1.270; y por la actividad en telecomunicaciones que desarrollaba la empresa ejecutada. Acompañó los títulos de la ejecución que abarcan diferentes períodos a partir del año 2009 (v. fs. 17 y vta.; 7/16).
El titular del Juzgado de Paz Letrado del Partido de San Antonio de Areco ordenó el mandamiento de intimación de pago y decretó el embargo sobre los bienes de la ejecutada (v. fs. 18 y vta.).
Ésta se presentó espontáneamente alegando la nulidad de la ejecución fiscal y oponiendo las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, de prescripción, de inhabilidad del título ejecutivo por inexistencia de la deuda, consistente en la inoponibilidad de las ordenanzas fiscales por falta de publicación y la inconstitucionalidad de ellas.
También denunció la violación de la ley 23.548 y del Pacto Federal para el Empleo, Producción y el Crecimiento (v. fs. 53/73 vta.).
Todo ello fue repelido por el municipio (v. fs. 128/135).
Posteriormente se dictó sentencia desestimando la demanda de apremio, como consecuencia de acoger la excepción de inhabilidad del título por inexistencia de deuda, con sustento en el art. 39 de la ley nacional 19.798 (v. fs. 136/137).
Este pronunciamiento fue apelado por la ejecutante (v. fs. 138/148) y su escrito fue contestado por la contraria a fs. 153/162 vta.
I.2. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes confirmó la sentencia de primera instancia.
Para así decidir, examinó la ley nacional 19.798, expresamente los arts. 4, 39 y 128, el decreto 1.185/90 que había creado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como también el inc. "s" del art. 6, para luego corroborar que la ocupación del espacio de jurisdicción municipal por la empresa de telecomunicaciones lo había sido para la instalación de antenas y torres de la red de telefónica fija y móvil, como surgía de los certificados de deuda de fs. 7 a 16 (v. fs. 171 vta./172 vta.).
Y concluyó que, de conformidad con lo dispuesto por la ley 19.798, las antenas se encontraban bajo la jurisdicción federal y sometidas al control exclusivo y excluyente de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones junto con la Secretaría de Comunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 27 de esa legislación; y que, por lo tanto, el tributo local constituía un inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional había hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación, importando el reclamo municipal el desconocimiento de la ley federal y la lesión al principio de supremacía legal contenido en el art. 31 de la Constitución nacional (v. fs. 172 vta. y 173).
Agregó el Tribunal de Alzada, luego de reseñar algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo decidido no implicaba negar las facultades de los municipios en materia de seguridad e higiene y comercio, como lo había entendido el Máximo Tribunal del país en la causa "Municipalidad de Chascomús", pero advirtió que si la Comuna pretendía cobrar tasas por servicios que prima facie debían ser abonadas a la Nación porque correspondían al control de las antenas, el municipio debió haber acreditado la efectiva prestación de servicios, pues de lo contrario tales tasas se convertían en un impuesto, lo que estaba vedado (v. fs. 173/174).
Por último, aclaró que el precedente de esa misma Sala citado por la recurrente no era de aplicación al caso, porque allí se había resuelto sobre la falta de publicación de la ordenanza municipal a partir de la cual se pretendía cobrar la tasa por "Publicidad y Propaganda" (v. fs. 174 y vta.).
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los art. 89 de la ley 27.078; 121, 122 y 123 de la Constitución nacional y 192 incs. 5 y 6 de su par provincial, así como de doctrina legal.
Comienza su impugnación destacando que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, resulta legítimo imponer tasas o gravámenes cuando existe una prestación de servicios que tiene indudable finalidad pública, derecho que le ha sido conculcado arbitrariamente, pues de conformidad con el art. 121 de la Constitución nacional el poder tributario comunal no ha sido delegado al Gobierno federal, lo que además surge de la interpretación armónica de los arts. 5 y 124 de la carta magna que hacen al aseguramiento del régimen municipal y su relativa autonomía en materia institucional, económica y financiera (v. fs. 188)
Pone de relieve que, además, se ha violado el debido proceso al aplicarse la ley 19.798 que ha sido derogada por la ley 27.078, señalando que aquélla no es aplicable al caso, pues en el art. 89 de esta última legislación se dispuso la subsistencia del anterior régimen en lo que no se le opusiera; y que no haber hecho alusión a la nueva normativa en la fundamentación de la apelación no mengua la eficacia de la impugnación ya que la aplicación de una ley derogada importa una nulidad absoluta que debe ser declarada de oficio (v. fs. 188 vta.).
Señala que la ley 27.078 establece un sistema oneroso, en el cual la gratuidad es la excepción; transcribe los arts. 53, 80 y 81 para afirmar que la ley 19.798 no puede ser aplicada y por ello debe hacerse lugar a la pretensión (v. fs. 189 y vta.).
Advierte que en la causa B. 66.819 "Telefónica Móviles Argentina S.A. contra Municipalidad de Moreno. Demanda contenciosa administrativa" (sent. de 15-VIII-2012) esta Corte había admitido la percepción de la tasa por seguridad e higiene (v. fs. 189 vta. y 190).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
Se discute en el presente caso si la facultad otorgada al municipio por la Ley Orgánica de las Municipalidades de aplicar tasas por servicios está vedada cuando el sujeto pasivo es una empresa de telecomunicaciones regida por la ley nacional 19.798.
III.1. En relación a la temática implicada esta Corte se ha expedido en la causa B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A. contra Municipalidad de Moreno. Demanda Contenciosa Administrativa" (sent. de 15-VIII-2012).
Entiendo que los fundamentos allí vertidos resultan aplicables al caso, dado que en dicho precedente la actora en esa causa -Telefónica Móviles Argentina S.A.- impugnaba el decreto municipal por el cual se la intimaba al pago de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
Al respecto este Tribunal indicó que el art. 39 de la ley 19.798, aplicable a este caso, prevé que:
"...A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de todo gravamen".
Y asimismo expresó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en oportunidad de interpretar y aplicar tal precepto, si bien había señalado que el gravamen municipal que se origina en la ocupación o uso del espacio aéreo se encontraba en franca oposición con lo dispuesto por el art. 39 de la ley 19.798 (Fallos: 320:162), también había precisado que los textos que regulaban el servicio telefónico nacional se referían a los aspectos eminentemente técnicos de la prestación del servicio y no a los de índole típicamente municipal, como resulta ser la observancia de normas relativas a la salubridad o higiene (Fallos: 320:619).
En consecuencia, no advierto que la regulación nacional invocada desconozca las atribuciones municipales, en orden a lograr una apropiada protección de los intereses locales, pues la ley 19.798 regula aspectos de la prestación del servicio que se refieren a especificaciones de las licencias de telefonía pública, funciones de regulación administrativa, técnica, de control y fiscalización en materia de telecomunicaciones que, por su naturaleza, quedan sujetas a la jurisdicción nacional.
En el precedente de esta Corte antes citado, se puso de relieve que si bien la actividad desarrollada por la actora en esa causa -Telefónica Móviles Argentina S.A.- se encontraba regulada por la ley nacional 19.798, de igual manera que lo está la de la aquí demandada AMX Argentina S.A., ello no tornaba ilegítimas las normas municipales y provinciales que disciplinaran esa materia.
Así, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, y según surge de los títulos que se anejan a la demanda de apremio (v. fs. 7/16), sólo ha de reconocerse la facultad de la Municipalidad para establecer las tasas en concepto de "Habilitación" y por "Seguridad e Higiene", pues el art. 39 de la ley 19.798 exime de todo gravamen el uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal.
Por lo tanto, y con el alcance dado en el párrafo anterior, considero que no se configura una interdicción entre lo que se regule por ordenanza municipal -habilitación y seguridad e higiene- con lo legislado por la ley nacional, pues las disposiciones se ocupan de diversos aspectos del mismo objeto sin superponerse.
Además, destaco que el criterio aplicado ha sido recientemente reafirmado por esta Corte en la causa B. 63.520, "Telefónica Móviles Argentina S.A contra Municipalidad de Moreno" (sent. de 9-V-2018).
III.2. Por otro lado, en virtud del principio de la apelación adhesiva que impone que en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se tenga en cuenta lo alegado por la contraparte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. doctr. causas C. 115.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 30-X-2013; C. 116.715, "Villalba", sent. de 10-VI-2015; e.o.), observo que lo hasta aquí dicho abastece la respuesta a las alegaciones efectuadas por la ejecutada, quien no recurrió el pronunciamiento de primera instancia pues se había hecho lugar a la postura por ella sustentada.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde revocar la sentencia de Cámara, reconociéndose la facultad tributaria del municipio con el alcance dado en el punto III.1. En razón de ello deberán remitirse los autos al juzgado de origen para que se resuelvan las restantes alegaciones de la parte demandada, contenidas en su presentación de fs. 53/73 vta., que no fueron objeto de tratamiento en razón de la forma en que se había resuelto el pleito. Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria a la demandada vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Voto, con dicho alcance, por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri.
Sólo he de agregar que en relación al agravio dirigido a denunciar la supuesta aplicación de una ley derogada corresponde su rechazo, porque la ley 27.078 (art. 89) reconoce la vigencia de la ley 19.798 y, por otra parte, en orden a la supuesta incompatibilidad de tales normas, el agravio tampoco es de recibo pues los argumentos novedosos, que al no haber sido en su momento planteados no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores resultan inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que son el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. doctr. causas C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016; C. 120.992, "Tres Rumbos S.R.L.", sent. de 25-X-2017; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Lo expuesto lo es a título de nota complementaria del voto al cual, lo reitero, presto mi adhesión.
Voto por la afirmativa
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Teniendo en consideración el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes citados por el ponente, reiterado más cerca en el tiempo en Fallos: 337:858, por razones de celeridad y economía procesal doy mi adhesión al voto del doctor Negri.
Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, voto también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocándose la sentencia de Cámara, debiéndose reenviar al juzgado de origen para que se resuelvan las restantes alegaciones de la parte demandada contenidas en su presentación de fs. 53/73 vta. Costas de alzada y de esta instancia extraordinaria a la demandada vencida (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia