Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $239.733 de fs. 5.173/5.174 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.890, "Municipalidad de General Pueyrredón contra Prisma Medios de Pago S.A. Apremio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan.
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había mandado llevar adelante la ejecución. Asimismo, impuso las costas a la demandada (v. fs. 5.149 vta. y 5.150).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 5.153/5.167).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Municipalidad de General Pueyrredón promovió juicio de apremio contra Prisma Medios de Pago S.A. por la suma de $6.486.900,41 comprensiva de capital e intereses, con base en los títulos ejecutivos n° 378.461, 378.462 y 378.463 que acompañó, correspondientes a la tasa por "Publicidad y Propaganda" adeudada, relativa a los períodos fiscales de los años 2006 a 2011 (v. fs. 4.919/4.920).
Se libró el pertinente mandamiento de intimación de pago y se presentó la demandada interponiendo las excepciones de prescripción -por las tasas correspondientes a los años 2006 a 2010- y de inhabilidad de título por inexistencia de deuda -basada en la expedición de un certificado municipal de libre deuda, en la falta de publicación de la ordenanza municipal que daba origen a los títulos ejecutivos, en la ausencia de prestación de servicios a la demandada y en el cumplimiento del deber de información al consumidor que disponía el art. 4 de la ley 24.240- (v. fs. 4.944/4.953). Todas estas defensas fueron repelidas por la actora (v. fs. 5.091/5.103).
I.2. El juez de primera instancia dictó sentencia rechazando la excepción de inhabilidad de título por ser la empresa contribuyente en el municipio a pesar de no tener domicilio en ese territorio, haber acreditado la actora el número de decreto, boletín y fecha de publicación de las ordenanzas y porque, además, era potestad municipal el cobro de la tasa por publicidad y propaganda, inclusive por las calcomanías que aceptaban determinados medios de pago. Desestimó también la excepción de prescripción con fundamento en que el día 5 de noviembre de 2015, por decreto 3.032/15, se había dictado el agotamiento de la vía administrativa y, en razón de que la demanda se inició el día 23 de marzo de 2016, no existían períodos prescriptos ya que había reconocido el plazo de prescripción de cinco años por aplicación del Código Civil. Además, impuso las costas a la demandada (v. fs. 5.107/5.113).
I.3. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la decisión del grado anterior.
Para así decidir, respecto de la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda por falta de publicidad de las ordenanzas fiscales, tuvo en cuenta:
a) el deber básico de publicitar los actos de la Administración, establecido en los arts. 193 inc. 1 de la Constitución provincial y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y la doctrina legal (v. fs. 5.143/5.144 vta.);
b) que en el sitio web oficial del municipio ( www.mga.gov.ar ; sic) había podido examinar los boletines municipales que contenían las ordenanzas impositivas y fiscales que daban sustento a la acción ejecutiva en el link denominado "legislación", accediendo a las normativas vigentes en los períodos correspondientes a los años 2006 a 2011, por lo cual tuvo por acreditada la exigencia de publicación (v. fs. 5.144 vta. y 5.145).
Desestimó los agravios de la demandada basados en:
a) la inexistencia de oficinas locales o dependencias comerciales de la demandada en la ciudad de Mar del Plata, porque esa cuestión excedía el marco del juicio ejecutivo ya que para resolver debía ingresar en la causa de la obligación;
b) el deber de información al consumidor, pues citando un fallo precedente de la misma Sala y doctrina de esta Suprema Corte en la causa I. 68.328, "Fric Rot" (resol. de 12-VII-2006), sostuvo que las calcomanías, carteles o logotipos tenían como finalidad no solo informar sino también dar a publicidad (v. fs. 5.146 y vta.);
c) que el trámite administrativo no tenía efectos interruptivos de la prescripción, ya que se podía asimilar a la demanda judicial; cita doctrina legal de las causas B. 58.968 (sent. de 28-IX-1999); B. 60.160 (sent. de 5-II-2003) y B. 64.024 (sent. de 5-X-2011).
Confirmó la decisión de grado anterior en que:
a) la ausencia de radicación de la empresa en el municipio no impedía la configuración del hecho imponible (v. fs. 5.145/5.146);
b) era inconducente el certificado de libre deuda al que aludía la ejecutada en relación con el reclamo efectuado, en razón de que surgía de ese documento la certificación de la eximición de tasas y derechos respecto de una propiedad inmueble y no sobre la publicidad y propaganda;
c) la inexistencia de deudas exigibles lo era para las generadas a la fecha de la expedición del certificado, ya que la deuda que aquí se ejecutaba dependía del trámite administrativo incoado que el municipio no podía desconocer (v. fs. 5.146 vta. y 5.147).
II. Se agravia la vencida denunciando la violación de doctrina legal.
Respecto de la falta de publicidad de la ordenanza, sostiene que:
a) la norma no fue puesta a disposición del contribuyente, ya que la Municipalidad no hace públicos los boletines pues cobra un precio para acceder a ellos;
b) se impide conocer el régimen de liquidación del tributo;
c) la obligación de dar a conocer las normas se encuentra consagrada en los arts. 191 de la Constitución de la Provincia y 108 inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (v. fs. 5.157/5.158);
d) los derechos de publicidad y propaganda están dentro de las categorías de tasas y como tales deben estar vinculados a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio municipal al contribuyente, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues de lo contrario se convierte en un impuesto, poniéndose en contraposición con el Pacto Fiscal Federal y el art. 9 de la ley 23.548 (Coparticipación Federal de Recursos Fiscales);
e) sin lugar físico de la empresa en ese municipio no se advierte cómo puede prestársele algún servicio. Cita la causa "Ivax Argentina S.A. c/ Municipalidad de Río Cuarto" (sent. de 23-VI-2009), del Máximo Tribunal federal en el que se reiteraba el criterio que venía sustentando en la causa "Compañía Química S.A. c/ Municipalidad de Tucumán" (sent. de 5-IX-1989; v. fs. 5.158 vta. y 5.159);
f) la Comisión Federal de Impuestos, creada por la ley antes referida, ha entendido que los derechos de publicidad y propaganda no constituyen una tasa puesto que no prevén la prestación de servicio alguno al contribuyente (v. fs. 5.159 vta.);
g) la empresa se dedica al procesamiento de datos y administración del sistema de tarjetas de crédito para las entidades financieras, quienes son sus clientes, y explica la metodología del negocio, el cumplimiento del deber de información del art. 4 de la ley 24.240 y cita un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de ese departamento judicial como apoyo de su argumentación (v. fs. 5.159 vta./5.161);
h) no aconteció hecho alguno que hubiera interrumpido el curso de la prescripción pues no lo constituye el inicio de actuaciones administrativas; señala las demoras en el trámite y cita los arts. 3.986 y 3.989 del Código Civil, fallos de la Corte nacional y de este Tribunal en apoyo de su postura (v. fs. 5.161 vta./5.166 vta.).
III. El recurso no puede prosperar, en virtud de su insuficiencia técnica (conf. art. 279, CPCC).
El Tribunal de Alzada rechazó las defensas de inhabilidad de título por inexistencia de deuda y de prescripción opuestas por la recurrente (v. fs. 5.137/5.150); sus fundamentos no han sido idóneamente rebatidos. Veamos.
III.1. Mientras el fallo en crisis tuvo por acreditado el cumplimiento de la exigencia de la debida publicidad de las ordenanzas en cuestión a partir de la constatación que realizó sobre su exhibición en la página web del municipio ( www.mga.gov.ar ; v. fs. 5.144 vta.), el recurrente, insistiendo en el planteo relativo a la falta de publicación, hizo caso omiso a aquella conclusión. Debió satisfacer la carga de refutar la argumentación del fallo mediante la denuncia de la infracción normativa que a su criterio pudiese haber causado y, en todo caso, la alegación y demostración ante esta instancia extraordinaria del vicio lógico de absurdo en el pronunciamiento de la Cámara (conf. causas C. 94.421, "Millara de Balbis", sent. de 6-X-2010; C. 108.433, "Mezclas Industriales S.A.", sent. de 9-II-2011; e.o.), vicio siquiera invocado en la especie.
III.2. A su turno, el tribunal a quo destacó la imposibilidad de ingresar en aquellos aspectos vinculados con la causa de la obligación reclamada, entre otros el relativo a la defensa fundada en la ausencia de domicilio en territorio de la comuna accionante (v. fs. 5.145 y vta.). Al quedar incólume esta conclusión, los argumentos brindados ahora por el impugnante en relación con aquellos aspectos tampoco pueden tener andamiento.
III.3. Del mismo modo, la accionada insiste en que la actividad que se reputó como configurativa del hecho imponible (la existencia de las imágenes visibles en los locales comerciales) solo traduce el cumplimiento del deber de información al consumidor que imponen los arts. 42 de la Constitución nacional y 4 de la ley 24.240. Esta afirmación no ha sido puesta en entredicho en la sentencia en crisis. Para más, al insistir en el planteo, la recurrente no se hace cargo de la afirmación de la Cámara en cuanto señaló que nada impide que el cumplimiento de ese mandato constitucional "...pueda revestir también el carácter publicitario con fines lucrativos" (fs. 5.146), de lo que nuevamente se desentiende el remedio en examen.
III.4. Tampoco resulta idóneo el intento de réplica dirigida a ponderar el alcance atribuido por la sentencia al certificado de deuda (v. fs. 5.146 vta. y 5.147), diverso al que propone el líbelo recursivo (v. fs. 561 y vta.), desde que la faena desplegada por el a quo para desentrañar su sentido constituye el despliegue de una típica cuestión privativamente reservada a los jueces de grado, inabordable en esta instancia salvo denuncia y demostración del vicio lógico de absurdo, resorte que no ha sido articulado en el líbelo recursivo (conf. doctr. causas Ac. 53.743, "González", sent. de 5-XII-1995; Ac. 62.584, "Stoppo", sent. de 1-XII-1998; C. 102.016, "Toledo", sent. de 13-VII-2011 y C. 118.064, "Zubillaga", sent. de 13-V-2015).
III.5. Por fin, no satisface la carga exigida por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el cuestionamiento relativo a la defensa de prescripción articulada y desestimada. En primer lugar, esta Suprema Corte ha establecido que los tópicos relacionados con el cómputo de la prescripción, suspensión, interrupción o punto de arranque de la misma son típicos planteos fáctico-probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.671, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 29-IV-2015; C. 121.100, "Báez", resol. de 28-XII-2016; C. 121.432, "Ascuaga", resol. de 28-VI-2017; etc.), vicio que no se configura en la especie (conf. art. 279, CPCC). De otro lado, al margen del acierto o error de lo postulado por el Tribunal de Alzada en torno al carácter interruptivo que atribuyó a las actuaciones administrativas (v. fs. 5.148), se aprecia que los reparos del recurrente referidos a un pretendido apartamiento del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899) no se sostienen. Una recta lectura de la sentencia revela que la decisión se ha fundado en aquellas directrices, tras considerar que lo así obrado por la accionante "...traduce un comportamiento claro e inequívoco que patentiza el ánimo de conservar y ejercitar el derecho", con cita de los arts. 3.947, 3.949 y 3.986 y concordantes del Código Civil.
Lo expuesto es suficiente para desestimar el remedio en tratamiento, por su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827 y 279 y 289, CPCC).
IV. Sentado lo que antecede, vale detenerse sobre el curso dado en esta sede a su tramitación a partir de la vista conferida al Ministerio Público como fiscal de la ley en los términos de los arts. 52 de la ley 24.240 y 1, 2 y 20 primer párrafo de la ley 14.442, con cita de lo resuelto en el precedente I. 72.447, "Procuradora general" (resol. de 11-III-2013), dispuesta a fs. 5.191 y que motivó el dictamen de dicho cuerpo de fs. 5.192/5.196.
En lo concerniente a la aludida intervención, es preciso advertir que el objeto de este proceso ha sido el cobro ejecutivo por parte del municipio accionante de tributos (derechos de publicidad y propaganda) reclamados a la firma Prisma Medios de Pago S.A. Claramente, se trata de una consecuencia derivada de la relación tributaria, propia del derecho público local, que vincula a las partes.
IV.1. Ahora bien, la demandada argumentó en esta causa que no se configuraba el hecho imponible porque la utilización de calcos o carteles de identificación de aceptación de medios de pago no era una forma de publicidad o propaganda, sino que respondía a un imperativo legal (el de informar a los consumidores; arts. 42, Const. nac. y 4, ley 24.240; v. fs. 4.950 vta. y 4.951). Esa objetable alegación dio paso una actuación procesal inapropiada, dado que no correspondía la intervención del Ministerio Público con base en lo normado en los arts. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133 -este último invocado a fs. 5.192-. Veamos.
a) El art. 52 -que abre el capítulo XIII de la ley 24.240- se refiere a las acciones judiciales iniciadas por el consumidor o el usuario cuando sus intereses resulten afectados o amenazados . También confiere legitimación activa a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos del art. 56, a la autoridad de aplicación nacional o local, al señor Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal. Respecto de este último, cuando no actúe en el litigio como parte, el art. 52 dispone que intervendrá como fiscal de la ley. Además, en las causas colectivas de esta materia, si las asociaciones habilitadas desistieran de las acciones que hubiesen promovido, la titularidad activa debe ser asumida por el Ministerio Público Fiscal.
En el ámbito provincial, la ley 13.133 prescribe en su art. 26 que se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes: i) los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva; ii) las asociaciones de consumidores debidamente registradas en la Provincia de Buenos Aires y iii) los municipios a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). El art. 27 (que también integra, junto con el recién transcripto, el capítulo III del título I dedicado a la "legitimación") prescribe que "El Ministerio Público actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios las renuncias o desistimientos efectuados por uno de sus miembros no vinculará a los restantes litisconsortes. En caso de abandono de la acción por las Asociaciones legitimadas, la titularidad activa será asumida por el Ministerio Público";
b) ninguno de los supuestos previstos por los textos legales antes citados se configura en autos.
Según se ha visto, como derivación de la obligación tributaria que el municipio reputa incumplida, la contienda tiene por objeto el cobro de un crédito fiscal (derechos de publicidad y propaganda). Pero el accionado adujo como defensa que no hacía publicidad, sino que cumplía con un deber informativo para con los consumidores (arts. 42, Const. nac. y 4, ley 24.240). De manera alguna ello es así. Ni remotamente se encuentran en juego derechos o intereses de los consumidores. Tampoco se ha puesto en entredicho el aludido deber de información, ni una relación de consumo. Carente de asidero en términos conceptuales y en el caso, la invocación de la normativa señalada no guarda relación con el pleito (conf. doctr. causa A. 70.752, "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores", resol. de 26-X-2010).
IV.2. Así las cosas, lejos está el expediente de aproximarse siquiera a alguno de los supuestos contemplados en los arts. 27 de la ley 13.133 y 52 de la ley 24.240, en orden a la intervención del Ministerio Público Fiscal. Se explica entonces el motivo por el cual, en la contienda bajo examen, ni el juez de primera instancia ni la Cámara de Apelación propiciaran la intervención de ese cuerpo, en el correcto entendimiento de su ajenidad al trámite del proceso, y se revela el error incurrido al proveerse la vista de fs. 5.191.
V. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario en tratamiento ante la insuficiente fundamentación que exhibe, con costas (arts. 31 bis, ley 5.827 y 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y doy el mío por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas a la recurrente (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $239.733 de fs. 5.173/5.174 queda perdido (art. 294, CPCC). El tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2020 16:02:42 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 18:08:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2020 19:53:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/09/2020 10:39:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 13:01:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia