Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122758
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.758, "Municipalidad de Olavarría contra Hernando Hermanos S.A. Apremio", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, de Lázzari , Kogan.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la excepción de inhabilidad de título respecto de la tasa de seguridad vial y mandado llevar adelante la ejecución por los restantes rubros reclamados. Impuso las costas de la Alzada a la ejecutante vencida (v. fs. 282 y vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/303).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La Municipalidad de Olavarría inició juicio de apremio contra la empresa Hernando Hermanos S.A. reclamando una deuda existente por el impuesto automotor y por las tasas de inspección de seguridad e higiene y de seguridad vial, la que acreditó con los respectivos títulos ejecutivos que acompañó (v. fs. 6/13 y 14/16 vta.).
Se libró mandamiento de intimación de pago y embargo contra la ejecutada, quien se presentó oponiendo la inconstitucionalidad de la tasa de seguridad vial y, conjuntamente, la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda (v. fs. 23/30 vta.). La ejecutante contestó las defensas articuladas, oponiéndose (v. fs. 50/55 vta.).
A su turno, se dictó sentencia haciéndose lugar a la excepción opuesta por la ejecutada en relación con la deuda por tasa de seguridad vial por los períodos 3/2015 a 10/2015 pero se la rechazó respecto de los otros conceptos que se le reclamaban. Impuso las costas en un 10% a la ejecutada y en un 90% a la actora (v. fs. 229/233 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado y fundado por el municipio (v. fs. 234/242) y repelido por la contraria (v. fs. 245/251).
I.2. Elevados los autos a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, esta confirmó la sentencia de primera instancia.
Para ratificar la decisión de grado anterior, en la medida del recurso planteado, tuvo en cuenta que el municipio había creado la tasa de seguridad vial por medio de la ordenanza 3.638/13 que introdujo modificaciones a la ordenanza fiscal 2.460/99 y a la ordenanza impositiva 2.461/99 (v. fs. 270 vta./272).
Consideró, además, las causas judiciales iniciadas por la empresa Petrotandil S.A.C.I.E.I. y por la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina contra la Municipalidad de Olavarría sobre declaración de certeza respecto de la cuestionada tasa (v. fs. 270 vta./273 vta.).
Encontró que a raíz de esos juicios se había sancionado la ordenanza 3.914/15, promulgada por el decreto 3.642/15, con la que se derogaban los arts. 160, 161, 162, 163 y 164 de la ordenanza fiscal 2.460/99 que habían dado creación a la tasa de seguridad vial, dejando de tener vigencia la percepción del referido tributo, y también que por la ordenanza 3.014/16 se dejaba sin efecto la determinación de oficio que se había realizado con relación al contribuyente Petrotandil S.A.C.I.E.I., con expresa referencia a los ejercicios 2014 y 2015, lo que consideró de suma relevancia para resolver esta causa porque el municipio en el primer considerando de la norma reconocía la ilegalidad de la tasa, al referirse a la opinión que el Tribunal de Cuentas había vertido en los ejercicios de los años 2014 y 2015 (v. fs. 274/275).
De esta manera concluyó que la Municipalidad de Olavarría, al pretender ejecutar a la empresa Hernando Hermanos S.A. la deuda correspondiente a los períodos 3 a 10 del año 2015 por la tasa de seguridad vial, se había colocado en contradicción con sus propios actos, ya que había iniciado el presente proceso a pesar de tener claras evidencias de la ilegalidad de la creación del tributo, pues al reconocer la ilegalidad respecto del contribuyente Petrotandil S.A.C.I.E.I. no podía el ejecutante implementar un tratamiento diferente respecto de otro contribuyente pues se ponía en juego el principio de igualdad en materia tributaria contemplado en el art. 16 de la Constitución nacional (v. fs. 275 vta./278).
II. Se agravia la Municipalidad de Olavarría denunciando la violación de los arts. 8, 9, 10 y siguientes y concordantes de la ordenanza fiscal 2.460/99; 2 de la ordenanza general 267; 117, 241 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58); 18 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.397) y 289 del Código Civil y Comercial.
En su impugnación sostiene que ninguna de las causas judiciales citadas en el fallo que ataca ha tenido resolución firme y que en forma errónea ha interpretado la ordenanza 3.014/16, pues es una norma de alcance individual para dejar sin efecto la determinación de oficio de un contribuyente (v. fs. 289/290).
Pone de relieve que la decisión de la Cámara tiene trascendencia institucional pues atenta claramente contra las facultades que posee el Fisco municipal para generar sus propios recursos y fuentes de financiamiento (v. fs. 290 y vta.).
Destaca que el dictamen del Tribunal de Cuentas no resulta vinculante ni condicionante para expedirse sobre la legalidad o ilegalidad de una norma municipal, asignándole el carácter de inoponible al municipio y contrario a la Constitución nacional, en palmaria violación del derecho de defensa y de los principios de legalidad y control de los actos administrativos. Transcribe el art. 159 de la Constitución provincial en el que se regulan las atribuciones de ese organismo y los arts. 14, 15 y 42 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en los que se legisla sobre sus facultades, para demostrar su incompetencia para expedirse en cuestiones como las que aquí se debaten (v. fs. 290 vta./292).
Afirma que la falta de vigencia de la norma no es óbice para que se reclame la deuda por los periodos devengados. Cita fallos que constituyeron el derrotero jurisprudencial de la Corte federal hasta llegar al reconocimiento de la autonomía municipal con la Constitución del año 1994 (v. fs. 242 y vta.).
Agrega que los arts. 3, 121 y 123 de la Constitución nacional y 190, 191 y 192 incs. 4 y 5 de su par provincial aseguran el régimen municipal y que el art. 226 de la Ley Orgánica de Municipalidades en sus incs. 6 y 32 establecen cuáles son los recursos municipales, todo lo que constituye el poder fiscal para financiar los gastos del municipio y la facultad de la percepción de la tasa que aquí se ejecuta. Cita las causas A. 71.876, "Western Union" (sent. de 23-XI-2016) y B. 65.396, "Esso Petrolera Argentina S.R.L." (sent. de 22-VI-2016), en apoyo de su postura (v. fs. 292/294).
Indica que la empresa ejecutada no realizó planteo administrativo ni judicial alguno sobre la falta de pago de la tasa, circunstancia que la Cámara pasó por alto cuando hizo extensivos los reclamos de otros contribuyentes en beneficio de la empresa demandada. Señala además que extrajo una presunta ilegitimidad resuelta en los procesos judiciales que citó en su fallo cuando en ninguno de ellos hubo resolución sobre el fondo, desconociendo así la ineludible obligatoriedad del Ejecutivo municipal de llevar a cabo las acciones positivas y concretas para el cobro de los tributos que, de no haber sido hechas, seguramente se hubiese cuestionado y sancionado a los funcionarios municipales (v. fs. 294 vta. y 295).
Asevera que lo que se reclama es la tasa correspondiente a un período en el cual estaba vigente la ordenanza, sin que ello implique la aplicación retroactiva del tributo, y agrega que esa tasa está actualmente vigente en los municipios de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López (v. fs. 295 y vta.).
Apunta que el fallo de la Cámara viola el art. 289 del Código Civil y Comercial porque el certificado de deuda es un instrumento público y su validez ha sido reconocida para el proceso de apremio, el que por otra parte jamás fue atacado por redargución de falsedad o acción particular que lo afectare (v. fs. 295 vta. y 296).
Reitera que la demandada jamás atacó la deuda por ilegítima y resalta que las implicancias políticas de oportunidad, mérito y conveniencia que llevaron a la derogación de una tasa municipal no implican que el municipio haya considerado como ilegítima a la tasa, agregando que el proceso de conocimiento no es el camino, que el título es la exigencia legal, que erróneamente se ha ingresado en el origen o causa de la obligación y que no existe planteo de inconstitucionalidad de la norma objeto de autos, reiterando que se percibe la tasa vial en otros municipios (v. fs. 296/298).
Refiriéndose a los fallos que se citan en el pronunciamiento de la Cámara, sostiene que la medida cautelar dictada en la causa "Petrotandil" no es de aplicación erga omnes y que respecto de la causa "Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina" no se ha dictado sentencia, por lo que entiende que no pueden ser considerados como antecedentes y en base a ellos resolver (v. fs. 298/299).
Alega que no puede ponerse en el mismo pie de igualdad a un contribuyente que es mayorista de combustible, que acude a la justicia a fin de obtener una declaración de derecho, con un comerciante minorista que ningún reparo tiene por la tasa, pues entiende que el art. 16 de la Constitución nacional se refiere a la igualdad en la capacidad contributiva o la proporcionalidad. Cita fallos de la Corte nacional en apoyo de su postura (v. fs. 299 y vta.).
Remarca que se ha aplicado erróneamente la doctrina de los actos propios con relación a la ordenanza 3.014/06, ya que es una norma de alcance individual que dejó sin efecto la determinación de oficio realizada por la Subsecretaría de Rentas respecto de la empresa Petrotandil. Agrega que lejos está de configurarse un trato desigual respecto de la demandada, que no debe considerarse que el pretendido cobro de la deuda es la aplicación retroactiva de la norma cuando el Ejecutivo municipal está cumpliendo con lo que ha determinado el órgano legislativo y destaca que la ejecutada jamás había hecho planteo alguno sobre la tasa, pues por el contrario efectuó pagos por distintos períodos y presentó las correspondientes declaraciones juradas (v. fs. 299 vta./300 vta.).
Señala que la Cámara resolvió sobre argumentos de la demandada que no fueron probados por ella cuando tenía la carga de hacerlo, con el agravante de que se dispuso que esta parte probara en otro proceso lo que aquí se habría probado con la pericial contable que había ofrecido la demandada (v. fs. 300 vta. y 301).
Hace hincapié en que por el principio solve et repete el contribuyente debe pagar el tributo antes de discutir al Fisco, ya que la excepción planteada no puede darse en el marco del apremio y los períodos comprendidos en el título ejecutivo han sido devengados y consolidados en plena vigencia de la norma, cumpliéndose de esta manera con el art. 1 de la ley 13.406. Cita fallos de Cámara acerca de la limitación del objeto de la excepción de inhabilidad de título a las formas extrínsecas del certificado de deuda, como también la existencia de un valladar en el juicio de apremio para resolver la inconstitucionalidad de una norma. Hace referencia a que la Corte federal, en este tipo de juicios, exige el pago previo de lo adeudado como requisito de viabilidad del recurso de apelación (v. fs. 301 y vta.).
Por último, afirma que avalar el incumplimiento de la ejecución sería amparar el enriquecimiento ilícito del demandado y una evidente evasión fiscal. Cita la causa C. 96.643 (sent. de 21-XII-2011), sobre la presunción de legitimidad que recae sobre la deuda reclamada en el título ejecutivo (v. fs. 301 vta./302 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. La recurrente se agravia de que la Cámara confirmara la sentencia de primera instancia en la que se había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda, fundada en que la legislación base de la pretensión había sido derogada a la fecha de promoverse el presente apremio por concluyentes razones que no podían dejar de advertirse.
El reclamo estaba basado en el pretendido cobro de la tasa de seguridad vial que había sido creada por la ordenanza 3.638/13 que introdujo modificaciones a la ordenanza fiscal 2.460/99 y en la ordenanza impositiva 2.461/99, cuya percepción estaba destinada al mantenimiento de la infraestructura pública urbana; el hecho imponible se configuraba con el expendio, en el territorio municipal, de cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas natural comprimido, que debían ser abonados por los contribuyentes usuarios en el 4% del precio neto por cada una de esas unidades de medida de los combustibles adquiridos y que los que expendieran y/o comercializaran esos combustibles eran los responsables sustitutos que debían ingresar y liquidar el tributo, según surgía de los arts. 160 a 164 de la mencionada ordenanza fiscal (v. fs. 188/189).
Encuentro que el embate de la recurrente no logra demostrar las violaciones que denuncia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Ha sostenido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 118.911, "Ortiz Vda. De Polo", resol. de 4-II-2015; C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015 y C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016).
La recurrente, en toda su impugnación, sustenta sus argumentos en el carácter de norma individual de la ordenanza municipal 3.014/16 (B.O. 43, octubre de 2016, págs. 96/98), en la que se resuelve sobre la situación de la empresa Petrotandil, desentendiéndose de la matriz argumental del pronunciamiento, lo que pone en evidencia la insuficiencia de su embate.
La Cámara, para resolver como lo hizo sostuvo que "...con el examen del expediente n° 10.834 (agregado por cuerda), es posible observar que a fs. 204/205 se agregó copia certificada de la Ordenanza n° 3914/15 de la Municipalidad de Olavarría (sancionada con fecha 26 de noviembre de 2015 y promulgada por Decreto n° 3642/15 del 3 de diciembre de 2015 ), mediante la cual se derogaron los arts. 160, 161, 162, 163 y 164 de la Ordenanza Fiscal n° 2460/99, donde se regulaba la tasa de seguridad vial que constituye el objeto del conflicto de autos. O sea que la tasa en cuestión dejó de tener vigencia a partir del dictado de esta ordenanza derogatoria" (fs. 273 vta., segundo párr.; el destacado figura en el original).
Como anticipé, la impugnante ataca el fallo en la parcela en la que la Cámara señala los cambios legislativos que se realizaron en el municipio a partir del proceso judicial entablado por otra empresa -Petrotandil S.A.C.I.E.I.- alegando que el presente apremio tiende a la acción de recupero de las sumas líquidas y exigibles determinadas por períodos firmes, y que ello nada que ver tiene con ulteriores decisiones políticas fundadas en el mérito y la conveniencia de lo resuelto en un momento distinto al que se adeuda por el ejecutado (v. fs. 292), y que la derogación de la normativa que, en su oportunidad, hubo de fundar la acción de cobro dirigida contra aquel, fue adoptada en oportunidad y mérito de un momento posterior distinto al devengamiento de la deuda y no precisamente por su carácter de ilegal ni retroactivo (v. fs. 295).
Todo ello se expone para confrontar con el argumento del Tribunal de Alzada dado en reconocer que los artículos de la ordenanza fiscal habían sido derogados en el año 2015 y sin embargo el municipio, en base a esos preceptos legales, inició con fecha 27 de octubre de 2016 el juicio de apremio contra la empresa aquí demandada.
III.2. Pues bien, ingresando a la evaluación de los agravios traídos, sostiene la recurrente que "El decreto 3.014/16 al cual se hace mención resulta un acto administrativo de alcance individual dictado para dejar sin efecto una determinación de oficio realizada por la Subsecretaría de Rentas a fin de adecuar la realidad fáctica de un contribuyente comercializador mayorista de combustibles que había obtenido una medida cautelar en la justicia..." (fs. 290 y 299 vta.) y que "...la pretendida inconstitucionalidad e ilegitimidad que refiere el fallo de Cámara corre por su exclusiva autoría, ya que tal como hemos mencionado y surge de las propias constancias de dichas actuaciones no existe resolución judicial que mínimamente arroje un criterio jurisprudencial atendible menos aún oponible por quien no forma parte del mismo..." (fs. 299). Pese a lo expuesto, de la lectura del citado decreto advertimos en realidad que lo en él definido no tuvo en miras, en particular, la faz subjetiva del contribuyente que reclamara sino, por el contrario, los alcances y validez de la norma impositiva comprometida.
Se declara también que "Jamás esta municipalidad reconoció como ilegal la tasa de seguridad vial, y se aplicó por igual a todos los contribuyentes comprendidos, salvo a la empresa Petrotandil que fue la única que inició una acción y consiguió una medida cautelar, cosa que no hicieron las demás empresas y contribuyentes" (fs. 300). Sin embargo, prontamente se desmiente tal afirmación cuando, efectivamente, se advierte que se hace mención en tales considerandos a los antecedentes que apuntaban a la ilegalidad de la norma.
Sostiene, además, en su queja, que el dictamen del Tribunal de Cuentas "NO RESULTA VINCULANTE NI CONDICIONANTE al momento de expedirse sobre la legalidad o ilegalidad de una norma municipal", pues "...tal organismo posee facultades limitadas y restringidas al momento de analizar una decisión del fisco" (fs. 290 vta.; el destacado figura en el original), motivo por el cual "...resulta nula de nulidad absoluta la opinión jurídica vertida por dicho organismo y utilizada como fundamento de fondo para la sentencia definitiva..." (fs. 291 vta.), cuando, sin embargo, es que precisamente se tuvo en cuenta en los considerandos el criterio del Tribunal de Cuentas expuesto en el fallo 108/16 sobre la ilegalidad de la ordenanza 3.638/13 que introduce modificaciones a las ordenanzas fiscal 2.460/99 e impositiva 2.461/99 y sus modificatorias, creando la Tasa de Seguridad Vial; al igual que el criterio que ese mismo tribunal hubo de exponer tiempo atrás en el expediente 5300-44-2014, señalando que "...con relación a la contraprestación de las tasas la jurisprudencia ha sostenido que una de las particularidades que debe tener esta especie tributaria es que su cobro se corresponda a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al cliente; en el caso de esta imposición en particular se advierte que ello no sucede, al no existir una relación absoluta entre el hecho imponible-prestación del servicio- y los sujetos pasivos que deben abonar la misma".
Que, para la derogación, se tuvo en miras la observación que el mismo tribunal expusiera sobre tal tasa por contraponerse con las normas regulatorias del Fondo Nacional de Vialidad, así como con el art. 9 inc. "b" de la ley 23.548 del régimen federal de coparticipación; mismo criterio expuesto, en su hora, por la Cámara Federal de Mar del Plata que interviniera en la resolución de la cautelar promovida por la firma Petrotandil S.A.C.I.E.I.
Pese a ello, se insiste en el recurso en que "Se intenta hacer ver la ilegitimidad del reclamo por inexistencia de deuda pero jamás este ente municipal ni ningún fallo judici
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