Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.939 "MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN C/ AMX ARGENTINA S.A. S/ APREMIO"
I. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley articulado, ante la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión (art. 278, CPCC; v. resol. de 11-VIII-2020, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 3-IX-2020 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL (BRANDSEN").
En el marco del presente juicio de apremio incoado por la Municipalidad de Brandsen contra la firma AMX Argentina SA, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de grado que -a su turno- desestimó las excepciones de cosa juzgada e inhabilidad de título -por falta de legitimación activa, pasiva y por inexistencia de la deuda- opuestas por la ejecutada y mandó llevar adelante la ejecución por la suma de un millón ochocientos once mil seiscientos diecisiete pesos con sesenta y nueve centavos ($ 1.811.617,69), con más los intereses que fijó (v. sents. de 12-XI-2018 y 12-XI-2019).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y tutela judicial efectiva (arts. 18 y 33, Const. nac.; v. págs. 2/3, 10/11, 13, 16/18, 22/25, 33 y 35/37, adjunto cit.).
II.2. Plantea que esta Corte emitió un pronunciamiento que califica de ritualista y dogmático, en tanto omitió dar tratamiento a los hechos y fundamentos desarrollados sobre la inexistencia de la deuda reclamada e hizo prevalecer una norma procesal local sobre la ley de fondo, violando así -según su opinión- las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo. Y cita -en sustento de postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 278:346; 294:420; 298:626; 312:178; 318:151; 327:4791; 319:1260; 320:58; 327:4474; 325:3382 y 320:2162, entre otros; v. págs. 3, 9/18, 20/21 y 35/37, adjunto cit.).
II.3. Sostiene, además, que este Tribunal interpretó erróneamente el precedente de la Corte Suprema nacional invocado por su parte (Fallos: 335:1459), al entender que la aquí accionada no esbozó los mismos agravios que la demandada en el caso citado (esto es, la falta de publicación de las ordenanzas municipales). En consecuencia, afirma, se aplicó de manera estática y matemática la doctrina emitida por el Tribunal federal para concluir que no se cumplía la condición de habilitación de la instancia extraordinaria local (v. págs. 18/22 y 35, adjunto cit.).
A ese respecto, el recurrente considera que las excepciones planteadas no podrían ser reeditadas en el proceso posterior y constituyen defensas de carácter federal que debieron ser atendidas (v. págs. 17, 23 y 36, adjunto cit.).
En el mismo sendero, reitera los argumentos vertidos en el remedio local referidos a la procedencia de las mencionadas excepciones de litispendencia, inhabilidad por falta de legitimación de las partes e inexistencia de deuda por inconstitucionalidad de las ordenanzas fiscales (v. págs. 24/35, adjunto cit.)
II.4. Finalmente, esgrime que el fallo atacado limitó sus posibilidades de ejercer plenamente sus defensas, generando un perjuicio irreparable por tener que afrontar el pago de una deuda ilegítima por una suma sideral. Ello implicó, asevera, una palmaria vulneración de los derechos constitucionales de debido proceso y defensa en juicio (v. págs. 15, 24 y 33/34, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 9 de septiembre de 2020), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. escrito electrónico de 27 de septiembre del 2020).
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto inequívoco de carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542; 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708; 4770; entre otros y doctr. SCBA causas C. 119.970, "Municipalidad de Junín c/ Akapol SA s/ apremio", resol. de 1-VI-2016, C. 119.766, "Municipalidad de Gral. Madariaga c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICAYG s/ apremio", resol. de 29-III-2017 y C. 122.688, "Municipalidad De Junin", resol. de 20-II-2019, entre otras).
En el sub lite , no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que la alegada concurrencia de circunstancias excepcionales que tornarían admisible la vía extraordinaria denegada no constituyen más que una discrepancia de criterio con lo expresado por esta Corte al declarar mal concedido el recurso local incoado y al descartar la aplicación de la doctrina nacional invocada, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, omisión de cuestiones conducentes, dogmatismo y exceso ritual manifiesto, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Tampoco se observa un arbitrario apartamiento del precedente del Máximo Tribunal nacional invocado por el interesado (Municipalidad de Mercedes c/ Arcor SAIC s/ Apremio, Fallos: 335:1459), pues, como se dijo en la resolución atacada, las circunstancias aquí juzgadas no pueden ser asimiladas a las planteadas en aquel proceso (v. resol. en crisis).
IV.4. Asimismo, cabe destacar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de debido proceso, defensa en juicio, razonabilidad y tutela judicial efectiva (arts. 18 y 33, Const. nac.; v. págs. 2/3, 10/11, 13, 16/18, 22/25, 33 y 35/37, adjunto cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita (v. págs. 20/21 y 35/37, adjunto cit.) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.906, "Municipalidad De Malvinas Argentinas", resol. de 3-X-2018; C. 122.688, "Municipalidad De Junin", cit. y C. 123.394, "Municipalidad De General Pueyrredon", resol. de 27-V-2020, entre muchas).
Por ello, el Tribunal
Denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/12/2020 14:59:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 19:10:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2020 13:32:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 12:43:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 13:00:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2020 13:28:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia