Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
C. 123.072 "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO C/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G. S/ APREMIO"
I. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó -en virtud de la falta de definitividad de la decisión atacada- la queja por denegatoria del de nulidad articulado (art. 292, CPCC; v. "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de 29-V-2019, pdf adjunto al trámite "COPIA de ESCRITO..." de 18-VI-2019 y "RESOLUCION REGISTRABLE" de 24-IV-2019).
En el caso, en el marco de un apremio, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación articulado por la firma ejecutada Cervecería y Maltería Quilmes SAICAG y, en consecuencia, confirmó la decisión de la magistrada de primera instancia que, a su turno, había desestimado el pedido de suspensión del presente proceso basado en la medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 departamental -consistente en la suspensión de la ejecución de los decretos 654/13 y 692/13, que dieron origen a la boleta de deuda que se persigue en autos- (v. "ESCRITO ELECTRONICO" de 1-II-2019, pdf. adjunto 1 -págs 16/19-).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo, tutela judicial efectiva, propiedad, reserva legal y seguridad jurídica (arts. 14, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Constitución nacional; y 8, Convención Americana de Derechos Humanos; v. "COPIA de ESCRITO..." de 18-VI-2019, pdf. adjunto cit., págs. 4 y sigs.).
II.2. Afirma que la sentencia del Tribunal de Alzada resulta equiparable a definitiva dado que, al rechazar la denuncia de violación de la medida cautelar dictada, impide el replanteo en otro juicio y ocasiona a su mandante perjuicios no susceptibles de reparación posterior (v. págs. 9/11, pdf cit.).
Así, opina que al no decretarse la suspensión del proceso de apremio, se soslaya -escandalosamente, según su criterio- la virtualidad de la medida dispuesta, con la consecuente prosecución de la vía ejecutiva incoada (v. págs. 8/10, pdf cit.).
II.3. Por otra parte, manifiesta que en el caso se configura un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte convalida el desconocimiento de la autoridad de un juez competente que otorgó una medida cautelar que se encontraba vigente (v. 11/12, pdf cit.).
II.4. Aduce que, al desestimarse el recurso de queja por una mera cuestión formal, no han sido tratados en forma concreta y circunstanciada cada uno de los agravios de índole federal que dice haber planteado, referidos a la verdad material de los hechos acontecidos en autos (v. pág. 14 y sigs., pdf cit.).
II.5. Cuestiona, además, que el juez del apremio haya dado curso de un juicio -a su entender- manifiestamente ilegítimo, aplicando la regla de la inapelabilidad por la etapa procesal en que se encontraba el proceso. Y de esa manera niega eficacia a la sentencia dictada por otro juez en ejercicio de su competencia, que hizo lugar a una medida cautelar que ordenaba la suspensión de los decretos 654/13 y 629/13, sobre los que se fundaba la presente ejecución (v. pág. 14 y sigs., pdf cit.).
II.6. Finalmente, concluye que las cuestiones planteadas ante este Suprema Corte no exceden el estrecho marco cognoscitivo del juicio de apremio, por lo que su falta de tratamiento torna arbitrario el pronunciamiento impugnado (v. pág. 18 y sigs., pdf cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. "PROVEIDO"de 21-VI-2019), el mismo fue contestado electrónicamente por la apoderada de la parte actora (v. "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de 7-VIII-2019).).
IV.1 Liminarmente, es preciso recordar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el sub lite , la definitividad de la sentencia de grado, el alcance de la medida cautelar dictada en otro proceso y la suspensión de la presente ejecución) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos casos se hace particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros), extremos que no se advierten satisfechos en el presente, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio fijado por este Tribunal, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, apartamiento de la solución normativa aplicable al caso y excesivo rigor formal, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.)
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, recaudos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, la mera alegación de la supuesta vulneración de los arts. 14, 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Constitución nacional; y 8, Convención Americana de Derechos Humanos no abastece la vía de impugnación deducida, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma establece un supuesto excepcional, que no se advierte configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:12:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia