Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 123547
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.547, "Municipalidad de Pergamino contra Telefónica de Argentina S.A. Apremio" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Pergamino confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había rechazado las excepciones de incompetencia y de inhabilidad de título, pero admitió parcialmente la excepción de prescripción. Impuso las costas de alzada en un 80% a la apelante y en un 20% a la actora.
Se interpusieron, por la accionante y por la demandada, sendos recursos de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La Municipalidad de Pergamino inició juicio de apremio contra Telefónica de Argentina S. A. reclamando una deuda de $3.999.850,09 en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene correspondiente al período comprendido entre agosto de 2010 y febrero de 2015, en razón de que se halla emplazada una antena de la demandada en la égida de dicha comuna. Acompañó el pertinente certificado de deuda por una suma mayor en razón de haber reconocido la prescripción de alguno de los períodos contenidos en el documento.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Pergamino ordenó el libramiento del mandamiento de estilo, cuyo resultado fue que la empresa ejecutada se presentara interponiendo las siguientes excepciones: a) de incompetencia por considerar que correspondía dirimirse la cuestión en la órbita federal, en razón de que la actividad de telecomunicaciones se encuentra regida por una ley nacional; b) de inhabilidad de título por inexistencia de la deuda que basó en i) que el certificado de deuda fue emitido por un importe mayor al reclamado, ii) la falta de publicación de la ordenanza municipal que estableció la tasa y iii) la falta de prestación de servicio efectivo que legitime la percepción de ese tributo; c) de prescripción, alegando la aplicación de la normativa civil de fondo y las causas de suspensión allí establecidas. Tales defensas fueron repelidas por la ejecutante.
Posteriormente se resolvieron las excepciones de incompetencia y de inhabilidad de título, rechazándolas. Respecto de la excepción de prescripción, se determinaron prescriptos los períodos agosto de 2010 y septiembre de 2010, pero se la desestimó por los restantes períodos reclamados. En conclusión, se ordenó el pago a la acreedora de la suma reclamada de $3.999.850,09 con más los intereses fijados en los arts. 34 y 37 de la ordenanza fiscal municipal vigente. Se impusieron las costas a la ejecutada.
Este pronunciamiento fue apelado por esta última (v. escrito electrónico de fecha 27-XII-2018) sin que la ejecutante contestara el traslado ordenado.
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta confirmó la decisión de grado anterior en lo concerniente a las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título, pero la modificó respecto de la defensa de prescripción, al determinar que también debían considerarse prescriptos y excluirse de la presente ejecución los períodos comprendidos entre los meses de octubre de 2010 y agosto de 2011.
I.2.a. Para rechazar la excepción de incompetencia, el Tribunal de Alzada consideró que si bien la regulación del tráfico interjurisdiccional, en el que se ubica el servicio de comunicación telefónica brindado por la ejecutada, resulta de competencia federal, ello no implica reconocer una inmunidad absoluta que sustraiga a las entidades prestadoras de tales servicios de la competencia de los tribunales provinciales; por lo que no halló motivo para apartar a la empresa de un tributo que resultaba aplicable a la generalidad de los establecimientos comerciales emplazados en la égida municipal.
Reforzó su argumentación teniendo en cuenta los principios jurídicos y las reglas determinantes de la competencia federal, su carácter limitado y excepcional -al surgir de los poderes delegados por las provincias al Gobierno federal-, así como que en el caso no se configuraba una situación en la que la materia federal fuera predominante para su solución, en los términos del inc. 1 del art. 2 de la ley 48.
De tal modo, recordó que la Corte federal, en casos de aplicación del poder impositivo local al comercio interprovincial, no había desconocido la facultad tributaria local siempre que los gravámenes en cuestión no fueran discriminatorios, no se superpusieran con tributos nacionales o no encarecieran el desenvolvimiento de las actividades comerciales al punto de llegar a impedir la libre circulación territorial, circunstancias que no habían sido invocadas aquí por la demandada.
I.2.b.i. En cuanto a la excepción de inhabilidad de título por contener el certificado de deuda una suma mayor a la reclamada, fue desestimada en razón de que nada obstaba a que la ejecución fuera por un monto menor al contenido en el título ya que el ejecutante no estaba obligado a reclamar la totalidad del crédito fiscal, sino que podría ceñir su reclamo al cobro de una suma parcial con prescindencia de las razones por las que desistía anticipadamente de la porción excluida, modalidad que -por demás- resultaba una consecuencia lógica del carácter divisible de las obligaciones tributarias adeudadas. La Cámara consideró así que las objeciones de la apelante eran improcedentes por excesivamente formales, ya que la ejecutante había reconocido la prescripción de dos de los períodos contenidos en el certificado de deuda presentado.
I.2.b.ii. Rechazó también los agravios de la demandada respecto de la falta de publicidad de las ordenanzas que establecían el tributo cuya percepción se ejecuta porque consideró que ahondar en el acto administrativo de carácter general implicaba exorbitar el acotado marco cognoscitivo del presente juicio de apremio.
Para resolver de tal modo tuvo en cuenta que el máximo Tribunal del país ha habilitado el ingreso al debate sobre la causa de la relación jurídica tributaria material en situaciones excepcionales -haciendo una interpretación restrictiva de tal posibilidad, no susceptible de aplicación analógica- y descartó que tales circunstancias estuvieran presente en el caso, en razón de que el municipio había aportado a la causa un escrito en el cual el funcionario municipal firmante manifestaba que las ordenanzas en cuestión habían sido publicadas, por lo que tal cuestión requería un debate amplio que excedía el reducido marco de este proceso. A ello sumó que la presunción de legitimidad del título ejecutivo importaba un juicio de valor legal iuris tantum impuesto por el legislador en virtud del orden e interés públicos.
I.2.b.iii. Desestimó también la crítica por la alegada ausencia de prestación efectiva del servicio de seguridad e higiene por parte del municipio en las instalaciones de la ejecutada, al considerar que ello implicaba ahondar en el fondo de la relación jurídica, en su objeto, asunto que asimismo excedía el marco del juicio de apremio al necesitar de mayor debate y prueba.
I.3. Por último, se abocó a resolver el agravio relacionado con la prescripción de los tributos locales y le dio la razón a la apelante, al sostener que correspondía resolver la cuestión en base a las normas contenidas en el Código Civil y Comercial en razón del criterio sustentado por el tribunal cimero en la causa "Filcrosa" y sucesivas. Sobre esa base, explicó que la resolución administrativa de fecha 20 de octubre de 2015 (determinativa de la deuda) había provocado la suspensión de la prescripción por el plazo de seis meses, de tal manera que este último se había reiniciado el 20 de abril de 2016 y solo había sido interrumpido el 3 de julio de 2018 por la interposición de la presente demanda. En razón de ello, determinó que entre el 20 de abril de 2016 y el 3 de julio de 2018 también se habían prescripto los períodos fiscales 10/2010 a 8/2011.
II. Contra dicho decisorio se agravia aquí la ejecutada.
II.1. Inicialmente sostiene, apoyándose en jurisprudencia de la Corte nacional, que la cuestión debatida debe ser resuelta principalmente a la luz de la normativa federal regulatoria del servicio público que brinda porque debe resolverse si la pretensión fiscal viola o desconoce el marco normativo federal -destinado a ordenar el servicio interjurisdiccional de telecomunicaciones, de conformidad con el art. 31 de la Constitución nacional- por lo que denuncia la violación de los arts. 2 de la ley 48 y 116 de la Constitución nacional.
Reconoce que no todos los tributos deben ser discutidos en el fuero federal pero sí el aquí ventilado, pues este entorpece o dificulta la normal prestación del servicio. Denuncia que la imposición de la tasa ejecutada invade la órbita del Estado nacional en razón de que recae directamente sobre el servicio público que presta Telefónica de Argentina.
Así, destaca que no puede convalidarse la pretensión fiscal del municipio si se toma en cuenta que la empresa brinda telecomunicaciones a todo el país, en el cual existen casi 2.000 municipalidades, violándose de tal modo el art. 6 de la ley 19.798 y entorpeciéndose el tráfico comercial que garantiza el inc. 13 del art. 75 de la Constitución nacional, al tener que enfrentar -la prestataria- el costo de todas las tasas locales, quebrándose la ecuación comercial tenida en cuenta por la autoridad nacional al momento de fijar las tarifas telefónicas nacionales. Apunta que la empresa no debe demostrar la afectación del costo del servicio público porque la competencia federal se determina meramente por las normas legales en juego.
Cita en apoyo de su postura las doctrinas de la Corte nacional emanadas de las causas "Telefónica de Argentina S.A. C/ Municipalidad de Villarino s/ acción meramente declarativa y prohibición de innovar" (sent. de 10-VIII-1993, T.292.XXIV), "Municipalidad de Florencio Varela c/ Telefónica de Argentina S.A. s/apremio" (M.958.XXVI, sent. de 20-XII-1994) y "Municipalidad de Bahía Blanca c/ Telefónica de Argentina S.A. s/apremio" (M.104.XXVIII, sent. de 10-VIII-1995), resaltando que en este último caso esta Corte provincial -a través del pronunciamiento en la causa Ac. 54.547 (sent. de 23-IV-1996)- hizo finalmente lugar a la excepción de incompetencia.
Señala, además, que en la causa "Comuna de Hughes c/ Telefónica de Argentina S.A. s/apremio" (sent. de 21-IX-2004) el máximo Tribunal nacional reafirmó que la competencia federal por cuestión de la materia resulta indelegable por su propia naturaleza y no puede ser alterada por la voluntad de los litigantes, siendo su invocación y aplicación incluso oficiosa. Aduna que en la causa "Municipalidad de Brandsen c/Telefónica de Argentina S.A. s/ medida cautelar" dispuso que las cuestiones que se planteaban estaban regidas por normas de derecho público federal por lo que debía tramitar en la jurisdicción federal en razón de la materia.
En suma, colige que se pone en evidencia que la cuestión dirimida en la presente causa se encuadra en el inc. 1 del art. 2 de la ley 48.
II.2. También se agravia la recurrente de que se haya rechazado la excepción de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de la deuda, al no haberse dado a publicidad la ordenanza municipal configurativa del gravamen.
Sostiene que alegar sobre la falta de publicación no es ingresar a la causa de la obligación, como interpretó la Cámara. Resalta la importancia de la publicidad de los actos de gobierno en el sistema republicano, transcribiendo párrafos del voto del doctor Rosatti en la causa "Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de la Plata" (CSJ 692/2017) y haciendo referencia al defecto del tributo por la ausencia de su publicidad, señalando que en el pronunciamiento de la causa C. 115.314, "Municipalidad de Chivilcoy c/ Gillette Argentina S. A." (sent. de 8-V-2013) se arribó a conclusión semejante.
II.3. Por último, impugna el rechazo de la inhabilidad del título traído a ejecución por la falta de efectiva prestación de un servicio concreto y divisible, pues entiende que la Cámara ha cometido un excesivo rigorismo formal al considerar que esa cuestión excede el marco cognoscitivo del juicio de apremio, ya que surge manifiesto del expediente que el municipio no ha acreditado haber prestado servicio alguno que pueda constituir el fundamento o causa del gravamen en ejecución. A diferencia de lo sostenido por la Cámara, califica como irrelevante que la tasa se exija a todos los establecimientos comerciales del municipio.
III. El recurso prospera, en los términos que seguidamente se exponen.
III.1. Respecto del rechazo de la excepción de incompetencia planteada, los agravios traídos no resultan de recibo.
Esta Suprema Corte ha tenido ocasión de pronunciarse en las causas B. 66.819, "Telefonías Móviles Argentina S.A. contra Municipalidad de Moreno" (sent. de 15-VIII-2012) y B. 63.520, "Telefónica de Argentina S.A. contra Municipalidad de Moreno. Demanda Contenciosa Administrativa" (sent. de 9-V-2018), analizando la concreta pretensión municipal tendiente a la percepción de las tasas comunales por seguridad, salubridad e higiene. Para ello, ha tenido en cuenta tanto la ley nacional 19.798 -que regula el servicio telefónico- como las normas locales determinativas del tributo, en hermenéutica acorde con lo decidido por la Corte Suprema de la Nación in re "Telefónica de Argentina C/ Municipalidad de Chascomús s/ Acción meramente declarativa" (sent. de 18-IV-1997; Fallos 320:610).
Así, este Tribunal ha entendido que las disposiciones federales que regulan el servicio telefónico nacional se refieren a los aspectos eminentemente técnicos de la prestación del servicio de telecomunicaciones y no a los de índole típicamente municipal, como ser la necesaria observancia -por parte de la prestataria- de normas locales relativas a la seguridad, salubridad e higiene de los emplazamientos existentes en tales distritos, advirtiendo de esa manera que la regulación nacional en la materia no ha desconocido tales atribuciones municipales, cuyo objetivo se encuentra destinado a lograr una apropiada protección de los intereses locales.
En los precedentes citados se agregó que si bien la actividad desarrollada por la empresa prestataria del servicio público de telecomunicaciones se halla regulada por la ley nacional 19.798, ello no determina la ilegitimidad de otras normas que disciplinan localmente aspectos complementarios a los contemplados por aquella, por lo que surge posible la coexistencia de tales potestades normativas (sobre aspectos diversos de la actividad), la que no conlleva una interdicción de lo regulado por las ordenanzas municipales respecto de lo dispuesto en la ley nacional.
Esta interpretación ha sido recientemente ratificada en la causa B. 63.476, "Telefónica de Argentina S.A. contra Municipalidad de Azul. Demanda Contenciosa Administrativa" (sent. de 5-VI-2020), en la que he tenido oportunidad de pronunciarme en el mismo sentido.
Allí, recordé que tal como lo ha expresado reiteradamente este Tribunal, en la organización institucional las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación (conf. art. 121, Const. nac.) y, sobre esa base, el ordenamiento constitucional y legal de la Provincia de Buenos Aires confiere a los municipios suficientes potestades para disciplinar variados aspectos -incluido el tributario- referentes al desenvolvimiento de actividades comerciales, industriales y de servicios en aras del interés general de la comunidad local. Así, de conformidad con la Constitución provincial, constituye una atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo (art. 192, inc. 5). En tal marco, integra el ámbito competencial de los municipios el dictado de "...ordenanzas y reglamentos" (art. 192 inc. 6, Const. cit.); a quienes, por cierto, también se les han conferido potestades para crear tributos (arts. 192, inc. 5 y 193, inc. 2, Const. prov.). A su vez, la tutela de la seguridad e higiene de los establecimientos emplazados en la égida municipal comporta un asunto de primordial interés local, cuya consecución, apropiada regulación y gestión incumbe a las municipalidades (arts. 190 y 191, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 66.819, "Telefónica Móviles Argentina S.A.", sent. de 15-VIII-2012; B. 65.396, "Esso", sent. de 22-VI-2016; e.o.).
Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) ha conferido a las comunas la potestad de crear tributos mediante cláusulas que, al decir de esta Suprema Corte, no revisten el carácter de enunciados taxativos (arts. 226 y 227, dec. ley 6.769/58; causa I. 1.992, "Aguas Argentinas", sent. de 7-III-2005; e.o.). De modo tal que la facultad de los municipios bonaerenses para crear y exigir el pago de una tasa por inspección de seguridad e higiene, a la luz de lo dispuesto tanto en la Constitución provincial como en el digesto orgánico de las municipalidades, resulta indudable.
En el presente caso, acompañando el correspondiente certificado de deuda, el ente comunal reclama una deuda por la Tasa de Seguridad e Higiene local. Se conforma, en consecuencia, un debate jurídico semejante al llevado adelante -más profundamente en cuanto a su causa- en los precedentes supra mencionados, por lo que también aquí cabe habilitar la competencia local para conocer sobre la pretensión ejecutiva municipal toda vez que dicha actuación tampoco ha de importar la posible versación, aplicación e interpretación de la normativa de rango federal regulatoria del servicio de telecomunicaciones, pues -para su resolución- no resulta preciso adentrarse en aspectos eminentemente técnicos de la prestación del servicio público, sino meramente en aquellos de índole típicamente municipal, vinculados a la exigibilidad y pago por parte de la empresa prestataria, de las tasas por inspección sobre la seguridad, salubridad e higiene de sus instalaciones comunales, en apropiada protección de los razonables intereses locales imperantes en tales asuntos.
Considero entonces que la cuestión de la competencia material ha quedado atrapada por la reseñada doctrina de este Tribunal y -por lo tanto- el agravio de la recurrente debe ser desestimado (doctr. art. 279, CPCC).
III.2. Ahora bien, distinta es la respuesta que corresponde dar a la impugnación planteada por el rechazo de la excepción de inhabilidad de título basada en la manifiesta inexistencia de deuda derivada de la falta de publicación de la respectiva ordenanza fiscal determinativa del gravamen en ejecución; pues corresponde que la misma sea acogida.
Al respecto, esta Suprema Corte ha señalado que las ordenanzas que crean una tasa retributiva de servicios brindados en el ámbito territorial municipal deben -necesariamente- llegar a conocimiento de los obligados al pago por un medio razonable y con anterioridad a la conformación de cada hecho imponible (arts. 1, 5 y 28, Const. nac.; 193 inc. 1, Const. prov.; v. causas C. 115.313 y C. 115.314, ambas "Municipalidad de Chivilcoy", sents. de 8-V-2013; C. 104.147, "Municipalidad de Mercedes", sent. de 31-VIII-2016; todas en relación con la tasa por "derechos de publicidad y propaganda"; e.o.).
Asimismo, se ha expresado que es el acreedor (ente comunal) quien tiene la carga de acreditar la pertinente publicación en el Boletín Oficial de las ordenanzas en que
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.