Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.421 "MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUEN C/ SUCESORES DE MAERO RICARDO ESTEBAN S/ APREMIO"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en el marco de un proceso de apremio, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto la parte demandada haga a la Municipalidad de Trenque Lauquen íntegro pago del capital reclamado de $21.497,72, habiendo deducido del total el importe correspondiente al período 2013 de $ 5.179,49 -que declaró prescripto- (v. copia de pronunciamiento de 23-XII-2021 disponible en el Portal de la Mesa de Entradas Virtual -MEV- de esta Suprema Corte).
Apelado por la accionante lo resuelto con relación a la suma considerada prescripta, la Cámara de Apelación departamental confirmó dicha decisión (v. sent. de 28-XII-2022, en archivo adjunto).
Contra tal pronunciamiento la apoderada de la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia de escrito de fecha 16-II-2023 adjuntado), el que denegado con sustento en la insuficiencia del valor del agravio motivó la presente queja (art. 292, CPCC; (v. resol. de fecha 8-III-2023 y escrito electrónico de fecha 20-III-2023).
II. Al respecto, es del caso señalar que el valor del agravio, a los fines de cumplir con el recaudo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado para la recurrente, de conformidad con los agravios expuestos en su impugnación referidos al acogimiento de la excepción de prescripción, por el importe demandado con relación al período 2013 -$5.179,49- (v. referencia en el primer párrafo de la presente; conf. doctr. causas C. 119.135, "Municipalidad de Tandil", resol. de 20-XI-2014; C. 122.871, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 12-XII-2018 y C. 123.048, "Fisco Pcia. Bs. As. c/ Cono Sur SA s/ apremio", resol. de 18-V-2021), el que no alcanza el mínimo establecido en el referido art. 278 del Código de forma -texto según ley 14.141 y Acordada 4.097/2023, aplicable al caso- para acceder a la revisión por la vía incoada, sin que corresponda a estos fines adicionar intereses a tales sumas ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; causas C. 107.135, "Hiclos S.R.L", resol. de 17-II-2010; C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 119.135, cit.; C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; C. 122.757, "Cardano" y C. 122.699, "Vallejos", ambas resols. de 26-II-2020; C. 122.856, "Rodríguez" y C. 122.670, "Weigel", ambas resols. de 18-II-2021; C. 124.680, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 24-V-2022).
En torno al referido recaudo, la impugnante no discute tal insuficiencia pecuniaria. En su queja, peticiona -muy escuetamente- que dicho valladar sea dejado de lado en consideración a la supuesta presencia de gravedad institucional y trascendencia para el interés público, así como afectación de derechos y garantías constitucionales. Cita también la facultad prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827 (v. punto II del rec. de queja).
Al respecto, cabe señalar que no se observa que en el presente caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos contemplados por el art. 31 bis citado que justifiquen que, con carácter excepcional, este Tribunal pueda dar trámite al recurso, obviando tal limitación (conf. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 122.381, "Hende", resol. de 3-V-2018; C. 122.443, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 6-VI-2018; C. 123.493, "Municipalidad de General Pueyrredón", resol. de 6-XI-2019; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.171, "Israel Silicaro", resol. de 26-X-2020 y C. 124.832, "Amadeo", resol. de 18-XI-2021).
Asimismo, en cuanto al interés general insinuado a los fines de habilitar la instancia, debe puntualizarse que, según lo ha expresado este Tribunal, el supuesto de gravedad institucional se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera existencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en este caso, de conformidad con los agravios expuestos, la presencia de una cuestión de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de interés público, si tal afirmación no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la configuración de aquella circunstancia (conf. CSJN, Fallos: 303:221; conf. doctr. causas C. 119.135, cit.; C. 120.938, "Contin", resol. de 22-II-2017; C. 122.757, cit.; C. 124.767, "Japas", resol. de 23-IX-2021 y C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022), resultando deficientes los motivos brindados por la recurrente, lo que conduce al rechazo de su pretensión para admitir la revisión en el presente con tal fundamento.
Resta indicar que tampoco se aprecia, en principio, con los planteos esgrimidos en la impugnación la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que si bien se menciona la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales, lo cierto es que no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar -en principio- la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460, "Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018).
Lo expuesto resulta suficiente para determinar el rechazo de la queja intentada (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:00:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:37:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:46:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:13:19 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:59:38 hs. bajo el número RR-703-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia