Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125521
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 125.521 "MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA C/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. S/ APREMIO"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó el fallo de origen que -a su turno- hiciera lugar a la acción ejecutiva incoada por la Municipalidad de Avellaneda contra la firma Telefónica de Argentina S.A., al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias de fecha 10-XII-2020 y 18-X-2021).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la parte accionada vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 39 de la ley 19.798 y 89 de la ley 27.078. Asimismo, alega arbitrariedad, infracción de garantías constitucionales y violación de doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 2-XI-2021).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz del material probatorio colectado en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado, en torno a la competencia, sostuvo "... aún cuando la actividad de la accionante se encuentra regida por normas federales que imponen el juzgamiento de dicho aspecto por la justicia federal, lo cierto es que en una causa iniciada por un municipio contra una empresa de telecomunicaciones por la que ejecuta la tasa municipal -como ocurre en el presente- no se halla en juego de modo directo e inmediato la interpretación o aplicación de la legislación relativa a las comunicaciones interprovinciales a que alude la ley 19.798, la cual en su art. 39 la exime del pago de todo tributo que grave la ocupación o el uso de espacios pertenecientes al dominio público. Y es claro que no procede la jurisdicción federal cuando no concurren los recaudos de admisibilidad contemplados en el art. 2 de la Ley 48, y la cuestión versa sobre materia tributaria local. ..." (v. pág. 5); y, respecto a la inhabilidad del título, dijo "... sin perjuicio de la eventual atendibilidad que pudieran tener los fundamentos expresados por la recurrente en un ámbito de mayor debate, el acotado límite de conocimiento de esta vía procesal impide abordar dichas cuestiones, las cuales -destaco además- no pueden dirimirse de pleno derecho como lo pretende el disconforme en el particular." (v. pág. 6).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 18/68 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados a la ponderación de las circunstancias fácticas de la litis, la pretensión fiscal, la competencia del fuero local, la excepción de inhabilidad, el rigorismo formal, la falta de prestación efectiva, el alcance de la normativa federal y la revisión de los elementos de prueba) se han limitado a reiterar lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 21-XII-2020; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta parcela impugnativa y permite, además, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 5 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede ser de recibo la alegación de arbitrariedad (v. págs. 36 y sigs. del embate), ya que ella no se erige en un elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
III.3. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan a lo largo del canal impetrado, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Finalmente, tampoco puede atenderse el reproche vinculado con la violación de doctrina legal expuesta a lo largo de la pieza en estudio, toda vez que: a] en los casos en los cuales se endilga dicha conculcación, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación, carga esta última incumplida (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.) y b] para los efectos del carril extraordinario de inaplicabilidad de leyéstos no son otros que los emanados de este Tribunal. En suma, los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código ritual (conf. doctr. causas C. 121.129, "G., A. V.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.556, "Muller", resol. de 28-VI-2017 y C. 121.984, "Cufré", resol. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:42 hs. bajo el número RR-18-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia