Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125521
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.521 "MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ APREMIO"
I. El apoderado de la entidad demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 9-II-2023, escrito electrónico "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 6-III-2023 y sus archivos adjuntos -idénticos- titulados "Recurso...").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, de un lado, había rechazado las excepciones de incompetencia e inhabilidad de título y, del otro, había hecho lugar a la acción ejecutiva incoada por la Municipalidad de Avellaneda contra la firma Telefónica de Argentina S.A., al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias de fecha 10-XII-2020 y 18-X-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de acceso a la justicia, propiedad, razonabilidad, supremacía legal, defensa en juicio y debido proceso (arts. 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 52, 75 incs. 13 y 32, 116 y 126, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 4/6, 14/17, 32/33, 35 y 40/42, adjuntos cits.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal apta para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 308:490; 308:552; 311:2478; 343:065; 343:2148; 314:508; 315:1479; 322:2624; 320:162;251:222; entre muchos).
En tal sendero, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas del caso y que, dado que debe interpretarse el sentido y alcance de normas federales, tales como la Ley Nacional de Telecomunicaciones n°19.798, es la justicia federal quien debe entender en cuestiones como el presente. Y asevera que, contrariamente a lo expuesto, dichos agravios resultaban suficientes para acreditar la inexistencia de la deuda, demostrar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y evidenciar el absurdo de su fallo (v. págs. 22/42, adjuntos cits.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveídos de fechas 23-VI-2023 y 12-VII-2023 y escrito electrónico de fecha 6-VII-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la parte actora (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 2-VIII-2023).
IV.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, dogmatismo, exceso ritual, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 18/68 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 2-XI-2021, págs. 22/42, adjuntos cits. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 52, 75 incs. 13 y 32, 116 y 126, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 4/6, 14/17, 32/33, 35 y 40/42, adjuntos cits.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.202, "Usuarios Y Consumidores Unidos", resol. de 11-V-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 124.528, "Ludovico", resol. de 5-XI-2021; C. 124.730, "Pavón", resol. de 24-V-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.600, "Protegiendo Al Consumidor", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/03/2024 12:38:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2024 14:39:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2024 18:08:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:02:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:33:51 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:34:51 hs. bajo el número RR-77-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia