Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Acordada 4/2007).
C. 126.512 "MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA C/ TELECOM DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA S/ APREMIO"
I.1. La apoderada de la firma demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en razón de lo resuelto en otros casos sustancialmente análogos, hizo lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocó la sentencia apelada en cuanto había hecho lugar a la excepción de incompetencia incoada. Se mantuvo así lo resuelto en primera instancia que, por un lado, decretó que la cuestión debía dilucidarse en el fuero provincial y, por el otro, mandó llevar adelante la ejecución (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. resol. de 31-V-2023; sents. de 26-X-2021 y 16-III-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 15-VI-2023 y su segundo archivo adjunto identificado como "...Interpone+REF.p").
I.2. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y juez natural (arts. 4, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 72 incs. 13, 18, 19 y 32, 116 y 126, Const. nac.; v. págs. 3, 19, 21, 25, 29, 38 y 40, adjunto cit.).
I.3. Sostiene que el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, es arbitrario y debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, revocó la decisión del Tribunal de Alzada que había hecho lugar a la excepción de incompetencia. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (CSJN, Fallos: 305:1453; 305:1465; 306:1056; 308:2230; 316:1777; 314:848; 314:1076; 315:1880; 322:685; 327:1292; entre muchos otros).
En tal sentido alega que, de manera opuesta a lo expresado en la decisión atacada, es la justicia federal la que tiene que entender en cuestiones como la presente, dado que debe interpretar el alcance de normas federales, tales como la Ley Nacional de Telecomunicaciones n°19.798. Y denuncia que el yerro deriva de ponderar que el caso de marras se asemeja a los citados como doctrina para resolver la cuestión.
Al respecto, explica que lo que aquí se discute es si la Municipalidad puede válidamente gravar -en los términos de la normativa federal aplicable- la ocupación y uso del espacio público, cuando existe una exención vigente contemplada en el art. 39 de la citada ley nacional. Así, concluye que lo que el juez competente tendrá que resolver es si, a la luz de las normas federales mencionadas, el municipio puede exigir el gravamen reclamado en este apremio. Es decir, el juez deberá interpretar el derecho federal aplicable y determinar el alcance y sentido de las normas que regulan el servicio federal que presta su representada. Y ello -claramente, según su modo de ver- debe hacerlo un juez federal.
En razón de todo lo antedicho, asevera que los agravios aquí planteados resultan suficientes para demostrar que este Tribunal realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, que el caso suscita una cuestión federal y que la resolución en crisis debe ser dejada sin efecto en tanto media una denegatoria del fuero federal (v. págs. 22/39, adjunto cit.).
II. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 23 de junio de 2023), el mismo fue contestado por la parte actora (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 6-VII-2023).
III. En forma liminar, cabe destacar que esta Corte hizo lugar al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora y mantuvo lo resuelto en primera instancia en cuanto a que la causa debe tramitar en el fuero provincial (v. resol. de 31-V-2023, cit.). Para así resolver, juzgó que la cuestión se rige por el derecho público local, al encontrarse comprendida en el ejercicio del poder de policía municipal.
Así, expuso, con sustento en lo resuelto en otros precedentes de este Tribunal y de la Corte nacional, que las disposiciones federales que regulan el servicio telefónico nacional se refieren a los aspectos eminentemente técnicos de la prestación del servicio de telecomunicaciones y no a los de índole típicamente municipal. Y que la regulación nacional en la materia no ha desconocido tales atribuciones municipales, cuyo objetivo se encuentra destinado a lograr una apropiada protección de los intereses locales, como ser la observancia -por parte de la prestataria- de normas relativas a la seguridad, salubridad e higiene de los emplazamientos existentes en tales distritos.
Y decidió, en ese contexto, que si bien la actividad desarrollada por la empresa prestataria del servicio público de telecomunicaciones se halla regulada por la ley nacional n°19.798, ello no determina la ilegitimidad de otras normas que disciplinan localmente aspectos complementarios a los contemplados por aquella, por lo que surge posible la coexistencia de tales potestades normativas, sobre aspectos diversos de la actividad regulada (v. resol. cit.).
IV.1. Respecto de la vía federal ahora intentada, cabe señalar que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que la recurrente no ha cumplido con la mentada exigencia, en tanto los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada y a disentir con la postura de este Tribunal para hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, declarar que la justicia provincial resulta competente para entender en el presente. Así, se observa que las críticas esgrimidas se exhiben insuficientes y carentes de desarrollos argumentales bastantes para dar sustento a la pretensión de que sean consideradas en la instancia federal, por cuanto -frente a lo decidido por este Tribunal- la apoderada de la empresa Telecom de Argentina S.A. centra su planteo en insistir en la competencia del fuero federal. De modo tal que omite cuestionar -de manera suficiente- lo efectivamente decidido en la resolución aquí impugnada, en cuanto a que la coexistencia de ambas regulaciones -nacional y local- no conlleva una interdicción de lo regulado por las ordenanzas municipales respecto a seguridad, salubridad e higiene (art. 3, inc. "d", Ac. cit.).
IV.2. A ello, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración normas constitucionales (arts. 4, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 72 incs. 13, 18, 19 y 32, 116 y 126, Const. nac.; v. págs. 3, 19, 21, 25, 29, 38 y 40, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Giménez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; C. 125.509, "Marceillac", resol. de 24-XI-2023 y causa P. 134.536, "Telefónica Móviles Argentina", resol. de 12-XII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Acordada 4/2007).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2024 11:40:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2024 13:26:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 13:04:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:51:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 10:41:05 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 12:14:11 hs. bajo el número RR-316-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia