Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126480
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 29 de diciembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.480 "MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO C/ COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. S/ APREMIO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 15 de enero de 2024, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 29 de diciembre de 2023.
II. El apoderado de la entidad demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 14-XI-2023, escrito electrónico "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 7-XII-2023 y sus archivos adjuntos -idénticos- titulados "REX.+Transener...pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la excepción de incompetencia, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 12-XI-2019 y 11-III-2022).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, supremacía constitucional, defensa en juicio, debido proceso y adecuado servicio de justicia (arts. 1, 4, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 13, 30 y 32, 116 y 126, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 6/7, 12, 14 y 27/32, adjuntos cits.).
III.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal apta para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 334:1842; 238:550; 250:152; 256:101; 261:209; entre muchos).
En tal sendero, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas del caso y que es la justicia federal quien debe entender en cuestiones como el presente, dado que debe interpretarse el sentido y alcance de la Ley Federal de Energía Eléctrica n°15.336. Y asevera que, contrariamente a lo expuesto, dichos agravios resultaban suficientes para demostrar el absurdo del fallo del Tribunal de Alzada, en tanto realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y se apartó de la doctrina invocada.
Al respecto, explica que lo que aquí se discute es si la Municipalidad puede válidamente reclamar y exigir -en los términos de la normativa federal que entiende aplicable- la tasa por inspección de seguridad e higiene, cuando existe una exención vigente contemplada en el art. 12 de la citada ley nacional. Así, concluye que lo que el juez competente tendrá que resolver es si, a la luz de las normas federales mencionadas, el municipio puede exigir el gravamen reclamado en este apremio. Es decir, el juez deberá interpretar el derecho federal aplicable y determinar el alcance y sentido de las leyes que regulan el servicio federal que presta su representada. Y ello -claramente, según su modo de ver- debe hacerlo un juez federal.
En razón de todo lo antedicho, arguye que el caso suscita una cuestión federal suficiente y que la resolución en crisis debe ser dejada sin efecto (v. págs. 4/5 y 18/32, adjuntos cits.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 20-XII-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la Municipalidad actora (v. trámites titulados "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDELRAL-CONTESTA TRASLADO" de fecha 26-XII-2023 y "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 15-I-2024).
V.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar el fallo del Tribunal de Alzada, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/19 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 29-III-2022, págs. 4/5 y 18/32, adjuntos cits. y resol. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 1, 4, 17, 18, 19, 28, 31, 75 incs. 13, 30 y 32, 116 y 126, Const. nac.; 8, CADH; v. págs. 6/7, 12, 14 y 27/32, adjuntos cits.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.202, "Usuarios Y Consumidores Unidos", resol. de 11-V-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 124.528, "Ludovico", resol. de 5-XI-2021; C. 124.730, "Pavón", resol. de 24-V-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.600, "Protegiendo Al Consumidor", resol. de 1-VIII-2023; C. 126.039, "Usuarios Y Consumidores Unidos", resol. de 19-II-2024; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal con fecha 29 de diciembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/07/2024 14:50:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/07/2024 18:17:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/07/2024 09:33:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:45:17 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:40:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:01:41 hs. bajo el número RR-552-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia