Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 2 de Morón · Causa MO-30999-2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 1022/2017 deducido por los profesionales intervinientes.
2Imponer las costas de la presente incidencia por su orden, atento a la complejidad jurídica del asunto y la existencia de pronunciamientos disímiles sobre la materia (Art. 68, 2da párrafo del CPCC).
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AUTOS: AQUINO GONZALO ELVIO BASILICO C/ GALENO ART S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057
EXPTE: MO-30999-2022 CI
AUTOS Y VISTOS: el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la representación letrada de la parte actora del Decreto N° 1022/2017, en estos autos caratulados: " AQUINO GONZALO ELVIO BASILICO C/ GALENO ART S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " MO-30999-2022
I. Que con fecha 12/11/26 se presentó la parte actora solicitando la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 1022/2017. Argumenta que la exclusión de las costas y honorarios del ámbito de cobertura del Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) vulnera de forma flagrante su derecho de propiedad (Art. 17 C.N.), el principio de integralidad y el carácter alimentario de los honorarios profesionales, cercenando la posibilidad de percibir sus acreencias ante la liquidación forzosa de Galeno ART S.A.
II. Ante todo, conviene recordar que bajo el sistema diseñado por la Ley de Riesgos del Trabajo se han creado, como mecanismos para la protección de los créditos de los trabajadores siniestrados o sus derechohabientes, el Fondo de Garantía (art. 33, ley cit.) y el Fondo de Reserva (art. 34 cit.).
El primero, que funciona en la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), opera frente a la situación de insolvencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado. La institución encuentra su antecedente en las legislaciones sobre accidentes de trabajo que precedieron al dictado de la ley 24.557 (v.g. leyes 9688 -y su modif. 23.643- y 24.028).
El segundo, que aquí interesa, constituye un instituto que brinda cobertura ante la hipótesis de liquidación de las compañías Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que puede cumplir su función por medio de otra ART contratada a ese efecto (res. SSN 28.117/01),
El citado art. 34 crea el Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo a los fines de que se abonen las prestaciones a cargo de las aseguradoras de riesgos de trabajo que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación.
Constituye un instrumento orientado a tutelar el debido cumplimiento de las prestaciones que tienen a su cargo las aseguradoras de riesgos del trabajo en los supuestos de liquidación, con la finalidad de proteger los créditos de las víctimas de infortunios laborales derivados de la aplicación de la ley 24.557.
Como órgano inserto en el esquema de la Ley de Riesgos del Trabajo, caracterizado "... como instrumento de tutela de los créditos de los damnificados..." (v. Exposición de Motivos que surge del Mensaje de Elevación de la Ley de Riesgos del Trabajo), debe atender el pago de las prestaciones contempladas en la ley y ello de modo exclusivo, pues ese es el propósito para la cual ha sido concebido (art. 34 ap. 1, ley cit.; 22, decreto reglamentario 334/1996) y a esos fines se asignan sus recursos (art. 34 ap. 2, ley cit.; 23, dec. cit.).
El alcance de las obligaciones del Fondo de Reserva, se encuentran claramente establecidas en el Dec. 1022/17, modificatorio del Dec. 334/96, en el sentido que alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificaciones, excluyéndose costas y gastos causídicos. El Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la ley 24.557, tiene por objeto abonar las prestaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, que estas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación. La Superintendencia de Seguros de la Nación es la administradora del Fondo de Reserva de la LRT y, por tanto, la responsable directa de efectuar los pagos a que dicho fondo está destinado. Por esta razón, con relación a las costas y gastos causídicos para su ejecución deberá seguirse el trámite de verificación ante el juzgado comercial en el que tramita la liquidación de la aseguradora; ello es así porque la doctrina plenaria fijada "Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART s/ accidente ley- especial" (plenario 328 del 4/12/2015), ha quedado modificada con una norma posterior que expresamente dispone: " La obligación del Fondo de Reserva alcanza al monto de las prestaciones reconocidas por la ley 24.557 y sus modificatorias, excluyéndose las costas y los gastos causídicos" (art. 1 dto. 1022/2017, modificatorio del art. 22 del dto. 334/96). Cabe propiciar que para la ejecución de honorarios y tasa de justicia deberá seguirse el respectivo trámite ante el juzgado comercial en el que tramita la liquidación de la aseguradora, no obstante aclarar que la fecha tope de los intereses resulta el momento de su efectivo pago. En efecto, el art. 34 de la ley 24.557 expresamente establece que el objeto del Fondo de Reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación abonar o contratar: "Las prestaciones de la ART que estas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación"
Que corresponde adentrarse al análisis normativo. El Decreto 1022/2017 modificó los artículos 22 y 23 del Decreto N° 334/1996, delimitando de manera taxativa el alcance de las obligaciones a cargo del Fondo de Reserva. Dispone expresamente que dicho fondo asumirá únicamente el pago de las prestaciones en especie y dinerarias previstas en la Ley N° 24.557, excluyendo explícitamente los gastos causídicos, tasas de justicia y honorarios profesionales de cualquier naturaleza.
III. Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, instituido como la ultima ratio del ordenamiento jurídico. Por ende, requiere que la contradicción con la Carta Magna sea manifiesta, inconciliable y que cause un perjuicio directo e irreparable al peticionante, extremos que no se configuran en el presente caso.
IV. Que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v.gr., criterio concordante en "Fusari", "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Llosco", entre otros) ha establecido que el Fondo de Reserva de la LRT posee una finalidad netamente asistencial y de seguridad social. Su objetivo primordial es tuitivo: garantizar la subsistencia y reparación del trabajador damnificado y su núcleo familiar ante la insolvencia de la aseguradora. Destinar los recursos finitos de este fondo de emergencia al pago de honorarios de los auxiliares de la justicia desnaturalizaría la esencia del sistema y pondría en riesgo la solvencia para afrontar futuras contingencias de salud de los trabajadores.
V. Que, asimismo, la exclusión dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la vía reglamentaria no implica la aniquilación del derecho al cobro de los profesionales intervinientes. Los honorarios regulados mantienen plena vigencia como un crédito legítimo, debiendo los peticionantes acudir a la vía legal correspondiente: la verificación de sus acreencias en el proceso universal de liquidación forzosa de la entidad deudora, el cual tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10, Secretaría Nº 20 (Expte. 1974/2026).
La existencia de esta vía ordinaria descarta la tacha de confiscatoriedad o afectación irreversible al derecho de propiedad.
VI. Que, por último, respecto de la tacha de exceso reglamentario, se observa que la norma impugnada se dictó en uso de las facultades del Art. 99, inc. 2 de la Constitución Nacional, complementando el financiamiento del sistema mediante el incremento de la alícuota de aportes y precisando el alcance operativo del fondo en concordancia con los fines solidarios de la Ley 24.557.
Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el planteo deducido.
POR ELLO, y en virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Morón, RESUELVE:
1. RECHAZAR el planteo de inconstitucionalidad del Decreto N° 1022/2017 deducido por los profesionales intervinientes.
2. IMPONER las costas de la presente incidencia por su orden, atento a la complejidad jurídica del asunto y la existencia de pronunciamientos disímiles sobre la materia (Art. 68, 2da párrafo del CPCC).
3. REGÍSTRESE, notifíquese de conformidad con lo dispuesto por la Ac. 3991/20 SCBA.-
Firmas
Funcionario firmante: PORTA Graciela Alicia - JUEZ
Funcionario firmante: NOALE Carolina - JUEZ
Funcionario firmante: AMAYA Maria Alejandra - JUEZ
Funcionario firmante: IZZO Claudio Abel - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1597-2026
Fin de la sentencia