Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.705-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones Nro. 226/2014 (AD LAQU) / 298/2014 (AD LAQU), dictadas en el SC-34-99-2009, en cuanto imputan a las recurrentes la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA con relación al DI Nro. 04 034 IC03 000029H, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-124393196-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 22 de Diciembre de 2021 Nro. 34.705-A En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Cora M. Musso, Dra. Claudia B. Sarquis (por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez) y el Dr. Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “AR ZINC S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. Nro. 34.705-A La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 30/47 la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 226/2014 (AD LAQU) dictada el 6 de junio de 2014 por el Administrador (I) de la Aduana de La Quiaca, en el Expte. 12689-122-2009 (sic) -SC Nro. 34-99-2009- mediante la cual se la condenó, solidariamente junto con el despachante de aduana “Reynaldo Cruz”, al pago de multa por la suma de $56.669,27 y tributos que ascienden a $56.669,27 por infracción al art. 954 ap I inc. a) del Código Aduanero, en relación a la destinación Nro. 04 034 IC03 000029H.
Analiza las actuaciones cumplidas en sede aduanera así como también los antecedentes a los que refiere la resolución apelada y los hechos que dieron origen a la causa, manifestando que su mandante, durante el año 2004, importó concentrados de zinc de origen boliviano, producto este que constituye la materia prima de los lingotes de cinc que Sulfacid (actualmente Ar Zinc S.A) produce en el país con una pureza estimada del 99,9 % y que cinco años después de dicha importación la Aduana de La Quiaca le notificó la corrida de vista dispuesta en el sumario en el que se imputó a la empresa por la comisión de una declaración inexacta (art 954 inc a) del CA). En primer término plantea la prescripción de la acción como consecuencia de la irrazonabilidad del tiempo transcurrido hasta el inicio del sumario y la duración del proceso, que ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia.
Sostiene que la demora transcurrida durante el trámite del sumario aduanero (casi diez años entre el análisis del ITEM del año 2004 y el dictado de la resolución condenatoria), viola el derecho constitucional de defensa en juicio. Cita doctrina referida a la prescripción de una causa por demoras injustificadas en el trámite de la misma, como así también jurisprudencia que contempla el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Se explaya acerca de los artículos que considera aplicables de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita los precedentes de la CSJN en la causa “Mattei” y “Lociser” entre otros.
En cuanto al fondo del asunto aduce que la infracción que se le atribuye a su representada es inexistente y sostiene que no hallándose cuestionada la veracidad del precio declarado para la mercadería importada, tal como lo prueba el hecho de que no fue cuestionado ese precio ni tampoco resultó imputada la empresa por una infracción al artículo 954 inc. c) del C.A, cabe concluir que la multa aplicada a la empresa por una supuesta declaración inexacta de la composición del producto es improcedente. Plantea que en el caso que nos ocupa el valor fue determinado por la Aduana sin que se haya informado el método de valoración aplicado ni las bases de esa determinación y por ello considera que resultó arbitrario.
Agrega que en la importación involucrada Sulfacid declaró ante la Aduana que el porcentaje de zinc existente en el concentrado importado era el que surgía de los análisis efectuados por el proveedor en Bolivia y que no casualmente coincidía (con las lógicas diferencias permitidas) con el resultado obtenido por la empresa con su propio análisis. Sostiene que el análisis de laboratorio realizado por la Aduana sobre las muestras analizadas indicaría que el mineral importado habría tenido un contenido de zinc diferente y considera que dicho dato es irrelevante para determinar el precio realmente pagado o por pagar por la mercadería en cuestión, ya que las partes no se rigen por el resultado de los análisis aduaneros para convenir el precio de cada transacción.
Agrega que los resultados de los análisis efectuados por la Aduana no le fueron notificados a la importadora, lo que impidió la realización de un segundo examen con la presencia de consultores técnicos de la compañía a fin de controlar el procedimiento y el resultado. Atribuye la diferencia detectada por la Aduana al tiempo transcurrido desde la extracción de las muestras, ya que ello habría alterado su condición original, como así también, a un error de interpretación del servicio aduanero que confundiría el porcentaje de contenido de zinc metálico con el cinc expresado como sulfuro. Detalla el protocolo para la toma y conservación de las muestras, el cual no habría sido aplicado por la Aduana y señala que dichas circunstancias afectarían, a su criterio, a la garantía al debido proceso adjetivo por violación del derecho de defensa previsto por la Constitución Nacional, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Realiza un cuadro comparativo entre los análisis efectuados por el proveedor, la Aduana y la actora. Refiere al error conceptual en el que habría incurrido la Aduana de La Quiaca y afirma que si se interpreta correctamente el resultado del ITEM, éste corresponde al zinc expresado como sulfuro de zinc y no como zinc metálico, por lo cual coincidiría con el resultado de la actora. Explica la composición química del sulfuro de zinc (ZnS) -sal compuesta por un átomo de azufre y otro de zinc- y del zinc metálico, que se comercializa como concentrado. Agrega que el zinc se halla en el concentrado como sulfuro de zinc, el cual no puede ser superior al 67,09%, puesto que de lo contrario se trataría de zinc puro.
Establece la relación estequiométrica entre el zinc y el sulfuro de zinc, como así también con relación a su cantidad, de lo que se deduce que cuando la Aduana se refiere a “contenido de cinc %” debería interpretarse como “contenido de sulfuro de cinc %” y, en tal caso, los resultados serían muy similares a los declarados por la actora. Se refiere a la aplicación de la Ley de Zinc a fin de determina el porcentual de dicho elemento en el concentrado. Se refiere a la dudosa veracidad del informe de la Aduana atento al tiempo transcurrido desde la oficialización del despacho y solicita que, en su caso, se aplique el beneficio de la duda previsto en el art. 898 del C.A. En subsidio, solicita que la presunta declaración inexacta se reencuadre en lo previsto por el art. 959, inc. c) del C.A., por cuanto siendo mercadería sólida a granel, las diferencias objetadas no exceden el rango de tolerancia del 4% conforme el punto 11.2 del Anexo III de la Res.
ANA 2914/94. Cuestiona el monto de la multa impuesta señalando que en la misma se han incluido las percepciones de IVA y de Ganancias. Hace reserva del Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
Que en el OTRO SI DIGO el despachante de aduana apela la resolución cuestionada en la causa y adhiere a los fundamentos expuestos por la importadora y afirma que las declaraciones contenidas en la destinación son completas y veraces. Con relación a la exigencia del pago de tributos manifiesta que el despachante de aduana no realiza el hecho gravado y que por ello no es deudor de los mismos. Sostiene que cumplió con las obligaciones a su cargo y que en todo momento se ajustó a las instrucciones del importador y a la documentación complementaria suministrada por éste. Cita el art. 908 del C.A. y jurisprudencia que hace a su derecho. Ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 84/90 el fisco contesta el traslado conferido. Efectúa una breve reseña de las actuaciones administrativas y niega todos y cada uno de los hechos y afirmaciones vertidas por las contrarias que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Rechaza el planteo de prescripción efectuado por la recurrente invocando los arts 803 y 934 cctes del CA. Sostiene que la firma recurrente ha cometido la infracción de declaración inexacta imputada por la Aduana y señala que la firma importadora documentó la importación de cinc proveniente de Bolivia, difiriendo el contenido de cinc declarado como sulfuro y lo determinado con la prueba de la muestra. Cita jurisprudencia, ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa - Expte. 126 89- 135-2009 (SC Nro. 34-99-2009), solicita que se rechace la acción entablada por la actora y se confirme la resolución apelada con costas.
III. Que a fs. 94 se abre la causa a prueba, la que se produce a fs. 112/113 con la prueba pericial contable, a fs. 129/133 con el informe de SEGEMAR, a fs. 135 con el informe de AR Zinc requerido por el despachante de aduana y fs. 146/151 con el informe pericial del perito ingeniero químico. A fs. 166 se cierra el período probatorio. A fs. 171 se elevan los autos a la Sala “E” y se ponen para alegar. A fs. 181/182 y 183/185 se agregan los alegatos del fisco y de la actora respectivamente. A fs. 188 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas correspondientes a la causa - Expte. 12689-135-2009 (SC Nro. 34-99- 2009)-, se inician con el Inf 309/2009 (ver fs. 1 / 2). A fs. 6 se glosa la carpeta del DI Nro. 04 034 IC03 000029H registrado ante la Aduana de La Quiaca el día 01/04/2004, con su documentación complementaria, Acta de extracción de muestras, el Informe de Ensayos Mineralógicos practicado por el Laboratorio Químico de Ensayos Mineralógicos de Potosí Bolivia y el Protocolo de Análisis Nro. 44763 elaborado por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías. A fs. 7, con fecha 08/06/2009, se ordena la apertura de sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA, y a fs. 8 se corre vista de lo actuado a la importadora (que fuera notificada el día 16/06/2009) y al despachante de aduana. A fs. 12/17 se glosa el descargo de la importadora y a fs. 29 se provee la prueba ofrecida. A fs. 64 se cierra el periodo probatorio y se pasa la causa para alegar. A fs. 66/67 se glosa el alegato de la importadora y a fs. 68 se declara la rebeldía del despachante de aduana. Finalmente a fs. 73/74 se dicta la Resolución Nro. 298/2014 (AD LAQU) dictada el 6 de junio de 2014 por el Administrador (I) de la Aduana de La Quiaca, en el Expte. 12189-122-2009 (sic) -SC Nro. 34-99-2009- mediante la cual se la condenó, solidariamente junto con el despachante de aduana “Reynaldo Cruz”, al pago de multa por la suma de $56.669,27 y tributos que ascienden a $56.669,27 por infracción al art. 954 ap I inc. a) del Código Aduanero, en relación a la destinación Nro. 04 034 IC03 000029H.
V. Que corresponde resolver en autos si la resolución por la que se le imputa a las actoras la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA, se ajusta a derecho.
Que debe aclararse que la actora en el recurso apela la Resolución Nro. 226/2014 (AD LAQU) dictada en el SC- 34-99-2009 acompañando copia de la misma ante este Tribunal, que al ser cotejada con la obrante en las act adm que originaran la causa -SC-34-99-2009- se advierte que si bien fue dictada con relación al DI 04 034 IC03 0000029H y su contenido es idéntico al de la copia acompañada luce numerada como Resolución Nro. 298/2014 (AD LAQU).
VI. Que corresponde, en primer lugar, resolver la excepción de prescripción de la acción del Fisco opuesta por la actora.
Que el Código Aduanero específicamente establece en los arts. 934 y 935 que prescribe por el transcurso de cinco años la acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Que, por su parte, el art. 937 del citado Código establece que: “la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero y d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”
Que por aplicación de las citadas normas resulta que, en el caso la prescripción de la acción del fisco comenzó a correr el 1º de enero de 2005, dado que el hecho gravado se produjo con la oficialización del despacho de importación a consumo, es decir, el 01/04/2004.
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, con fecha 08/06/2009 se dispuso la instrucción del sumario (ver fs. 7) operando la interrupción del plazo de prescripción y el 09/06/2009 (Cfme. “Parquerama SA c/DGA s/recurso de apelación” CSJN P407.XXIV, sentencia del 22/02/1994, causa TF Nro. 16141-A del 24/05/2002), dicho plazo comenzó a correr nuevamente, siendo que a la fecha del dictado de la resolución apelada en autos 06/06/2014, el mentado plazo no se encontraba vencido.
Que asimismo cabe señalar que a la fecha en que fue dictada la resolución en cuestión tampoco se encontraba prescripta la acción del fisco para exigir el pago de tributos. Ello así toda vez que en los términos de los normado en los arts 803 y sgtes del CA el auto de instrucción de sumario de fecha 08/06/2009 suspendió el aludido plazo quinquenal hasta el dictado de la resolución en trato.
Que considero que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento a que en dicha causa se trató de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado en el año 2009 y resuelto por el servicio aduanero en el año 2014, en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha dictado la resolución apelada ante este Tribunal.
Que por los motivos expuestos corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuado por las recurrentes.
VII. Que, respecto del fondo, debe señalarse que la Aduana con fundamento en el resultado del análisis efectuado sobre la mercadería en trato, le ha imputado a las recurrentes la comisión de la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA, con relación a la mercadería amparada por el DI 04 034 IC03 000029H con el que se documentó la importación a consumo de sulfuro de zinc a granel, de origen y procedencia Bolivia, clasificada en la PA 2608.00.10.200 A en el que se declaró CINC 60% y Humedad 10% cfme el certificado de análisis 011/04 emitido en Tupiza, imputando la existencia de diferencia de calidad de la misma por contener un porcentaje mayor de zinc (cfme el Protocolo de Análisis 44763 emitido por el ITEM el 27/09/2004).
Que las actoras aducen que la infracción que se les atribuye es inexistente y sostienen que en la importación involucrada en autos se declaró ante la Aduana que el porcentaje de zinc existente en el concentrado importado era el que surgía de los análisis efectuados por el proveedor en Bolivia. Cuestionan que el análisis de laboratorio realizado por la Aduana sobre la muestra extraída indicaría que el mineral importado habría tenido un contenido de zinc diferente y consideran que dicho dato es irrelevante para determinar el precio realmente pagado o por pagar por la mercadería en cuestión, ya que las partes no se rigen por el resultado de los análisis aduaneros para convenir el precio de cada transacción. Agregan que los resultados de los análisis efectuados no le han sido notificados a la importadora, lo que impidió la realización de un segundo examen con la presencia de consultores técnicos de la compañía a fin de controlar el procedimiento y el resultado y, que ello afectaría la garantía al debido proceso adjetivo por violación del derecho de defensa previsto por la Constitución Nacional, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Que resulta aplicable al caso la Resol Gral AFIP n°1582/03, que en el Anexo III punto 3 dispone que el segundo análisis es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el importador o exportador de la mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis y, es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis. Dispone que se deberá solicitar por ante la División ITEM, que ambas partes designaran químicos para que los representen y a continuación establece el procedimiento a seguir. Que de las act adm no surge que el resultado del primer análisis por el que se imputó la comisión de la infracción prevista en el art 954 inc a) del CA le haya sido notificado a la importadora.
Que el Protocolo de Análisis nro 44763 obrante en la carpeta del DI involucrado en la causa con relación a la mercadería en cuestión refiere a un contenido de cinc expresado como sulfuro de zinc sobre base seca de 91,5%. Que a fs. 129/131 el SEGEMAR-Instituto de Tecnología Minera, informa que en el PROTOCOLO de análisis correspondiente a la muestra LB 44763 de fecha 27/09/2004, el resultado expresado como sulfuro de cinc es de 91,5% lo que equivale a decir que la concentración de la muestra expresado cómo % de cinc metálico es del 61,39%.
Que en la pericia producida en la causa -que no fue impugnada por el fisco-, el perito refiere que la empresa importa materia prima con una pureza máxima del 99,99% de origen boliviano y manifiesta que es técnicamente imposible que un concentrado de sulfuro de zinc pueda contener un porcentaje de zinc mayor a 67,09%. Que la actora sostiene que los resultados de los análisis están expresados como sulfuro de zinc y no como zinc metálico, tal como resulta del protocolo de análisis efectuado sobre la mercadería del despacho. Que teniendo en consideración las constancias obrantes en el expediente administrativo en el que no consta en forma fehaciente la notificación del resultado del Protocolo a la importadora y tampoco al despachante interviniente, que si bien suscribió el campo verificación del despacho en cuestión (VER FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL DE LA DESTINACION CON SELLO DEL 02/04/2004), no podría considerarse notificado del resultado del análisis, sino que la firma inserta resulta de la exigencia de las normas mencionadas, requerida al momento de la extracción de las muestras (art. 4.5 del ANEXO III), y dado que la actora alude que recién tomó conocimiento de los resultados que originaran la cuestión de autos al momento de la corrida de vista dispuesta en sede administrativa, siendo dicho acto efectuado en al año 2009, es decir 5 años después de realizada la extracción de la muestra que diera origen a la causa, pudiendo ello haber traído aparejado la pérdida de las condiciones originales de la mercadería para que se realice el segundo análisis en caso de considerarse necesario, ya que de la prueba obrante en autos surge como requisito necesario para la realización de un análisis correcto sobre la mercadería, que la misma se mantenga en condiciones óptimas de conservación (ver informe de SEGEMAR fs. 129/131).
Que la falta de notificación del resultado establecido en el Protocolo de análisis del despacho, que la recurrente cuestiona, imposibilitaron a la importadora requerir la producción de un segundo análisis sobre la mercadería y seguir el procedimiento que establece el punto 3 del Anexo III de las resoluciones aplicables al caso, cuyo resultado hubiera podido determinar la veracidad o no de los porcentajes considerados por la actora para documentar el DI involucrado en la causa.
Que por lo expuesto cabe colegir que por el incumplimiento de la normativa aplicable -falta de notificación del resultado del análisis- se ha vulnerado el derecho de las recurrentes, que no puede ser subsanado ante esta instancia, atento la índole de la cuestión, la mercadería involucrada y el tiempo transcurrido, por lo que en la causa corresponde revocar las resoluciones Nro. 226/2014 (AD LAQU) / 298/2014 (AD LAQU), dictadas en el SC-34-99-2009 en cuanto imputan a las recurrentes la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA con relación al DI Nro. 04 034 IC03 000029H, con costas.
Por ello Voto por:
Revocar las resoluciones Nro. 226/2014 (AD LAQU) / 298/2014 (AD LAQU), dictadas en el SC-34-99-2009, en cuanto imputan a las recurrentes la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA con relación al DI Nro. 04 034 IC03 000029H, con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Adhiero a los considerandos I a V de la Vocal instructora.
II. En relación al tratamiento de la excepción de prescripción examinada en el considerando VI remito a mi voto en autos “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, Expte. Nº 35.693-A sentencia de fecha 12.11.19 (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1. pdf).
Conforme lo allí expuesto (conteste con la posición minoritaria -voto de los doctores Bernardo Licht y Pedro Coviello- del plenario ““HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A (T.F. 7830-A)”, del 23.09.03, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”) cabe señalar:
1. El día a-quo del plazo prescriptivo para el ejercicio de las facultades punitivas de la Aduana fue el 01.01.05 habiendo debido operar, en principio, el plazo quinquenal el 01.01.10 (arts. 934 y 935 del Código Aduanero, “CA”).
2. En relación a la recurrente AR ZINC S.A. la notificación de la corrida de vista –que implica la de la apertura del sumario- tuvo lugar el 16.06.09 (fs. 10 de las act. adm.) interrumpiéndose ese día el curso de la prescripción quinquenal de la facultad punitiva de la Aduana (art. 937 inc. a) del CA). En consecuencia, el nuevo plazo quinquenal expiraba el 16.06.14. La resolución apelada en autos fue dictada el 06.06.14 y notificada el mismo día a AR ZINC S.A. (fs. 75 de las act. adm.), con lo que, en la fecha antedicha, volvió a interrumpirse el plazo quinquenal de prescripción de las facultades punitivas de la Aduana (art. 937 inc. d) del CA), previo a su expiración el 16.06.14.
Con la apelación de la resolución sancionatoria ante este tribunal el plazo de interrupción corrido entre el 06.06.14 y el 18.06.14 (fecha de interposición del recurso de apelación) permanecerá, además, suspendido hasta que recaiga decisión firme en la presente causa (art. 936. del CA).
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el planteo de prescripción efectuada por la recurrente AR ZINC. S.A.
3. En relación al recurrente despachante Sr. Reinaldo Cruz, la notificación de la corrida vista –que implica la de la apertura del sumario- tuvo lugar el 07.08.09 (fs. 08 vta. de las act. adm.) interrumpiéndose ese día el curso de la prescripción quinquenal de la facultad punitiva de la Aduana (art. 937 inc. a) del CA). En consecuencia, el nuevo plazo quinquenal expiraba el 07.08.14. La resolución apelada en autos fue dictada el 06.06.14 y notificada el mismo día al Sr. Reinaldo Cruz (fs. 72 de las act. adm.) con lo que, en la fecha antedicha, volvió a interrumpirse el plazo quinquenal de prescripción de las facultades punitivas de la Aduana (art. 937 inc. d) del CA), previo a su expiración el 07.08.14.
Con la apelación de la resolución sancionatoria ante este tribunal el plazo de interrupción corrido entre el 06.06.14 y el 18.06.14 (fecha de interposición del recurso de apelación) permanecerá, además, suspendido hasta que recaiga decisión firme en la presente causa (art. 936. del CA).
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, corresponde también rechazar el planteo de prescripción efectuado por el recurrente Sr. Reinaldo Cruz.
Resuelto lo anterior debe señalarse que el único argumento de las recurrentes que sobrevive para que se declare la prescripción de las facultades punitivas de la Aduana es la aplicación de la deletérea e ilegal teoría judicial del “plazo razonable”. Reiteramos nuestra condena a dicha teoría, fundamentada en el último párrafo del considerando IX del referido precedente “LA CARDEUSE S.A.” del 12.11.19.
Conforme con lo allí expuesto cabe agregar:
1. el art. 892 del CA establece claramente que “(…) a los efectos de este código, el término infracción se equipara al de contravención”; tal definición normativa, si bien no excluye la aplicación a las infracciones aduaneras de los principios jurídicos que gobiernan los delitos penales -imputables a las personas físicas-, impide también su aplicación automática, como si se estuviera hablando de especies jurídicas idénticas; tan clara distinción normativa entre delito penal (imputable sobre personas físicas) y contravención (imputable sobre personas físicas y jurídicas) no puede ser soslayada en ninguna labor de interpretación judicial y;
2. en la elección entre: (i) el valor “seguridad jurídica” y (ii) el valor “respeto genérico para-normativo, decidido discrecionalmente por los jueces, de los ‘derechos humanos’ que poseerían empresas, nacionales y multinacionales, exportadoras e importadoras” que informa la teoría del “plazo razonable”, no existen dudas de que debe prevalecer el primero.
III. Respecto al resto de las cuestiones planteadas adhiero al considerando VI del voto de la Vocal instructora y a lo que resuelve.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Revocar las resoluciones Nro. 226/2014 (AD LAQU) / 298/2014 (AD LAQU), dictadas en el SC-34-99-2009, en cuanto imputan a las recurrentes la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del CA con relación al DI Nro. 04 034 IC03 000029H, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Cora M. Musso, Claudia B. Sarquis (por encontrarse en uso de licencia el Dr. Héctor H. Juárez) y Juan Manuel Soria, (Cfme. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2021.12.21 14:31:56 -03:00 Date: 2021.12.22 09:54:13 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.22 13:32:26 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.22 13:32:27 -03:00
Fin de la sentencia