Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34585-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
33088/2023 “AR ZINC SA (TF 34585-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que estas actuaciones tienen origen en la resolución AD LAQU 125/13, por la cual se condenó a AR ZINC SA (antes SULFACID SAIF) al pago de una multa de $199.872,62, una diferencia de tributos e intereses, por la supuesta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, con relación a las destinaciones de importación 04 034 IC03 32B, 04 034 IC03 37G, 04 034 IC03 40A y 04 034 IC03 41B (fs. 93/95, actuación SIGEA 12689-157-2009).
2. Que, a fs. 164/166vta. de este expediente, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) rechazó la excepción de prescripción opuesta por la importadora, con costas; y (ii) revocó la citada resolución AD LAQU 125/13, con costas al demandado vencido.
Para decidir como lo hizo sobre la cuestión de fondo, recordó que la imputación tenía origen en una serie de importaciones para consumo de sulfuro de zinc a granel, de origen y procedencia Bolivia, clasificado en la posición arancelaria 2608.00.10.200A, con respecto a las cuales el servicio aduanero constató, a partir del examen de las muestras tomadas (protocolos de análisis 45450, 45451, 45452 y 45453 emitidos por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías), que la mercadería tenía porcentajes de humedad y de zinc diferentes a los declarados, lo que ocasionaba un incremento de su valor en aduana y consiguiente diferencia tributaria.
Mencionó que, entre otras cuestiones, la importadora había objetado la falta de notificación del resultado de tales análisis.
Al respecto, y con remisión a lo dispuesto en el punto 3 del anexo III de la resolución general AFIP 1582/03 –que reglamenta el procedimiento para la extracción y análisis de muestras–, el organismo jurisdiccional estimó que el demandado había incurrido en una irregularidad ya que, en efecto, no había constancias de que los resultados de los primeros análisis hubiesen sido notificados a la importadora o su despachante de aduana. Destacó que aquellos recién fueron puestos en conocimiento de lo actuado con la corrida de vista dispuesta en sede administrativa, cinco años después de realizada la extracción de las muestras que dieron origen a la causa.
Finalmente, esgrimió que se trataba de una nulidad no subsanable en esa instancia, ya que el informe producido por el Servicio Geológico Minero Argentino a fs. 93/95 acreditaba que la mercadería tenía determinadas condiciones de conservación que harían imposible practicar un segundo análisis dirigido a comprobar su especie y calidad; es decir, que se había conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la parte actora.
En ese contexto, consideró no probada la diferencia de calidad de la mercadería y revocó la imputación por declaración inexacta.
3. Que, disconforme con lo decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 185, que se concedió a fs. 187, se fundó a fs. 193/194vta. y fue replicado por la contraria a fs. 204/207vta.
Planteó que el fundamento central del pronunciamiento apelado era la dilación en la notificación del resultado de los análisis, lo que carecería de sustento jurídico, toda vez que, a su entender, el punto 3, del anexo III, de la resolución AFIP 1582/03 no establecía un plazo para practicar esa diligencia. Por consiguiente, estimó que había sido válida la notificación practicada junto con la vista del sumario, y citó jurisprudencia en apoyo de esa interpretación. En adición a lo expuesto, sostuvo que el tribunal de origen había planteado una afectación hipotética al derecho de defensa, y que omitió considerar que la interesada no ejerció la facultad que le otorgaba el ordenamiento de controvertir el resultado de los análisis dentro de los 30 días de notificada.
4. Que, a fs. 186/187, se regularon los honorarios de la representación letrada de la importadora, a cargo del Fisco Nacional; los que fueron apelados por bajos a fs. 199/201.
El recurso se concedió a fs. 209 y el demandado contestó el traslado conferido a fs. 220/221.
5. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN - M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12; entre muchas otras). En este sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 33088/2023 “AR ZINC SA (TF 34585-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
mencionado artículo 265 del CPCCN (cfr. Fallos 307:2216, y esta Sala, causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
6. Que, el memorial del Fisco no cumple con tales pautas ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas, en tanto se limita a argumentar sobre la ausencia de un plazo reglamentario para notificar el resultado de los primeros análisis, así como de un perjuicio concreto en el derecho de defensa de la parte actora, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión apelada.
En particular, nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba la importadora de controvertir esos resultados en el momento en que le fueron comunicados; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señala el tribunal de origen, que ello tuvo lugar más de cinco años después de la toma de las muestras, cuando se corrió vista de todo lo actuado.
En cuanto a las características del producto, no controvierte puntualmente que él tenía un tiempo de conservación limitado de acuerdo con lo informado en la causa a fs. 93/95; lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, se dirigen contra la valoración de los hechos efectuada en la anterior instancia.
A su vez, es inatendible el planteo relativo a que se habría consentido el resultado de los análisis, puesto que la actora ofreció practicar un segundo examen en la primera oportunidad procesal (v. esp. fs. 26/vta. act. adm.); más allá de que no fue posible concretarlo debido a la falta de conservación de las muestras testigo (v. esp. fs. 44, 58/59, 70 y 77, act. adm.).
Sobre tal base, corresponde declarar desierto el recurso deducido por el Fisco contra la resolución de fs. 164/166vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en las causas “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente) –criterio que fue adoptado por esta sala en los autos “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, resolución del 22/03/22–, y ponderando que la tarea realizada en la tercera etapa fue realizada bajo la vigencia de la ley 27.423 (v. fs. 156/158), déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 186/187, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplicó la ley 21.839 para cuantificar los emolumentos correspondientes a todas las etapas cumplidas ante esa instancia.
Por consiguiente, a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia a cargo del demandado, en atención a que se configura el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia