Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 34668-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue motivo de agravios, el pronunciamiento del 8/8/2022 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación; y
2Tratar las apelaciones deducidas contra el auto regulatorio del 8/3/2023 y fijar los honorarios correspondientes a esta instancia judicial (Considerando VII).
Buenos Aires, 3 de mayo de 2024.-
VISTOS estos autos 36.982/2023 caratulados “Ar Zinc SA (TF 34.668-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución del 8/8/2022, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación:
-desestimó la defensa de prescripción opuesta por Ar Zinc SA (como continuadora de Sulfacid SAIFyC) y por el despachante de aduana, el señor Reinaldo Cruz, con costas a cargo de los recurrentes (conf. su punto 1°); y -revocó la resolución AD LAQU 81/2014, por medio de la cual la División Aduana de La Quiaca (Provincia de Jujuy) condenó a Sulfacid SAIFyC (ahora Ar Zinc SA) y al señor Reinaldo Cruz, al pago de una multa de $84.696,06 por considerarlos incursos en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero, con relación a la destinación de importación “04 034 IC03 000068 K” y “04 034 IC04 000094 J” (conf. su artículo 1°), así como también al pago de $84.696,06 en concepto de derechos de importación adeudados (conf. su artículo 2°), e intimó a su pago bajo apercibimiento de ejecución (conf. su artículo 3°), con costas a cargo del Fisco Nacional (conf. su punto 2°). Para así decidir, en cuanto aquí interesa, en sustancial síntesis, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales entendió que, contrariamente a lo sostenido por la Aduana de La Quiaca, existía coincidencia entre lo declarado por la importadora en las destinaciones fiscalizadas con el resultado de la comprobación. Alcanzó tal conclusión tras advertir que no había constancias de la notificación de los protocolos de análisis LAB “45937” y “48236”, incumpliendo así lo dispuesto en la resolución general AFIP 1582/2003, lo cual afectaba el derecho de los recurrentes a producir un segundo análisis a efectos de determinar la verdadera composición química de la mercadería involucrada en autos; y destacar que los porcentuales declarados en los despachos de importación, se encontraban corroborados por la documental acompañada y por la prueba pericial química realizada en autos.
Sobre la base de tales consideraciones, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación concluyó que, al no haber una declaración inexacta, no se configuró en la especie la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literal a), del Código Aduanero, así como tampoco existía motivo suficiente para apartarse del valor de transacción declarado por la importadora que justificara el reclamo tributario.
II. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva.
Cuestionó únicamente el hecho que le fueran impuestas las costas en lo concerniente a la revocación de la resolución aduanera discutida en autos, esto es, el punto 2° de la resolución del 8/8/2022. Al respecto, con la sola referencia a “las particularidades del caso tratado” (sic), solicitó que se modificara lo resuelto y, apartándose del principio general rector en la materia consagrado en el artículo 1163 del Código Aduanero, se lo eximiera del pago de las costas.
Dicha presentación mereció réplica de Ar Zinc SA.
III. A pedido de parte, por resolución del 8/3/2023, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios de los letrados intervinientes en defensa de la importadora y su despachante de aduanas, del Fisco Nacional, así como de los peritos intervinientes en autos.
Los letrados intervinientes en defensa de la importadora y su despachante de aduanas apelaron los honorarios que les fueran regulados por considerarlos bajos.
Asimismo, la importadora y su despachante de aduanas cuestionaron los honorarios regulados a favor del Fisco Nacional por considerarlos elevados.
IV. Así contextualizado el caso, cuadra señalar que tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Sin embargo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
Asimismo, en caso de verificarse una recalificación de la conducta o bien una reducción de la sanción a aplicar en los términos del artículo 1143 del Código Aduanero, las costas han de imponerse en el orden causado; no obstante lo cual el mentado organismo ha de cargar las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demostrase temeraria o carente de justificación.
Cabe destacar que la modificación introducida por ley 27.430 es de neto corte procesal, por lo que resulta de aplicación inmediata, aún a procesos en trámite (conf. CSJN, Fallos 323:1285 y Sala IV del Fuero, en autos 3424/2020 “Sancor Cul c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2020 y su cita).
V. Sin perder de vista ello, indíquese que, en la especie, Ar Zinc SA, como continuadora de Sulfacid SAIFyC, y su despachante de aduanas, el señor Reinaldo Cruz, acudieron al Tribunal Fiscal de la Nación al fin de obtener la declaración de invalidez de la resolución AD LAQU 81/2014, por medio de la cual la Aduana de La Quiaca les aplicara una multa por considerarlos incursos en la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literal a), del Código Aduanero, y les reclamara el pago de los tributos adeudados con asiento en el reproche infraccional.
Por su parte, el Fisco Nacional, al tiempo de contestar el traslado de la apelación deducida, se pronunció por la validez del acto aduanero (conf. fs. 72/75 del expediente judicial en soporte papel que se tiene a la vista).
Finalmente, según se vio, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la pretensión actoral, dejando sin efecto la resolución AD LAQU 81/2014, decisión de fondo, que se encuentra firme y consentida; disponiendo, en punto a las costas, que debían ser soportadas por el Fisco Nacional.
Así las cosas, conforme lo hasta aquí razonado, se concluye que la solución adoptada en punto a las costas, respecto de la cuestión de fondo resuelta, refleja el resultado del proceso, en el que fue admitido el cuestionamiento de la importadora y su despachante de aduanas respecto de la validez de la resolución AD LAQU 81/2014. En efecto, evaluado el caso y la solución de fondo adoptada a la luz de los agravios planteados, a consideración del Tribunal, no existen razones valederas para apartarse del lineamiento general consagrado en el artículo 1163 del Código Aduanero; máxime si se tiene presente la posición asumida por el Fisco Nacional en lo concerniente a la infracción en función de la cual castigara a la importadora y a su despachante de aduanas, y en función de la cual efectuara el reclamo tributario, lo cual obligó a los particulares a formular el cuestionamiento y solicitar su revisión, obteniendo -según se vio- un resultado favorable, que - en la especie, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto- ha de verse reflejado en la imposición de costas.
Por ello, corresponde desestimar, en cuanto fue motivo de agravios, el pronunciamiento dictado el 8/8/2022 por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
VI. En atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen también a cargo del Fisco Nacional (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
VII. Decidido ello, a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Y, más recientemente, en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 4/09/2018 (Fallos: 341:1063), el Máximo Tribunal sostuvo, en cuanto a la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial dispuesta por decreto 1077/17 que, en el caso de los trabajos profesionales, el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (conf. esp. Considerandos 3° y 4° del voto mayoritario).
Sentado lo anterior, cabe señalar que el tratamiento de los recursos se lleva a cabo abordando la regulación según la ley aplicable a cada lapso de actuación profesional cumplida, siguiendo las pautas interpretativas fijadas por el Alto Tribunal en los mencionados precedentes; todo lo cual lleva a modificar la regulación practicada el 8/3/2023. Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, dada la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. resolución AD LAQU 81/2014, lo resuelto el 8/8/2022 y precedentemente-; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las etapas cumplidas, corresponde modificar el auto regulatorio del 8/3/2023, elevando los honorarios, que se fijan:
-en la suma de ocho mil pesos ($8.000) y diecinueve mil seiscientos treinta pesos ($19.630; equivalentes a 0,40 UMA), por la tercera etapa, los emolumentos en favor del doctor Carlos Alberto Carena, fijados en el punto 1° del auto regulatorio;
-en la suma de veinte mil pesos ($20.000) y cuarenta y nueve mil setenta y cinco pesos ($49.075; equivalentes a 1 UMA), por la tercera etapa, los honorarios de la doctora Patricia Eugenia Feliciano, fijados en el punto 2° del auto regulatorio;
-en la suma de ocho mil pesos ($8.000) y diecinueve mil seiscientos treinta pesos ($19.630; equivalentes a 0,40 UMA), por la tercera etapa, los emolumentos en favor del doctor Adrián Marcelo Miguez, fijados en el punto 3° del auto regulatorio; y -en la suma de veinte mil pesos ($20.000) y cuarenta y nueve mil setenta y cinco pesos ($49.075; equivalentes a 1 UMA), por la tercera etapa, los honorarios de la doctora María Laura Fernández, fijados en el punto 4° del auto regulatorio.
Tales honorarios responden a lo actuado por la dirección letrada y representación de la actora y de su despachante de aduanas, el señor Reinaldo Cruz, respectivamente (conf. artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y artículos 14, 16, 20, 21, 24, 29, 44, literal b), 58 y concordantes de la ley 27.423 - decreto 1077/2017).
Asimismo, tomando en consideración los trabajos cumplidos por la representación fiscal respecto de lo decidido en el punto 1°) del pronunciamiento dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación el 8/8/2022; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados, corresponde confirmar los emolumentos fijados en el punto 5°) del auto regulatorio del 8/3/2023 en favor de la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (conf. artículos 6, 7, 9, 10, 19, 22, 33, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Finalmente, por las tareas desarrolladas ante esta Alzada, dado que la única cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal fue la distribución de costas, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de diecinueve mil seiscientos treinta pesos ($19.630; equivalentes a 0,40 UMA) y cuarenta y nueve mil setenta y cinco pesos ($49.075; equivalentes a 1 UMA), los emolumentos del doctor Carlos Alberto Carena y de la doctora Patricia Eugenia Feliciano, apoderado y patrocinante, respectivamente, actuantes en defensa de la importadora (conf. artículos 14, 16, 20, 21, 24, 29, literal g), 30 y concordantes y citados de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso de que los profesionales no hubieran denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo hicieran.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo y, en consecuencia, confirmar, en cuanto fue motivo de agravios, el pronunciamiento del 8/8/2022 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2°) tratar las apelaciones deducidas contra el auto regulatorio del 8/3/2023 y fijar los honorarios correspondientes a esta instancia judicial (Considerando VII).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia