Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 34669-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas (cfme. arts. 68, primer párrafo del CPCCN).
2Regular los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando X.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de septiembre de 2023.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional a fs. 268, contra la sentencia de fs. 241/244, fundado por el memorial de fs. 280/281, cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 303/307. Asimismo, el recurso de apelación interpuesto y fundados “por bajos”, a fs. 277/279, contra las regulaciones de honorarios de fs. 269/270, cuyo traslado fue replicado por el Fisco Nacional a fs. 301/302; y,
I. Que, por la sentencia del 31 de mayo de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, revocó, con costas, la resolución (AD LAQU) 80/2014, por la que el Administrador de la Aduana de La Quiaca había condenado a la firma AR ZINC SA y al despachante de aduana, Reynaldo Cruz, al pago de una multa por $10.154,86 por la infracción prevista y penada en el art. 954, apartado 1, inciso a) del CA, con más los tributos que gravan la importación definitiva por la suma de $10.154,86, respecto de la destinación nros. 04 034IC03 000010U.
Para así decidir, el tribunal consideró que la importación para consumo de la mercadería clasificada por la posición arancelaria 2608.00.10.200A, consistente en sulfuro de zinc a granel, cuyo origen y procedencia es Bolivia, se encuentra alcanzada por la Resolución General AFIP 1582/03 (que reglamenta la “Extracción de Muestras y Análisis), en la cual se dispone que el segundo análisis de la composición del producto es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de diferencias entre la Aduana y el importador o exportador de la mercadería.
En este sentido, explicó que ese segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis y que “es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”. Agregó que, a todo evento, se debe solicitar ante la División del Instituto de Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) y que ambas partes se encuentran facultadas a designar químicos para que los representen y que la norma a continuación establece el procedimiento a seguir.
Bajo las premisas que emanan de dicho reglamento, puso de relieve que, al compulsar las actuaciones administrativas, no surge que el resultado del primer análisis, por el que se imputó la comisión de la declaración inexacta, haya sido notificado a la importadora.
Indicó que el Protocolo de Análisis 44210 obrante en la carpeta del despacho de importación involucrado en la causa con relación a la mercadería en cuestión refiere a un contenido de zinc expresado como sulfuro de zinc sobre base seca de 89,7%. Explicó que a fs. 103/107 el SEGEMAR – Instituto de Tecnología Minera, informó que en el Protocolo de Análisis correspondiente a la muestra lB44210 de fecha 11/02/2004, el resultado expresado como sulfuro de zinc es de 89,9% lo que equivale a decir que la concentración de la muestra expresado como % de zinc metálico es de 60,2%.
A su vez, recalcó que en la pericia producida en la causa –que no fue impugnada por el Fisco Nacional- el experto concluyó que la máxima concentración de zinc admisible es del 67,09% y que, consecuentemente, no es posible afirmar que el concentrado de zinc importado en la operación de marras sea del 89,7%.
En definitiva, el organismo especializado consideró determinante que: (i) no consta una notificación fehaciente del resultado del protocolo a la importadora y tampoco al despachante de aduanas; (ii) que AR ZINC SA recién tomó conocimiento de los resultados al momento de la corrida de vista dispuesta en sede administrativa, en el año 2009, cinco años después de realizada la extracción de muestra que diera origen a la causa, lo que pudo haber traído aparejado la pérdida de las condiciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO originales de la mercadería para que se practique un segundo análisis; (iii) la prueba obrante a fs. 103/107 demuestra que para que se pueda realizar un análisis correcto de la mercadería resulta necesario que ésta se mantenga en condiciones óptimas de conservación, extremo que no se verifica en el caso.
Es por todo ello, que concluyó que la falta de notificación del resultado establecido por el Protocolo de análisis del despacho imposibilitó a la importadora requerir la producción de un segundo análisis sobre la mercadería y seguir el procedimiento que establece el punto 3 del Anexo III de las resoluciones aplicables al caso (RG AFIP 1582/2003 y sus modificatorias), cuyo resultado hubiese permitido determinar la veracidad o no de los porcentajes declarados al documentar el despacho de importación involucrado en la causa.
II. Que el Fisco Nacional AFIP – DGA, en sustento de su recurso, manifiesta que el argumento fundamental por el cual se revocó la resolución (AD LAQU) 80/2014 radica en que no fueron notificados los protocolos de análisis. Señala que esta cuestión ya ha sido resuelta de manera favorable a la postura de la aduana en numerosos precedentes por diferentes Salas del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
Al respecto, sostiene que en estos casos se había debatido si el resultado del análisis practicado según la resolución general 1582/2003 puede ser notificado con la corrida de vista del sumario infraccional, por cuanto dicha resolución no impone plazo de notificación alguno.
En este orden de ideas, recalca que el Tribunal ha fallado sobre la base de ponderar configurada una hipotética afectación al derecho de defensa al señalar que el plazo transcurrido pudo haber traído aparejado la perdida de las condiciones originales de la mercadería para que se realice el segundo análisis. Sin embargo, considera que en la sentencia se omite tener en cuenta que, la posibilidad de solicitar un segundo análisis dentro de los treinta días a partir de la notificación, era un derecho de las partes de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General 1582 (AFIP), entonces vigente, que no fue ejercido, de modo que los resultados allí alcanzados no pueden sin más ser desconocidos por afirmaciones potenciales que no tienen asidero en el sustrato fáctico analizado. Agrega que, desde esta perspectiva, perdería fuerza también el argumento sostenido en el informe pericial por cuanto no se trataría de una opinión recabada con relación a la mercadería objeto de la controversia.
Finalmente, destaca que la cuestión no es de hecho y prueba, sino que se trata de un asunto de interpretación normativa en torno a la notificación de los análisis a los efectos de su contradicción. Indica que, de considerarse validos los análisis realizados, y en la medida en que estos no hayan sido cuestionados por la importadora, la primera consecuencia sería la inversión de la carga de la prueba en favor de la Aduana. Es por estos fundamentos que sostiene que la diferencia, de no ser advertida, pudo haber producido un perjuicio fiscal, en razón del distinto tratamiento arancelario que le corresponde a la mercadería involucrada, quedando configurado el tipo infraccional previsto en el art. 954, apartado 1, inciso a) del CA.
III. Que, preliminarmente, es necesario advertir que este tribunal de alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265 :301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; v. también esta Sala in re “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8 /14, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697 /2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22, entre otros).
IV. Que en este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26 /10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9 /06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300 :985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15 /12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22, entre muchos otros).
V. Que, expuesto lo que antecede, y concordando el análisis que sigue a dichas premisas, se advierte que en autos se encuentra debatida por la Aduana una cuestión de derecho inexorablemente ligada a una circunstancia material, que requiere definir si, en el contexto de un procedimiento infraccional, se encuentra conculcado el derecho de defensa como consecuencia de la falta de notificación del resultado del Protocolo de Análisis 44210, practicado el 11/02/2004, respecto de las muestras de la mercadería documentada el 29/01/2004 por el Despacho de Importación 010034 IC03 000010U, obtenidas bajo la vigencia de la Resolución (AFIP) 1582/2003.
Respecto del derecho que rige la operación de autos, el Fisco Nacional sostiene que dicha resolución, en el Anexo III, no establece un plazo para notificar el resultado del análisis. Por ende, considera que éste ha quedado válidamente notificado al momento de correrse la vista prevista en el art. 1101 del CA y que los sujetos aduaneros involucrados en ese trámite pudieron haber solicitado una segunda muestra dentro de los treinta días de notificados.
En cuanto a la cuestión de hecho vinculada a la anterior, el Tribunal Fiscal ha fallado sobre la base de ponderar que el peritaje permite concluir que “no es posible afirmar que el concentrado de zinc importado en la operación de marras sea del 89,7%”.
A su vez, consideró determinante que los cinco años que separan la realización del análisis (año 2004) de su notificación a la importadora y al despachante de aduanas (año 2009), pudieron aparejar la pérdida de las condiciones originales de la mercadería para que pueda ser realizado el segundo análisis, dado que ha sido demostrado mediante el informe de fs. 103/107 producido por el Servicio Geológico Minero Argentino que resulta un requisito ineludible para poder practicarlo correctamente que la mercadería se mantenga en condiciones óptimas de conservación.
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71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VI.- Que, en rigor, éste último fundamento capital no ha sido cuestionado por la apelante, lo cual autorizaría a declarar la deserción del recurso intentado.
En tal sentido, estrictamente, de la confrontación de los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida y las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su escrito de expresión de agravios, se observa que aquélla no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial –de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 1174 del Código Aduanero- en tanto impone al apelante la obligación de formular la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal.
En efecto, la recurrente no rebate los argumentos enunciados en la resolución apelada para justificar la revocación de la multa impuesta en los términos del art. 954, apartado 1, inciso a) del CA y se ha limitado a disentir con las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación.
Sin perjuicio de ello, a fin de evitar un excesivo rigor formal en el análisis del requisito del art. 265 del Código Procesal que comprometa el debido proceso adjetivo, se procede a tratar recurso incoado.
VII. Que, a tal fin, resulta conveniente dejar sentado que la plataforma fáctica ponderada por esta Sala en el precedente que invoca la representación fiscal aduanera (expte. 5443 /2013 “Molinos Juan Semino SA (TF 25349-A) c/DGA”, sentencia del 13/06/2013) difiere de lo que debe ser analizado en el caso. Si bien resulta acertado que en esa oportunidad esta tribunal concluyó que “el hecho de que el resultado del análisis del INTI fuera notificado a la actora junto con la corrida del sumario iniciado no resulta contrario a la normativa vigente”, cabe reparar en que allí se valoró el número de muestras extraídas y se hizo especial énfasis en que una de ellas había quedado en poder de la exportadora, quien no había ejercido el derecho a solicitar un segundo análisis sobre la mercadería involucrada ni tampoco había intentado producir prueba para desvirtuar su resultado, de conformidad con lo previsto en el Anexo III, de la Resolución (AFIP) nro.1582/2003.
En el caso, AR ZINC SA (ex SULFACID SAIF y C) ha demostrado que, como consecuencia de una dilación excesiva del trámite, se vio privada de participar en el procedimiento de controlar el resultado del análisis de las muestras, tal como está previsto en el referido reglamento.
En consecuencia, corresponde rechazar los agravios planteados por el Fisco Nacional, AFIP-DGA.
VIII. Que, desde otra perspectiva, no es posible soslayar que desde el inicio de las actuaciones, la parte actora alegó, entre otros argumentos, que la controversia suscitada radica en que la Aduana cometió un error de interpretación de los protocolos de Análisis al confundir el porcentaje de contenido de zinc con el zinc expresado como sulfuro.
A fs. 103/107, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) explica que “en el protocolo de Análisis de fecha 11/02/2004 correspondiente a la muestra LAB 44210, el resultado expresado como sulfuro de cinc es de 89,7%, lo que equivale a decir que la concentración de la muestra expresado como % de cinc metálico es de 60,2%” (ver en especial, punto c). El experto ingeniero, a fs. 123/124, a la pregunta si el cinc se halla presente en el concentrado de cinc (Zn) en la forma de sulfuro de cinc (SZn), respondió que dicha afirmación es correcta. Respecto de la relación estequiométrica, explicó que consiste en la relación cuantitativa entre los reactivos y los productos en el transcurso de una reacción química. Detalló los siguientes datos: "...Peso atómico del cinc (Zn): 65,38; Peso atómico del azufre (s): 32,06. Informó que “...la relación que los vincula es que por cada 97,44gr de sulfuro de cinc, se podrá obtener un máximo de 65,38gr de cinc" (ver respuestas 1 y 2).
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71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Finalmente, el perito ingeniero químico, a la pregunta 4, respondió que atento a que la máxima concentración de cinc admisible es de 67,09% no es posible técnicamente concluir que el concentrado de cinc importado por el despacho objeto de autos tenía una composición química de cinc del 89,7%.
En consecuencia, ha quedado demostrado que la relación estequiométrica entre el zinc y el sulfuro de zinc contenido en la muestra analizada por el ITEM no se corresponde con la interpretación que realizó el servicio aduanero, dado que al analizar el protocolo del Análisis de las muestras la Aduana, presumiblemente, confundió sulfuro de zinc con porcentajes de zinc (cfr. fs. 123/124 y fs. 103/108).
En efecto, este error de interpretación del protocolo de Análisis de las muestras ha sido posteriormente asumido por la Aduana en circunstancias similares. Obsérvese que a fs. 60/62 se encuentra agregada la copia de la resolución (AD LAQU) nro. 064 /2013, dictada en las actuaciones 12689-42-2008, por la que el Administrador de la Aduana de La Quiaca, en un caso análogo al presente, absolvió a la antecesora de la firma actora (SULFACID SAIF y C) y al mismo despachante de aduanas de la infracción imputada en los términos del art. 954, apartado 1 inciso a) de CA. La denuncia formulada en aquellas actuaciones, al igual que la que se originó este caso, se hallaba justificada en que en el examen sobre las muestras practicado por el Instituto de Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) se habían detectado diferencias en los porcentajes de humedad y de zinc.
Sin embargo, en dicha oportunidad tuvo en consideración el informe rectificativo del ITEM, producido en las actuaciones SIGEA 13289-32918-2008, en el que indicó que “el porcentaje de cinc se ha expresado como sulfuro de zinc (93,8%) y no como zinc elemental (63%), lo que varía sustancialmente el sustento de la imputación formulada”. A lo que cabe anudar que el área técnica (Sección V de la Aduana de la Quiaca), en punto 4 del informe nro. 983/2013, dictaminó que los porcentajes de sulfuro de zinc y de zinc elemental expresados por la firma y los que surgen del análisis realizado por el servicio aduanero “difieren en un porcentaje mínimo, el cual se encuentra dentro de la tolerancia reglada por el art. 959 del Código Aduanero” (cfr. en especial fs. 61, penúltimo párrafo). En definitiva, la absolución que dictó la misma Aduana de La Quiaca en las actuaciones SIGEA 12689-42-2008, con sustento en lo dictaminado por el área técnica en las actuaciones SIGEA 13289-32918-2008, autoriza a concluir que, en la especie, se afectó el derecho de defensa de los sujetos aduaneros a los que se les imputó la infracción de declaración inexacta, en la medida en que, como consecuencia de la dilación del trámite, se vieron privados de probar que la Aduana se había confundido el sulfuro de zinc con el zinc metálico y que, al no existir la diferencia imputada, quedaba excluido el tipo previsto en el art. 954 del CA.
Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso interpuesto por la demandada.
IX. Que en punto a las costas, no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (cfme. art. 1163 del CA y art. 68, primer párrafo del CPCCN), lo cual conduce a examinar los agravios expresados a fs. 277vta./279 por los beneficiarios de la regulación de honorarios de fs. 269/270vta., practicada el 17/08/2022.
En primer lugar, los profesionales que ejercieron la representación y dirección letrada de la importadora y del despachante de aduanas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, sostienen que la base regulatoria está conformada por la multa, los tributos y los intereses calculados hasta el dictado de la sentencia, puesto que ese el importe que su cliente se ahorró de pagar como consecuencia del resultado del recurso.
Señalan que el Tribunal Fiscal, en aquellos expedientes iniciados antes de la vigencia de la ley 27.423 sólo toma para la base regulatoria los intereses devengados hasta la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO interposición del recurso y que este criterio interpretativo resulta injusto, no refleja la realidad económica y afecta el carácter alimentario de los honorarios.
Agregan que aun tomando como base regulatoria ésta última los honorarios se encuentran en el mínimo estipulado por la ley, lo cual no refleja las tareas realizadas, la prueba producida, los años de trámite que insumió la cuestión ni el resultado obtenido. En otro orden de ideas, indican que los honorarios de etapa de los alegatos debieron ser calculados según el art. 24 de la ley 27.423.
X. Que, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en un cargo por multa y otro cargo por diferencia de tributos expresado en moneda nacional de curso legal (cfr. copia de fs. 23/24 y original en folios 79/80 de la actuación 12689-150-2009), la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; Sala IV, 30/5/1989, “Ruiz, Raúl O. c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior” y esta Sala, expte. nro. 10.603/97, “Asociación Técnico Constructora SA”, del 9/11 /2009; nro. 9435/01, “Almiron”, del 4/6/2010; nro. 29.211/06, “Flores Antonio”, del 6/9/2011; nro. 6380/98, “Desaci SA”, del 29/12 /2011; nro. 10802/08 “Albornoz”, del 19/4/2012; nro. 575/07, “Prodecom”, del 5/6/2012, entre otros; nro. 38564/1996, “ENTEL -en liquidaciónc/ Estructuras S.A.C.I.C.I.F.”, del 8/11/2016; nro. 60 /1994, “Llabres, Juan Carlos”, del 13/3/2018, entre otros). En el caso, concretamente, ese importe queda conformado por la cantidad de pesos en que quedó fijada la multa ($10.154,86) y la diferencia de tributos ($10.154,86), con más los intereses devengados desde la fecha de notificación del cargo hasta la de interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal -$16.619,81- (cfr., en igual sentido, esta Sala, expte. n° 39177/2017, in re, “Nidera SA TF 31325-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 13 /12/2018).
Ello sentado, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación de honorarios. Por lo cual, el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 ––y su modificatoria ley 24.432––, o que hubieran tenido principio de ejecución (conf. CSJN in re “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.I”, sentencia del 04/09/18; en especial considerando 3° del voto mayoritario).
Según esta doctrina judicial a los fines de regular honorarios resulta de aplicación el arancel que se encontraba vigente en el momento en que efectivamente se practicó la tarea profesional en cada etapa (cfr. esta Sala expte nro. 17647/2010/CA1–CA2, in re “Charadia Oscar y otros c/EN–M Defensa–FAA–Dto 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 25/08/2023). En el caso, le asiste razón a la parte actora en cuanto a que los alegatos de AR ZINC SA y del despachante de aduana fueron presentados durante la vigencia de la ley 27.423, por remontarse ambos al 22 de marzo de 2022 (cfr. fs. 227/229 y fs. 230 y vta.). Cabe asimismo, tener presente que el valor UMA, según la Ac. CSJN 4/2022, estaba fijado en ese entonces en $7.429 (cfr. tabla CPACF).
Por ello, teniendo presente teniendo la naturaleza, resultado y monto del asunto (cfr. formulario F.4), así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE FIJAN los honorarios de la Dra. Patricia Eugenia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 71756/2022 AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Feliciano y del Dr. Carlos A. Carena, en conjunto, en la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($6900), por su actuación como letrada patrocinante y apoderado de la firma importadora, respectivamente. A su vez, SE ESTABLECEN los honorarios de la Dra. María Laura Fernández y del Dr. Adrián Marcelo Miguez, en conjunto, en la suma de PESOS SEISMIL NOVECIENTOS ($6.900), por su actuación como letrada patrocinante y apoderado del despachante Reinaldo Cruz, respectivamente (cfme, arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
Con relación a la tercera etapa SE FIJAN los honorarios de la Dra. Patricia Eugenia Feliciano y del Dr. Carlos A. Carena, en conjunto, en 0,25 UMA, que según la Ac. CSJN 19/2023, equivalen al momento del dictado de la presenta a $4.834,50, por su actuación como letrada patrocinante y apoderado de la firma importadora, respectivamente. A su vez, SE ESTABLECEN los honorarios de la Dra. María Laura Fernández y del Dr. Adrián Marcelo Miguez, en conjunto, en 0,25 UMA, que según la Ac. CSJN 19/2023, equivalen al momento del dictado de la presente a $4.834,50, por su actuación como letrada patrocinante y apoderado del despachante Reinaldo Cruz, respectivamente (ley 27.423, Ac CSJN 19/2023).
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. fs. 303/306vta.) SE REGULAN los honorarios de la Dra. Patricia Feliciano y Carlos Carena, en conjunto, en la suma de 1,40 UMA, que según la Ac. CSJN 19/203, equivalen al momento del dictado de la presente a $27.073,20 (cfr. art. 30 de la ley 27.423, Ac. 19/2023).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas (cfme. arts. 68, primer párrafo del CPCCN).
2. regular los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando X.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia