Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 34760-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional exAFIP-DGA y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas.
2Establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando IV.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
1151/2024 AR ZINC SA (TF 34760-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 20 de marzo de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto y fundado por el Fisco Nacional a fs. 143/145, contra la sentencia de fs. 130/132, cuyo traslado fuera contestado por AR ZINC SA a fs. 182/184.
Asimismo, los recursos de apelación interpuestos a fs. 154 y 158/160 -cuyo traslado conferido a fs. 177 no fuera contestado por el Fisco Nacional-, contra la regulación de honorarios de fs. 139 y vta. y el recurso interpuesto a fs. 170, contra la regulación de los honorarios del perito ingeniero de fs. 165; y,
I. Que, por la sentencia del 21 de septiembre de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, revocó la resolución (AD LAQU) 79/2014, dictada en la actuación SIGEA 12689-151-2009, por la que el Administrador de la Aduana de La Quiaca había condenado a la firma SULFACID SAIC (antecesora de AR ZINC SA) y al despachante de aduana, Reynaldo Cruz, al pago de una multa por $17.313,47 por la infracción prevista y penada en el art. 954, apartado 1, inciso a) del CA, con más los tributos que gravan la importación definitiva por la suma de $17.313,47, respecto de la destinación nro. 04034IC03000011V. Para así decidir, el tribunal consideró que la Resolución General AFIP n° 1582/2003 (B.O. 23/10/2003) vigente al momento de oficialización del despacho de importación de autos establece en el punto 3 del Anexo III que el segundo análisis “…Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”. Bajo las premisas que emanan de dicho reglamento, puso de relieve que, al compulsar las actuaciones administrativas, no surge que el resultado del Protocolo de Análisis 44209 haya sido notificado a la importadora.
Por este motivo, concluyó que el servicio aduanero incumplió lo dispuesto en la RG 1582/03 y que, sin duda alguna, afectó el derecho de la sumariada de solicitar y/o producir un segundo análisis a efectos de determinar la verdadera composición química de la mercadería involucrada en autos, circunstancia que no puede ser subsanada en esa instancia.
Desde otra perspectiva, sostuvo que si bien el servicio aduanero tiene facultades para controlar los precios declarados y, de corresponder, efectuar el correspondiente reclamo tributario cuando dicho valor no sea el que corresponda, ello no implica que el precio declarado en autos por el importador sea inexacto o no sea el precio real de la operación en cuestión.
Puntualizó que el valor FOB total de la factura comercial de exportación 000234 del 19/01/2004, coincide con el valor declarado en el campo “FOB Total en dólar” de la destinación 04034IC03000011V y que el servicio aduanero no acreditó en forma fehaciente que la mercadería importada tenga un precio distinto al declarado en el despacho documentado. Por todo ello, consideró que no se configura la infracción imputada.
En cuando al reclamo tributario, puso de relieve que la Aduana no siguió el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994 y que el ajuste de valor que realizó resulta arbitrario, de manera que tampoco puede ser mantenido el cargo por tributos.
II. Que el Fisco Nacional (exAFIP – DGA), circunscribe sus agravios a la imposición de las costas, solicitando que se distribuyen en el orden causado, toda vez que “si bien la cuestión de fondo se encuentra zanjada con la pericia realizada en sede del TFN”, la importadora tuvo la oportunidad de pedir un segundo análisis ante la corrida de vista de en sede administrativa. Al respecto, refiere que el actuar del servicio aduanero ha sido correcto y no ha generado las costas, por lo que solicita que de conformidad con la dispensa que autoriza el art. 1163 del CA, se distribuyan por su orden.
III. Que en lo que atañe a las costas del proceso, resulta oportuno recordar que la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), en su artículo 273 sustituyó el texto del art. 1163 del Código Aduanero, por el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1151/2024 AR ZINC SA (TF 34760-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO siguiente: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición...”, habiendo quedado, de ese modo, expresamente establecida, en materia aduanera, la facultad de distribuir las costas en el orden causado.
Sin embargo, toda vez que en la especie no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota receptado en la citada norma, no cabe admitir los agravios planteados por la demandad y, en consecuencia, corresponde confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación, imponiendo también las costas de esta instancia a la perdidosa (art. art. 68 del CPCCN y art. citado del CA).
IV. Que, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en un cargo por multa y otro cargo por diferencia de tributos expresado en moneda nacional de curso legal (cfr. F.4 de fs. 1 y copia de la resolución AD LAQU 79/2014 de fs. 19/20 y), la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; Sala IV, 30/5/1989, “Ruiz, Raúl O. c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior” y esta Sala, expte. nro. 10.603/97, “Asociación Técnico Constructora SA”, del 9/11/2009; nro. 9435/01, “Almiron”, del 4/6/2010; nro. 29.211/06, “Flores Antonio”, del 6/9/2011; nro. 6380/98, “Desaci SA”, del 29/12/2011; nro. 10802/08 “Albornoz”, del 19/4/2012; nro. 575/07, “Prodecom”, del 5/6/2012, entre otros; nro. 38564/1996, “ENTEL -en liquidación c/ Estructuras S.A.C.I.C.I.F.”, del 8/11/2016; nro. 60/1994, “Llabres, Juan Carlos”, del 13/3/2018, entre otros).
Por ello, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las primeras dos etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE CONFIRMAN los honorarios regulados a favor del Estudio Carena &Asociados Abogados Sociedad Civil, por la actuación de los profesionales que se desempeñaron como letrados patrocinantes y apoderados de la firma importadora y del despachante, respectivamente (cfme, arts. 6, 7, 9, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores, según ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Con relación a la tercera etapa, SE FIJAN los honorarios de la Dra. Patricia Feliciano y del Dr. Carlos A Carena, por su actuación como letrada patrocinante y apoderado de la firma importadora (cfr. alegato de fs. 111/113vta.), en 1 UMA que según la resolución CSJN nro. 237/2025 equivalen a PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($67.632), en conjunto, que se distribuirán en la proporción establecida en la anterior instancia, toda vez que dicho criterio no ha sido objeto de agravio específico.
Asimismo, SE ESTABLECEN los honorarios de la Dra. María Laura Fernández y del Dr. Adrian Miguez, por su actuación como letrada patrocinante y apoderado del despachante de aduanas (cfr. alegato de fs. 114 y vta.) en 0,25 UMA, que al día de la fecha equivalen a PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO ($16.908), también en conjunto (cfme. arts.16, 19, 20, 21, 24 y 29 de la ley 27.423). En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso -limitado a cuestionar la imposición de las costas-, por la labor desempeñada en la contestación de la expresión de agravios del Fisco Nacional (cfr. fs. 182/184vta.) SE REGULAN, en conjunto, los honorarios de los Dres. Carlos Carena y Julio Carlos Lascano, apoderado y patrocinante respectivamente, en la suma de 0,25 UMA, que según la resolución CSJN nro. 237/2025, equivalen al momento del dictado de la presente a PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHO ($16.908)(cfr. art. 30 de la ley 27.423).
Por último, a fin de dar tratamiento a la apelación de fs. 170, sobre la base de considerar la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de la gestión profesional, así como la influencia que su dictamen proyectó sobre la sentencia, SE CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 1151/2024 AR ZINC SA (TF 34760-A) Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO CONFIRMAN los honorarios del Sr. perito Ingeniero Juvenal Enrique Báez (cfme. art. 6 del decreto nro. 7887/55).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal
1. rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional exAFIP-DGA y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Con costas.
2. Establecer los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo determinado en el Considerando IV.
A los fines del artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que —por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala— suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia