Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34786-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5152/2023 “AR ZINC SA (TF 34786-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 23 de marzo de 2023.
1. Que estas actuaciones tienen origen en la resolución AD LAQU 290/14, por la cual se condenó a AR ZINC SA (antes SULFACID SAIF) y a su despachante de aduana, Reinaldo Cruz, al pago de una multa de $102.053,07, una diferencia de derechos de importación de $102.053,07 y sus intereses, por la supuesta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1º, inciso a, del Código Aduanero, con relación a las destinaciones de importación 04034IC03000001U, 04034IC03000002V y 04034IC03000067J (fs. 89/90, act. adm.).
2. Que, a fs. 195/198vta. de este expediente, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió: (i) rechazar la excepción de prescripción opuesta por los actores, con costas; (ii) y revocar la citada resolución AD LAQU 290/14, con costas.
Para decidir como lo hizo, en lo que aquí interesa señalar, recordó que en el caso se había documentado la importación para consumo de sulfuro de zinc a granel, de origen y procedencia Bolivia, clasificado en la posición arancelaria 2608.00.10.200A, y que el servicio aduanero imputó la comisión de la infracción de declaración inexacta al constatar, a partir del resultado de los análisis de las muestras tomadas (protocolos de análisis 48233, 48234 y 48235 emitidos por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías), que la mercadería tenía porcentajes de humedad y de zinc diferentes a los declarados, lo que a su entender ocasionaba un incremento de su valor en aduana.
Mencionó que, entre otras cuestiones, los actores habían objetado la falta de notificación del resultado de esos análisis.
En ese contexto, y con remisión a lo dispuesto en el punto 3 del anexo III de la resolución general 1582/03 –que reglamenta el procedimiento para la extracción y análisis de muestras–, el organismo jurisdiccional consideró que la demandada había incurrido en una irregularidad ya que, en efecto, no había constancias de que el resultado del primer análisis hubiese sido notificado a la importadora o el despachante de aduana. Destacó que aquellos recién fueron puestos en conocimiento al momento de la corrida de vista dispuesta en sede administrativa, cinco años después de realizada la extracción de las muestras que dieron origen a la causa.
Finalmente, esgrimió que se trataba de una nulidad no subsanable en esa instancia, ya que la mercadería tenía determinadas condiciones de conservación que harían imposible practicar un segundo análisis dirigido a comprobar su especie y calidad; es decir, que se había conculcado irremediablemente el derecho de defensa de los actores.
3. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 207/209, que se concedió a fs. 210, y fue replicada por la importadora a fs. 215/218vta.
En sustancia, planteó que el fundamento central del pronunciamiento apelado era la dilación en la notificación del resultado de los análisis, lo que carecería de sustento jurídico, toda vez que, a su entender, el punto 3, del anexo III, de la resolución AFIP 1582/03 no establecía un plazo para practicar esa diligencia. Por consiguiente, estimó que había sido válida la notificación practicada junto con la vista del sumario, y citó jurisprudencia en apoyo de esa interpretación.
En adición a lo expuesto, sostuvo que el tribunal de origen había planteado una afectación hipotética al derecho de defensa, y que omitió considerar que el interesado no ejerció la facultad que le otorgaba el ordenamiento de controvertir el resultado de los análisis dentro de los 30 días de notificado.
4. Que, por otra parte, a fs. 233/234 se regularon los honorarios de la representación letrada de la importadora y del despachante de aduana, a cargo del Fisco Nacional; los que fueron apelados por altos a fs. 243, y por bajos a fs. 247/249. Ambos recursos se concedieron a fs. 250 y, a fs. 256/vta., los letrados de la parte actora contestaron el traslado conferido.
5. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (cfr. esta sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12; entre muchas otras).
En este sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (cfr. Fallos 307:2216, y esta sala causa “Firestone de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5152/2023 “AR ZINC SA (TF 34786-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
6. Que el memorial del Fisco no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas, en tanto se limita a argumentar sobre la ausencia de un plazo reglamentario para notificar el resultado del primer análisis, así como de un perjuicio concreto en el derecho de defensa de la parte actora, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión apelada.
En particular, nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba el importador de controvertir ese resultado en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señala el tribunal de origen, que ello tuvo lugar más de cinco años después de la toma de la muestra, cuando se corrió vista de todo lo actuado.
En cuanto a las características del producto, no controvierte puntualmente que él tenía un tiempo de conservación limitado de acuerdo con lo informado en la causa por el Servicio Geológico Minero Argentino (v. esp. fs. 127); lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, se dirigen contra la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal.
A su vez, es inatendible el planteo relativo a que se habría consentido el resultado del análisis, puesto que la actora ofreció practicar uno nuevo en la primera oportunidad procesal (v. esp. fs. 22vta./23 y , act. adm.); más allá de que no fue posible concretarlo debido a la falta de conservación de las muestras testigo (v. esp. fs. 20, 39 y 80, act. adm.).
Sobre tal base, corresponde declarar desierto el recurso deducido por el Fisco contra la resolución de fs. 195/198vta.; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría– en las causas “Establecimiento Las Marías” y “All, Jorge Emilio” (Fallos: 341:1063 y 345:220, respectivamente) –criterio que fue adoptado por esta sala en los autos “Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en Liquidación) c/ Telefónica de Argentina SA s/Contrato Administrativo”, resol. del 22/03/22–, y ponderando que la tarea realizada en la tercera etapa fue realizada bajo la vigencia de la ley 27.423 (v. esp. fs. 175 y 183/186vta.), déjese sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 233/234, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplicó la ley 21.839 para cuantificar los emolumentos correspondientes a todas las etapas cumplidas ante esa instancia.
Por consiguiente, y a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, corresponde devolver las actuaciones al tribunal de origen para que practique una nueva regulación de honorarios, de conformidad con las pautas que emanan de la presente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia a cargo de la parte demandada, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia