Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por el fisco nacional, con costas.
2Confirmar la RESOL-2022-241-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, recaída, en las actuaciones electrónicas N° 2021-01404248-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, con costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-33165793-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 expediente N° EX-2022-78995472 -APN-SGASAD#TFN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término a fin de resolver en los autos caratulados “ARAUCO ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX- 2022-78995472 -APN-SGASAD#TFN El Dr. Christián M. González Palazzo dijo:
I. Mediante RE-2022-78994377-APN-SGASAD#TFN se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-241-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, recaída, en las actuaciones electrónicas N° 2021-01404248-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, mediante la cual no se hizo lugar a la acción de repetición por derechos de exportación incoada por la apelante en cuestión por la suma de $65.065,29, con más sus intereses, correspondiente a la destinación de exportación 18008EC01008028Y oficializada con fecha 05/09/2018.
Realiza un breve relato de lo sucedido en sede administrativa, sostiene que los derechos de exportación fijados por el Decreto N° 793/2018, no tienen respaldo legal suficiente y señala que el derecho de exportación es un impuesto y como tal, se le debe aplicar el principio de reserva legal, es decir que ese derecho debía ser impuesto por el Congreso Nacional y no por el Poder Ejecutivo. Explica que, por el decreto 793/18, el Poder Ejecutivo fijó, para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA.; y que el decreto en cuestión no es un decreto reglamentario (dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 99, inc. 2 de la CN), sino que opera como un reglamento delegado, es decir, aquél que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el poder legislativo. Asevera que, el decreto 793, el cual estableció el derecho de exportación que aquí se litiga, no resiste el test de constitucionalidad ya que se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución. Concluye, que los derechos de exportación fijados, en el decreto 793/18, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”, que al presente caso considera debe aplicarse. Manifiesta que la nulidad del decreto es absoluta e insanable, y que únicamente pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó, lo que recién ocurrió el 12/12/2018 - cuando entró en vigencia la ley N° 27.467-. Afirma que si bien es cierto que el art. 1164, del Código Aduanero impide, en principio, a los integrantes del Excma. Tribunal pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, se lo permite, en tanto la Corte hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, que en el presente sería la doctrina sentada por la C.S.J.N. en “Camaronera Patagónica S.A.”. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el Caso Federal, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, se revoque la resolución apelada y ordene la devolución de las sumas pagadas indebidamente con más los intereses, con costas al fisco.
II. Mediante IF-2022-120308016-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las Actuaciones Administrativas, realiza una negativa genérica y efectúa un análisis de los antecedentes normativos. En tal sentido, manifiesta que los derechos de exportación del presente litigio fueron creados por la Resolución N° 11/12 del Ministerio de Economía y ratificados por las leyes 25.148 y 25.645. A su vez, se dictó el decreto 160/15 que fijó la alícuota del cero por ciento (0%) al derecho de exportación de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (en adelante N.C.M.). Para así hacerlo, el Poder Ejecutivo se basó en las facultades conferidas en los art. 99 inc. 1 de la C.N. y 755 del C.A. Posteriormente el poder ejecutivo dictó el Decreto N° 793/2018 que fijó hasta el 31/12/2020 un derecho de exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la N.C.M., con el límite establecido en el art. 2 de $3 o $4 por cada dólar exportado, según la mercadería de que se trate. Por último, con fecha 04/12/2018 mediante la ley 27.467 se convalidaron los mencionados decretos.
Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y por ende resulta desacertada la interpretación realizada por la recurrente. Ello por cuanto ya no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que el Decreto N° 793/18 cuestionado, a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122 que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación. Bajo este análisis, considera que el Decreto N° 793/2018 tiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, de conformidad a lo establecido en el art. 17 de la ley 26.122.
De esta manera, si bien el Decreto N° 793/2018 invoca en sus consideraciones el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el art. 99 inc. 1 y 2 de la C.N., dicha normativa fue sometida al control del Congreso quien lo refrendo y, en tal efecto, no se trata de un caso de tributo sin ley, violatorio del derecho de propiedad, en los términos del ya citado caso “Camaronera”. En este sentido, arguye que la eventual demora en la intervenci6n del Congreso a posteriori del dictado de la norma delegada para ratificarla o derogarla -por falta de abocamiento de la Comisión Bicameral Permanente y luego de las Cámaras- no resulta óbice durante ese periodo de tiempo a la vigencia de las normas delegadas dictadas, conforme lo establecen los arts. 17 y 24 de la Ley 26.122.
Cita jurisprudencia en sustento a su postura, y cita el plenario del Tribunal Fiscal de la Nación en el expediente EX-2020- 24600163-APN-SGASAD#TFN, caratulado “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” del 26/04/2022. Hace referencia a la limitación del artículo 1164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. Plantea la falta de legitimación activa ya que en ningún momento durante la tramitación de la actuación administrativa la actora demostró no haber trasladado el costo de los derechos de exportación que reclama, sino que, todo lo contrario, sostiene que han sido trasladados al comprador del exterior. En subsidio, solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra C.S.J.N. en la causa “Cencosud S.A” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A.
Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma tramitó en las actuaciones electrónicas N° 2021-01404248-AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI y mediante la Resolución RESOL-2022-241-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, no se hizo lugar a la acción de repetición por derechos de exportación incoada por la actora por la sumas de $65.065,29, con más sus intereses, correspondiente a la destinación de exportación 18008EC01008028Y oficializada con fecha 05/09/2018, la cual fue apelada a esta instancia.
IV. Que corresponde analizar el planteo de falta de legitimación activa de la firma “Arauco SA” para reclamar la devolución de los derechos de exportación involucrados en la causa, efectuado por el fisco nacional.
Que la representación fiscal al contestar el traslado conferido en autos plantea la falta de legitimación activa de la recurrente argumentando que los derechos de exportación en trato estaban incluidos en el precio de la mercadería exportada, siendo el importador o comprador extranjero, el que soportó el pago de los mismos. Señala que la recurrente no acompañó certificación contable a los fines de acreditar la absorción de los costos por su parte. Sostiene que si el pago del tributo no ha causado menoscabo patrimonial a quien lo realizó, por haber trasladado su carga a terceros, carece de interés legítimo para accionar reclamando la devolución, cita el voto del Dr. Raul Zaffaroni en la causa “Nobleza Piccardo” de la CSJN.
Aduce que de lo expuesto se desprende la carencia de derecho o falta de legitimación activa o tradicionalmente denominada de "falta de acción" (sine actione agit), argumentando que en el caso la firma reconoció expresamente que los derechos fueron absorbidos por el comprador y que por ello, no corresponde acceder a la devolución intentada por cuanto lo contrario importaría generar un enriquecimiento sin causa y cita el criterio expuesto por la CSJN en la causa “Nobleza Piccardo”.
Que cabe señalar que la legitimación se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso. Se ha dicho que “existe falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso” (conf. Roland Arazi, Jorge A. Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2003; y Sala V in re "GCBA c/ Propietario Avda. Rafael Obligado Nº 2221 s/ ejecución fiscal", del 28/02/2012). Que en la causa la recurrente -en su carácter de exportadora- solicita la devolución de la suma de derechos de exportación liquidada y abonada en virtud de lo establecido en el Decreto 793/18, invocando la inconstitucionalidad del mismo. Que el Código Aduanero, en el art 1068, dispone que “Tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las repeticiones de los importes en concepto de tributos regidos por la legislación aduanera”.
Que debe señalarse que el Código Aduanero no establece como requisito necesario para la repetición de tributos la prueba de la falta de traslación (v. arts. 1068 y ss.), como sí se encuentra previsto en el artículo 81 de la ley 11.683 (según la reforma introducida por la ley 25.795).
Que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas a la causa resulta que la firma “Arauco Argentina SA” en su carácter de exportadora habilitada, documentó el PE 18008EC01008028Y y abonó los derechos de exportación vinculados a los mismos.
Que ello concuerda con lo normado en el Código Aduanero, en cuanto establece la identidad de los responsables del pago los derechos de aduana (Artículo 777), siendo que el único deudor de los derechos de exportación que debían pagarse por las operaciones en trato era el exportador que documentó las mismas, verificándose en el caso, que quien abonó los tributos es el mismo sujeto que solicitó su devolución, en virtud de lo normado en el art 809 del CA.
Que de la documentación obrante en las actuaciones administrativas se puede constatar que los argumentos del fisco nacional para fundar su planteo, no se encuentran debidamente acreditados, toda vez que no ha sido acompañada ninguna constancia a la causa de la que se desprenda la real y efectiva incidencia/traslación de los derechos de exportación cuestionados en el precio pagado por el comprador del exterior.
Que cabe aclarar que en el caso “Nobleza Piccardo”, invocado por el fisco, la CSJN consideró improcedente la acción de repetición tendiente a obtener la restitución de las sumas abonadas en concepto de contribución al "Fondo Transitorio para Financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales". Allí sostuvo que no se acreditó el presupuesto básico de la acción porque la actora intenta repetir un tributo que por su naturaleza trasladó a los consumidores y aclaró que la acción de repetición de impuestos tiene su fundamento y origen en el principio de que nadie debe enriquecerse sin causa a costa de otro. Sostuvo que si bien es cierto que la traslación del impuesto impide al titular del pago formal reclamar su devolución en justicia, ello no obsta a que la acción de repetición sea ejercida por el contribuyente de hecho que es la persona realmente incidida aun cuando ello sea difícil determinar por haberse trasladado el gravamen a los consumidores, ya que el remedio no puede ser nunca el enriquecimiento sin causa del contribuyente de derecho.
Que en atención a lo expuesto no resulta aplicable al caso el criterio allí sostenido, toda vez que en autos se cuestionan tributos aduaneros que difieren de los involucrados en la mencionada causa.
Que por los motivos expuestos no cabe más que rechazar el planteo de falta de legitimación activa efectuado por el fisco nacional, con costas.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3º.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467“.
VI. Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar la resolución apelada. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “Arauco Argentina S.A.” en relación a la destinación mencionada, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31/12/20, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de las NCM fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta -estricto sensu- lo allí resuelto.
VII. Que las costas deben imponerse por su orden, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y como se resuelve. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por el fisco nacional, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2022-241-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, recaída, en las actuaciones electrónicas N° 2021-01404248-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, con costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiere a lo resuelto por el Dr. Christian González Palazzo, en cuanto rechaza el planteo de falta de legitimación formulado por el fisco nacional, con costas, y confirma la Resolución RESOL-2022-241-E-AFIP- ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, dictada en el Expte. Electrónico N° 2021-01404248-AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI, por la que se dispuso rechazar el pedido de devolución efectuado por la recurrente respecto de los derechos de exportación abonados en los términos del Decreto Nro. 793/2018, en el Permiso de Embarque 18 008 EC01 008028 Y (oficializado con fecha 05/09/2018), imponiendo las costas a la actora en virtud de su derrota (art. 1163 del C.A.), y en razón de que la interposición del presente recurso es de fecha posterior al dictado del Fallo Plenario ( 26/04/2022) que fijó la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) aplicable al caso de autos: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”, (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”), con fundamento en los argumentos allí expuestos.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Gonzalez Palazzo, salvo respecto a la imposición de las costas por la aplicación del plenario en lo que adhiero al voto del Dr. Juárez .
Respecto al planteo de falta de legitimación de la actora opuesto por la Aduana, me limito a señalar -exclusivamente- que la traslación del costo del tributo a terceros -que podría obstar a su devolución al contribuyente de iure- resulta una cuestión de hecho. Como tal debe probarse por quien la invoca -la Aduana en este caso- lo cual, condignamente, no ocurrió en este caso. Corresponde pues rechazar el planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora, con costas. Sin perjuicio de lo anterior, dejo a salvo mi opinión sobre la cuestión de fondo, expresada en mi voto en el precedente de esta sala del 29.10.21 “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN)
en el que se trataron los argumentos expuestos por las partes al cual, para ser breve, me remito (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10- 2021.pdf). En consecuencia, considero que hubiera correspondido: (i) declarar la nulidad absoluta e insanable, entre el 04.09.18 y el 04.12.18, del decreto 793/18 del Poder Ejecutivo Nacional (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución); (ii) hacer lugar a la repetición por la suma de Pesos Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Cinco con 29/100 ($65.065,29) respecto al Permiso de Embarque 18008EC01008028Y -oficializado el 05.09.18- con los intereses correspondientes y; (iii) imponer las costas a la Aduana.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación formulado por el fisco nacional, con costas.
2. Confirmar la RESOL-2022-241-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM de la Aduana de Campana, recaída, en las actuaciones electrónicas N° 2021-01404248-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, con costas a la actora.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. Gonzalez Palazzo (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.03.23 16:11:11 -03:00 Date: 2023.03.23 17:03:02 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.27 12:22:24 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 12:22:26 -03:00
Fin de la sentencia