Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las Resoluciones: RESOL-2022-105-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI y RESOL -2022-106-EAFIP- ADGUAL#SDGOAI en cuanto rechazan la devolución de derechos de exportación solicitados por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.”, con costas por su orden.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-110449313-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Octubre de 2022 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Cora M. Musso, Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2020-35393912 - APN-ASAD#TFN (ARAUCO ARGENTINA S.A.)
La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que la firma “ARAUCO ARGENTINA SA”, con fecha 12/04/2022, por apoderado, interpone recurso de apelación contra las resoluciones RESOL-2022-106-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI y RESOL -2022-105-EAFIP- ADGUAL#SDGOAI, ambas de fecha 23.03.22, dictadas por la Aduana de Gualegaychú, en las actuaciones SIGEA Nro: 17573-5-2021 y 17573-7-2021; en cuanto deniegan la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación establecidos por el Decreto Nro. 793/2018, en relación a los Permisos de Embarque: nº 18026EC01004117J y 18026EC01004120D. Hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que su mandante se vio obligada a abonar la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 10/100 ($ 89.500,10) con más sus intereses; en concepto de Derechos de Exportación, en los términos dispuestos por el Decreto 793/18, el cual fijó hasta el 31/12/2020 una alícuota del 12% a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), estableciéndose un tope de $ 4 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda en cada caso.
Afirma, que al momento del dictado y publicación del mencionado decreto, no existía ley alguna que permitiera gravar la exportación para consumo con las pautas tributarias correspondientes y agrega que el Derecho de Exportación involucrado en la presente causa viola el principio constitucional de legalidad. Sostiene que el Decreto 793/2018 recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso Nacional e invoca en tal sentido, los principios de indelegabilidad legislativa, irretroactividad, no confiscatoriedad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, equidad, capacidad contributiva y razonabilidad y la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica S.A. c/EN-M de Economía s/amparo” con fecha 15/4/14, en la cual se determinó que los derechos de exportación son tributos que clasifican en la categoría de impuestos.
Invoca a su vez, el antecedente “Selcro” (C.S, Fallos 326:4251), el cual dispuso que el Poder Ejecutivo no puede crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo. En cuanto a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para dictar la inconstitucionalidad de una norma, manifiesta que el art. 1164 del Código Aduanero, habilita a sus integrantes a pronunciarse, únicamente, en caso de que la Corte hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas y afirma que el decreto en cuestión es nulo de nulidad absoluta e insanable, puesto que el mismo se circunscribe al período comprendido entre el 4/9/18 y el 3/12/18, y los permisos de embarque aquí involucrados se oficializaron previo a la entrada en vigencia de la Ley 27.467.
Cita Jurisprudencia relativa a los derechos de exportación establecidos por el Decreto Nro. 793/2018 remitiendo a fallos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y de Rosario (conf. “Estelar Resources Limited SA. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Ley 16.986”, expediente 19.606/2018, de fecha 26.12.18”) y (conf. “Danes SRL. c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Ley de Amparo Ley 16.986”, expte. FRO 83479/2018”). Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada y se ordene la devolución solicitada con más intereses y costas.-
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido, niega todos y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria, que no sean objeto de su expreso reconocimiento y desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: artículos 724, 725 y 755 del Código Aduanero, Resolución N° 11/2002 del Ministerio de Economía, Decreto N° 509/2007, el Decreto N° 793/2018 y su modificatorio 865/2018 y la Ley N° 27.467. Efectúa un análisis del fallo de la CSJN dictado el 15 de abril de 2014 en la causa “Camaronera Patagónica S.A. Particularmente sostiene que el máximo Tribunal admitió la validez del art. 755 del C.A. y dictó las pautas que viabilizaron la delegación legislativa reglamentaria (art. 99, inc. 2 C.N.) para el caso de los derechos de exportación.
Asimismo sostiene que, al momento de la entrada en vigencia de la Resolución cuestionada en el mencionado fallo, aún no había sido dictada la Ley N° 26.122 que aprobó el procedimiento para regular los decretos de necesidad y urgencia por delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes dictadas por el Poder Ejecutivo, afirmando que el Decreto 793/18 tiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, puesto que sostiene que la citada norma no fue rechazada por el Congreso, en los términos del Art. 24 de la Ley N° 26.122 sino que, por el contrario, el Art. 82 de la Ley N° 27.467 mantuvo su validez y vigencia, ratificada por el Art. 54 de la Ley N° 27.541. Cita Jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación en los autos caratulados “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA s/ Recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado Decreto Nro. 793/2018, que le dieron razón a su mandante.
En cuanto a la limitación del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad solicitada, indica que dicho planteo no debe prosperar en razón de lo normado en el artículo 1164 C.A., que cita y transcribe. Hace referencia a la falta de legitimación activa por considerar que la actora en ningún momento durante la tramitación de la actuación administrativa demostró, no haber trasladado el costo de los derechos a los terceros involucrados en la operación de compraventa de la mercadería exportada, asimismo expresa que la actora no acompañó la certificación contable con la pretensión de acreditar la absorción de costos por parte de la compañía. Manifiesta que, en caso de que se haga lugar a la repetición solicitada, correspondería aplicar el Fallo “Cencosud” y respecto a los intereses reclamados por la contraria, solicita se aplique lo previsto por los artículos 811 y 812 del C.A.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del Caso Federal y pide que oportunamente se rechace la apelación intentada, confirmándose la resolución apelada, con costas.-
III. Que con fecha 4/10/2022 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 17573-5-2021 se inician (fs. 2/6) con el recurso interpuesto por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.” el 18/11/2021, mediante el cual solicita la devolución de la suma de u$s 1303,15 en concepto de derechos de exportación con relación a la destinación 18026EC01004120D oficializada el 05/11/2018, cuya copia se acompaña a fs. 12. A fs. 32 obra la resolución por la cual se tiene por deducido el procedimiento de repetición y previo a continuar con el trámite de la causa, se remiten los autos a la Sección Económica y Financiera a efectos de certificar el pago efectuado por la actora. A fs. 42 el Jefe de la Sección Económica Financiera de la División Aduana Gualeguaychú, mediante Informe 4/2022, detalla la liquidación correspondiente a los derechos de exportación de la firma exportadora en relación a la destinación Nro. 18026EC01004120D e informa que cumplida la operación de exportación en trato, el exportador debió afrontar el pago en concepto de derecho de exportación por la suma de $46.248,79.- A fs. 45/55 se agrega el Dictamen Jurídico 90/2022 por el cual se interpreta que no corresponde hacer lugar a las repeticiones interpuestas y a fs.56 se dicta la RESOL -2022-106-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI que se apela en autos.-
Que las actuaciones administrativas SIGEA 17573-7-2021 se inician (fs. 1/5) con el recurso interpuesto por la firma “ ARAUCO ARGENTINA S.A.” el 18/11/2021, mediante el cual solicita la devolución de la suma de u$s 1218,69 en concepto de derechos de exportación con relación a la destinación 18026EC01004117J oficializada el 05/11/2018, cuya copia se acompaña a fs. 11.- A fs. 28 obra la resolución por la cual se tiene por deducido el procedimiento de repetición y previo a continuar con el trámite de la causa, se remiten los autos a la Sección Económica y Financiera a efectos de certificar el pago efectuado por la actora. A fs. 38 el Jefe de la Sección Económica Financiera de la División Aduana Gualeguaychú, mediante Informe 1/2022, detalla la liquidación correspondiente a los derechos de exportación de la firma exportadora en relación a la destinación Nro. 18026EC01004117J e informa que cumplida la operación de exportación en trato, el exportador debió afrontar el pago en concepto de derecho de exportación por la suma de $43.251,31.- A fs. 41/51 se agrega el Dictamen Jurídico 87/2022 por el cual se interpreta que no corresponde hacer lugar a las repeticiones interpuestas y a fs.52 se dicta la RESOL -2022-105-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI que se apela en autos.-
V. Que corresponde resolver en la presente causa, si las Resoluciones: RESOL-2022-105-E-AFIP- ADGUAL#SDGOAI y RESOL-2022-106-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI se ajustan a derecho, en cuanto dispusieron no hacer lugar a la devolución de las sumas pretendidas por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.” en concepto de derechos de exportación abonados con relación a los PE Nros: 18026EC01004117J y 18026EC01004120D.-
Que cabe señalar que mediante los aludidos permisos de embarque la actora documentó la exportación de las mercaderías allí declaradas abonando derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 793/18, el cual fijó para todo el universo arancelario, una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería).
Que la actora cuestiona lo establecido por el mencionado Decreto N° 793/18 y señala que el cobro de los derechos de exportación involucrados en la causa han sido arbitrarios, ilegítimos e inconstitucionales, señalando expresamente que al momento del dictado y publicación del aludido Decreto no existía ninguna ley que permitiera gravar la exportación para consumo con las pautas tributarias correspondientes, de conformidad a lo establecido por la Constitución Nacional y la Jurisprudencia, en franca violación al principio constitucional de Legalidad Tributaria. Sostiene que en el caso resulta aplicable el criterio de la CSJN sentado en la causa "Camaronera Patagónica" de fecha 15/04/14, en el que se declaró expresamente que una ley no puede convalidar con efectos retroactivos una norma administrativa que por nuestra Constitución es considerada nula de nulidad absoluta, resultando en consecuencia el derecho de exportación válido recién a partir de entrada en vigor de la ley y no con anterioridad.
Que la representación fiscal rechaza la aplicación del criterio expuesto por la CSJN en la causa “Camaronera”, invocando lo sentenciado en los autos caratulados “TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA s/ Recurso de apelación”, expediente N° 38.422-A y en otros precedentes jurisprudenciales relativos al citado Decreto Nro. 793/2018, que le dieron razón a su mandante. Refiere a la limitación de este Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad solicitada y al respecto indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 C.A., que cita y transcribe. Finalmente hace referencia a la falta de legitimación activa de la recurrente destacando que la exportadora en ningún momento demostró no haber trasladado el costo de los derechos de exportación a los terceros involucrados en la operación de compraventa de la mercadería exportada.
Que de las actuaciones administrativas del caso, resulta que la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.” documentó mediante PE Nros: 18026EC01004120D y 18026EC01004117J oficializados ambos con fecha 5/11/18; la exportación de mercadería por la que se abonaron derechos de exportación en los términos dispuestos en el Decreto Nro. 793/18.-Q Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que es aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo.
Que en primer término cabe desestimar el planteo de falta de legitimación invocado por la representación fiscal, toda vez que surge manifiesto de los PE involucrados en la causa, que fue la recurrente quien documentó y abonó los derechos de exportación que se cuestionan, considerando además que las mencionadas afirmaciones no han sido probadas por el fisco nacional.
Que en segundo término cabe señalar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal, motivo por el cual siendo ello así, si no existe pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente o por el contrario, si existen pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Fiscal deberá aplicar la solución adoptada en esas decisiones.
Que la redacción del artículo 1164 del C.A. al señalar que “podrá seguir la interpretación”, no significa que resulte optativo para el Tribunal tomar ese criterio o establecer uno distinto. A mi entender el término “podrá” solo fue utilizado para establecer la excepción a la regla general, pero los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no pueden ser soslayados por este Tribunal Fiscal.-
En este punto resulta pertinente reproducir el criterio establecido por la Corte Suprema y por razones de brevedad transcribiré las citas que la Dra. Catalina García Vizcaíno, realiza en la página 459 de su libro: “El Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus Instancias Inferiores y Superiores”. En homenaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación. (2 da. Edición –Abeledo Perrot, 2011). “La Corte ha sostenido que pese a que “solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (...). De esa doctrina y de Fallos 212:51 y 160 emana la consecuencia de que carecen de fundamentos las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia(...) especialmente en supuestos como el presente, en el cual dicha posición ha sido expresamente invocada por el apelante” (Corte Sup. 4/7/1985 “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo” (Fallos 307:1094 y sus citas). Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, CN [actualmente art. 116 según la reforma de 1994], y art 14, Ley 48 Fallos 212:51). Que, por otra parte la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos basta para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso, importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional (30/6/1999 “García Sixto E” LL1999-E-352)”. Cabe concluir entonces que en cada caso el Tribunal Fiscal deberá examinar si la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en causas análogas (ver mi voto en la causa 39.154-A “Transportadora de Gas del Sur SA” (2/12/2019 entre otras) en la que se rechazó una repetición por haber considerado que existía una ley expresa y que la Corte no se había pronunciado en contra de su validez).-
Que en lo relativo a que, en los términos del art 755 del Código Aduanero, el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado el carácter tributario de los derechos de exportación y de importación, establecidos por el Código Aduanero. En la división tripartita tradicional los ubicó como “impuestos”, como la generalidad de la doctrina, con la excepción de Juan Carlos Luqui quien afirma el carácter tributario de los derechos, ubicándolos como un gravamen diferente de los impuestos. Pero en cualquier caso y para todos, siempre se aplica el principio de legalidad (arts. 4, 17 y 75 inc. 1 de la Constitución Nacional). La misma Corte Suprema ha reconocido la validez de las leyes que delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar o completar algunos aspectos para posibilitar la aplicación de las leyes tributarias, siempre que en la ley estén precisados los casos y situaciones en que el Poder Administrador ejercerá esa facultad de modo de no vulnerar el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Que después de la reforma constitucional del año 1994, la Corte afirmó, respecto de distintos tributos, que resulta inválida la delegación legislativa que no establece escalas para determinar los importes o alícuotas, sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución (criterio de Fallos 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:336; 323:3770; 326:4251).
En el caso de los derechos de exportación y a las facultades establecidas por el artículo 755 del Código Aduanero, la CSJN aplicó los mismos principios mencionados en la sentencia dictada el 15 de abril de 2014 en la causa “ Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”. Ha sostenido que el Congreso no ha previsto cuál es la alícuota aplicable ni siquiera mediante mínimos o máximos. Sostuvo que el silencio de la ley sobre el tema, coloca a las normas dictadas en su exclusivo amparo “a extramuros de los principios constitucionales”. Reitera en la sentencia que resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autorizar, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. Si bien el caso citado se refería a la resolución 11/2002 del Ministerio de Economía, la situación es análoga a la que se presenta con el Decreto 793/2018 y en consecuencia corresponde aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema citada, que ha seguido en la materia los principios que venía sustentando de manera inalterable desde Fallos 316:2329.
Que por lo expuesto considero que debe aplicarse lo resuelto por la Corte Suprema, en razón de que no puede considerarse que se trate de un criterio aislado o circunstancial, sino por el contrario se trata de una jurisprudencia pacífica.
Que en síntesis, por aplicación de los principios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Fiscal no debe considerar válidos los derechos de exportación cuyas alícuotas se hayan establecido por normas dictadas por el Poder Ejecutivo; la Jefatura de Gabinete o cualquier organismo administrativo, que tengan fundamento exclusivo en el artículo 755 del Código Aduanero.
Que el Decreto Nro. 793/18, del 4/09/2018, se funda en el artículo 99 incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y en el artículo 755 del Código Aduanero. La norma constitucional invocada reconoce que el Poder Ejecutivo: 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país, 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
El inciso 1 del artículo 99 citado debe interpretarse correlativamente con el inciso 3 y el artículo 76 de la Constitución Nacional, que expresamente impiden al Poder Ejecutivo Nacional dictar disposiciones de naturaleza tributaria. En cuanto al inciso 2 supone la vigencia de una ley en materia tributaria, que le permita dictar las normas necesarias para la ejecución de una ley. En el caso concreto, la invocación al artículo 755 del Código Aduanero no lo faculta para establecer las alícuotas tributarias si no existe otra ley que en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya establecido escalas para determinar los importes o alícuotas, con límites expresos y una clara política legislativa para el ejercicio de tal atribución.
Que en consecuencia considero que por aplicación de los principios establecidos por la Corte Suprema en causas análogas, el Tribunal Fiscal debe declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en las acciones de repetición de los derechos de exportación pagados durante el período en que no existió una ratificación legislativa, es decir, desde el 4/9/2018 hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 que los ratificó. Dicha ratificación sólo rige para las exportaciones registradas ante la Dirección General de Aduanas a partir del 4/12/2018 y carece de efectos retroactivos, tal como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causas análogas de naturaleza tributaria (Camaronera Patagónica citada y Kupchik, Fallos 321:366, entre muchos otros).
Que por los motivos expuestos, le asiste razón a la recurrente al considerar la invalidez del Decreto 793/2018, a la fecha en que documentó los PE: 18026EC01004117J oficializado 05/11/2018 y 18026EC01004120D oficializado 05/11/2018; y por ende resultaría procedente hacer lugar al pedido de devolución de la suma abonada en concepto de derechos de exportación, que debería liquidarse en pesos de conformidad al criterio sentado por la CSJN en la causa “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA” del 15/05/2014, con más los intereses establecidos en el art. 811 del CA desde el 18/11/2021 (fecha de los pedidos de devolución) hasta la fecha de efectivo pago.-
VI. Que sin perjuicio de lo expuesto, debo señalar que con fecha 26/04/2022, este Tribunal por el Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 ° .- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.-
Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto dispusieron rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A. ”.
VII. Que en atención a que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (Cfme doct. Sala “E” in re “Molinos Río de la Plata SA” del 16-11-00, y CNACAF Sala IV “Nestlé Argentina SA” 7-10-04 (TFN 15197-A).
POR ello VOTO por:
Confirmar las Resoluciones: RESOL-2022-105-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI y RESOL -2022-106-EAFIP- ADGUAL#SDGOAI en cuanto rechazan la devolución de derechos de exportación solicitados por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.”, con costas por su orden.-
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiere a lo resuelto por la Dra. Musso, en cuanto confirma las Resoluciones RESOL-2022-105-EAFIP- ADGUAL#SDGOAI y RESOL-2022-106-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictadas por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychú en los Expedientes SIGEA 17573-4-2021 y 17573-5-2021 respectivamente, por las que se dispuso rechazar el pedido de devolución efectuado por la recurrente respecto de los derechos de exportación abonados en los términos del Decreto Nro. 793/2018, mediante los Permisos de Embarque Nros. 18 026 EC01 004117 J (oficializado con fecha 05/11/2018) y 18 026 EC01 004120 D (oficializado con fecha 05/11/2018), imponiendo las costas por su orden. Ello, por aplicación de la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”, con fundamento en los argumentos allí expuestos.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al Voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar las Resoluciones: RESOL-2022-105-EAFIP-ADGUAL#SDGOAI y RESOL -2022-106-EAFIP- ADGUAL#SDGOAI en cuanto rechazan la devolución de derechos de exportación solicitados por la firma “ARAUCO ARGENTINA S.A.”, con costas por su orden.-
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asunt os Aduaneros archívese. Date: 2022.10.17 12:19:22 -03:00 Date: 2022.10.17 12:28:41 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.17 14:21:49 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.17 14:21:50 -03:00
Fin de la sentencia