Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 142704430-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38740/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 142704430-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 142704430-A (v. DEOX del 22/10/25) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 16/05/2025 y 11/06/2025 (v. IF-2025-52139352-APN-DTD#JGM e IF-2025-63086395- APNDTD#JGM), concedidos el 19/05/2025 y 11/06/2025 (v. PV-2025-52769585-APN- VOCXIII#TFN y PV2025-63305254-APN-VOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 25/04/2025, en cuanto confirma la RESOL-2024-893-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, con costas por su orden (v. IF-2025-43438956-APNVOCXIII#TFN)” (v. pág. 306 del expte. electrónico, donde también consta que ambos expresaron agravios dentro del plazo legal y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2024-893-E-AFIP-ADROSA#SDGOAI, dictada en la actuación SIGEA EX-2022-
00822177- -AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18052EC01010434H.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden atento a que la actora contaba con sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que el plenario al que remitía la resolución no fijaba una doctrina legal unívoca, ya que los vocales firmantes arribaron a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Finalmente, cuestionó la tasa de interés prevista para las repeticiones aduaneras por la resolución ME 559/22, dado que al mantenerse en un porcentaje fijo no alcanzaba a cubrir la inflación y erosionaba su capital.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 23/12/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado por tal concepto con relación a la destinación de exportación involucrada en esta actuación (la cual fue registrada con antelación al 13/12/18, v. p. 118-120 del expte. citado); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte federal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38740/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 142704430-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
7. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), y se hacen propios los argumentos del dictamen fiscal (punto 6), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Se deja constancia que el Sr. juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con el Deox del 4/2/26.
ROGELIO W. VINCENTI MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia