Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 54891729-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
4060/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 54891729-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, junio de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 54891729-A (v. DEOX del 11/3/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 04/10/2024 (v. IF-2024- 108819112-APN-DTD#JGM), concedido el 09/10/2024 (v. PV-2024-110211314-
APNVOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el 13/09/2024…(v. IF-2024-99969893-APN- VOCXVI#TFN)” (v. pág. 268 del expte. electrónico, donde también consta que la parte actora expresó agravios dentro del plazo legal, y que la demandada contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 172/24, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de Campana en la actuación SIGEA 17221-325-2024, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18008EC01009882A, oficializado el 2/11/18.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Distribuyó las costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese por una doctrina plenaria.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que el plenario al que remitía la resolución no fijaba una doctrina legal unívoca, ya que los vocales firmantes arribaron a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Finalmente, cuestionó la tasa de interés prevista para las repeticiones aduaneras por la resolución ME 559/22, y pidió que fuese reemplazada por la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
3. Que, el 23/4/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de constitucionalidad formulados por la actora.
4. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
Se deja constancia que, en sentido concordante, se pronunció la Sala III de la Cámara en las causas 377/21 “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, sentencia del 18/10/22, y 14663/24 “Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA”, sentencia del 20/2/25, entre muchas otras. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado por tal concepto con relación a la destinación de exportación involucrada en esta actuación (la cual fue registrada con antelación al 13/12/18, v. p. 129 del expte. citado); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
5. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte federal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), y se hacen propios los argumentos del dictamen fiscal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4060/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 54891729-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(punto 5), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, en atención a la intimación cursada en el punto V del proveído del 11/3/25, notificado el 12/3/24 y reiterado el 26/3/25, sin que la actora cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que liquide el monto de tasa exigible. ASÍ TAMBIEN SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la Resolución J.S. Nº 7/25.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y cúmplase con la remisión ordenada al Representante del Fisco.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN SERGIO G. FERNANDEZ
Fin de la sentencia