Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 56253191-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
29954/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 56253191-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 56253191-A (v. DEOX del 12/8/25) “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 27/12/2024 y 14/02/2025 (v. IF-2024-141754015-APN-DTD#JGM e IF-2025-16376352-APNDTD#JGM), concedidos el 28/02/2025 (v. PV-2025-21917067-APN-VOCXIX#TFN) contra la sentencia dictada el 29/11/2024…(v. INLEG-2024-131193914-APN-VOCXIX#TFN)” (v. pág. 302 del expte. electrónico, donde también consta que ambos expresaron agravios dentro del plazo legal y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2024-133-E-AFIP-ADGUAL#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de Gualeguaychú en la actuación SIGEA 17573-9-2023, en cuanto había denegado la devolución de la suma abonada en concepto de derecho de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación al permiso de embarque 18026EC01003543L. Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión.
2. Que, en sus agravios, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Además, planteó que el plenario al que remitía la resolución no fijaba una doctrina legal unívoca, ya que los vocales firmantes arribaron a una misma conclusión por diversos argumentos; todo lo cual le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Finalmente, cuestionó la tasa de interés prevista para las repeticiones aduaneras por la resolución ME 559/22, y pidió que fuese reemplazada por otra que, al no mantenerse en un porcentaje fijo, permita mantener la integridad de las sumas reclamadas en un contexto inflacionario.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 26/8/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de constitucionalidad formulados por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en las causas 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA”, sentencia del 31/5/22, y 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851- A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada y declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 (BO 4/9/18) por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467 (el 13/12/18, cfr. esta Sala causa 16465/24 “Syngenta Agro SA”, sent. del 14/11/24, consid. 5° y sus citas), que otorgó rango legal a su contenido.
Por consiguiente, se hace lugar a la devolución del importe abonado por tal concepto con relación a la destinación de exportación involucrada en esta actuación (la cual fue registrada con antelación al 13/12/18, v. p. 138/140 del expte. citado); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte federal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
29954/2025 “ARAUCO ARGENTINA SA (TF 56253191-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), y se hacen propios los argumentos del dictamen fiscal (punto 5), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 22/8/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 12/8/25, punto V, segundo párrafo); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIEN SE RESUELVE.
10. Que, por último, en atención a la intimación cursada en el punto V, primer párrafo, del proveído del 12/8/25 y notificado el 13/8/25, sin que la actora cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco para que liquide el monto de tasa exigible. ASÍ TAMBIEN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y cúmplase con la remisión ordenada al Representante del Fisco.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia