Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 90692377-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII y,
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
CAF 38388/2025
“ARAUCO ARGENTINA SA (TF 90692377-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.- VS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 23/04/2025, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- confirmó la resolución RESOL-2024-135-E-AFIP- DIABSA#SDGOAM recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12042-601-2023 e impuso las costas a la actora.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.” En tales condiciones, consideró que, debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a las operaciones de exportación 18001EC01066592R, 18001EC01065408M, 18001EC01065543M, 18001EC01065168P, 18001EC01066365P, 18001EC01066182M, 18001EC01065121E, 18001EC01066593S y 18001EC01065124H – oficializadas entre el 11/09/2018 y el 17/09/2018- en virtud de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31/12/20, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de la NCM fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
Por último, estimó que las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164) (v. págs. 588/591 del DEO: 20423103 - Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 13/10/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 23/05/2025, fundándolo en idéntica fecha (ver fs.597 y 601/632, respectivamente, del expediente administrativo).
Con fecha 19/06/2025 la parte demandada replicó los fundamentos de su contraria (ver fs. 639/676; e informe de fs. 680 del DEO: 20423103 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 13/10/2025).
Con fecha 02/12/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”.
Sostuvo sobre el punto que el Plenario del Tribunal Fiscal merecía una profunda revisión, no solo porque se oponía a los claros conceptos fijados por la Corte Suprema en los autos “Camaronera Patagónica”, sino porque además no determinaba una doctrina legal unívoca, sino que por fundamentos aparecían los votos individuales de los vocales opinantes que arribaban a la misma conclusión por caminos diversos. Dicha circunstancia, a su entender, no constituía una doctrina legal aplicable, puesto que se atentaba contra el principio de seguridad jurídica; máxime cuando esas posiciones se oponían a un fallo de la Excma. Corte dictado sobre un tema análogo. Seguidamente destacó lo dispuesto por el Tribunal Fiscal de la Nación debía ser revocado puesto que:
a) los derechos de exportación son impuestos, es decir, tienen naturaleza tributaria;
b) en materia tributaria, rige el insoslayable principio de legalidad establecido expresamente en nuestra Constitución Nacional;
c) el principio de legalidad en materia tributaria no cede en circunstancias de emergencia pública y se refiere a la creación, pero también a la modificación de los aspectos sustanciales de un tributo;
d) el principio de legalidad en materia tributaria tampoco cede en circunstancias en que se actúa con el mecanismo de delegación legislativa;
e) en materia de derechos de exportación, el artículo 755 del Código Aduanero, no resultaba una norma delegante válida, en tanto no establecía los elementos esenciales del tributo;
f) la ilegitimidad de los derechos de exportación impuestos por normas extralegales, se limitaba al período en que no fue ratificada por una Ley del Congreso y que la ratificación de una norma constitucionalmente inválida sólo podía operar para el futuro.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas, por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación. De otra parte señaló que, al momento de iniciarse el presente reclamo se encontraba vigente la Resolución 598/19 del Ministerio de Hacienda, la cual receptó un larguísimo reclamo del sector, dejando de lado la tasa irrisoria del 0,5 mensual, para aplicar a partir del 01/08/19 la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.
En agosto del 2022, el Ministerio de Economía derogó la mencionada norma y mediante la Resolución 559/2022 (RESOL-2022-559-APN-MEC), disponiendo en su artículo 1°: “Establécese la tasa de interés resarcitorio prevista en el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en los artículos 794, 845 y 924 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el cinco coma noventa y uno por ciento (5,91 %) mensual”.
Manifestó que la aplicación de esa tasa de interés representa un avasallamiento al derecho de propiedad -ya que la misma está lejos de recomponer el capital por el paso del tiempo transcurrido atento que no alcanza siquiera a cubrir la inflación- y, al mismo tiempo, un condicionamiento del derecho de defensa –en tanto implica un desincentivo a acceder a la justicia para hacer valer los créditos, en la medida que afecta significativamente la ecuación económica financiera del reclamo-. Por esa razón, la misma se torna inconstitucional.
Es por ello que se plantea la inconstitucionalidad de la tasa aplicable (o de cualquiera que se pretenda aplicar en el futuro) en tanto se mantiene inconmovible frente a los cambios económicos del país, implica un enriquecimiento sin causa por parte del Estado y una lesión al derecho de propiedad de su parte.
Finalmente, en virtud de la totalidad de los argumentos esbozados apeló la imposición de costas en el orden causado y por los fundamentos antes desarrollados, solicitó que se impongan las costas de ambas instancias a la contraria.
IV. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas entre el 10/09/2018 al 17/09/2018, mediante las destinaciones objeto del recurso, la actora efectuó el pago de la suma de $ 1.859.652,52 en concepto de derecho de exportación del total de las destinaciones indicadas, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
V. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación denunciados (oficializadas entre el 10/9/2018 al 17/09/2018), cuyos pagos -por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VI. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino”, del 4/07/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
VII. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En esa inteligencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora con respecto a la Resolución nro. 598/2019, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra mínimamente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos: 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin intentar acreditar de qué modo la resolución del Ministerio de Economía, conculcaría sus derechos constitucionales.
Es decir, la firma demandante se limita a solicitar la inconstitucionalidad mencionada, refiere a un supuesto perjuicio a su derecho de propiedad, así como también a los principios de igualdad y razonabilidad.
Sin embargo, ninguno de estos extremos resultan acreditados por la actora, siendo entonces meros eufemismos jurídicos utilizados para tildar subrepticiamente de inconstitucional las distintas resoluciones que fueran dictadas por expresa delegación legal y respetando dicho marco.
De hecho, ni siquiera ofreció prueba alguna que permita concluir lo pretendido. Tal y como fuera expuesto el único argumento que expone refiere a la inflación experimentada en el período reclamado, sin embargo, ello no resulta ser un agravio suficiente ya que justamente la resolución 598/2019 aumentó la tasa de interés aplicable de manera considerable.
En definitiva, la recurrente, no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución 598/2019, que - por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos.
Así las cosas, a los fines de simplificar el cálculo de la liquidación a practicar, se dispone que los intereses motivo de litigio en autos han de devengarse desde las peticiones administrativas de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde los reclamos a la autoridad aduanera y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex MH 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290;
-a partir del 1º/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex MH 598/2019;
-a partir del 1º/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del ME 559/2022; y -a partir del 1º/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución ME 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
- a partir del 1º/07/2025, por el art. 3° de la resolución 823/2025, todas del Ministerio de Economía; y en su caso, por las normas que los modifiquen (esta Sala “Molfino”, cit., Considerando XIII).
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII y, 2º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia