Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ana Isabel Araya Tambuqui. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531, in fine, del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio del año 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Gustavo M. Hornos -como Presidente-, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, se reúne a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa FMZ 2404/2019/TO1/6/CFC3, caratulada “ARAYA TAMBUQUI, Ana Isabel s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de Mendoza, el 29 de mayo de 2024, resolvió:
RECHAZAR EL PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA
efectuado por la defensa de Ana Isabel Araya, y continuar la causa según su estado.
II. 1Contra ese pronunciamiento, interpuso recurso de casación la Defensora Pública Oficial doctora Andrea Marisa Duranti; el cual fue concedido por el tribunal a quo el 11 de junio de 2024.
III. El recurrente encuadró su presentación en las previsiones de los incisos 1 y 2 del art. 456 del C.P.P.N.
En primer lugar, bajo el supuesto de una errónea aplicación del derecho sustantivo (artículo 456 inciso 1) del C.P.P.N.), la defensa se agravió por entender que el artículo 76 bis séptimo párrafo del Código Penal sólo exceptúa de la aplicación del 1 REGISTRO N° 852/2024.4 instituto a los ilícitos cometidos por funcionarios públicos y no a quienes participan del hecho pero no revisten tal calidad, como, a su entender, es el caso de su asistida.
Sostuvo que la coimputada de la causa (escribana Andrea Marum), no revestía la calidad de funcionaria pública, imponiéndose una interpretación restrictiva de la norma.
Dijo que “… nos encontramos ante un hecho que data del 14/10/2016 y, si bien la causa no se encuentra prescripta, se trata de un proceso seguido contra mi pupila que inició hace casi 8 años atrás, encontrándose a la fecha sin resolución.”.
En esa misma línea, argumentó que el Estado Argentino tiene el derecho y el deber de ejercer su ius puniendi en forma expedita procurando investigar, juzgar y eventualmente castigar los hechos disvaliosos en un plazo razonable.
A su vez, se agravió por considerar que la resolución puesta en crisis carece de fundamentación toda vez que resume el rechazo de su petición en el carácter vinculante de la oposición fiscal y que, entonces, puede considerársela arbitraria por falta de fundamentación.
Finalmente, hizo reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad prevista en el art. 465 bis en función de los arts. 454 y 455 del C.P.P.N. –según ley 26.374-, presentó breves notas la Defensora Pública Coadyuvante de Ana Isabel Araya Tambuqui.
Allí, la parte realizó consideraciones y solicitó que se haga lugar al recurso de casación, se deje sin efecto la resolución atacada y se conceda la suspensión del juicio a prueba a su defendida.
Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. La impugnación presentada por la defensa de Ana Isabel Araya Tambuqui resulta formalmente admisible en los términos del art. 457 del C.P.P.N., pues la resolución cuestionada deviene equiparable a una sentencia definitiva en virtud de que podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior (conf. Fallos: 304:1817; 312:2480).
En efecto, así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Padula, Osvaldo Rafael”, oportunidad en la que nuestro más Alto Tribunal sostuvo que el gravamen que se deriva de la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba “…no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal” (conf. C.S.J.N., “Padula, Osvaldo Rafael y otros s/defraudación -causa Nº 274”, P. 184 XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5º).
Por lo demás, reunidos también los restantes requisitos de admisibilidad formal previstos por el artículo 463 C.P.P.N., considero que la impugnación presentada resulta admisible.
II. A fin de resolver la cuestión planteada, corresponde efectuar una breve reseña de las constancias de la causa.
En el caso, según surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por el representante del Ministerio Publico Fiscal, se le imputa a Ana Isabel Araya Tambuqui el delito de falsificación de documento (arts. 291 primera parte y 296 del C.P.), en calidad de autora (art. 45 del C.P).
Se le atribuye a la nombrada “…haber falsificado el Formulario 08 N° 38398703, en el campo I “Vendedor o Transmitente” con la firma del cotitular Juan Pablo Quiroga y haber usado dicho instrumento en ocasión de presentarlo en el Registro del Automotor N° 1 de Maipú, Mendoza, a fin de realizar el trámite de transferencia del dominio STK-992.”.
En dicha maniobra tuvo intervención la escribana pública Andrea E. Marún Calderón, a quien se le imputa infracción al art. 293 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 34 del Decreto 6582/58, en calidad de autor (art. 45 del C.P.). Ello, toda vez que, en fecha 22/8/2016 en Actuación Notarial N° Ñ 000585241, certificó la firma de Juan Pablo Quiroga, mediante Acta 072, Foja 72 del Tomo 18 de Libro de Requerimiento de la Notaria, resultando que a la fecha de la certificación de la referida firma el nombrado se encontraba fallecido, ocurriendo dicho evento el día 21/11/2014 (conf. Certificado de Defunción expedido por el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Maipú). Asimismo, el Colegio de Escribanos de Mendoza informó que la fecha en la cual se adquirió la foja de Actuación mencionada fue el 23/8/2016, es decir, con posterioridad a la fecha del requerimiento.
Ahora bien, la defensa, teniendo en cuenta el tipo penal que se le imputa a su asistida y su falta de antecedentes, solicitó la suspensión del juicio a prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 76 bis del Código Penal.
El señor Fiscal manifestó formalmente su oposición a la suspensión del juicio a prueba solicitada por Ana Isabel Araya Tambuqui, remarcando que en el hecho investigado intervino una escribana pública en el ejercicio de sus funciones, quien habría procurado dar la apariencia legítima necesaria a cada uno de los negocios jurídicos realizados por quienes, también, se encuentran imputados en los presentes obrados. En relación a esto, dijo que debía tenerse presente que el art. 77 del C.P. expresa que: “Por los términos ‘funcionario público’ o ‘empleado público’, usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”, por lo que concluyó que el instituto solicitado no resultaría procedente.
Sobre esa base, el a quo resolvió denegar la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa.
III. En primer termino, respecto al agravio introducido por la parte recurrente –que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable- corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la razonabilidad del plazo de juzgamiento no puede traducirse en un número de días, meses o años (Fallos: 322:360 y 327:327), pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos, por lo que “la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible” (cfr.: Fallos: 332:1512, con cita de la causa P.1991, L.XL, “Paillot, Luis María y otros s/ contrabando”, rta. el 1/4/09, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y334:1302; entre otros ).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 319:1840; 323:4130) consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso" (caso 11.245, resuelto el 1º de marzo de 1996, párrafo 111º y caso “LÓPEZ ÁLVAREZ v. HONDURAS”, del 1º de febrero de 2006), elementos a los que dicho organismo consideró pertinente añadir –según sea el caso– la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada (caso “VALLE JARAMILLO”, Serie C nº 192, sentencia del 27/11/2008, párr. 155 y caso “KAWAS”, Serie C nº 196, sentencia del 3/04/2009, párrs. 112 y 115).
Y, en oportunidad de fallar en el caso “Salgado” (Fallos: 332:1512, del 23/06/09), nuestra Corte Suprema ha precisado que “… el alcance del derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, reconocido a partir de los precedentes “Mattei” (Fallos: 272:188) y “Mozzatti” (Fallos: 300:1102) se encuentra limitado, por supuesto, a la demostración por parte de los apelantes de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539 y sus citas) pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos y, precisamente, ‘la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible’” (con cita de la causa P. 1991, L. XL, ‘Paillot, Luis María y otros s/contrabando’, del 01/04/09, voto de los jueces Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni; y Fallo “Mezzadra”, del 8/11/11 en 334:1302; entre otros)”.
En definitiva, para que la duración del presente proceso, con las características peculiares que presenta, pueda ser calificada de excesiva, debe ser estudiada en relación a las contingencias del caso concreto de que se trata y a la luz de los parámetros que la doctrina judicial vigente considera relevantes para su evaluación.
En efecto, frente al marco dogmático legal que rige el caso traído a estudio, no demuestra la recurrente que la duración del presente proceso, que ya se encuentra en la etapa de juicio, ostente una demora tal que permita considerarla como manifiestamente irrazonable, en afectación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso; resultando a tal efecto insuficiente la mera mención a la cantidad de tiempo transcurrido sin otro análisis que, a la luz de las pautas referidas, autorice a así concluirlo.
IV. En segundo término, como ya he señalado en numerosas oportunidades, el dictamen fiscal sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta de carácter vinculante (cfr. causa Nro. 10.858, “SOTO GARCÍA, José María y otros s/recurso de casación”, rta. el 12/08/09, Reg. Nro. 12.100), en tanto el órgano judicial siempre debe analizar de manera independiente la concurrencia de las condiciones legales de admisibilidad y procedencia del instituto, a los fines de efectuar el control de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal que imponen los artículos 69, 123 y ccdtes. del C.P.P.N.
Ello así, pues el predominio de las características acusatorias de nuestro proceso penal (conf. art. 120 de la C.N.) no puede implicar la consagración de una actuación decisoria del fiscal, sino que su potestad debe entenderse limitada a la adopción de una postura frente al caso desde su rol de parte, si bien revestida de cierta ecuanimidad y siempre ceñida a la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba.
Por otra parte, si bien el artículo 5 del digesto ritual establece que el ejercicio de la acción penal no puede “suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley”, no es menos cierto que el artículo 65 del mismo cuerpo consagra el principio según el cual “el ministerio fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley”, de modo que si la facultad denegatoria que en última instancia recae sobre el órgano judicial es entendida sólo como un segundo control de legalidad, dicha intervención constituye un control razonable que no desnaturaliza la potestad del fiscal requirente (cfr. en similar sentido mi voto en la causa nro. 897 “LIRMAN, Roberto s/recurso de casación, Registro n° 1594.4, rta. 23/11/03 y sus citas).
En otras palabras, entiendo que describir al dictamen fiscal como “vinculante” para el Tribunal soslaya el hecho de que existen limitaciones legalmente impuestas –v.gr., los requisitos de procedencia y admisibilidad estipulados en el art. 76 bis del C.P.– dentro de las cuales la actuación del Ministerio Público debe estar circunscripta, y cuya observancia, logicidad y adecuación a las circunstancias del caso concreto corresponde al órgano jurisdiccional controlar mediante el rechazo, cuando correspondiera, de aquellos dictámenes fiscales que se apartaran de las prescripciones legales ya sea por introducir requisitos que la ley no prevé o por omitir considerar aquellos que sí forman parte del ordenamiento jurídico. Ello, entiendo, es una consecuencia necesaria del esquema de estricta separación funcional entre fiscales y jueces (Cfr. Fallos: 327: 5863).
V. Ahora bien, corresponde el rechazo de las críticas efectuadas por la defensa, con relación a la planteada errónea aplicación al caso de lo dispuesto por el artículo 76 bis del Código Penal en cuanto establece que “No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito”.
Al respecto, cabe recordar que ya tuve oportunidad de sostener que la improcedencia del instituto en análisis se extiende en relación a quienes no revisten la calidad de funcionarios públicos, pero que hayan participado del delito en el que el funcionario público también lo hizo (cfr. mi voto en la causa “Feijoo, Ariel y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4 de noviembre de 2009; “Minazzoli, Alberto s/recurso de casación”, causa Nro. 542/2013, Reg. Nro. 2098/13 de esta Sala IV, rta. el 28 de octubre de 2013; y “Bonomi, Raúl Carlos s/ recurso de casación”, causa Nro. 16.185, Reg. Nro. 826/14).
Expliqué entonces que el artículo 76 bis del Código Penal veda esa posibilidad cuando en el hecho pesquisado intervino una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones, situación que, en virtud de la clara letra de la ley, también comprende a los particulares que hubiesen tomado participación junto con aquéllos, en tanto la norma no efectúa distinción alguna al efecto.
Es que, la normativa no dispone que no se conceda la suspensión del proceso a prueba a los funcionarios públicos que hubiesen participado en el delito en el ejercicio de sus funciones, sino que “No procederá la suspensión cuando un funcionario público… hubiese participado en el delito en el ejercicio de sus funciones”.
Esta decisión del legislador en el ámbito de la política criminal, se vincula con el principio de oportunidad, en cuanto le corresponde determinar en qué casos se impone la realización del juicio para determinar de modo definitivo y público, si se ha cometido un delito y si alguien debe responder por él.
Asimismo, en los citados precedentes “Minazzoli” y “Bonomi”, también he dicho que: “…es de remarcar que el verdadero sentido de la norma es no conceder la probation en aquellos casos en los que se investiga la comisión de un presunto delito en cuya comisión hubiere intervenido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.”.
Así pues, lo relevante es la íntima vinculación del obrar investigado con el desempeño de las funciones públicas por parte del sujeto, en ese momento, pues, en definitiva, el interés delineado por el legislador es alcanzar un pronunciamiento de mérito respecto del hecho denunciado y de todos los que hubieren participado del mismo, y no simplemente que el funcionario investigado no continúe revistiendo funciones. A su vez, y en el marco del estudio de este planteo corresponde también rechazar el cuestionamiento efectuado por la parte impugnante al considerar que la escribana pública no reviste el carácter de funcionario público.
Sobre el punto he sostenido en reiteradas oportunidades que el escribano público es funcionario público en el marco de las disposiciones legales en cuestión en tanto ejecuta una función pública asignada por el Estado, y siendo que en este caso ha actuado en el ejercicio de su función fedataria (cfr.: mi voto en la causa Nro. 11.037: “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, Reg. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa Nro. 11.223: “Feijoo, Ariel y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/2009; causa Nro. 11.444: “De Aparici, Josefina s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.868, rta. el 30/12/99; causa nº 16.591 caratulada “Badino Gustavo s/ recurso de casación”, reg. 1213/13, rta. 5/07/2013; causa FMZ 93002950/2011/TO1/CFC1, Reg. nº 1948/18.4, rta. el 12/12/2018; FCB 12003418/2008/CFC1, caratulada: “Levy, Carlos Santiago; CCC 5402/2011/5/CFC2, caratulada: “Salem, Gabriel s/ recurso de casación", reg. nº 985.18/4, rta. el 15/08/2018; FMZ 12056814/2008/TO1/CFC1 caratulada: "Winckler Catapano, Alicia Sonia s/recurso de casación", Reg. 336/19.4, rta. el 14/03/19; entre muchas otras de esta Sala IV).
Expliqué que el Código Penal no equiparó en el artículo 77 la noción de funcionario público al significado propio de la esfera administrativa, en cuanto no se encuentra restringida a quienes ocupan un nivel jerárquico en la estructura de la Administración en la cual se desempeña, que le otorga una competencia y atribuciones en la dirección de gestión en la dependencia para la que actúa, sino que es más amplio.
Que esta concepción que permite establecer un concepto de funcionario público específico para el ámbito de aplicación del derecho penal, más abarcativo que el propio de la órbita administrativa, fue reforzada por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N 25.188.) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción incorporada por la Ley N 24.759.
Ello, por cuanto el artículo 1º de la Ley 25.188 dispone que “Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Mientras que el artículo I del Anexo I de la Convención Interamericana Contra la Corrupción dispone que “Para los fines de la presente Convención, se entiende por: a) ‘FUNCIÓN PÚBLICA’: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. b)
‘FUNCIONARIO PÚBLICO’, ‘OFICIAL GUBERNAMENTAL’ O
‘SERVIDOR PÚBLICO’: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Es decir que, integrando la normativa citada, debe concluirse que a los efectos del derecho penal, el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones o tareas de carácter público, circunstancia esta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente.
Agregué que la ley nacional Nro. 12.990 expresamente establece que “El escribano de registro es el funcionario público instituido para recibir, redactar y dar autenticidad, conforme a las leyes y en los casos que ellas autorizan, los actos y contratos que le fueran encomendados”, cuya designación le compete al Poder Ejecutivo (art. 17). Y que, en consecuencia, en función de dicha doctrina es que resulta de aplicación la norma prevista en el artículo 76 bis del código de fondo en cuanto dispone la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba, en relación a este caso, cuando hubiere participado del delito un escribano público en el ejercicio de esas funciones de carácter público (cfr. mi voto en la causa “Feijoo, Ariel y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4 de noviembre de 2009; entre varios otros).
VI. En base a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ana Isabel Araya Tambuqui. Sin costas por haberse efectuado un razonable ejercicio del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h. de la C.A.D.H. (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.), y que se tenga presente la reserva del caso federal.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
En atención a que las circunstancias relevantes del caso fueron reseñadas por el colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, las doy por reproducidas por razones de brevedad. Precisado ello, adelanto que el recurso en trato deberá ser desestimado toda vez que el impugnante no consigue demostrar los vicios jurídicos que invoca y, en esta dirección, tampoco rebate los fundamentos que el a quo brindó en sustento de la resolución puesta en crisis.
En lo que concierne al planteo de la defensa referido a la supuesta vulneración de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, habré de compartir en lo sustancial los argumentos que esgrime el magistrado que inaugura la votación. Solo habré de agregar que como juez de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, he tenido oportunidad en reiteradas ocasiones de poner de resalto los parámetros que deben meritarse al analizar dicha garantía a ser juzgado en un plazo razonable (cfr. causa FSM 853/2011/TO1/CFC1, caratulada: “Iglesias, Lucas Ezequiel s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1124/19.4, rta. el 04/06/2019 y sus citas; FBB 22000231/2000/TO1/4/CFC1, caratulada: “Montes, Pedro Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 845/20.4, rta. el 18/06/2020; FCB 91011907/2007/TO1/2/CFC1, caratulada “Porras, Pedro Marcelo s/recurso de casación”, Reg. n° 1598/21, rta. el 1/10/2021; causa FMP 32003250/2001/1/CFC1, caratulada “Incidente N° 1 - Denunciante: Daleo, Gustavo y otro s/ incidente de prescripción de la acción penal”, Reg. n° 1809/2021, rta. el 2/11/2021; causa FPA 11009754/2011/TO1/CFC1 del registro de esta Sala IV, caratulada: “Placeres, Pablo Andrés s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 179/2022, rta. el 08/03/2022 y causa FSA 74000193/2005/TO1/1/CFC1, “Monroy, Julio Humberto y otros s/ recurso de casación”, reg. 507/2022, rta. el 29/4/22, entre otras -a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad-).
Aclarado ello, analizadas las constancias del trámite que se le ha dado al presente proceso a la luz del motivo de agravio ensayado por el recurrente y en razón de los estándares que rigen la garantía bajo análisis, la defensa de Ana Isabel Araya Tambuqui no ha demostrado ni se advierte que dicha garantía haya sido vulnerada en el caso de autos.
En otro orden, cabe recordar que la fiscal de juicio, en base a lo dispuesto por el artículo 76 bis del Código Penal, se opuso a la concesión de la suspensión de juicio a prueba por considerar que el instituto no procede cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones hubiere intervenido en el hecho, tal como habría ocurrido con la presunta participación de la coimputada Andrea E. Marún Calderón en el hecho atribuido a Ana Isabel Araya Tambuqui en pleno ejercicio de la función pública que le fue delegada. En tal sentido, destacó que en el hecho imputado “tuvo intervención la escribana pública Andrea E. Marún Calderón, a quien se le imputa infracción al art. 293 del Código Penal, en concurso ideal con el artículo 34 del Decreto 6582/58, en calidad de autor (art. 45 del C.P.)”.
Del examen de la causa se desprende que la oposición fiscal deriva de una consideración de las concretas circunstancias del caso y que cuenta con fundamentos suficientes que la parte recurrente no logra refutar, debiéndose aquí recordar que el instituto sometido a estudio responde al principio de oportunidad cuya evaluación, en términos del mérito o conveniencia, depende justamente del titular de la acción penal, a saber, el Ministerio Público Fiscal (cfr. en lo pertinente C.F.C.P., Sala IV, causa FTU 8078/2018/CFC1, “Soria, Brian Iván s/recurso de casación”, reg. nro. 2337/20, rta. el 19/11/20).
Esta cuestión no es menor, toda vez que el dictamen del fiscal resulta, en principio, vinculante, sujeto al control jurisdiccional de logicidad y fundamentación (art. 69 del C.P.P.N.) – (cfr. voto del suscripto in re C.F.C.P., Sala IV: CCC 27282/2012/TO1/CFC1, “Segura Yanamango, Jorge Luis s/ recurso de casación”, rta. el 02/10/15, reg. nro. 1948/15 y sus citas; causa CFP 12390/2009/TO1/16/CFC1, “Basimiani, Rodolfo s/recurso de casación”, rta. el 02/03/16, reg. nro. 146/16; causa FGR 12000379/2009/3/1/CFC1, “Almendra, José Segundo s/recurso de inconstitucionalidad”, rta. el 03/03/16, reg. nro. 186/16; causa CFP 10365/2012/T01/CFC1, “Cornejo, Ana María Elvira s/ recurso de casación”, reg. nro. 353/16, rta. el 30/03/16; causa FRO 83000124/2012/1/CFC1, “Avendaño, Jorge Edgardo s/recurso de casación”, reg. nro. 1463/16, rta. el 15/11/16; causa CFP 5772/2013/TO1/11/CFC11, “Hernández Espinoza, Damián Antonio y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 701/17.4, rta. el 13/06/2017; causa CFP 7616/2014/TO1/2/CFC1, “Paiz, Carlos Marcelo s/recurso de casación”, reg. nro. 982/19, rta. el 20/05/2019; causa CFP 6204/2011/42/CFC9, “Serventich, Gustavo Adrián s/recursos de casación”, reg. nro. 869/20, rta. el 19/6/2020, entre otras). A su vez, la defensa tampoco fundó debidamente la crítica a los argumentos de la fiscal – a los que el a quo se remitió - referidos a la aplicación al caso de la cláusula prohibitiva prevista en el art. 76 bis, séptimo párrafo, del código de fondo, dadas las características del hecho atribuido, las circunstancias que lo rodearon y la intervención de una imputada - Marún Calderón - en el ejercicio de funciones (ver en sentido similar, C.F.C.P., Sala IV, causa FSM 314/2013/TO1/9/CFC1, “Ramallo, Carlos Alberto s/ recurso de casación”, reg. nro. 714/19, rta. el 17/04/19; causa FSM 314/2013/TO1/9/CFC1, “Illarietti, Fernando Martín s/ recurso de casación”, reg. nro. 715/19, rta. el 17/04/19; causa FSM 33000246/2010/TO1/5/CFC1, “Orué, Carlos Alberto y Suárez, Patricia Alejandra s/ recurso de casación”, reg. nro. 1874/19, rta. el 16/09/19; causa FCB 59236/2017/TO1/2/CFC1, “Ferrando, Carlos María s/ recurso de casación”, reg. nro. 313/2022, rta. el 23/3/2022; y causa CFP 12980/2009/TO1/10/CFC3, “Goldaracena, Hugo Oscar s/recurso de casación”, reg. nro. 521/23, rta. el 28/4/2023).
En tales condiciones, la defensa no alcanza a poner en evidencia que la negativa fiscal presente un déficit que la invalide en los términos del art. 69 del C.P.P.N., sino que se limita a exponer sus propias convicciones respecto del modo en que debió ser resuelto el planteo, pero sin demostrar que el tribunal anterior hubiera interpretado y aplicado incorrectamente la normativa legal que regula la procedencia del instituto en el sub lite, lo que sella en forma negativa la suerte de su cuestionamiento.
Por lo expuesto, toda vez que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada y de conformidad con lo postulado por la Fiscal General ante esta instancia, adhiero a la solución del caso que propicia el colega que antecede, doctor Gustavo M. Hornos, en cuanto corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, sin costas en la instancia. Tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas por el colega que lidera el presente Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos, que llevan la adhesión del doctor Mariano Hernán Borinsky, en las particulares circunstancias de autos, adhiero a su voto y a la solución allí propuesta. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531, in fine, del C.P.P.N.).
En mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ana Isabel Araya Tambuqui. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531, in fine, del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/19, CSJN), y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envió.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernandez Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia