Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-99194824-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad articulada, con costas.
2Confirmar parcialmente la multa apelada, debiendo reencuadrarse la conducta en la figura prevista en el art. 45 de la ley de rito fiscal, fijando la sanción en un cuarto del mínimo legal conforme el texto del artículo 49. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
3Regular los honorarios del Dr. Daniel Norberto Malvestiti en su carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $17.620 (pesos diecisiete mil seiscientos veinte) equivalente a 0,86 (cero con 86/100) UMA, y en su carácter de patrocinante, la suma de $44.050 (pesos cuarenta y cuatro mil cincuenta) equivalente a 2,14 (dos con 14/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $18.829 (pesos dieciocho mil ochocientos veintinueve) equivalente a 0,91 (cero con 91/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $47.072 (pesos cuarenta y siete mil setenta y dos) equivalente a 2,29 (dos con 29/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-145008952-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Diciembre de 2023 (VOCX)
EX-2023-99194824- -APN-SGAI#TFN- ARBREX COMMERCIAL GROUP S.R.L- SENTENCIA (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-99194824- -APN- SGAI#TFN, caratulado “ARBREX COMMERCIAL GROUP S.R.L s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I-.. Mediante RE-2023-99193071-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra sendas resoluciones dictadas el 5 de julio de 2023 por la Dirección Regional Centro II de la AFIP- DGI. En el acto obrante en el RE-2023-99193306-APN-SGAI#TFN, se aplicó una multa equivalente a un cuarto de dos veces el Impuesto a las Ganancias- Salidas no Documentadas atribuido como evadido por los períodos fiscales 2019 y 2020, todo ello con sustento en los artículos 46, 47 inciso c) y 49 de la ley de rito fiscal. Por su parte, en el RE- 2023-99193468-APN-SGAI#TFN luce la resolución que impuso una sanción por la supuesta defraudación del IVA por aplicación de los arts. 46 y 47 inc. c) de la ley citada, por los períodos febrero, marzo noviembre del 2019, y enero, agosto, septiembre y noviembre del 2020, graduándose la multa en 2 veces el gravamen señalado como dejado de ingresar, lo que se redujo a un cuarto por aplicación del artículo 49 de la ley ya aludida. Plantea como excepción de previo y especial pronunciamiento la nulidad de las resoluciones apeladas por falta de consideración del descargo presentado en la instancia administrativa, lo que vulneró su derecho de defensa. Puntualiza que no se hizo mención a las pruebas acompañadas, ignorándose fundamentalmente la documental que demuestra que la Clave de Identificación Tributaria de la proveedora Raymaekers Representaciones SA había sido rehabilitada.
Expone que de las constancias arrimadas en las actuaciones administrativas no surge acabadamente la intención dolosa que el Fisco pretende atribuir a través de la aplicación del inciso c) del art 47 de la ley ritual. Remarca que ni siquiera tomaron en cuenta que los proveedores considerados apócrifos a la fecha de la sanción ya no formaban mas parte de la base APOC (Raymaekers Representaciones S.A) o ni siquiera los otros proveedores estaban incluidos al momento de contratar (caso de Gention-Ar S.R.L., Ingenio Dev. S.R.L, Costa Esmeralda Sur S.R.L.) Invoca la Instrucción General Nº 7/2020 (AFIP), en cuanto establece en su apartado 3.4.1. que debe hallarse probada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen; lineamientos que la actora considera no fueron tomados en cuenta al momento de aplicar las sanciones discutidas.
En subsidio, se solicita el reencuadre a la conducta en la figura culposa del artículo 45 de la ley de procedimiento tributario, ello por cuanto si bien existieron declaraciones juradas rectificativas, sostiene que éstas sólo exteriorizaron la inexactitud de la original, pero no reflejan una intención dolosa. Asimismo, trae a colación la causal de error excusable como eximente de responsabilidad, atento entender que del análisis de los antecedentes administrativos y los hechos acreditados en la causa se encuentra presente tal causal exonerativa. Acompaña prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita se haga lugar a la nulidad impetrada, con costas y que se revoquen las sanciones impuestas o, en subsidio, pide que se reencuadren, con costas.
II. A través del IF-2023-132594299-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. Respecto al planteo de nulidad, expresa que los actos apelados cumplen con los requisitos de motivación, causa y forma suficiente, es decir, constatando y apreciando los hechos verificados en el marco de la fiscalización, las defensas opuestas por la contribuyente, evaluando los antecedentes y subsumiéndolos en una norma jurídica. Además y en cuanto a la supuesta omisión de argumentos planteados en sede administrativa, resalta que el Juez Administrativo no está obligado a admitir todas las pruebas ofrecidas ni a analizar la totalidad de los planteos formulados por las partes, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes. Es por ello que solicita que se rechace el planteo incoado.
Sostiene la procedencia de sendas sanciones y puntualiza que se encuentran perfeccionados tanto el aspecto objetivo como subjetivo requerido por el artículo 46 de la ley de rito fiscal. En esta línea, destaca que la actora computó créditos fiscales provenientes de operaciones realizadas con los proveedores apócrifos mencionados, siendo erogaciones sin el respaldo documental suficiente, constituyendo una maniobra por la que se perjudicó al Fisco Nacional. En lo que hace a la presunción aplicada -art. 47 del inciso c) de la ley 11.683-t.o. 1998 y modif-, por manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso, queda expuesta porque no se han declarado operaciones veraces, resultando improcedente el reencuadre pretendido en subsidio.
Finalmente, trae a colación que la aplicación de la Instrucción General N° 7/20 resulta inviable, por cuanto los contribuyentes no pueden ampararse en instrucciones que no son de orden general, dado que éstas poseen la finalidad de organizar el trabajo en el ámbito interno de la Dirección, y no de reglamentación de normas imperativas.
Hace reserva del caso federal. Solicita se confirmen los actos apelados, con costas.
III. Mediante PV se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”. Por IF-2023-142930688-APN-VOCX#TFN se ponen los autos a sentencia.
IV. Que previo a todo corresponde referirse a la excepción de nulidad articulada.
Al respecto, no debe olvidarse que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 –Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros).
Que así las cosas debe ponerse de resalto que en ocasión de presentar el descargo, el aquí recurrente pudo exponer las razones que justificarían su accionar respecto de los motivos que dieron inicio a los sumarios, lo que contrariamente a lo expuesto por la actora, surge de las resoluciones en crisis que fueron tenidos en consideración por el juez administrativo. El hecho de que el recurrente no comparta el criterio vertido en los actos apelados no implica per se la invalidez de éstos.
Cabe recordar que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid.5 y sus citas). En esta línea, en el recurso ante este Tribunal la recurrente tuvo plena posibilidad de exponer las razones por las que considera que las sanciones aplicadas no se ajustan a derecho, sin que se advierta que haya existido restricción alguna a su derecho de defensa ni afectación al debido proceso adjetivo.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la nulidad articulada, con costas atento haberse interpuesto el planteo como de previo y especial pronunciamiento.
V. Que corresponde resolver entonces sobre la procedencia de las sanciones apeladas.
Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Conforme surge de las actuaciones administrativas que el recurrente admitió el ajuste fiscal en IVA y Ganancias- Salidas no Documentadas, por el que se impugnaron las operaciones con los proveedores Raymaekers Representaciones S.A., Gention-Ar S.R.L., Ingenio Dev. S.R.L y Costa Esmeralda Sur S.R.L. con sustento en la inclusión de los citados en la Base APOC (vide fs. 2/16 RE-2023-132576263-APN-DTD#JGM).
En primer lugar, en cuanto a la facultad para imponer multas en concepto de Salidas No Documentadas, esta juzgadora considera que en virtud de la doctrina emanada de los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vg. entre otros Radio Emisora Cultural SA c/DGI”, del 9 de noviembre de 2000, “Red Hotelera Iberoamericana SA c/DGI”, del 26 de agosto de 2003; “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, del 27 de septiembre de 2011; “Antú Aplicaciones Industriales Integradas SA (TF 20958-I) c/DGI”, sentencia del 31 de julio de 2012) que la falencia de la documentación que respalda la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la ley N° 11.683.
Que para el pago del tributo en concepto de Salidas no Documentadas para los pagos producidas antes del 1 de marzo de 2019 debe tomarse en consideración lo establecido por la Resolución General N° 893/00 (B.O. 13/10/2000), que prevé la forma y plazo para el pago de este gravamen.
Que ello así, en el caso de autos no se ingresó el impuesto correspondiente, como tampoco se presentó el volante de pago, el que según la Nota Externa (AFIP) 8/2007 constituye la comunicación de pago a que hace referencia el art. 15 de la ley 11.683. Dicha norma prevé que las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen el carácter de declaración jurada, pudiendo aplicar el Fisco sanciones en concepto de Salidas no Documentadas.
Como bien señala la representación fiscal, para las erogaciones producidas a partir del 1 de marzo de 2019, se sustituye la Resolución General AFIP 893/00 por la Resolución General AFIP 4433/2019. En tal sentido, el artículo 2 de esta norma indica que la determinación correspondiente se efectuará sobre la base de una declaración jurada confeccionada a través del servicio denominado “Salidas no Documentadas” disponible en el sitio Web institucional, debiendo informarse la fecha y el importe de cada erogación, entre otros. Asimismo el artículo 3 indica que la presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante, se efectuará por períodos mensuales y deberá cumplirse hasta el día 15 del mes inmediato siguiente, al período que se informa. Que en virtud de las declaraciones presentadas, la recurrente reconoció que el ingreso del tributo debió efectuarse siguiendo las pautas temporales consagradas en sendas resoluciones generales, lo que no sucedió. Ello se traduce en la omisión de ingreso del impuesto, y justifica la iniciación del sumario (cfr. Sala III de la Alzada in re “La Fuente Combustible SRL”, sentencia del 28 de abril de 2021).
Sentado ello, y conforme lo establece el art. 13 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), el declarante es responsable en cuanto a la exactitud de los actos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad, por lo que corresponde tener por materializado el aspecto objetivo de la sanción de impuesta.
Que por tal motivo estimo pertinente remarcar que no procede la revisión del ajuste que da origen a sendas sanciones, debiendo examinar si la misma se ajusta a las previsiones contenidas en el tipo penal de los arts. 46 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
Que la norma en la que se sustenta la multa especifica como evasión a todo acto u omisión que violando disposiciones legales, provoca intencionalmente la eliminación o disminución de la carga tributaria, declaración engañosa u ocultación maliciosa que perjudique al Fisco con liquidaciones de impuestos que no corresponden a la realidad; es decir que la defraudación a que se refiere el art. 46 de la ley 11.683, no tiene carácter exclusivamente objetivo, sino que requiere del elemento intencional (conf. CNACAF, in re: “Arboleya” del 10-3-81 y “Saravia, María Helena” del 3-11-81).
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria, utilizando el Fisco en el caso concreto la prevista por el inciso c).
A tal fin considero atinado traer a colación lo expresado en la sentencia recaída con fecha 11/2/2008 en la causa “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A. S/recurso de apelación” donde en el voto del Dr. Porta al referirse a los distintos incisos del art. 47 de la ley de rito, en lo que aquí nos interesa, se expresó:
“Que el inciso c) en realidad contiene una remisión al inciso a) (inexactitud en las declaraciones juradas) y al inciso b) (documentos que le sirvan de base), pero observado el fenómeno desde otra perspectiva: la disconformidad con las normas aplicables. Ahora bien, si no se precisa el concepto pareciera que este inciso sería de aplicación en todos los supuestos, pues es evidente que siempre que hay una diferencia en menos de impuesto, es que las normas se han aplicado "disconformemente". Que no ha sido ésa la intención del legislador pues para ello usó un sistema taxativo en el artículo que indica que se trata de supuestos distintos y el matiz diferencial está dado, por el hecho de que la disconformidad sea "manifiesta", lo que exige que la disconformidad sea casi radicalmente opuesta a lo que la norma dice y no se trate de problemas de dudosa interpretación.” Que más allá de lo que se dice en los actos apelados en relación a la inclusión en Base APOC, lo cierto es que nada expresa en cuanto a si los comprobantes que respaldan las operaciones cuestionadas adolecen de irregularidades como tampoco inconsistencias adicionales de parte de los proveedores cuestionados, a lo que se agrega que en el caso de los proveedores Gention-Ar S.R.L., Ingenio Dev. S.R.L y Costa Esmeralda Sur S.R.L. fueron agregados a la Base Apoc con posterioridad a los períodos analizados en autos (vide consulta agregada como documental en el RE-2023-99194300-APN-SGAI#TFN que coincide con los números de CUIT de dichos proveedores) y en cuanto a Raymaekers Representaciones S.A. obra como documental el acto por el cual se dispuso que la rehabilitación de su Clave de Identificación Tributaria antes de la emisión de los actos apelados (vide fs. 46/48 RE-2023-132576263-APN-DTD#JGM), y que de la instrumental acompañada no figura que estuviera incluido en la Base APOC (RE-2023-99194300-APN-SGAI#TFN).
Que a tenor de lo reseñado cabe concluir que el Fisco no sustentó como se encuentra acreditado el obrar defraudatorio, o cual fue la maniobra engañosa presuntamente desplegada por la contribuyente para perjudicar al Fisco. Ello así, la mera invocación del inciso c) del art. 47 no resulta suficiente para fundamentar el carácter doloso de su conducta reprochada, requisito sustancial de procedencia sendas sanciones aplicadas. Que por lo expresado y si bien el Fisco no acreditó el dolo en el accionar del recurrente, no puede soslayarse el hecho de que el recurrente aceptó los ajustes practicados por el Fisco Nacional, presentando las rectificativas de IVA y consintiendo el ajuste en Salidas no Documentadas, es decir que existió la omisión de declarar e ingresar en término los tributos bajo examen, configurándose así la figura prevista en el artículo 45 de la ley de procedimiento tributario, destacando que no se advierte la presencia de causal de exoneración alguna. En consecuencia, considero que corresponde reencuadrar la conducta de la recurrente en la figura prevista en el art. 45 de la ley N°11.683 (t.o. vigente al momento de la comisión de la infracción imputada), fijando la sanción en un un cuarto del mínimo legal conforme el texto del artículo 49.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos, en virtud de resultar carente de justificación la tipificación que realizara el Fisco Nacional (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito). VI – Por todo ello, voto por rechazar la nulidad articulada, con costas y confirmar parcialmente la multa apelada, debiendo reencuadrarse la conducta en la figura prevista en el art. 45 de la ley de rito fiscal, fijando la sanción en un cuarto del mínimo legal conforme el texto del artículo 49, las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos, en virtud de resultar carente de justificación la tipificación que realizara el Fisco Nacional (cfr. art. 184 último párrafo de la ley de rito).
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero a la decisión de la Vocal Instructora, salvo en la imposición de las costas por el planteo de nulidad que es tratado en el Considerando IV de su voto que entiendo no corresponden en el caso concreto, en virtud del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 336:70, Bolland.
El Dr. Martín dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos efectuado en el voto de la Vocal Instructora, como así también a lo decidido en el Considerando IV en cuanto rechaza el pedido de nulidad, con costas.
II. Que en lo que hace a la procedencia de las multas aplicadas corresponde tener en cuenta que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) disponía que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
Por su parte, el art. 47 en su parte pertinente establece: “Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso”. Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que el ajuste que sustenta las sanciones aplicadas en autos reconoce fundamento en la impugnación de facturación emitida por proveedores apócrifos, lo que conllevo al ente fiscal a cuestionar el cómputo del crédito fiscal computado por la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado, y a la posterior presentación por parte de las misma de las declaraciones juradas rectificativas, sin que en la instancia de inspección haya proporcionado constancias sobre la existencia y validez de las operaciones, sino que procedió a conformar el ajuste fiscal propuesto.
Que en el caso particular de la multa impuesta en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas cabe agregar las siguientes consideraciones.
Que en las presentes actuaciones ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan. Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -mayor impuesto a favor del Fisco-. Técnicamente en primer lugar procedió la impugnación del gasto en la determinación del Impuesto a las Ganancias y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG.
Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces la erogación es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El único comprobante incorporado en la determinación del Impuesto a las Ganancias que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo para aplicar la multa sobre salidas no documentadas se ha tenido en consideración que la recurrente ha presentado declaraciones juradas inexactas computando gastos provenientes de operaciones inexistentes, por lo que la conducta resulta tipificada por la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanciones.
III. Que del análisis de los elementos obrantes en la causa se desprende que se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en la figura infraccional del art. 46 de la ley de procedimiento fiscal al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla, ya que si bien ante esta instancia sostiene que no hubo intención dolosa de su parte no aportó elementos probatorios que permitan contradecir la tesis fiscal.
IV. Ello así, cabe confirmar las multas aplicadas, con costas.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar la nulidad articulada, con costas.
2. Confirmar parcialmente la multa apelada, debiendo reencuadrarse la conducta en la figura prevista en el art. 45 de la ley de rito fiscal, fijando la sanción en un cuarto del mínimo legal conforme el texto del artículo 49. Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
3. Regular los honorarios del Dr. Daniel Norberto Malvestiti en su carácter de apoderado de la recurrente en la suma de $17.620 (pesos diecisiete mil seiscientos veinte) equivalente a 0,86 (cero con 86/100) UMA, y en su carácter de patrocinante, la suma de $44.050 (pesos cuarenta y cuatro mil cincuenta) equivalente a 2,14 (dos con 14/100) UMA, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $18.829 (pesos dieciocho mil ochocientos veintinueve) equivalente a 0,91 (cero con 91/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $47.072 (pesos cuarenta y siete mil setenta y dos) equivalente a 2,29 (dos con 29/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Acordada N°29/2022 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
5. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.12.05 12:42:26 -03:00 Date: 2023.12.05 14:17:16 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.05 14:25:04 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.05 14:25:04 -03:00
Fin de la sentencia