Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 131176238-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso de la demandada respecto del fondo de la cuestión traída y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, CPCCN);
2Fijar los honorarios de los letrados de la actora del modo indicado en el considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° CAF 7455/2025 ARBUMASA SA Y ACUM (TF 131176238-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante la resolución del 31/07/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del art. 3 de la resolución DE PRLA 7780 recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12197-489-2013 (v. páginas 160/6 del DEO n° 17733158 que contiene las actuaciones ante el TFN). Impuso las costas al Fisco, por considerarlo sustancialmente vencido. Para así decidir, el a quo -por mayoría- explicó que en el expediente SIGEA N° 12197-489-2013 tramitaba el procedimiento contra la importadora y la aseguradora por infracción a lo preceptuado en el art. 970 del C.A respecto de la destinación 07001IT14005756M. Señaló que luego de haberse labrado acta de denuncia 255/2010 y practicado liquidación de tributos, el servicio aduanero dispuso el 21/10/2013 la instrucción de sumario. Sin embargo -advirtió- no hay constancias de la notificación de este acto -ni de ninguno de los demás dictados- a las sumariadas. “Tampoco obran constancias [agregó] de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada”. El a quo destacó que, sin haber corrido vista, la demandada dictó la DE PRLA 7780 por la que -con fundamento en lo dispuesto en la Instrucción General n° 9/17- ordenó el archivo del sumario infraccional y la formulación de cargo por tributos presuntamente adeudados.
Puso de relieve, finalmente, que la resolución aquí apelada fue dictada el 19/10/2018, pero se notificó a las recurrentes cuatro años después de su dictado.
El tribunal recordó que las previsiones de los artículos 1080 y 1081 del CA, de acuerdo a las cuales cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, pudiendo ejercer a ese efecto todas las funciones de control que las leyes le acuerden. Además, destacó lo preceptuado en el artículo 1110 del Código, que obliga a sustanciar los sumarios corriendo vista a los interesados a fin de que formulen sus defensas y ofrezcan prueba.
El a quo explicó que “surge manifiesto que la recurrente fue privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución” y que “[l]e asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna”. Además, el pronunciamiento subrayó que “[t]ampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA […] dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 9/17 (DGA)”.
II. Que el Fisco apeló esa resolución y expresó sus agravios en la presentación del 04/10/2024 (v. páginas 189/97 del archivo que contiene las actuaciones), replicado por la importadora el 19/11/2024 (v. p. 204/11 del DEO).
En su memorial, luego de recordar los antecedentes del caso, señaló que en autos no se discute una infracción sino un cargo, derivado de la importación a consumo de la mercadería amparada por un DIT. A su juicio, no existe accesoriedad entre el cargo por tributos y la infracción.
Explica que al no haber imputación infraccional resultaba innecesario correr vista de las actuaciones.
El Fisco señala que al notificarles a las recurrentes únicamente el cargo (determinación de tributos) y la imputación de una infracción aduanera, no se trataba aquí del procedimiento para las infracciones, sino de un acto administrativo determinativo de tributos (atacable por el procedimiento de impugnación).
Solicitó por ello que se revocara la resolución apelada.
En subsidio, pidió que se lo eximiera de las costas.
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III. Que en la resolución del 7/11/2024 el a quo reguló los honorarios de la representación letrada de las recurrentes (v. p. 198/200).
Contra esa decisión el Fisco dedujo apelación el 20/11/2024 (v. p. 227 del DEO).
IV. Que de las actuaciones administrativas surge -en síntesis- que:
(i) Se incorporó la constancia del SIM, de la cual surgen los datos de la destinación, incluido su vencimiento (22/08/08) (p. 71/7);
(ii) El 25/01/2013 se labró acta de denuncia por el presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria y se notificó (p. 79 del DEO);
(iii) La División Verificación confirmó que no había constancia del cumplimiento de la reexportación de la mercadería involucrada y ordenó la remisión de las actuaciones a la Sección Liquidaciones para la liquidación de los tributos que gravan la importación a consumo; además, se detallaron los tributos aplicables en función de la clasificación realizada (p. 81/3);
(iv) El 15/02/2013 se practicó la liquidación de los tributos (p. 85/7);
(v) El 21/10/2013 se ordenó la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090, inc. c), CA, y se practicó liquidación de la multa mínima (p. 89 y 91).
(vi) El 20/09/2018 se dictó la Resolución DE PRLA n° 7780 por la cual, con fundamento en la IG (DGA) n° 9/17, dispuso el archivo de las actuaciones, pero no sin antes formular cargo a la firma importadora y a la aseguradora en concepto de tributos por u$s 5.535,81 y $10.000,86, e intimar a su pago (p. 97/8); ese acto fue notificado tanto a la importadora como a la aseguradora el 14/11/2022 (p. 103 y 105).
V. Que esta Sala ya se ha expedido con anterioridad acerca de la validez de reclamos tributarios como el de autos, dictados en aplicación de la Instrucción General n° 9/17 de la DGA y sin sustanciar el procedimiento previsto en el Código para infracciones como la imputada.
En efecto, confrontada a planteos similares con relación a la Instrucción General nº 9/17, declaró inválidos los actos del servicio aduanero que, sin valorar las defensas de los particulares imputados –en especial, en relación con el cumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria-, tras disponer el archivo del sumario formulan mecánicamente cargos por los tributos que se adeudarían, teniendo por constatado el incumplimiento (v. causas nº 10.727/2020 “TPC Compañía de Seguros SA c/ EN - AFIP - DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 18/12/2024; nº 37.318/2022 “La Perseverancia Seguros SA (TF 53189519-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 25/08/2022; y n° 3.407/2020, caratulada “HTI Cono Sur S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19 de octubre de 2021).
Como surge del relato de las actuaciones, el servicio aduanero no corrió vista a la importadora y a la aseguradora de la imputación formulada, lo cual impidió que estas ofrecieran defensas y prueba.
La decisión del servicio aduanero se apoyó exclusivamente en que el importe de la multa no alcanzaba el mínimo previsto por la instrucción general DGA 9/17.
Pues bien, resulta evidente que la exigencia del cumplimiento del procedimiento previsto (arts. 1080 a 1117 del Código Aduanero), propia de todo acto administrativo (art. 7, inc. b), LNPA), es el reverso del derecho de los administrados al debido proceso adjetivo (art.1, inc. e), LNPA), que comprende –como es lógico- no solamente el de exponer las razones de sus pretensiones y defensas (ap. 1) y producir la prueba conducente para acreditarlas (ap. 2), sino también de que la decisión haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas (ap. 3). De otro modo, se estaría consintiendo que el acto del artículo 1101 constituyera un inútil formalismo sacramental y no la verdadera consagración del derecho del administrado a ser oído (conf. Sala IV, causa nº 46.832/2022 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022; y sus citas; y esta Sala, causa “TPC” ya citada; causa n° 8974/2024 “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 123363466-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 4/02/2025; entre otras).
De esta forma -tanto aquí como en los precedentes citados al inicio del considerando- la clausura de la investigación condujo a que se intimara una suma de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, pero sin determinar CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V fehacientemente si se había reexportado o no la mercadería ingresada al amparo de la importación temporal, al vencimiento del plazo acordado para su permanencia (v. en el mismo sentido arg. Sala I, causa nº 30.397/2023 “Geminelli SA (TF 74859875-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 26/10/2023; Sala II, causa “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12/11/2019; Sala III, causa nº 23.858/2023; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 Resol 9384/18 s/ Dirección General de Aduanas”, del 25/04/2024; Sala IV, causas nº 46.832/2022 “Envases”, ya citada, y nº 47883/2022 “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 1/11/2022).
En consecuencia, no corresponde convalidar el requerimiento fiscal derivado del acto cuestionado, dictado sin la sustanciación del sumario correspondiente.
VI. Que no se advierten motivos para dispensar a la demandada ni de las costas de la instancia previa ni de las correspondientes a esta apelación (arts. 1163, CA y 68, CPCCN).
VII. Que, finalmente, en función de la naturaleza del proceso y su monto, el resultado obtenido, la extensión, calidad y eficacia del trabajo cumplido ante la anterior instancia, corresponde modificar la regulación practicada en la instancia previa de los honorarios de los Dres. Eduardo J. Bendayan y Pablo Sicardi por su desempeño en la representación legal y asistencia letrada de la actora, y reducirlos a las cantidades de 2 UMA para cada uno -equivalente actualmente, a la suma de $146.408- (arts. 16, 20, 21, 24, 29 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA CSJN Nº 1432/2025).
Asimismo, por la actuación del Dr. Sicardi ante esta Alzada, en la representación letrada de la actora, corresponde fijar sus honorarios en la cantidad de 1,2 UMA equivalentes al día de la fecha a $87.844 (cfr. artículos 16, 19, 21 y 30 de la Ley Nº 27.423 y Resolución SGA CSJN Nº 1432/2025).
En razón del resultado del acuerdo que antecede, por mayoría el Tribunal RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de la demandada respecto del fondo de la cuestión traída y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (art. 68, CPCCN); 2) Fijar los honorarios de los letrados de la actora del modo indicado en el considerando VII.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Jorge F. ALEMANY
Fin de la sentencia