Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 27013-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios de la firma actora, declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA); y la inexigibildiad de los cargos tributarios que le fueron intimados;
2Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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En Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Arcangel Maggio SA (TF 27013-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), por mayoría, resolvió: a) confirmar parcialmente la res. DE PRLA 4703/09, en tanto impone multas y tributos en los términos del art. 970 del Código Aduanero (CA) respecto de la destinación 9124-9/97; b) revocar la exigencia del derecho adicional; c) declarar que Arcángel Maggio SA (en adte. Arcángel M.) adeuda multa (equivalente a dos veces el monto de los tributos), IVA adicional y ganancias “sin CER”; con más los intereses (art. 794 del CA). Con costas conforme los mutuos vencimientos (fs. 140/147).
Para así decidir, sostuvo que:
(a) Se configuró la infracción al art. 970 del CA respecto del saldo en infracción de los 4.238,608 kg (subitem 1 y 2), y 17.129,226 kg (subitem 3 y 4).
(b) Corresponde excluir el derecho adicional, por aplicación del fallo “Frisher SRL” de la CSJ.
(c) La deuda resulta alcanzada por el dec. PEN 214/02 y la Aduana hizo reserva de aplicar el CER.
II. Arcángel M. apeló y expresó agravios (fs. 154/161).
Los que, a su vez, fueron replicados (fs. 183/197).
Lo hizo al siguiente tenor:
1 a) La acción para imponer penas y tributos está prescripta porque el auto de apertura del sumario es nulo.
Además, por la demora “excesiva e injustificada” del TFN con arreglo a la doctrina de la CSJN en “Losicer”.
b) En subsidio, debe excluirse el CER porque el cargo tributario fue liquidado en pesos y la Aduana no hizo “reserva” de su aplicación.
III. Así las cosas, puedo adelantar que corresponde desestimar los agravios de la firma recurrente.
A) De entrada, por alzarse un elemento decisivo que decide la suerte de la prescripción opuesta, con sustento, como se vio, en la invalidez del auto de apertura del sumario.
Es que, omitió oponer dicha prescripción en tiempo hábil. Como bien lo indicó la DGA, no lo hizo al formular su descargo ante la Aduana (v. fs. 47/48 de las actuaciones nº 12039- 851-07, reservadas). Lo que, en su caso, le imponía el art. 1051 del CA1.
Tampoco lo hizo en tiempo útil, ante el TFN, que, muchos años después, desestimó dicho planteo, formalmente opuesto por la firma recurrente, “por extemporáneo” (fs. 100/101 y fs. 119). B) A todo ello, no obsta la queja relativa a la demora “excesiva e injustificada” del proceso por ante el TFN.
a)Arcángel M. omitió demostrar que las circunstancias del caso sean sustancialmente análogas a las examinadas por la CSJ en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126, esta Sala, causas nº 4525/20, 1 El que prevé, que la nulidad dentro del procedimiento administrativo aduanero “(…) no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración (…), se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto”.
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“Optel SA c/ DGA”, del 8/6/21; n° 22938/2023, “Molinos Cañuelas”, del 3/10/23; entre muchas otras).
De donde resulta que, el derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones previas resulta corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN); y del debido proceso legal (arts. 5, 18 y 33 de la CN).
Todo lo cual no resulta lineal, sino que, debe examinarse atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, y al análisis global del procedimiento (Fallos 336:2184, entre otros).
Siguiendo tales pautas, y como adelanté, la recurrente no demostró una afectación a su derecho de defensa.
Tampoco que, en su caso, sea consecuencia de la “irrazonable demora” imputable a la actuación del TFN, como aquí genéricamente sostiene.
b) Aún cuando es cierto que, desde 1999 hasta 2020 transcurrieron aproximadamente 20 años, también lo es que la causa del TFN estuvo remitida —en original— por 7 años, a la Justicia Nacional en lo Comercial, en el marco del trámite del concurso preventivo, promovido por la recurrente.
En efecto, la firma actora alega ahora que medió una demora “excesiva e injustificada” del TFN, sin hacerse cargo de que la causa estuvo desde el 25/11/10 hasta el 8/11/17, fuera de dicho Tribunal.
Dicha circunstancia, no es menor si se repara en que pudo haber continuado el trámite, por la vía incidental, y no lo hizo. Es más, ni durante el período que insumió el sumario administrativo (iniciado el 23/12/03, donde la Aduana dictó la res. DE PRLA 4703), ni durante el tiempo en que tramitó la causa —por ante 3 el TFN— acusó la demora que aquí, y recién ahora, genéricamente, invoca (mi voto, causa n° 5612/2024, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, del 30/12/2024; Sala II, causa nº 36.845/23, “Alba Cía Argentina de Seguros SA”, del 14/2/24; y Sala III, causa nº 29886/23, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, del 29/12/23).
Más allá de las demoras que, efectivamente se advierten en el trámite general de todo el expediente, lo cierto es que el extenso plazo que es aquí motivo de agravio —circunscripto al transcurrido por ante el TFN— no aparece violatorio de la garantía del plazo razonable en lo términos de la finalidad que surge del fallo “Losicer”. Ello así, por no cumplirse con dos de los ítems de evaluación allí delimitados por la CSJ. Me refiero a: la “actividad procesal del interesado”, y al “análisis global del procedimiento”. c)En suma, la recurrente no demostró una afectación a su derecho de defensa. Tampoco que, en su caso, sea consecuencia de una demora que le es ajena (esta Sala, causa n° 7726/2007, “Pleguezuelos”, del 10/07/21).
(C) Por último, toca asimismo desestimar el agravio en subsidio respecto a la aplicación del CER.
Ello así, en tanto al notificar la vista, como al emitir la res. DE PRLA 4703/09, la Aduana practicó la liquidación tributaria en pesos y expresamente aclaró el punto. Hizo saber que por tratarse “de una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, le será de aplicación lo dispuesto por el (…) decreto 214/02 (…) por lo que se ajustará dicha suma mediante el [CER]” –v. fs. 32 vta. y 123/126 de la referidas act. adm.- (esta Sala, causas nº 74945/18, “Alba Compañía Argentina”, del 5/9/19; nº 29.226/2019 “Isamar SA”, del 11/11/19; Sala IV, causa nº 41260/23, “Alba Compañía Argentina”, del 19/10/23; entre muchas otras).
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Por lo demás, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente (fs. 160 vta.), la aplicación de dicho ajuste tampoco afectó su derecho de defensa.
No solo omitió acreditarlo, sino que teniendo la oportunidad de esgrimir sus defensas al contestar la vista en sede aduanera, no lo hizo. A ello suma que, tampoco hizo lo propio al fundar su recurso ante el TFN.
IV. Por todo ello, propongo al Acuerdo: desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN).
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. Comparto la reseña de los antecedentes del caso y la descripción de los agravios que la jueza Liliana María Heiland expone en los puntos I y II de su voto.
No comparto, en cambio, la solución que propone.
II. Para revertir el pronunciamiento apelado la firma actora propone dos líneas argumentativas.
1. El auto de apertura del sumario es nulo y fue “dictado en completa omisión a la exigencia prevista en el […] artículo 1094 del Código Aduanero; negligencia que impidió el efecto suspensivo e interruptivo previsto para la exigencia de los tributos y la multa”.
2. La “metodología procedimental empleada permitió, en el caso, exigir 20 (veinte) años después, la multa y los tributos cuyo hecho punible e imponible fue perfeccionado en el año 1999; prolongando los plazos procesales en detrimento de los derechos del 5 administrado a obtener una decisión jurisdiccional en un plazo razonable”.
III. La primer línea argumentativa que sostiene que el auto de apertura del sumario es nulo y por tanto se halla prescripta la potestad de la parte demandada para imponer penas y exigir el cobro de tributos, es extemporánea toda vez que la firma actora “al presentar su recurso ante el tribunal […] no formuló ningún planteo referente a la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos [o imponer multas], circunstancia que, aún, desde la amplia perspectiva que contiene el artículo 1143 del Código Aduanero en relación con las facultades de aquel tribunal para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso [prescinde] de las cuestiones litigiosas introducidas en la contienda” (esta sala, causas “Dayplas SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Cidec Compañía Industrial del Cuero SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 30 de mayo de 2017 y del 21 de febrero de 2019, respectivamente).
IV. La segunda línea argumentativa requiere establecer si se halla configurada una vulneración a la garantía convencional y constitucional de obtener una decisión en un plazo razonable que pueda tener encuadramiento en la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126).
V. Al examinar planteos referentes a la vulneración de esa garantía el Máximo Tribunal:
i. Recordó que “[l]a garantía de todo imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable no solo es un corolario del derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional 6 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
—derivado del ‘speedy trial’ de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de América—), sino que se encuentra también previsto expresamente en tratados internacionales con jerarquía constitucional como parte del debido proceso legal y de la garantía de acceso a justicia (artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)” (Fallos: 342:584 y 2344; 344:378).
ii. Precisó que “la prosecución de un pleito indebidamente prolongado conculcaría el derecho de defensa de los acusados en tanto ‘debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener —luego de un juicio tramitado en legal forma— un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre […] que comporta el enjuiciamiento penal” (Fallos: 327:327; 342:584; 344:378 y 1930).
iii. Expresó que “este derecho de raíz constitucional […] asiste a la persona acusada de un delito durante la totalidad de la sustanciación de la acusación penal formulada contra ella, lo que abarca tanto la etapa de investigación, la etapa de juicio y la etapa recursiva, hasta el dictado de una sentencia firme” (Fallos: 344:1930).
iv. Puso de relieve que “el carácter administrativo del procedimiento sumarial [no es] un óbice para la aplicación de los principios […] pues en el Estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la […] Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial —en el ejercicio eminente de tal función— sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad 7 pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales” (Fallos: 335:1126 y 345:1519).
VI. Para examinar, pues, si se halla configurada una violación a la garantía del plazo razonable, la Corte Suprema precisó que debe evaluarse “como pautas indicativas: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento” (Fallos: 336:2184) dado que “[n]o puede establecerse de antemano con precisión matemática cuál es el plazo razonable de duración de un proceso” (Fallos: 346:697).
VII. Esta sala aplicó esas pautas jurisprudenciales para examinar pretensiones como la que aquí se plantea (causas “De Guzmán Guillermo José c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Maersk Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA y otro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Artes Gráficas Rioplatenses SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Rheem SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Hiperbaires SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Molinos Cañuelas SACIFIA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Race Logistic SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2015, del 26 de abril, 31 de mayo, 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2016, del 23 de febrero de 2017, del 4 de abril de 2018, del 3 de octubre de 2023 y del 1 de octubre de 2024, respectivamente).
VIII. Sobre esas bases jurisprudenciales, para dar una adecuada respuesta al planteo formulado por la firma actora es 8 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
imprescindible retener, pues, diversos datos que surgen del trámite de la causa en sede administrativa y en el Tribunal Fiscal de la Nación. —El trámite en sede administrativa.
i. El 23 de diciembre de 2003 la coordinadora de la dirección general de aduanas formuló un “acta denuncia” en la que expuso diversos datos: “Del control operativo surge la infracción a los artículos 970/972 del Código Aduanero correspondiente a la DIT nº 9214-9/97 cuyo vencimiento operó el día 27 de septiembre de 1999”.
ii. El 9 de agosto de 2004 el asesor coordinador del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “Visto los hechos de autos, por los que se da cuenta que la firma ‘Arcángel Maggio SA’ […] no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante despacho de importación temporal nº 9124-9/97 (vencimiento el 27 de septiembre de 1999), lo cual configuraría la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, dispónese la instrucción de sumario” y ordenó que “previo a correr la vista pertinente, y teniendo en cuenta el despacho 99 001 IC02 00700 D […] pasen las actuaciones a la sección procedimientos técnicos de la Aduana de Bs. As., a fin de que se sirva informar si con dicha documentación aduanera, se cancela el DIT en trato o en su defecto se indique la cantidad de mercadería en infracción”.
iii. El 12 de septiembre de 2005 el jefe de la división secretaría de actuación nº 4 solicitó a la división registro de importación que “se sirva remitir el original o copia certificada del despacho de importación 99001 IC02 0007000 D, atento a ser necesaria su incorporación al sumario”.
iv. El 13 de junio de 2006 la responsable de la división secretaría de actuación nº 4 dispuso: “Por renuncia del agente Ignacio Acedo, contragírese las presentes a la agente Laura Genovese”. 9 v. El 15 de septiembre de 2006 el jefe de la dirección procedimientos técnicos división registro de importación remitió una nota a la división secretaría de actuación nº 4: “se procede informar que […] no se registra en el sistema informático maría la destinación de importación a consumo 99 001 IC02 000700D, para la aduana de Buenos Aires”.
vi. El 3 de mayo de 2007 el responsable de la división secretaría de actuación nº 4 remitió una nota a la división verificación para que “se sirvan informar el valor en aduana, derechos y demás gravámenes que le corresponden a la mercadería ingresada mediante despacho de importación temporal nº 9124-9/97, a la fecha de infracción 27 de septiembre de 1999 [e informe] si la mercadería era de importación prohibida a la fecha antes citada”.
vii. El 2 de julio de 2007 la división verificación recibió el expediente.
viii. El 16 de julio de 2007 la dirección verificación solicitó a la sección procedimientos técnicos que informe “la cantidad de la mercadería objeto de la denuncia de que se trata”.
ix. El 14 de mayo de 2009 el jefe de la sección procedimientos técnicos división registro de información remitió una nota a la división secretaría de actuación nº 4 en la que informó que “no es posible determinar la cancelación de la DIT en trato toda vez que, no se encuentran adjuntos ni los permisos de embarque ni los CTC involucrados en la descarga”.
x. El 29 de mayo de 2009 el jefe de la secretaría de actuación nº 4 del departamento procedimientos legales aduaneros remitió una nota a la división verificación “a efectos que se sirva informar el valor en aduana, posición arancelaria y demás tributos que gravaren la importación de la totalidad de la mercadería en infracción amparada por la temporal en trato [e] informe si la misma era de importación prohibida por el régimen general a la fecha de 10 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
vencimiento de la temporal” y requirió “imprimir urgentísimo trámite a la presente diligencia toda vez que la misma resulta indispensable para el cumplimiento de las restantes etapas procesales atento que se encuentra próxima a la fecha de prescripción”.
xi. El 9 de junio de 2009 el jefe de la secretaría de actuación nº 4 del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “córrase vista a la firma Arcángel Maggio SA […] a quien se cita y emplaza para que […] evacúe su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse […] bajo apercibimiento de rebeldía […] imputándosele la infracción tipificada en el artículo 970 […] en relación a la destinación 9124-9/97”.
xii. El 12 de junio de 2009 se notificó a la firma Arcángel Maggio SA.
xiii. El 15 de julio de 2009 la responsable de la división secretaría de actuación nº 4 proveyó: “ante la incomparecencia de la imputada […] declárase la rebeldía de la firma ‘Arcángel Maggio SA’”.
xiv. El 23 de julio de 2009 se notificó a la firma Arcángel Maggio SA.
xv. El 27 de julio de 2009 la firma Arcángel Maggio SA contestó la vista.
xvi. En esa misma fecha la responsable división secretaría de actuación nº 4 remitió una nota a la sección procedimientos técnicos para que “se sirva informar si de la documentación […] surge la cancelación de la destinación 9124-9/97 cuyo vencimiento operó con fecha 27 de septiembre de 1999 […] Se solicita imprimir al presente requerimiento urgentísimo trámite atento que la prescripción en las actuaciones […] opera con fecha 5 de agosto de 2009, 11 quedando el cumplimiento de las restantes etapas procesales pendiente del resultado de la presente diligencia”.
xvii. El 28 de julio de 2009 la responsable de la sección procedimientos técnicos de la división régimen de importación proveyó: “se cumple en informar que habiendo analizado la documentación […] y conforme a la normativa vigente la destinación 9124-9/97 se encuentran descargadas […] con los saldos no cancelados que se describen a continuación […] ítem 1.1 y 1.2 […] mercadería en infracción: 8753,459 kilogramos […] ítem 1.3 y 1.4 […] mercadería en infracción: 17129,226 kilogramos […] Cabe destacar que dentro de la mercadería en infracción se encuentra la merma no destinada”.
xviii. El 3 de agosto de 2009 el jefe de la secretaría de actuación nº 4 del departamento procedimientos legales aduaneros remitió una nota a la división documentación fiscal sección cancelación de deudas “con el fin de que en caso de considerarlo procedente se confeccione el certificado provisorio de deuda en autos ‘Arcángel Maggio SA s/ concurso preventivo’. Juzgado Nacional 1° instancia en lo comercial n° 5 secretaría n° 10 […] de comprobarse la existencia de la comisión del ilícito aduanero se generaría una sanción (multa) cuyo monto podría ascender a la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($12.941,32) […] y de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS ($42.2929,09) en concepto de tributos”.
xix. En esa misma fecha la Aseguradora de Créditos y Garantías SA contestó la vista.
xx. En esa misma fecha, también, el jefe de la secretaría n° 4 del departamento procedimientos legales aduaneros proveyó: “Téngase […] por contestada la vista de ley en tiempo y forma en su carácter de garante de la obligación tributaria”.
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xxi. El 4 de agosto de 2009 el jefe del departamento procedimientos legales aduaneros resolvió: “absolver a la firma ‘Arcángel Maggio SA […] en relación a la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero, respecto de 19580,541 kgs correspondientes a los ítems 1.1 y 1.2 y 2881,774 kgs correspondientes a los ítems 1.3 y 1.4 de la destinación 9124-9/97 […] condenar a la firma ‘Arcángel Maggio SA […] al pago de una multa igual a cinco veces el importe de los tributos que gravan la importación a consumo, cuyo monto asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro mil setecientos seis con sesenta centavos ($64.706,60) en relación a 8753,459 kgs correspondientes a los ítems 1.1 y 1.2; y de 17129,226 kgs correspondientes a los ítems 1.3 y 1.4 de la destinación 9124-9/97 por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el artículo 970 del Código Aduanero […] formular cargo a la imputada por el monto de la multa […] e intimar al pago de lo debido […] formular cargo a la imputada y a la garante por los tributos adeudados […] e intimar al pago de los mismos, debiendo tenerse en cuenta que por ser dicha suma una obligación contraída con anterioridad a la sanción de la ley 25.561, le será de aplicación lo dispuesto por el artículo 8º del decreto nº 214/02 al momento del efectivo pago […] Regístrese. Elévese. Aprobado que fuere en su parte pertinente notifíquese a la imputada y a la aseguradora”.
xxii. El 5 de agosto de 2009 el jefe de la división dictámenes en sumario aduaneros del departamento asesoramiento aduanero expresó que “teniendo en cuenta las constancias colectadas […] este servicio jurídico considera que debe aprobarse el artículo 1º del decisorio elevado por resultar ajustado a derecho toda vez que ha quedado probado, respecto de parte de la mercadería importada, su regularización en debido tiempo y forma”.
13 xxiii. En esa misma fecha el subdirector general de la subdirección general técnico legal aduanera resolvió “aprobar la resolución DE PRLA nº 4703 del 4 de agosto de 2009 dictada por el departamento procedimientos legales aduaneros, en cuanto fuera materia de elevatoria”.
xxiv. El 8 de octubre de 2009 se notificó esa decisión a la firma Arcángel Maggio SA.
xxv. El 2 de noviembre de 2009 la firma actora presentó un escrito en el que hizo saber que “con fecha 29 de octubre de 2009 se interpuso recurso de apelación ante el [Tribunal Fiscal]”. —El trámite en el Tribunal Fiscal de la Nación.
i. El 29 de octubre de 2009 la firma Arcángel Maggio SA apeló la resolución de la aduana y solicitó una “medida cautelar urgente”.
ii. El 20 de noviembre de 2009 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Del recurso interpuesto, córrase traslado a la Dirección General de Aduanas por el término de ley”.
El 27 de noviembre de 2009 se notificó a la parte demandada de esa providencia.
iii. El 10 de diciembre de 2009 la firma actora acreditó el pago de la tasa de actuación.
iv. El 18 de diciembre de 2009 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Téngase por ingresada la tasa de actuación”.
v. El 25 de marzo de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Atento el estado de autos, emplazase a la DGA a fin de que en el plazo de 10 (diez) días, conteste el traslado conferido en autos, bajo apercibimiento re rebeldía y de continuar el trámite de la causa […] hágasele saber a la actora que el recurso de apelación tiene efectos suspensivos […] Ello, sin perjuicio de hacer saber a la DGA que en virtud del recurso de apelación interpuesto, del cual se le corrió traslado […] deberá abstenerse de dictar cualquier medida cautelar, 14 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
ejecutoria o preparatoria de la ejecución relacionada con la resolución DE PRLA n° 4703/2009”.
El 9 de abril de 2010 se notificó a la parte demandada de esa decisión.
vi. El 22 de abril de 2010 la parte demandada contestó el traslado del recurso interpuesto por la firma actora.
vii. El 27 de abril de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Por contestado el recurso […] Abrir la causa a prueba por el término de 60 (sesenta) días […] Libre la actora el oficio solicitado”.
Esa decisión se notificó a la parte demandada el 5 de mayo y a la firma actora el 7 de mayo.
viii. El 14 de mayo de 2010 la firma actora acompañó un oficio a confronte “dirigido al juzgado de primera instancia en lo comercial n° 19, secretaría n° 38”.
ix. El 11 de junio de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación intimó “a la actora para que dentro de las 48 horas de notificada ratifique o rectifique el número y/o carátula del expediente al que corresponde el escrito presentado el día 14 de mayo de 2010”.
x. El 18 de junio de 2010 la firma actora presentó un escrito y manifestó que “por un error involuntario […] presentó un escrito [que] debía ser efectuado en [otra] causa”.
xi. El 8 de julio de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Téngase por rectificado el escrito presentado […] Hágase saber a la actora que el oficio que acompañó para su confronte se encuentra observado, debiendo acompañarlo nuevamente a la firma dentro del quinto día de notificado”.
El 14 de julio de 2010 se notificó a la firma actora de esa decisión.
15 xii. El 2 de agosto de 2010 la firma actora acompañó un oficio a confronte.
xiii. El 11 de agosto de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación hizo “saber a la actora que el oficio acompañado para su confronte se encuentra firmado, debiendo acreditar el diligenciamiento dentro del quinto día de notificado”.
El 20 de agosto de 2010 se notificó a la firma actora de esa decisión.
xiv. El 23 de agosto de 2010 la firma actora retiró el oficio.
xv. El 30 de agosto de 2010 la firma actora acreditó el diligenciamiento del oficio dirigido al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 19, secretaría n° 38.
xvi. El 2 de septiembre de 2010 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 19, secretaría n° 38 contestó que la firma actora “se presentó solicitando la formación de concurso con fecha 29 de mayo de 2000”.
Esa contestación fue recibida el 7 de septiembre de 2010 por el Tribunal Fiscal de la Nación.
xvii. El 14 de septiembre de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “De la respuesta […] tomen vista las partes por el plazo de cinco días”.
El 21 de septiembre de 2010 ambas partes fueron notificadas de esa decisión.
xviii. El 19 de noviembre de 2010 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 19 remitió un oficio al Tribunal Fiscal de la Nación “a efectos de que remitan ‘ad effectum videndi’ el expediente […] o en su defecto copia íntegra del mismo, con carácter urgente”.
xix. El 25 de noviembre de 2010 el Tribunal Fiscal de la Nación remitió el expediente al juzgado que lo recibió el 21 de diciembre de 2010.
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xx. El 19 de junio de 2013 la firma actora presentó un escrito en el que solicitó la devolución de la causa.
xxi. El 27 de junio de 2013 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Informo que la causa […] fue elevada al juzgado nacional de primera instancia en lo comercial” y reservó el escrito presentado “para su oportuna agregación al momento en que las actuaciones sean devueltas”.
xxii. El 27 de agosto de 2013 la firma actora presentó un escrito en el que invocó la “prescripción del fisco para imponer sanciones y percibir tributos”.
xxiii. El 16 de septiembre de 2013 el Tribunal Fiscal de la Nación remitió ese escrito al Juzgado Nacional en lo Comercial y solicitó que “una vez que se cumpla con los fines para los que la causa fue solicitada, se la devuelva”.
xxiv. El 30 de septiembre de 2013 el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 19, secretaría n° 38 proveyó: “Por recibido, agréguese y hágase saber”.
xxv. El 8 de agosto de 2014 la firma actora presentó un escrito en el que solicitó la “prosecución del trámite”.
xxvi. El 19 de agosto de 2014 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Hácele saber al presentante que el expediente cuya tramitación se persigue, se encuentra desde el mes de diciembre de 2010 en el juzgado nacional de primera instancia en lo comercial […] Hasta tanto sea devuelto, resérvese”.
xxvii. El 1 de noviembre de 2017 la firma actora presentó un escrito en el que solicitó la “prosecución del trámite”.
xxviii. El 8 de noviembre de 2017 el juzgado nacional en lo comercial n° 19 proveyó: “Atento el estado de autos y habiendo 17 desaparecido las causas que motivaron su remisión, devuélvanse las presentes actuaciones”.
xxix. El 27 de noviembre de 2017 el Tribunal Fiscal recibió la causa y el 28 de noviembre de 2017 proveyó: “Por devueltos”.
xxx. El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal Fiscal proveyó la presentación formulada por la firma actora el 27 de agosto de 2013 en los términos siguientes: “Hágase saber […] que sin perjuicio de que la prescripción podrá ser dictada de oficio, la presentación […] deviene extemporánea” y declaró “clausurado el período probatorio; sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que pudieran ordenarse”.
xxxi. El 14 de diciembre de 2017 la firma actora presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio.
xxxii. El 18 de diciembre de 2017 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso de reposición interpuesto y ordenó “continuar con los autos según su estado”.
xxxiii. El 10 de octubre de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Aleguen las partes por escrito por el término de diez (10) días”.
xxxiv. El 25 de octubre de 2019 alegó la firma actora.
xxxv. El 26 de noviembre de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “Habiendo vencido el plazo para alegar […] se procede a agregar […] el alegato presentado por la actora” y dejó “constancia que el Fisco no hizo uso del derecho conferido”.
xxxvi. El 2 de diciembre de 2019 el Tribunal Fiscal de la Nación proveyó: “autos a sentencia”.
xxxvii. El 6 de febrero de 2020 el Tribunal Fiscal de la Nación dictó el pronunciamiento que aquí se cuestiona.
xxxviii. El 4 de octubre de 2021 la firma actora apeló y el 19 de octubre de 2021 expresó agravios.
18 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
xxxix. El 14 de diciembre de 2021 el Tribunal Fiscal de la Nación concedió el recurso de apelación y ordenó correr traslado de la expresión de los agravios.
xl. El 9 de marzo de 2022 la parte demandada contestó el traslado de la expresión de los agravios.
xli. El 19 de abril de 2022 el Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por contestado el traslado.
xlii. El 13 de julio de 2022 el Tribunal Fiscal de la Nación ordenó la remisión de la causa a esta cámara.
xliii. El 8 de agosto de 2022 esta sala recibió la causa.
IX. Con apoyo en las pautas jurisprudenciales elaboradas por el Máximo Tribunal a partir del precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), en el contexto fáctico que exhibe esta causa se halla configurada, nítidamente, una vulneración a la garantía que tiene la firma actora de ser juzgada en un plazo razonable.
En efecto:
—Desde el hecho que originó el inicio del sumario —27 de septiembre de 1999, fecha de vencimiento de la mercadería introducida mediante despacho de importación temporal nº 9124-9/97 — que tramitó en sede administrativa hasta el dictado de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación —6 de febrero de 2020— transcurrió un plazo de 20 años y 4 meses.
Ese plazo es irrazonable para investigar y constatar la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero.
—Como puede verse con total claridad (punto IX, “el trámite en sede administrativa”, acápites x y xvi) la parte demandada 19 extendió “la tramitación de la causa más allá de un plazo razonable” (esta sala, causa “Artes Gráficas Rioplatenses SA”, citada). —No se advierte que los hechos o que el derecho debatido presente una complejidad particular, que la firma imputada haya desplegado una conducta dirigida a obstaculizar el curso del proceso o que en el proceso intervenga una pluralidad de sujetos procesales (esta sala, causa “Gorban Daniel Alberto y otro c/ BCRA – resol 2150/11 (expte 100037/96 SUM FIN 914)”, pronunciamiento del 16 de septiembre de 2014).
Ciertamente, en el contexto fáctico que exhibe esta causa, la constatación de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero no es un “asunto de especial complejidad” (esta sala, causa “San Jaime SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de diciembre de 2021) que justifique el tiempo que insumió el procedimiento.
—La firma actora no era “responsable de velar por la celeridad y diligencia de la actuación de las autoridades en el desarrollo del proceso” (Fallos: 344:3104, voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
X. Por esas razones, debe admitirse el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
XI. En lo referente a la intimación tributaria, esta sala reiteradamente sostuvo que, más allá de la independencia que se postula entre la constatación de la infracción y la constatación del hecho imponible, no puede considerarse válidamente acreditado el hecho imponible, si no se respeta el procedimiento establecido en el Código Aduanero para determinarlo (causas “Aseguradora de 20 44731/2022 “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Cauciones SA Compañía de Seguro c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, “Du Pont Argentina SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA s/ dirección general de aduanas”, pronunciamientos del 26 de abril y del 15 de diciembre de 2022 y del 14 de diciembre de 2023, respectivamente).
XII. Desde esa perspectiva, la extensión de la causa más allá de un plazo razonable —como se dijo en el punto IX— impide tener por configurada la conducta reprochada y, en consecuencia, torna inexigibles los cargos tributarios intimados.
Ciertamente, el acaecimiento del hecho imponible y el consecuente nacimiento de la obligación tributaria se encuentran condicionados al incumplimiento del régimen de destinación de importación temporaria, circunstancia que no fue posible determinar válidamente.
XIII. Las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado en atención a las particularidades que presenta esta causa (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, voto en el sentido de:
1. Admitir el planteo formulado por la firma actora y declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) según los puntos IX, X y XI; 2. Declarar que los cargos tributarios que le fueron intimados a la firma actora son inexigibles de acuerdo con el 21 punto XII; 3. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto del juez Rodolfo Eduardo Facio.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1. Admitir los agravios de la firma actora, declarar la extinción de la potestad sancionatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA); y la inexigibildiad de los cargos tributarios que le fueron intimados; 2. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia