Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 31832-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en Alta en sistema: 08/04/2019 consecuencia se confirma la sentencia apelada; imponiendo las costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
54884/2018; ARCANGEL MAGGIO SA TF 31832-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 4 de abril de 2019. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 86/92 el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (i) rechazar la prescripción opuesta por la actora, con costas; (ii) confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 5237/11 en cuanto imputa a la actora la comisión de la infracción al art. 970 del CA en relación a la totalidad de la mercadería documentada con el DIT 00 001 IT14 001907 W, intimando al pago de multa por la suma de setenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos con cuatro centavos ($72.476,04.-) y de tributos por la suma de cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos con veinte centavos ($45.237,20.-) con más los intereses del art. 794 del CA que deben computarse desde el 11/4/2011 hasta la fecha de su efectivo pago; (iii) revocar parcialmente la Resolución DE PRLA 5237/11 en cuanto a la exigencia del derecho adicional y del CER sobre las percepciones de IVA adicional y de ganancias; (iv) imponer las costas a la actora en cuanto a los montos de tributos y multa que se confirman y, al fisco en cuanto a la exigencia del derecho adicional y del CER sobre las percepciones de IVA Adicional y de Ganancias que se revocan. En primer lugar, el Tribunal Fiscal rechazó el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer multa y exigir el pago de tributos, opuesta por la actora. Para resolver de este modo, señaló que el vencimiento del DIT cuestionado acaeció el 7/4/2001, por lo cual el plazo de prescripción a los fines de la imputación infraccional había comenzado con fecha 1/1/2002 y se interrumpió con la apertura de sumario el día 16/8/2006 por lo que el 17/8/2006 el plazo de cinco años comenzó a correr nuevamente, operando el plazo quinquenal el 17/8/2011 el cual nuevamente se interrumpió con el dictado de la resolución definitiva el 9/8/2011. Asimismo, entendió que al momento del dictado de la resolución Alta en sistema: 08/04/2019 apelada tampoco se encontraba prescripta la acción del fisco para exigir el pago de tributos, atento a que el auto de instrucción de sumario –de fecha 16/8/2006– tuvo efectos suspensivos en relación con dicho plazo hasta el dictado de la resolución apelada en la causa, siendo que con la apelación en trámite ante el Tribunal Fiscal se suspendió nuevamente.
Por otro lado, respecto del hecho de que la Dirección General de Aduana le exige el pago de la multa y tributos sin haber previamente verificado su crédito en el concurso, refiere que de ninguna disposición de la Ley de Concursos y Quiebras resulta que la Aduana debe verificar el crédito relativo a la obligación tributaria de la importadora, afianzada por la aseguradora como requisito previo al reclamo al garante y que tampoco opera el fuero de atracción. Por último, el Tribunal Fiscal determinó que no constaba en las actuaciones administrativas ni en la causa que antes del vencimiento del plazo de permanencia la mercadería importada temporalmente hubiera sido reexportada o importada para consumo y, que la importadora no había indicado permisos de embarque mediante los cuales se hubiera regularizado la situación de la mercadería por lo cual en autos se había configurado la infracción prevista en el art. 970 del CA y por ende correspondía el pago de la multa impuesta por la Aduana.
II. Que a fs. 93 la parte actora interpuso recurso de apelación, y expresó agravios a fs. 103/106vta., los cuales fueron contestados por la demandada a fs. 112/154.
Se agravia de que el a quo haya omitido pronunciarse acerca de la nulidad del acto administrativo por el cual se ordenó la instrucción del sumario. En este sentido, aduce que el Tribunal Fiscal realizó un simple cálculo entre fechas y plazos para determinar si se encontraba o no operada la prescripción invocada por la defensa, omitiendo pronunciarse sobre la ausencia de los elementos Alta en sistema: 08/04/2019 54884/2018; ARCANGEL MAGGIO SA TF 31832-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO esenciales del acto de apertura del sumario, entendiendo que el servicio aduanero debió haber ordenado valoración de la mercadería con carácter previo al dictado de la instrucción del sumario para que este tenga validez.
Por lo tanto, solicita se declare la nulidad del acto administrativo por el cual la Dirección General de Aduanas decretó la instrucción del sumario infraccional y se haga lugar a la excepción de prescripción opuesta.
Por su parte, la demandada a fs. 109 interpuso recurso de apelación sin expresar agravios (confr., fs. 111) motivo por el cual dicho recurso fue declarado desierto (confr., fs. 116).
III. Que, preliminarmente, es necesario advertir que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr., CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros). Alta en sistema: 08/04/2019 IV. Que, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se tienen a la vista. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas al sub lite surge:
(i) Que de las actuaciones Nº 608514 – 252 – 2004 surge que a fs. 7 se dispuso la instrucción de sumario por cuanto la firma Arcángel Maggio S.A no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante los Despachos de Importación Temporal Nº 00 001 IT14 001907-W con vencimiento el 7/4/2001, lo que configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del CA. (ii) Que, a fs. 20 se remiten las actuaciones Nº 608514 – 252 – 2004 a la División Verificación, Sección C, a fin de que informe el valor en aduana, posición arancelaria y demás tributos que grave la importación de la mercadería amparada por la destinación en trato, lo cual es informado a fs. 21/29.
(iii) Que, a fs. 30 de las actuaciones administrativas individualizadas se corre vista a la firma Arcángel Maggio SA para que en el término de 10 días de notificado este a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas de que intente valerse.
(iv) Que, a fs. 65/68 contesta el traslado la firma Arcángel Maggio SA en el cual opone la excepción de prescripción conforme lo dispuesto por el art. 934 del CA y, manifiesta que dicha firma solicitó la apertura del concurso preventivo.
(v) Que, a fs. 86/89vta. se dicta la Resolución DE PRLA Nº 5237, de fecha 9/8/2011, aquí cuestionada.
V. Que para determinar, en el caso, la aptitud del acto de apertura del sumario para interrumpir o suspender el curso del plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer la multa y liquidar los tributos, es necesario recordar que el objeto y fin de las Alta en sistema: 08/04/2019 54884/2018; ARCANGEL MAGGIO SA TF 31832-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO nulidades procesales –que deben ser ponderadas con criterio restrictivo– es el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (confr., esta Sala, in rebus: “Citricola Ayui SAAICC TF 25929/A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 36790/2016, del 8/3/2017, “SMG Compañía Argentina de Seguros SA c/ EN - DGA”, del 15/9/2015 y Sala IV, in re: “Garnero, Victor Hugo (TF 24.331-I) c/ D.G.I.”, Causa Nº 7.707/07, del 30/07/09, entre otros).
Ello, aplicado al procedimiento administrativo, ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a sostener que “cuando la supuesta restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior” (confr., CSJN, Fallos: 205:549; 212:456; 218:535; 247:52; 267:393; 273:134 y causa nro. F. 1762. XXXVIII., “Formosa, provincia de (Banco de la Pcia. de Formosa) c/ Dirección General Impositiva s/ impugnación de la resolución 604/99 (DV RRRE), del 16/12/2008, entre otros), toda vez que se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (confr., CSJN, Fallos: 205:549).
Por ello, en principio, no cualquier irregularidad de un acto procesal determina su nulidad, si de ella no resulta una afectación sustancial al derecho de defensa del interesado. De esta forma, si el recurrente tuvo oportunidad suficiente de ofrecer y producir las pruebas de las que se habría visto privado en sede administrativa y formular las defensas relativas a su descargo, invalidar lo actuado carece de finalidad práctica y trascendencia, e importaría declarar la nulidad por la Alta en sistema: 08/04/2019 nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (confr., CSJN, Fallos 320:1611; 325:1649; 324:1564; 322:507, entre otros; en el mismo sentido, esta Sala, in rebus: “David Lucio Alberto c/ PNA DISP 870/1”, Causa Nº 23005/2012, del 4/2/2014 y, “Rollero Guillermo Rubén c/ PNA DISP 113/12”, Causa Nº 19005/2013, del 6/5/2014, entre otros).
El art. 1050 del CA dispone que no se podrá declarar la nulidad de un acto del procedimiento si éste, no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a que estaba destinado. La norma sigue el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual los actos procesales constituyen un medio para obtener la tutela del derecho de defensa en juicio (art. 169 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 171 del Código Procesal Penal).
VI. Que, en el escrito obrante a fs. 42/43vta., en el cual amplía su demanda la actora, la mencionada manifiesta que la prescripción invocada se funda en la invalidez de la apertura del sumario la cual –entiende– que se configura por cuanto el mismo no determinó el importe de la multa y el de los tributos adeudados. Circunstancia que no fue expuesta por dicha parte en el descargo efectuado en las actuaciones Nº 608514–252–2004 (confr. fs. 65/68vta.).
De esta manera, cabe advertir que el presunto incumplimiento en el que habría incurrido la demandada al iniciar la apertura del sumario respecto de la falta de determinación del importe de la multa y de los tributos adeudados, conforme el art. 1094 inc. d, del CA, fue advertido por la actora recién al ampliar su demanda por ante el Tribunal Fiscal (confr., fs. 42/43vta.), sin haberlo hecho en sede administrativa (confr., fs. 65/68vta.) ni al momento de interponer el recurso de apelación correspondiente.
Lo expuesto en los párrafos precedentes, permite concluir que al momento de efectuar su descargo ante el Alta en sistema: 08/04/2019 54884/2018; ARCANGEL MAGGIO SA TF 31832-A c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO traslado conferido en las actuaciones Nº 608514 – 252 – 2004, la validez de la apertura del sumario fue consentida en sede administrativa, ya que en dicha instancia no se opuso la nulidad del mismo.
VII. Que, asimismo, cabe advertir que el examen acerca de la validez de un acto es distinto, independiente y anterior a la determinación de las causales de interrupción o suspensión del plazo de prescripción. Es que, admitida la posibilidad de subsanar aquella irregularidad verificada en el acto administrativo, no es dable supeditarla en función del plazo de prescripción, opción que no se ajusta a la finalidad del régimen de nulidades y al criterio estricto que, pacíficamente, ha primado al decidirlas (confr., esta Sala, in re: “Citricola”, citado).
Además, la decisión del Tribunal Fiscal ha puesto de relieve que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19549), y que ésta subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (confr., CSJN, Fallos 319:1476).
En este sentido, se advierte que el acto de apertura del sumario produjo todos sus efectos jurídicos desde su dictado, entre ellos, la interrupción del plazo de prescripción que se encontraba en curso; entonces, al momento del dictado de la Resolución DE PRLA 5237/11, la acción no estaba prescripta.
VIII. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de esta Alzada a la parte actora vencida en autos (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE:
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y, en Alta en sistema: 08/04/2019 consecuencia se confirma la sentencia apelada; imponiendo las costas a la vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 08/04/2019
Fin de la sentencia