Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.219-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en lo que ha sido objeto de consideración, con costas.
2Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 471.599 (Pesos cuatrocientos setenta y un mil quinientos noventa y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 188.640 (Pesos ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines lo resuelto el pto. 1) precedente, lo decidido en el pto. 1) de la sentencia obrante a fs. 258/259, el monto del litigio y la tarea desarrollada por el ente Fiscal en la etapa procesal cumplida, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3Regular honorarios del Dr. Jose Alberto Di Julio, por su actuación en autos en el carácter de patrocinante letrado de la recurrente en la suma de $ 49.556 (Pesos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis), la que queda a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines, lo decidido en el pto. 2) de la sentencia obrante a fs. 258/259 y el monto del litigio, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-84291157-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Agosto de 2022 CARLOS ALBERTO s/ recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas”.
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 48.219-I (acumul. N° 48.220-I y 48.221-I) caratulado “ARCHIENZO CARLOS ALBERTO s/ recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas”. El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 45/57, 111/122 y 215/228 Carlos Alberto Archienzo interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 218/17 (DV RRMP), 219/17 (DV RRMP) y 220/17 (DV RRMP), de fecha 14 de julio de 2017, dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP - Dirección General Impositiva, por la que se determinó de oficio su responsabilidad personal y solidaria en su carácter de Presidente de la deudora principal, Gemma Trading International S.A., en los Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales enero de 2010 a diciembre de 2011, a las Ganancias de los períodos fiscales 2010 y 2011 y a las Ganancias - Salidas no Documentadas por los meses de agosto a diciembre de 2010 y enero a mayo y diciembre de 2011 con más intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicaron multas en los Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales abril, mayo y julio de 2010 y a las Ganancias - Salidas no Documentadas por los meses de agosto a diciembre de 2010 en los términos de los arts. arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y mod.). Mientras que respecto de los Impuestos al Valor Agregado por los períodos fiscales febrero a mayo y agosto a diciembre de 2011, a las Ganancias de los períodos fiscales 2010 y 2011 y a las Ganancias - Salidas no Documentadas por los meses de enero a mayo y diciembre de 2011 se hizo la reserva del art. 20 de la Ley N° 24.769.
Aclara que no solo cuestiona las resoluciones que determinaron su responsabilidad solidaria sino también aquellos actos que determinaron las obligaciones en cabeza de la deudora principal. A lo que agrega que Gemma Trading International S.A. interpuso oportunamente demanda contenciosa ante el Juzgado Federal Nº 4 de la Ciudad de Mar del Plata contra las resoluciones que establecieron la materia imponible en los impuestos reclamados en autos.
Afirma que se desempeñó con la diligencia de un buen hombre de negocios sin que haya constancias que demuestren que faltó a sus obligaciones, por lo que entiende que es un despropósito que se lo considere responsable de una deuda, que además no existe ni resulta exigible, en razón de no haberse notificado el inicio de ejecución fiscal contra la deudora principal.
Niega que su comportamiento haya asumido el carácter de fraudulento, y manifiesta que nunca cometió un acto del estilo y menos en su condición de Presidente.
Señala que el organismo fiscal en forma errónea consideró que las supuestas diferencias entre las acreditaciones bancarias y las ventas registradas debían ser tratadas como ingresos omitidos, al no haber ninguna fundamentación para ello, y haberse valido únicamente de la aplicación de la presunción prevista en el art. 18 inc. g) de la ley de procedimiento fiscal. Apunta que no alcanza con la aplicación lisa y llana de la presunción, sino que es necesaria una actividad del Fisco dirigida a fijar la base imponible con la que se pueda inferir en forma inequívoca la existencia de actividad gravada, lo que no sucedió en el caso.
Se agravia por la desestimación de las probanzas ofrecidas y remarca que aportó prueba documental suficiente que acreditaba la claridad en el manejo comercial de la firma, y añade que colaboró con la fiscalización al brindar explicaciones y responder todos los requerimientos efectuados.
Menciona que detalló los medios de pago utilizados, con indicación del titular de la cuenta, número de la cuenta, bancos e importes en los casos de cheques y acompañó los recibos de cada factura y hace saber que toda la documentación contable se puso a disposición del personal fiscalizador. Concluye que se demostró buena fe en la operatoria comercial sin que se hayan discutido las prestaciones brindadas, como tampoco el cumplimiento de formalidades en la facturación, ni que los pagos fueron recepcionados por los proveedores, cuyas facturas poseían el CAI vigente.
Se queja del rechazo del planteo de prescripción alegada en sede administrativa y reitera que las determinaciones de oficio dictadas se encuentran prescriptas.
Por último, ofrece prueba documental, testimonial, informativa y pericial contable y por los argumentos expuestos solicita que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 64/75, 129/137 y 235/246 el Fisco Nacional contesta los traslados conferidos.
Manifiesta que el ajuste fue desarrollado en el informe final de inspección y luego se efectuó un recuento de las tareas desarrolladas en la vista conferida, a la vez que se detalló el método liquidatorio empleado, sin que las determinaciones se encuentran viciadas.
Niega que las resoluciones cuestionadas se hayan basado en indicios que llevaron a conclusiones alejadas de la realidad debido a que las mismas se sustentaron en los antecedentes fácticos y jurídicos del caso, sin que se haya vulnerado el derecho de defensa del recurrente, más aún cuando la prueba ofrecida resultaba superflua y dilatoria. Refuta la prescripción opuesta al no haber operado su término al tiempo del dictado de los actos recurridos. Expone que el actor revestía la calidad de Presidente de la sociedad Gemma Trading International S.A. al momento de generarse las obligaciones tributarias, por lo que le alcanzan las disposiciones referidas a la responsabilidad solidaria al no haber demostrado que haya existido alguna actividad que lo hubiera colocado en la imposibilidad de ingresar lo debido al ente fiscal, sin haber efectuado agravio alguno al respecto. Sostiene que una vez probada la existencia del elemento material -omisión de ingresar el impuesto por parte del deudor principal y pertenencia al órgano administrador- es dable inferir la existencia del elemento subjetivo -dolo o culpa-, por lo que corresponde a la parte imputada demostrar la inexistencia de este último elemento. Afirma que el hecho generador que hace nacer la obligación del responsable solidario es el incumplimiento por parte del deudor principal de sus obligaciones fiscales, sin que sea necesario el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino que se haya cursado la intimación administrativa de pago y que hubiese transcurrido el plazo de quince días previsto sin que haya sido cumplida.
Considera que las manifestaciones del apelante sobre el ajuste practicado no pudieron ser probadas en forma fehaciente por lo que advierte que sus dichos sobre la inviabilidad del procedimiento utilizado para la determinación de la materia imponible deben ser desestimados al haberse corroborado la existencia de depósitos bancarios superiores a las ventas declaradas, sin que haya documentación respaldatoria que los justifique. Pide que se confirmen los intereses resarcitorios sobre los que no se expusieron agravios, los que además fueron calculados en conformidad con el art. 37 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Sobre la multa también menciona que no formuló quejas y teniendo en cuenta que se comprobó un actuar contrario a las normas que establecen la liquidación de los tributos, que provocó un ingreso en menor cuantía de la debida, estima adecuada la ponderación de su conducta por parte del Juez Administrativo.
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida y solicita que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 151 se acumuló el Expte. Nº 48.220-I, por lo que a fs. 153 se reordenó el trámite y se dio por decaído el derecho del recurrente a producir las pruebas testimonial y pericial contable, haciéndose lugar a la prueba informativa, la que luego fue también dada por decaída a fs. 160 debido a que no demostró interés en su producción. Ello así, a fs. 163 se cerró el período de instrucción.
Que a fs. 275 se dispuso acumular la causa Nº 48.221-I, en la que la Sala “A”, a fs. 258/259vta., dictó sentencia con relación a la excepción de prescripción opuesta por el actor con relación al Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas períodos fiscales agosto de 2010 a mayo de 2011 y diciembre de 2011, resolviendo su rechazo, con costas a su cargo, mientras que con relación a la multa aplicada se hizo lugar a la excepción, con costas al Fisco Nacional.
Que a fs. 279 se reordenó el trámite luego de la acumulación dispuesta a fs. 275 y se resolvió no hacer lugar a la prueba ofrecida por inconducente.
A PV-2022-23952387-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la sala “D” y en el IF-2022- 79376434-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que en primer lugar cabe abordar el tratamiento de la excepción de prescripción con relación al Impuesto al Valor Agregado y la multa aplicada y el Impuesto a las Ganancias -resolución en la que no se aplicó multa-, debido a que dicha excepción respecto de la resolución determinativa del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas fue objeto de decisión en forma previa a la acumulación de las causas, conforme se expuso en el Considerando precedente.
Que la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 17 de la ley N° 26.860 (B.O. 3/06/2013) que dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Que la suspensión establecida reviste carácter general surgiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, en dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.", del 26 de noviembre de 1991 al sostener que "cabe concluir que la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos -así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, previsto en el art. 49 de la ley 23.495, alcanza a la generalidad de los contribuyentes responsables; toda vez que en la norma aquí aplicable se estipula - a diferencia del analizado en aquel precedente- que la mentada suspensión se dispone 'con carácter general' En consecuencia, el modo en que ha quedado redactado el texto legal sub examine, no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador; el que (...) no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria". Que además se agrega la suspensión por un año establecida por el art. 65 inc. a), último párrafo de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), al disponer que la intimación de pago efectuada al deudor principal, suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar el impuesto y exigir su pago respecto de los responsables solidarios.
Que por lo tanto, conforme lo normado por la ley 11.683 y la suspensión establecida en la ley N° 26.860 las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar el Impuesto al Valor Agregado y para aplicar la sanción y el Impuesto a las Ganancias y sus accesorios no se encontraban prescriptos al momento de emitir las resoluciones respectivas, debiendo rechazarse la excepción de prescripción articulada por el actor.
V. Que en las presentes actuaciones el organismo fiscal constató diferencias entre las acreditaciones bancarias depuradas en cuentas de titularidad de la deudora principal, Gemma Trading International S.A., y las ventas registradas en los libros IVA Ventas y declaradas, lo que fue considerado como ingresos omitidos. Asimismo, se estableció el carácter de apócrifos de los proveedores Galapez S.R.L., Dolfish S.R.L. y Pesquera El Mar S.R.L. y de las facturas en que las que figuraban como emisores.
Que tales ajustes fueron puestos a disposición de la firma Gemma Trading International S.A., de la cual el Sr. Archienzo revestía la condición de Presidente y de socio mayoritario. También se corroboró que actuó en nombre y representación de la firma en operaciones de compra venta de inmuebles, en SITER A se encontraba informado como representante legal y firmante de cuentas bancarias, por lo que se concluyó que el apelante, durante los períodos fiscales inspeccionados, era el responsable solidario de la sociedad Gemma Trading International S.A.
VI. Que corresponde resolver si las resoluciones dictadas se ajustan a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Archienzo por el incumplimiento de Gemma Trading International S.A. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto al Valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815-I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señalo: “que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.” Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”.
Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, ya que mediante las Resoluciones Nros. 176/2016 (DV RRMP), 177/2016 (DV RRMP) y 178/2016 (DV RRMP), todas de fecha 30 de junio de 2016, se determinaron las obligaciones tributarias del deudor principal, Gemma Trading International S.A., en los Impuestos a las Ganancias, a las Ganancias - Salidas no Documentadas y al Valor Agregado, las que fueron debidamente notificadas el 1º de agosto de 2016 -lo que no es controvertido por el aquí recurrente-, por lo que al encontrarse incumplidas las intimaciones de pago, resulta procedente que el ente fiscal inicie el procedimiento de determinación de oficio con relación al responsable solidario, dictándose el 14 de julio de 2017 las determinaciones respecto de éste último, es decir una vez vencido el plazo otorgado a la deudora principal.
VII. Que ello así, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas; una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que en la documentación agregada en las actuaciones administrativas se encuentra el contrato constitutivo de la sociedad Gemma Trading International S.A., de fecha 9 de junio de 2009, del que se desprende que el Sr. Carlos Alberto Archienzo fue desigando como Presidente del Directorio, asi también se estableció que la administración estaba a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fijaba la Asamblea Ordinaria, los que podían ser reelegidos y permanecer en sus cargos hasta que la siguiente asamblea designe representantes. Se indicó que duraban en su cargo por el término de tres ejercicios económicos. En la cláusula décimo primera se señaló que la representación estaba a cargo del Presidente y que el uso de la firma social también le correspondía. Entre sus facultades, en lo que aquí interesa, se incluyó la de operar con bancos oficiales y privados y demás instituciones de crédito. Que dicho acto fue luego ratificado por el Acta de Asamblea General Ordinaria del 11 de marzo de 2020. (act. adm. fs. 5 y 32/42).
Que también se incorporaron Escrituras Públicas referidas a compraventa de inmuebles en las que el Sr. Archienzo intervino en nombre y representación de Gemma Trading International S.A.
Que conforme se desprende del Informe Final de Inspección durante la fiscalización a la deudora principal, el recurrente atendió al personal actuante en su carácter de Presidente del Directorio (act. adm., fs. 67/80). Que con los elementos reunidos resulta acreditado que el Sr. Archienzo ejercía el cargo de Presidente de Gemma Trading International S.A. durante los períodos fiscales reclamados, por lo que en virtud de dicho carácter tenía participación en la toma de decisiones sociales y en el manejo de los fondos de propiedad de la firma, pudiendo en razón de ello efectuar pagos, compras y ventas de bienes y operar las cuentas bancarias de la sociedad.
VIII. Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Lo que no acontenció en autos debido a que si bien ofreció prueba ante este Tribunal no instó su producción, lo que provocó su decaimiento, atento su falta de impulso.
Que por lo tanto, el responsable debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde su actuación en la sociedad, ya que el carácter formal de responsable solidario surge del contrato de constitución de la sociedad, y si bien invoca en su defensa argumentos que hacen a los fundamentos del ajuste practicado a la deudora principal, no ha aportado constancias ni medios probatorios que avalen que no poseía el manejo y administración de los fondos sociales en orden a no poder cumplir correctamente con los deberes tributarios a su cargo. Que ello así, el recurrente resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamó a la sociedad Gemma Trading International S.A. en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero de 2010 a diciembre de 2011, a las Ganancias de los períodos fiscales 2010 y 2011 y a las Ganancias - Salidas no Documentadas por los meses de agosto a diciembre de 2010 y enero a mayo y diciembre de 2011.
IX. Que el recurrente no ha planteado agravios con relación a los intereses resarcitorios reclamados, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer la confirmación de los mismos.
X. Que ello así, corresponde analizar la procedencia de la multa aplicada por el Fisco Nacional en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales abril, mayo y julio de 2010 con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998) según lo normado por el art. 55 de dicha ley de procedimiento fiscal. Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo a la recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que en el caso de autos, al analizar la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Archienzo respecto de la deuda determinada a Gemma Trading International S.A., se concluyó que el mismo, en su carácter de Presidente del Directorio, era responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la deudora principal al recaer sobre él el deber de presentar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado y pagar el tributo correspondiente, sin que haya aportado probanzas que lo releven de dicha responsabilidad.
Que ello así, se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta del actor en la figura infraccional aplicada, al haberse presentado declaraciones juradas engañosas que ocasionaron un perjuicio fiscal, por lo que cabe disponer la confirmación de la multa aplicada.
XI. Que por lo expuesto, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en lo que ha sido objeto de consideración, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiero al voto del Vocal Instructor.
Que del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en lo que ha sido objeto de consideración, con costas.
2. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 471.599 (Pesos cuatrocientos setenta y un mil quinientos noventa y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 188.640 (Pesos ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines lo resuelto el pto. 1) precedente, lo decidido en el pto. 1) de la sentencia obrante a fs. 258/259, el monto del litigio y la tarea desarrollada por el ente Fiscal en la etapa procesal cumplida, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3. Regular honorarios del Dr. Jose Alberto Di Julio, por su actuación en autos en el carácter de patrocinante letrado de la recurrente en la suma de $ 49.556 (Pesos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y seis), la que queda a cargo del Fisco Nacional, teniendo en cuenta a tales fines, lo decidido en el pto. 2) de la sentencia obrante a fs. 258/259 y el monto del litigio, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
4. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.12 13:22:24 -03:00 Date: 2022.08.12 15:57:04 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.12 16:10:28 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.12 16:10:29 -03:00
Fin de la sentencia