Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 69398395-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Nación y reconocer el derecho de la firma ARCOR SAIC a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VIII y IX. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
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CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2023. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Por sentencia del 11/7/2022, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó las Resoluciones Nros. (AD CORD) 76/2021; 75/2021; 68/2021; y 77/2021 (dictadas en los expedientes administrativos SIGEA Nros. 19144-15629-2019, 19144-15627-2019, 19144-15626-2019 y 19144-15625-2019, que se encuentran digitalizados en el DEO 10227020) mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma ARCOR SAIC. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación señaló que de las actuaciones administrativas del caso, resultaba que la parte actora había documentado derechos de exportación con relación a los PE Nros.: 18 017 EG01 003156 P (oficializado el día 7/9/2018); 18 017 EG01 003116 L (oficializado el día 5/9/2018); 18 017 EG01 003142 K (oficializado el día 6/9/2018) y el 18 017 EG01 003129 P (oficializado el día 6/9/2018), por los que se habían abonado derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18.
A continuación, puntualizó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.164 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podría seguir la interpretación del Máximo Tribunal. Ello así destacó que la Corte Suprema, hasta el dictado de la sentencia recurrida, no se había pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 793/18, y que tampoco resultaba aplicable el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos 337:388). Por otro lado, en relación con las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación, determinó que correspondía aplicar la doctrina legal del fallo plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-
24600163- APNSGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, del 26/4/2022, en el cual por mayoría se acordó lo siguiente: “(…) ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
Seguidamente, en cuanto a la presunta vulnerabilidad del principio de reserva legal planteado por la firma ARCOR SAIC, entendió que dicho planteo debía ser rechazado en tanto el Congreso de la Nación había efectuado la ratificación legislativa del Decreto N° 793/18. En este orden de ideas, en cuanto al planteo de nulidad del Decreto N° 793/18 y, a la afirmación efectuada por la parte actora respecto de que el decreto cuestionado había recobrado virtualidad con el dictado de la Ley Nº 27.467 que lo había validado a partir del día 13/12/2018, consideró que la firma ARCOR SAIC no había planteado la invalidez del Decreto “in totum” sino solo respecto del período de tiempo comprendido entre el día 4/9/2018 y el 4/12/2018. En concordancia, expresó que la recurrente no había planteado la nulidad de la aprobación del Congreso mediante la Ley Nº 27.467 por no haber seguido los procedimientos formales de la Ley Nº 26.122, sino que solamente había manifestado que su aprobación no podía ser retroactiva.
Ello así, postuló que en cuanto a la interpretación de la fecha de vigencia de las alícuotas, el artículo 82 de la Ley N° 27.467 expresamente dispone que se mantendrá la validez y vigencia –entre otros– del Decreto N° 793/18 y sus modificaciones.
De este modo, el Tribunal destacó que el Congreso de la Nación expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida el 4/9/2018.
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Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la Ley Nº 27.467 no tendría efecto convalidante en tanto la misma no se ajusta al procedimiento instaurado por la Ley Nº 26.122, estableció que debía tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación tiene por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar –entre muchos otros– los gastos de la Nación.
De este modo, sostuvo que se cumplió (dentro de un plazo razonable: 3 meses) con la finalidad procurada por la Ley Nº 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
Asimismo, señaló que el legislador había reiterado nuevamente la integra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la Ley Nº 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde también había fijado un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido resultaba indubitable.
Por último, aclaró que no resultaba aplicable al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos 337:388), en tanto dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo declaró vigentes las facultades delegadas (Ley Nº 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley Nº 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes Nº 27.467 y Nº 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
II. La parte actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 12/8/2022, los cuales fueron contestados por la parte demandada el 27/10/2022.
En primer lugar, la firma exportadora en el memorial del 12/8/2022 (v. IF-2022-84252678-APN-DTD#JGM), aduce que el fallo plenario aplicado por el Tribunal Fiscal de la Nación adolece de vicios procedimentales que violentan garantías constitucionales. Ello así, puntualiza que el fallo en cuestión decreta la validez del Decreto Nº 793/18, cuando en realidad en la causa bajo análisis corresponde aplicar al caso de autos la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica SA”.
En este sentido, refiere que el derecho de exportación creado por el Decreto Nº 793/18 es ilegítimo. Al respecto, señala que siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica SA”, los derechos de exportación adquieren constitucionalidad recién a partir de la vigencia de la Ley Nº 27.467, la cual ratificó el decreto, a la vez que determinó con una clara política legislativa, la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota de los derechos de exportación y con expresa limitación del máximo en dicho parámetro.
A continuación, manifiesta que al admitirse la validez del Decreto Nº 793/18 sin una ley previa que determinara una clara política legislativa, el Tribunal Fiscal atacó directamente el principio de reserva de ley en materia tributaria. Así, entiende que mediante esta doctrina se procura obviar el mandato constitucional y permitirle al Poder Ejecutivo la fijación de los elementos de un tributo como son los derechos de exportación, sin ninguna reserva. En consecuencia, destaca que los derechos de exportación son impuestos, es decir, tienen naturaleza tributaria y, por lo tanto, se le aplican sus principios, lo cual fue expresamente establecido por la Corte en el fallo “Camaronera Patagónica SA” al disponer que “a efectos de una adecuada solución de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la controversia resulta imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación...”.
En este orden de ideas, señala que el Poder Ejecutivo no tenía facultades para fijar un derecho de exportación para el universo de mercaderías, ello debido a que la delegación legislativa en materia tributaria no está permitida. Al respecto, puntualiza que la creación de un derecho de exportación no es una materia de administración y, que aun admitiéndola de modo absolutamente excepcional, no existía, a esa fecha, ninguna ley que delimitara una clara política legislativa en concordancia con la manda establecida en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Por otro lado, postula que tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido desde antiguo en que los derechos de aduana –y en lo que aquí especialmente interesa, los derechos de exportación– son tributos que clasifican en la categoría de impuestos, teniendo en cuenta la división tripartita de los recursos tributarios en impuestos, contribuciones y tasas.
Por lo tanto, expresa que los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo y que aquí se cuestionan, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual así ha sido definido por la Corte en la doctrina del caso “Camaronera Patagónica SA”.
En este sentido, refiere que en dicho pronunciamiento el Alto Tribunal reiteró los conceptos que ya había esbozado en la causa “Nación Administradora de Fondos de Jubilación c/Tucumán, Provincia de s/Acción Declarativa”, destacando que es imprescindible, para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso sea el que lo cree o lo modifique.
También, afirma que el Poder Ejecutivo no se encuentra facultado –ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el artículo 755 del Código Aduanero– para imponer un derecho de exportación como el previsto en el Decreto N° 793/18, ni tampoco para reglamentarlo.
Seguidamente, explica brevemente el procedimiento de validación de los decretos establecido en la Ley N° 26.122 y, en orden a ello, entiende que la validación o control posterior del Congreso –con vigencia desde el dictado de los decretos– se da en materia de “delegación permitida”, y nunca en materia de “delegación prohibida”. Además, indica que pretende otorgársele carácter retroactivo a la Ley Nº 27.467.
Por último, manifiesta que el fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación se aparta de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica SA”, así como también de lo sostenido por tribunales de todo el país, incluyendo esta Cámara. Ello así, pone de resalto que las distintas Cámaras Federales del país, son contestes en reiterar la estricta aplicación de la doctrina sentada por la Corte en “Camaronera Patagonica SA” declarando inválido el Decreto Nº 793/18 y, por ende, injustificado el cobro de los derechos de exportación en las operaciones registradas entre el 4/9/2018 y su ratificación legal.
III. De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
IV. En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
V. Ello así, la materia sobre la cual debe expedirse esta Alzada –según la lectura de las piezas que conforman esta Litis– es si los derechos de exportación abonados por la firma “ARCOR SAIC”, en ocasión de documentar los permisos de embarque 18 017 EG01 003156 P, 18 017 EG01 003116 L, 18 017 EG01 003142 K, y 18 017 EG01 003129 P (en total $386.499,62), conforme a las disposiciones del Decreto N° 793/18 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
VI. A tal fin, resulta conveniente, previamente, describir el plexo normativo aplicable, junto con los principales lineamientos que emanan del precedente “Camaronera Patagónica SA” de la Corte Suprema, ya que resultan de insoslayable lectura para su resolución. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
Por otro lado, en el precedente “Camaronera Patagónica SA” la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas…” (Considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y, también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales. En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo – específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (Considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución N° 11/02– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (Considerando 8º).
A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo…” (Considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/02, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (Considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el Considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución Nº 11/02 resultaba inválida.
Sin embargo, en el Considerando 11 desechó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
VII. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
esta Sala en las causas “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377 /2021, del 18/10/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 26.963/2022, del 29/12/2022, “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, Causa N° 62.761/2019, del 03/02/2023 y “El Galgo SA c/ EN -AFIPDGA s/ DGA”, causa Nº 14.520/2020, del 28/03/2023, entre otras.
En dichos precedentes, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen, al tiempo que, particularmente en la causa “Catajuy SRL”, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala el 14 /11/2019 en la Causa N° 74.554/2018, “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ Amparo”. En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto N° 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 27.467, se dispuso que el Decreto N° 793/18 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 4/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.467– por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho periodo (confr. esta Sala, in re: “ARCOR SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 23225/2023, del 7/11/2023).
VIII. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a los permisos de embarque Nros. 18 017 EG01 003156 P, 18 017 EG01 003116 L, 18 017 EG01 003142 K, y 18 017 EG01 003129 P, de acuerdo con las constancias de autos, tuvieron lugar entre el 5/9/2018 y el 7/9/2018 (esto es, con anterioridad al 4/12/2018), deberán reintegrarse las sumas reclamadas por la firma actora.
IX. En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), toda vez que los reclamos de repetición –SIGEA 19144-15625-2019, 19144-15626- 2019, 19144-15627-2019, 19144-15629-2019– fueron presentados el 13/11/2019, una vez que ya surtía efectos la Resolución N° 598/19 MH (v. artículo 10, 1/08/2019), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/2022, y posteriormente a los de la Resolución N° 599/2022 –que la sustituyó– o la que en futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
X. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 26.774/2023 “ARCOR SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Nación y reconocer el derecho de la firma ARCOR SAIC a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VIII y IX. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia