Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-38448121-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de litispendencia articulada por la actora, con costas.
2Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-94253934-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Agosto de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dras. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2023-38448121-APN-SGAI#TFN, caratulado “ ARÉBALO HERNAN s/recurso de apelación”
La Dra. Gomez dijo:
Que mediante RE-2023-38445949-APN-SGAI#TFN, el Sr. Hernán Arébalo interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 15 de marzo de 2023 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI, por la que se determinó de oficio su obligación tributaria de aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (ley Nº 27.605 y su reglamentación) del período 2020, con más accesorios, y se aplica una multa en los términos del art.45 de la ley 11.683 equivalente al 100% del aporte determinado.
Plantea de modo preliminar la excepción de litispendencia. Explica que con fecha 15/06/2021, interpuso acción declarativa de certeza en los términos del art.322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la AFIP, impugnando la legitimidad del aporte solidario, la cual tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº4, Secretaría Nº7, bajo los autos caratulados “A., H. C/ EN-AFIP-LEY 27605 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. Nº 9750/2021).
Destaca la estrecha vinculación entre la acción declarativa presentada en sede judicial con el recurso aquí planteado, no solo por la identidad de partes, sino porque ambas acciones reconocen el mismo hecho jurídico como fundamento. Que también procede la litispendencia aunque no concurran los requisitos de las tres identidades, cuando hay dos procesos distintos que sin haberse trabado necesariamente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundados en la misma causa, presenten tales vinculaciones que podría llevar a sentencias contradictorias.
Finalmente y para el caso de que no se haga lugar a la excepción planteada, solicita que de todos modos se suspenda el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto recaiga sentencia firme en la causa judicial a la que se hace referencia, a fin de evitar sentencias contradictorias.
II – Que por IF-2023-72049246-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido del recurso. Puntualmente respecto de la excepción de litispendencia señala que la misma es opuesta como previa, y no existe norma legal que impida seguir adelante con un procedimiento de determinación de oficio mientras se esté tramitando otro proceso jurisdiccional, y remarca que no hubo pronunciamiento de la justicia que impida seguir con el proceso.
Realizada la aclaración precedente, indica que la excepción de litispendencia procede cuando se configura la triple identidad sujeto, objeto y causa o bien se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, y en consecuencia se acumulan los procesos.
Afirma que la causa judicial radicada en la Justicia Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, tiene un objeto procesal manifiestamente distinto al presente, atento lo cual no se verifica en autos la triple identidad requerida para la procedencia de la excepción de litispendencia peticionada, lo cual es reconocido por el propio apelante quien admite que en el Tribunal Fiscal de la Nación se recurre un acto de determinación de oficio de la AFIP y en el ámbito judicial el objeto de la acción declarativa de inconstitucionalidad se vincula con la situación de incertidumbre que le genera la ley 27.605 y tampoco resultaría viable por conexidad, atento el diseño jurídico de la ley 11.683 (t.o. vigente).
Finalmente solicita que el planteo en análisis sea rechazado, atento no existir identidad de ambos procesos, como así también la suspensión de las actuaciones, planteada de forma subsidiaria, con expresa imposición de costas.
III. Que por PV-2023-74488759-APN-VOCX#TFN se elevan las actuaciones a fin de tratar como de previo y especial pronunciamiento la excepción de litispendencia articulada por la recurrente, disponiéndose por IF-2023- 93090497-APN-VOCX#TFN el llamado de autos para dictar sentencia.
IV -Para que la litispendencia prospere, como bien mencionan las partes, debe configurarse la triple identidad de sujetos, objeto y causa entre el proceso en trámite y el que se promueve y/o que existan dos o más juicios conexos. Como afirma Alsina "dos acciones, son iguales cuando intervienen las mismas personas, tienen la misma causa y se dirigen al mismo objeto” (Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial T° 1 , pág.376), debiendo precisarse además, que son requisitos de dicha excepción: 1) que el primer proceso tramite ante otro Tribunal competente o aún ante el mismo Tribunal; 2) que la demanda del primer proceso haya sido notificada; 3) que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites y 4) que las partes actúen con la misma calidad en los mismos procesos. (Palacio, Lino Enrique - “Manual de Derecho Procesal Civil” -Tomo I-).
Que en el caso de autos el recurrente invoca la excepción intentada fundándola en la conexidad que existiría entre la acción judicial declarativa de certeza constitucional presentada por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº4, Secretaría Nº7, caratulada “A., H C/ EN -AFIP-LEY 27605 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO” (Expte. Nº 9750/2021)” y el recurso de apelación incoado ante este Tribunal en virtud de la determinación de oficio dictada por la AFIP- DGI respecto de la obligación fiscal instituida a través de la ley 27.605 -“Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”- por el período fiscal 2020, con más intereses resarcitorios y multa con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 -t.o. 1998 y modif-.
Que en este sentido es evidente la diferente naturaleza de la acción declarativa de certeza que ha intentado la actora en sede judicial con el que se ha planteado ante este Tribunal, puesto que en los presentes autos los juzgadores deben avocarse al conocimiento de la materia tributaria y de los hechos que le dan sustento, así como de las pruebas que se produzcan y el aspecto sancionatorio, por lo que no se da el supuesto de que una misma pretensión sea juzgada dos veces, a lo que cabe agregar que ambos procesos no se sustancian por los mismos trámites, ni que las partes actúen en la misma calidad en los dos casos. (CNCiv., B, La Ley 110-945, 9029-S y otra jurisprudencia citada por Palacio, Lino E.:"Manual de Derecho Procesal Civil", T. I, pág. 393). En tal sentido, cabe destacar que una de las condiciones para la procedencia de la excepción planteada, es que debe tratarse de "pleitos análogos" (CSJN, 18/4/1928, JA T. XXVII, pág. 429), y que de acuerdo al artículo 354 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los procesos deben ser "idénticos", situación que no se da en el caso bajo examen y es la propia recurrente quien en su escrito recursivo se refiere a que la cuestión planteada resulta ser de una “estrecha vinculación” (sic).
En efecto, la acción meramente declarativa tiene carácter subsidiario, pues está subordinada a otro medio legal e idóneo que evite un perjuicio (CNCiv Sala C “Almagro Construcciones S.A. c/ Howosad Silvia E” - La Ley 1996-A, 800), pero aún en casos en que se admite la procedencia de esta acción en relación al cobro de impuestos la sustanciación del juicio no debe impedir la percepción de éstos, pues el procedimiento declarativo no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada puede intentar por las vías procesales pertinentes (CSJN 10/10/1996 “Empresa Distribuidora Sur S.A. –Edesur S.A. c/Pcia. de Buenos Aires”), como así tampoco impide, durante su sustanciación, la recaudación de impuesto (CSJN 19/3/1987 "Newland, Leonardo L. A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/eximición de inversiones y recargos"), y mucho menos en consecuencia, la sustanciación de la presente causa.
Así, yerra la actora cuando opone la supuesta litispendencia entre las causas antes referidas, y solicita que se disponga la suspensión del presente proceso, dado que el art. 354 del C.P.C.C.N. no contempla entre los efectos que produce la posible admisión de dicha excepción la mentada suspensión, sino que de prosperar tal defensa la causa debe remitirse al tribunal donde tramita el otro proceso ante la conexidad alegada, pero lo cierto es que ello no es posible en tanto -como se dijo- por que no se da el supuesto de la triple identidad, ni ambas causas pueden sustanciarse con los mismos trámites, como así tampoco puede obtenerse en ellas una decisión que las resuelva en el mismo sentido, como así tampoco pueda darse el supuesto de que se dicten sentencias contradictorias, puesto que se trata de cuestiones perfectamente diferenciadas.
En tal sentido “no debe perderse de vista que se trata de procesos de distinta naturaleza, ya que al resolver el recurso ante el Tribunal Fiscal se analiza desde el punto de vista de las normas tributarias y con un criterio técnico jurídico, la valoración efectuada por el organismo fiscal de los hechos y normas que dieron lugar a la determinación impositiva, a fin de establecer su procedencia y legitimidad, lo que pone en evidencia la diferencia de objeto entre ambos juicios en trámite” (sentencia de esta Sala “D”, de fecha 15 de noviembre de 2019, dictada en la causa “Bronway Technology SA s/ Apelación”).
Por otra parte, ha sido la propia actora quien ha optado por presentar el recurso de apelación ante este Tribunal, sometiendo la cuestión a la jurisdicción de este organismo, el que atento la especialidad en materia tributaria y la competencia asignada por la ley de procedimiento tributario se encuentra plenamente facultado para resolver si se ajusta o no a derecho la determinación de oficio dictada por el Fisco Nacional; y por lo tanto la materia traída a debate puede ser resuelta por este Tribunal sin necesidad de suspender el proceso y esperar a que se decida el recurso intentado en sede judicial (conf. criterio expuesto por la suscripta al resolver, entre otras, “Gramajo, Edgardo s/recurso de apelación”, Sala C, sentencia de fecha 9 de febrero de 2017, que intervine como Vocal Subrogante de la 8va nominación).
Por otro lado, cabe recordar que es la propia ley N° 11.683 la que establece un procedimiento a seguir por los litigantes que no compartan lo decidido por el ente recaudador a través de las resoluciones por las determinan gravamen, en tanto éstos podrán interponer recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal, quedando así garantizado el acceso a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos u obligaciones tributarias, contenida en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. En tal inteligencia la Alzada ha sentenciado que: “... la previsión contenida en la invocada en la claúsula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación responde a tales exigencias”, conforme lo expusiera la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, in re “Colfax SA (TFN - 11.715-I) c/Fisco Nacional s/medida cautelar autónoma”, sentencia del 12 de mayo de 2000. Además, se encuentra plenamente garantizado el ulterior control judicial suficiente de las decisiones que adopte este Tribunal en tanto las sentencias que aquí se dicten son susceptibles del recurso de apelación por ante la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (conf. Criterio fijado por este Tribunal al resolver, entre otras, la causa “Safi, Emilio Fernando s/apelación -ganancias-” - Sala B- de fecha 13/6/2007 y criterio CSJN “Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol.71/96 - Sec. Ener. y Puertos (Expte. N° 750-002119/96)” del 5/4/2005.
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que no se dan en el caso de autos circunstancias que justifiquen la declaración de litispendencia, ni la suspensión del trámite de la causa, por lo que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con costas.
Por último, cabe señalar que lo aquí decidido no obsta que las partes puedan incorporar a la presente causa los sucesos que acontezcan en causas judiciales y que consideren de relevancia a los fines del presente litigio. La Dra. O'Donnell dijo:
Adhiero a la decisión propuesta por la Vocal Instructora.
Es que analizado el planteo formulado y en función de las circunstancias de la causa, cabe adelantar que corresponde su rechazo, pues no se dan en el caso los requisitos para su procedencia ya que para que la litispendencia prospere, debe existir otra causa pendiente con igual objeto, sujeto y causa, de manera tal que ello conlleve el riesgo de que en dos o más juicios se dicten sentencias contradictorias, con el consiguiente escándalo jurídico que ello importaría.
Esa completa triple identidad entre ambos procesos no se verifica en autos, toda vez que se trata de procesos de distinta naturaleza. En la justicia federal, el Sr. Arebalo interpuso una acción declarativa de certeza en la que solicitó que se declare la inconstitucionalidad del denominado aporte solidario establecido por la ley 27.605 (B.O 18/02/2020), mientras que con el recurso de apelación deducido ante este Tribunal pretende que se revoque el acto administrativo que determinó de oficio la materia imponible en la obligación creada en dicha ley para el periodo fiscal 2020 y que se revoque también la multa aplicada en el mismo acto. Se trata de pretensiones diferentes y, por ende, las sentencias a emitirse son también diferentes, máxime si se tiene en cuenta que la acción judicial deducida por sí sola no empece al cobro del impuesto, ni tampoco entonces a la sustanciación de los procesos legalmente establecidos con tal fin –CS, “Newland”-. La única identidad que puede encontrarse entonces entre ambos procesos, es la subjetiva que, ya se señaló previamente, no es suficiente por sí sola para hacer lugar a la excepción.
Ha dicho ya esta Sala que “…no debe perderse de vista que se trata de procesos de distinta naturaleza, ya que al resolver el recurso ante el Tribunal Fiscal se analiza desde el punto de vista de las normas tributarias y con un criterio técnico jurídico, la valoración efectuada por el organismo fiscal de los hechos y normas que dieron lugar a la determinación impositiva, a fin de establecer su procedencia y legitimidad, lo que pone en evidencia la diferencia de objeto entre ambos juicios en trámite” (conf. “Bronway Technology SA”, del 15.11.2019-. De todas formas y aunque no concurran las tres identidades, podría eventualmente evaluarse la suspensión del proceso por razones de conexidad, sólo si hubiera riesgo de que se dicten sentencias contradictorias en ambos procesos por el escándalo jurídico que ello podría conllevar, pero en el caso a criterio de este Tribunal ese riesgo tampoco existe dado los alcances de las sentencias a dictarse.
A ello debe agregarse que las partes tienen la facultad de poner en conocimiento de este Tribunal las novedades que se produzcan en el expediente judicial en cualquier momento del proceso que se sustancia conforme a la ley 11.683; éstas también pueden obtenerse de las bases de consultas de acceso al público del Poder Judicial de la Nación conforme las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, en caso de ser necesario contar con material fáctico y probatorio obrante en la causa que tramita ante el Poder Judicial de la Nación nada obsta a que la misma pueda ser requerida ad effectum videndi (conf. CNACAF, “Fundacion Schapire Editor”, sentencia del 22.9.2022).
Por todo ello, corresponde rechazar la excepción de litispendencia planteada, con costas.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de litispendencia articulada por la actora, con costas.
2. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones- Regístrese, notifíquese, oportunamente vuelvan los autos a la Vocalía instructora para continuar con el trámite de la causa.
Date: 2023.08.11 14:28:29 -03:00 Date: 2023.08.14 11:29:09 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.14 11:29:11 -03:00
Fin de la sentencia