Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-657/09-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 143/155 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-657/09-TSJ Sentencia N°: 358 Actor: AREL CRISTIAN EDUARDO Demandado: POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 23/04/15 Texto:
TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 358 FOLIO Nº 1.351/1.355 PROT. ELECT. TSS1 004 O.151
Río Gallegos, 23 de Abril de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “AREL CRISTIAN EDUARDO C/ POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº A-657/09, venidos al Acuerdo para resolver; y;
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo en virtud del recurso extraordinario federal que articula la parte actora a fs. 143/155 vta. ante la CSJN, contra la Sentencia dictada por este Alto Cuerpo a fs. 129/137 vta. que rechaza la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/8 vta., ampliada a fs. 17/19vta..-
La parte actora funda el recurso deducido manifestando que “…el Tribunal Superior al ingresar al análisis del ‘Control de Legalidad’ de las actuaciones administrativas y la cesantía (sic) utiliza los mismos argumentos inquisitivos del órgano administrativo en cuanto a que la sanción no fue un exceso de punición teniendo en cuenta la jerarquía y la ‘potencial’ consecuencia para el servicio policial. Sin tener en cuenta los atenuantes. Como así mantiene el mismo discurso punitivo de la autoridad administrativa en donde sanciona por las ‘dudas’ sin que exista perjuicio en el servicio actual… sin expresar cual ha sido el agravio y la consecuencia. Recayendo en un discurso punitivo para sostener la decisión administrativa. Por otra parte OMITE expedirse sobre las ‘Pruebas de Descargo’ que la Policía en el sumario administrativo NO SUSTANCIÓ y LAS RECHAZÓ perjudicando la defensa en juicio al solo efecto de mantener las PRUEBAS DE CARGO. Utiliza… las mismas pruebas ilegales que utilizó la autoridad administrativa… Cuando en realidad esta parte siempre sostuvo la ilegalidad de esa prueba de la (sic) ‘incorporación de presuntas escuchas telefónicas’…” (cfr. fs. 146).- Sostiene que “…En el presente caso el Tribunal no realiza un control de legalidad sino que justifica el accionar punitivo e ilegítimo del acto administrativo impugnado…” (cfr. fs. 146 vta.).-
Alega que “…Existe OMISIÓN del tratamiento del agravio y FALSEDAD en cuanto a que la Policía permitió el acceso a todas las pruebas…” (cfr. fs. 147); afirmando que “…En definitiva el agravio SUSTANCIAL DE AUTOS no fue tratado ni sustanciado debidamente cuando fue planteada su NULIDAD en la demanda contencioso administrativa inicial, lo que implica arbitrariedad. Además de convalidar una incorporación ilegal de pruebas…” (cfr. fs. 149 vta.).-
Manifiesta que “…La sanción de cesantía que se intenta materializar con la disposición 063 del Jefe de Policía responde al mismo hecho y la misma falta administrativa que la sanción impuesta mediante planilla de castigo 009-C-URS/2008… El Tribunal Superior altera la verdad del proceso administrativo y omite deliberadamente apuntar que en el INFORME FINAL DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE PETICIONA LA CESANTIA CONTIENE A LAS DOS (2) FALTAS ENUNCIADAS (una ya castigada y la otra nueva) pero no excluye a la primera sino que la contiene…” (cfr. fs. 152 y vta.). Finalmente, hace reserva del caso ante los Tribunales Internacionales y solicita se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso extraordinario deducido, se haga lugar al mismo nulificando la sentencia y se haga lugar a la demanda contencioso administrativa (conf. fs. 155).- A fs. 156 se corre traslado a las partes contrarias de la presen-tación de la parte actora por el término y bajo apercibimiento de ley, quienes debida-mente notificadas lo contestan a fs. 160/171 y 174/186 vta..-
En efecto, a fs. 160/171 la codemandada, Estado de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Iván Fernando Saldivia y de la Dra. Maria Verónica Zuvic contesta el pertinente traslado conferido expresando que “…mi parte se opone… a la concesión del recurso extraordinario interpuesto, por no darse en el caso de autos los requisitos exigidos para que el remedio federal tenga andamiento con sustento en la doctrina de la sentencia arbitraria y; por insuficiencia técnica ya que el remedio procedimental articulado, no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, ni refuta todas y cada una de las razones desplegadas en el decisorio impugnado… por tratarse la discrepancia de la apelante, con la apreciación crítica de los hechos de la causa y de la interpretación de las pruebas y normas de derecho común…” (cfr. fs. 161); y que “…no cumplimenta los recaudos exigidos por la Acordada 04/2007 y 3/12 de la C.S.J.N….” (cfr. fs. 161 vta).- Afirma que “… la Sentencia en crisis, lejos esta (sic) de ser ARBITRARIA, toda vez que la misma aparece suficientemente fundada en los antecedentes de la causa y las consideraciones de orden procesal en las normas aplicables al caso…” (cfr. fs. 165).-
Arguye que “… se han cumplido debidamente con las actuaciones administrativas, pudiendo el actor en el sumario administrativo y en sede judicial hacer valer todas las defensas que considerada (sic) conducentes…” (cfr. fs. 169 vta.).-
Culmina haciendo reserva ante los Tribunales Internacionales solicitando se rechace el recurso interpuesto con costas al actor (conf. fs. 170 vta/171).-
A fs. 174/186 vta. la demandada, Policía de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Comisario General -Sr. Aleuy Salomón- a cargo de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, con el patrocinio letrado de la Dra. Patricia Cortez, contesta el traslado conferido y se opone a la concesión del recurso deducido reproduciendo los argumentos esgrimidos por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, a los que, en honor a la brevedad, nos remitimos.- Que, a fs. 187 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien dictamina a fs. 188/189 respecto del recurso impetrado. Allí expresa que “… el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica… los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras… En el sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas, no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado…” (cfr. fs. cit.).- Que, a fs. 190 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, artículos 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por las CSJN Nros. 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VI -Otros Recursos-, Reg. 351, Folio 1331/1335).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo Nº 2 por la Acordada Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos de los artículos primero y parcialmente los requisitos del artículo segundo de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones cada una, ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo únicamente con el requisito establecido en el inciso d) del citado artículo, esto es, la consti-tución del domicilio electrónico.- Analizando los recaudos exigidos por el art. 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (CSJN, Fallos: 303:633; 306:1670).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se en-cuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente la observancia de los requerimientos del inciso b), pero no logra satisfacer las exigencias del inciso c) del artículo citado.-
Ello es así toda vez que el recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos, debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (demanda, contestación de demanda, sentencias, agravios) y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional y convencional planteada (conf. Andrés Gil Dominguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Edial, Página 107).- Otra situación que se advierte es que el recurrente no indicó el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal y no explicó cómo introdujo dicho planteo y como lo mantuvo con posterioridad.
Si bien es cierto que en el escrito de fs. 2/8 vta. expresa la clásica formula que hace reserva del caso federal y enumera una serie de derechos que considera vulnerados, ello no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el inciso mencionado.- Carlos R. Tribiño ha sostenido que “… la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circustanciada… que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión ‘reserva del caso federal’. Es quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluído, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios…” (cfr. autor cit. en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed.
Ábaco de Rodolfo Depalma, páginas 122/ 123), situación que no se encuentra contemplada en los presentes.- Ahora bien, continuando con el análisis de los recaudos exigidos por la Acordada 4/2007, también observamos que el recurente no logra demostrar que el pronunciamiento impugando le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (conf. Artículo 3º inciso c), es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf. Andrés Gil Dominguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed.
Edial, página 107 y vta.) sino que se limitó a realizar un análisis de la prueba incorporada en el sumario administrativo y de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y artículo 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario, se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 101:70; 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (confr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia (conf. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del art. 14, ley 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño, “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 104).- La parte actora funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la ley 48 -sin especificar en cual de sus incisos- (conf. fs. 143 vta.), sosteniendo que existe una contradicción entre una norma particular -resolución judicial- de carácter provincial, normas del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz con normas contenidas en la Constitución Nacional, Pactos y Tratados Internacionales con rango constitucional (conf. fs. 145) sin indicar, aunque sea mínimamente, en que consiste esa contradicción, cuales serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas.- Con relación a estos fundamentos, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14, inc. 1º de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14, inc. 2º de la Ley 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14, inc. 3º de la Ley 48), al contrario, en la Sentencia recurrida, se procedió a controlar la legitimidad del proceder administrativo, a verificar si la decisión se ha adecuado a la norma específica, si no resulta arbitraria o ilegal, si se ha aplicado debidamente la normativa correspondiente, si los hechos invocados como fundamento de la decisión existen, si los mismos son realmente como la Administración los califica y, en definitiva, si resultan determinantes de la sanción aplicada.- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio.
Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (conf. Carlos R. Tribiño, ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el litigio se resolvió en base a normas provinciales por tratarse del control de legalidad de un Decreto Provincial y de un sumario administrativo tramitado por la Policía de la Provincia de Santa Cruz.-
Así las cosas, la impugnación resulta improcedente ya que los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.-
Máxime considerando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que, aún cuando el fallo contemple aspectos de orden federal que son concurrentes para la decisión del caso, la solución asignada a la controversia no es revisable en la instancia del artículo 14 de la ley 48 si conduce a la discusión de aspectos fácticos y probatorios, los que, por su naturaleza, están reservados a los jueces de la causa (conf. Fallos 308:1564; 325:1905).- Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circuns-tancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909). En esa inteligencia, se aprecia que los reparos invocados trasuntan una mera disconformidad con aspectos que, como se explicó ut supra, constituyen por regla materia ajena a esta instancia de excepción, pues se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y derecho común, que han sido oportunamente desechados sobre la base de argumentos que al margen de su acierto o error, no compete a la Corte revisar (Fallos 312:1859 y 326:1877).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3 inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Federal, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal en el caso.-
En efecto, bajo el título “Violación de las Garantías Constitucionales de la Sentencia recurrida, Arbitrariedad (fundamentos aparentes), Parcialidad y Violación de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, nulidad por doble juzgamiento”, el actor únicamente realiza una mención de las garantías constitucionales pretendidamente desconocidas sin indicar de que manera o de que forma se han violado las mismas. Únicamente lo intenta mediante afirmaciones y comparaciones sin sustento, que no consiguen demostrar la configuración de la cuestión federal (conf. fs. 145 y vta.). De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado se limita a citar texto de la sentencia recurrida y de la prueba analizada en el sumario administrativo sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Tribunal, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.-
Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se sosla-yan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Finalmente, también se observa que el recurrente incumplió con el requisito previsto en el artículo 8 de la Acordada de marras, pues no transcribió todas las normas jurídicas en que motiva sus agravios y que no están publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, omitiendo indicar el período de vigencia de las mismas.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por el actor a fs. 143/155 vta.-
2. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004O.151 Tomo: VII Sentencia: 358 Folio N°: 1.351/1.355 Secretaría: 1
Fin de la sentencia