Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-657/09-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Policía de la Provincia de Santa Cruz.-
2No haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/8 vta. por el Sr. Cristian Eduardo Arel contra la Policía de la Provincia de Santa Cruz y Estado de la Provincia de Santa Cruz de conformidad con los fundamentos expuestos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-657/09-TSJ Sentencia N°: 969 Actor: AREL CRISTIAN EDUARDO Demandado: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 14/07/14 Texto:
TOMO XV -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 969 FOLIO Nº: 2926/2934 PROT. ELECT. TSS1 017 C.141
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 14 días del mes de julio de dos mil catorce, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “AREL CRISTIAN EDUARDO C/ POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº A-657/09-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti 4º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y 5°) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Cristian Eduardo Arel a fs. 2/8 vta., ampliada a fs. 17/19 vta., “...contra [la] POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y/O ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ...” (confr. fs. 2). Solicita que “...una vez decretada la nulidad o la ilegitimidad del acto administrativo de cesantía se ordene reintegrarme al cargo de Oficial de Policía (empleado policial)... debiendo reintegrarme los salarios caídos... con más intereses y costas a cargo de la demandada...” (confr. fs. cit.).-
Expresa que el 5 de febrero del 2008, el Sr. Jefe de la Unidad Regional Sur de la Policía Provincial sancionó al actor con diez días de arresto por “...‘Haber confeccionado un certificado de extravío policial a persona civil sin previa verificación o consulta de práctica ante el Departamento Judicial de esta Policía, resultando esta con requisitoria de la Policía de la Provincia de Mendoza, por hecho de un doble homicidio’...” (confr. fs. 3). Explica que la sanción fue por haber “...confeccionado al Sr. Rubén Darío Salinas un certificado de extravío de documento -según los dichos del deponente- sin haber efectuado esta parte constataciones de su identidad, resultando ser luego el Sr. Raúl Flores Valencia...” (confr. fs. cit.).
Refiere el actor que el Jefe de Policía ordena iniciar un sumario administrativo en su contra, en razón de haber recibido un informe de la Sección de Leyes Especiales, afirmando que este se realizó “...valiéndose de pruebas obtenidas ilegalmente: escuchas telefónicas obtenidas por el Juzgado Federal en una investigación de estupefacientes, a las cuales la Sección de Leyes Especiales tenía prohibido develar...” (confr. fs. cit.).- Continúa su relato afirmando que “...se ha sancionado en base a una ‘incorporación al proceso administrativo de una prueba obtenida en forma ilegítima y no se ha meritado la defensa esgrimida o se la ha desvirtuado erróneamente con argumentos distintos a los expuestos por la defensa de Arel’...” (confr. fs. 4 y vta.).
Sostiene que no es suficiente “...afirmar que el Oficial Arel mantenía vínculos con Flores y que a su vez este último es conocido por la policía como de dudosa reputación... [sino que debe] demostrar en forma razonada que esos contactos eran constantes, asiduos o y/o [sic] delictivos, como así demostrar y probar la ‘dudosa reputación de Flores’...” (confr. fs. 5). Afirma que se ha cometido una doble sanción o juzgamiento por el mismo hecho. En este sentido explica que “...por el hecho que se ha pedido mi cesantía el Sr. Jefe de Policía y confirmado por el Decreto Provincial 0390/09 es el mismo por el cual ya me había sancionado con arresto el Sr. Jefe de Unidad Regional...” (confr. fs. cit.).- Argumenta que las pruebas y testimonios colectados se han basado en transcripciones de escuchas telefónicas obtenidas en el marco de una investigación judicial, donde los funcionarios policiales tenían la obligación de guardar secreto.
Por lo que entiende que se ha afectado el debido proceso al obtener pruebas en “...en forma ilegal, pues el [sic] sección leyes especiales no puede difundir trascripciones telefónicas en forma verbal o actuada de su contenido... a terceros ajenos a la causa penal...” (confr. fs. 6 vta.). También indica que esta situación ha colocado al actor en una situación de indefensión, “...al no haberle permitido ejercer una efectiva defensa de sus derechos porque fue víctima de un delito...” (confr. fs. cit.).- Por último, en la ampliación de demanda realizada a fs. 17/19 vta., afirma que mientras estuvo detenido por el término de diez (10) días, no se proveyeron “...alimentos diarios para mi subsistencia...” (confr. fs. 17 vta.), expresa también que “...al momento de iniciado el Sumario Administrativo ya la sanción grave impuesta se encontraba cumplida, firme y consentida.
Lo que significa que NUNCA FUE UNA SANCIÓN PREVENTIVA dentro del Sumario Administrativo, sino por el contrario fue una sanción independiente del sumario pero por la misma causa de aquél...” (confr. fs. 18). Manifiesta que el arresto fue impuesto por una autoridad policial independiente del funcionario que ordenó el sumario administrativo, “...Lo que implica que la sanción administrativa previa y el sumario administrativo tuvieron el mismo objeto, ello surge del contenido de la planilla de sanción y del informe final del sumario sobre el que realicé el descargo de defensa, pero ambos fueron independientes en su creación y concreción de las distintas sanciones que buscaban: a.- La Planilla 009-URS-c/2008: concretar el arresto riguroso.- b.- El Sumario Administrativo: concretar la cesantía...” (confr. fs. 18 vta./19).- Que a fs. 42/46 se presenta el Jefe de Policía, Alejandro Alfredo Martín, contestando la demanda incoada, solicitando su rechazo, y planteando como defensa de fondo la excepción de falta de legitimación pasiva de la Jefatura de Policía.
Argumenta que la Jefatura de Policía no posee facultades para determinar la nulidad de un Decreto dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, siendo esta la única forma legal de destituir al personal policial (confr. fs. 42). Por lo tanto arguye que “...la Jefatura de Policía no pu[e]de modificar ni dejar sin efecto un instrumento legal dictado por el Poder Ejecutivo y la demanda interpuesta a estos efectos carece de legitimación...” (confr. fs. 42 y vta.).-
Bajo el acápite “Realidad de los Hechos”, explica lo que considera la verdad de los hechos. Afirma que en un allanamiento ordenado por la Justicia Federal se incautó un certificado de extravío de documentación personal (DNI) a nombre de Rubén Darío Salinas, firmado por el actor. Explica que se determinó que el Oficial Arel lo expidió en forma irregular por no haber verificado la correcta identidad del solicitante, en razón de comprobarse que el poseedor de dicho certificado actuaba bajo una identidad falsa, ya que en realidad se trataba de Diego Flores Valencia, quien tenía pedido de captura de la Policía de Mendoza, por un hecho de doble homicidio agravado por el uso de armas (confr. fs. 43 vta./44).
Ante esta falta, el Jefe de la Unidad Regional Sur, sanciona administrativamente al actor imponiéndole la sanción de arresto por diez (10) días. Aclara que no se trató de una privación ilegítima de la libertad, sino de una sanción prevista en el reglamento correspondiente, tendiente a mantener la disciplina en los cuadros policiales. Niega los dichos del actor respecto a que existieron vejámenes y privación de alimentos durante su detención, afirmando que estos son extemporáneos y carentes de toda seriedad (confr. fs. 44).- Continúa relatando que el 13/02/2008 el Jefe de Policía ordena la iniciación de un sumario administrativo para investigar los hechos relacionados con la conducta de Arel, teniendo en cuenta que se trataba de una falta grave cuya sanción debe tramitarse mediante un sumario administrativo, y considerando que, conforme el art. 55 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, todo superior tiene la facultad de sustituir, disminuir, dejar sin efecto o aumentar, dentro de sus facultades las penas que apliquen sus subordinados, se inicia el sumario a fin de determinar la sanción definitiva que pudiera corresponderle según las pruebas obtenidas y las defensas ejercidas (confr. fs. 44 vta.).
Agrega que, si bien la Disposición Nº 063 analiza en sus considerandos el motivo que da inicio a las actuaciones, esto es la confección de un certificado de extravío en forma irregular, “...el Jefe de Policía, ateniéndose al Dictamen de la Asesoría Letrada de la Institución, comparte ‘parcialmente’ las conclusiones de la Instrucción, y establece que Arel ha cometido una falta consistente en ‘...Mantener, el Oficial Subinspector Arel, una relación con el ciudadano Omar Santiago Flores, de confianza con todos los requerimientos que le había [sic] éste último respecto del funcionamiento policial de las guardia[s], como así de averiguaciones entre sus pares respecto a su persona y otras cuestiones diversas inherentes a la actividad policial...’ conducta que se encuentra prevista como falta grave en el art. 11º, inciso 16º del Reglamento Disciplinario, y congruentemente, así lo encuadra en su resolución...” (confr. fs. 44 vta. /45).- Concluye su presentación negando que la investigación sumarial haya sido ilegal por violación de secretos, toda vez que, si bien el actor formuló la denuncia, la misma concluyó con el sobreseimiento de los imputados (confr. fs. 45 vta.).-
A fs. 51/61 se presenta el Fiscal de Estado en representación del Estado Provincial, contestando demanda y solicitando su rechazo. Explica, que ante el conocimiento que tomaron las autoridades respecto de la actuación del actor al extenderle un certificado de extravío a una persona que tenía una requisitoria de la Policía de Mendoza, se procedió a sancionarlo. Luego, una vez iniciado un procedimiento, se profundizó la investigación, resultando de la misma que el Sr. Arel mantenía una relación de confianza con personas conocidas por la Policía como de mala reputación, “...las cuales le hacían requerimientos respecto del funcionamiento policial de las guardias y otras cuestiones inherentes a la actividad de la Institución...” (confr. fs. 53 vta.).
Afirma que confeccionó un “...certificado de extravío de documento a una persona que se encontraba con pedido de captura por un doble homicidio para permitir ocultar su verdadera identidad, circunstancia que era conocida por el Oficial Subinspector Arel, y que quedó demostrado que el mencionado agente mantenía un trato frecuente y de confianza con el Sr. Omar Flores ... quien efectivamente le solicitó el certificado para el Sr. Diego Raúl Flores... quien decía llamarse Rubén Salinas... se comprueba que la sanción es ajustada a la infracción constatada...” (confr. fs. 53 vta./54). Niega que haya existido una doble sanción. Expresa que el Jefe de la Unidad Regional Sur de Policía, el 05/02/08 sancionó con arresto de diez días al actor por haber expedido un certificado de extravío sin haber verificado la correcta identidad del solicitante.
Luego, el día 13/02/08, el Jefe de Policía ordenó la iniciación de un sumario administrativo para investigar la conducta del Sr. Arel, en atención a la facultad otorgada por el art. 55 del citado reglamento de sustituir, disminuir, dejar sin efecto o aumentar las penas que apliquen sus subordinados. Destaca que “...si bien la Disposición Nº 063/08, analiza en sus considerandos el motivo que da inicio a las actuaciones (confeccionar el certificado de extravío en forma irregular), el Jefe de Policía, ateniéndose al Dictamen de la Asesoría Letrada de la Institución, comparte ‘parcialmente’ las conclusiones de la Instrucción, y establece que Arel ha cometido una falta consistente en ‘...Mantener, el Oficial Subinspector Arel, una relación con el ciudadano Omar Santiago Flores, de confianza con todos los requerimientos que le había [sic] éste último respecto del funcionamiento policial de las guardia[s], como así de averiguaciones entres sus pares respecto a su persona y otras cuestiones diversas inherentes a la actividad policial...’ conducta que se encuentra prevista como falta grave...” (confr. fs. 55 vta./56).
Concluye este tema diciendo que Arel fue sancionado con arresto por cometer una falta prevista en los arts. 12, inc. 1, y 29 último párrafo del Reglamento citado anteriormente. Una vez ordenado el sumario se verificó que incurrió el actor en otra conducta más grave aún, la de mantener trato frecuente y de confianza con una persona conocida a nivel general por la Policía con antecedentes delictuales graves.- En relación a la afirmación del actor respecto de que se utilizaron pruebas obtenidas ilegalmente, expresa que los agentes involucrados en la investigación han sido sobreseídos en orden al delito de revelación de datos oficiales. Por lo que entiende que, probada la falta de delito en las declaraciones testimoniales brindadas en el sumario administrativo, se verifica la legitimidad del obrar administrativo.-
Por último cita jurisprudencia y ofrece prueba.-
Que, a fs. 64/65, dictamina el Sr. Agente Fiscal, afirmando que: “…En el presente caso opino que la Jefatura de Policía es también persona habilitada para asumir el carácter de demandada en este proceso pues la materia objeto del mismo consiste no solo en que se decrete la nulidad del Decreto Provincial Nº 0390/09 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial en virtud de la sanción de cesantía sino también todo lo actuado en el Expte. Administrativo JP-3131-C/08 del Ministerio de Gobierno (Jefatura de Policía) por resultar según la actora los actos administrativos nulos de nulidad absoluta e ilegítimos. Asimismo resulta que el dictado del acto administrativo referido (Decreto Provincial Nº 0390/09) es la consecuencia directa de un procedimiento administrativo que se sustanció íntegramente en sede de la Jefatura de Policía, el cual también podría estar viciado, lo que me lleva a concluir que no existe falta de vínculo respecto a dicha Jefatura para reclamar la pretensión, por lo que entiendo que la excepción opuesta por la demandada no puede tener favorable acogida...” (confr. fs. 64vta.). Finalmente, entiende que es formalmente admisible la demanda instaurada.- A fs. 66 se difiere el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Sr. Jefe de Policía de la Provincia de Santa Cruz para el momento de dictarse sentencia definitiva.-
A fs. 68 se ordena la apertura a prueba y a fs. 72 y vta. se ordena su producción.-
A fs. 115 vta. se dispone la clausura del término probatorio y se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso de este derecho la codemandada, Estado de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 119/121 vta..-
A fs. 122 se llaman autos para sentencia.-
II. Que, en primer lugar deberá tratarse la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Policía de la Provincia de Santa Cruz a fs. 42 y vta., ella afirma que no puede ser demandada en los presentes autos, en virtud que el actor solicita se declare la nulidad del Decreto Provincial por el cual se lo dejó cesante de la Policía, argumentando que ella no puede modificar ni dejar sin efecto un decreto del Poder Ejecutivo.-
La excepción de falta de legitimación pasiva, también denominada como defensa de falta de acción, tiene lugar cuando el demandado no es la persona especialmente habilitada por la ley para asumir tal calidad con referencia a la concreta materia sobre la cual versa el proceso, y se vincula con la identidad que debe existir entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida (confr. Fenochietto - Arazi, ‘Código Procesal Comentado’, t. 2, págs. 210/211, citado en Lexis Nº 7/19577). Es decir que hay falta de legitimación para obrar (legitimatio ad causam) cuando el actor o el demandado no son las personas habilitadas por ley para asumir tales calidades, con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. En este sentido nuestro máximo Tribunal ha sostenido que: “...La falta de legitimación se configura cuando alguna de las partes no es la titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento...” (confr. Fallos 322:139). Su admisión trae aparejada -respecto de quien la interpone- la extinción del proceso.- En el caso que nos atañe, debe considerarse si es la Policía de la Provincia persona habilitada para asumir el carácter de demandado en el presente proceso.-
Surge de las constancias obrantes en autos que el actor solicita se decrete la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa. Específicamente, siendo el Sr. Arel un agente de la Policía de la Provincia de Santa Cruz que fue declarado cesante, pretende se declare la nulidad del sumario administrativo seguido adelante por la mencionada demandada, del Decreto provincial por el cual se lo apartó de la Policía y, a su vez, solicita se ordene su reingreso a la fuerza policial. Es decir que, en la medida que el accionante pretende que este Tribunal establezca su ingreso nuevamente como personal de la codemandada y que se decrete la nulidad de las actuaciones llevadas adelante por ella (el sumario administrativo), considero que no puede prosperar la excepción planteada.
Por lo que, como mencioné anteriormente, en razón de existir identidad entre la persona demandada y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida, entiendo que la Policía de la Provincia de Santa Cruz está legitimada pasivamente para ser demandada en las presentes actuaciones.- Debemos considerar dos puntos fundamentales. Primero que la extinción de la relación de empleo o función pública siempre se instrumenta en un acto administrativo “complejo” que “...es el emanado de la voluntad concurrente de varios órganos o de varios sujetos administrativos, cuyas voluntades se funden en una sola voluntad...” (confr. Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, Tomo II, pág. 369).
Y por otro lado lo expuesto por Agustín Gordillo respecto a que no encuentra razones de orden teórico o práctico que permitan fundar la negativa a reconocer legitimación para estar en juicio a los órganos administrativos, aun carentes de personalidad jurídica, ya que nada impediría que algún órgano de un ente se oponga al progreso de la acción, defendiendo la legitimidad del acto impugnado (confr. Agustín Gordillo, “Tratado de Derecho Administrativo”, 10º Ed, F.D.A., Buenos Aires, 2010, págs I-17 e I-18). Por lo que entendemos que los órganos administrativos de una entidad determinada, aunque no revistan el carácter de representantes legales de ésta, se encuentran legitimados para estar en juicio.
Debiendo considerar también la posibilidad de actuar en defensa de sus atribuciones, tales como las de nombrar su personal o dirigir el mismo, atendiendo a que la demanda de prosperar resultaría en el reintegro del actor a la fuerza policial.- Consecuentemente la excepción de falta de legitimación pasiva debe ser desestimada.-
III. Dilucidada la cuestión ut supra tratada, debo ahora adentrarme en la cuestión de fondo.-
Conforme ha quedado trabada la presente litis, corresponde analizar, como objeto de la presente acción, si el sumario administrativo llevado adelante es nulo y, en su consecuencia, el decreto provincial.-
En primer lugar trataré si existió una doble sanción por el mismo hecho. Debo decir que del sumario administrativo, se desprende lo siguiente: que el actor fue sancionado el 05/02/08 con diez días de arresto preventivo riguroso, por la confección de un certificado de extravío policial, sin previa verificación o consulta ante el Departamento Judicial de la Policía, en el cual figuraba un nombre diferente al verdadero de la persona que lo poseía, siendo posteriormente verificado que sobre dicha persona pesaba una orden de captura por el delito de doble homicidio agravado por el uso de arma (confr. fs. 10 del Sumario Adm.). Luego, mediante Disposición Nº 008-D.1-“C”/08, se dispuso el inicio del sumario administrativo, “...en procura de clarificar los hechos acaecidos...” (confr. fs. 13 del cit.
Sumario). Durante la sustanciación del sumario administrativo se tomó declaración a distintos agentes de Policía que participaron en una investigación llevada adelante por la Justicia Federal. En sus declaraciones afirman que realizaron intervenciones telefónicas, de las cuales se desprendía que el actor mantenía una relación con el Sr. Omar Flores, el cual le realizaba preguntas y pedidos de información respecto del funcionamiento policial, y denotaban una confianza con el citado ciudadano. La Dirección de Asuntos Legales de la Policía dictaminó que “...esta Dirección comparte parcialmente los términos vertidos por la Instrucción... en el sentido que se ha comprobado fehacientemente que el Oficial AREL ha cometido falta grave... se ha acreditado que el imputado ha mantenido trato frecuente con el ciudadano Omar Flores, involucrado en la actuación de sendas causas penales, excediendo el marco de su función policial y constándole sin lugar a dudas el carácter de este ciudadano ya que estuvo alojado detenido en la dependencia donde presta servicios; todo lo cual constituye falta grave...” (confr. fs. 218 del Sumario Adm.).
Seguidamente obra la Disposición Nº 063-D.1-“C”/08, la cual establece que, de todos los elementos recolectados durante la instrucción del sumario, surge que el actor mantenía un vínculo personal con el Sr. Omar Flores, persona conocida por la policía como de mala reputación, apreciándose un grado de confianza, habiendo quedado comprobado que el certificado en cuestión fue confeccionado a pedido de Flores. Por lo que dispone “...ENCUADRAR la conducta del Oficial Subinspector de Policía Cristian Eduardo Arel, como falta de carácter grave prevista en el Artículo 11º Inciso 16º del Decreto 2.091/72... [y] PROPICIAR ante el Poder Ejecutivo Provincial, el dictado del instrumento legal pertinente decretando [su] CESANTÍA...” (confr. fs. 232 vta.).
Lo que sucede mediante el Decreto Nº 390/09, en el cual se declara cesante al actor por encuadrarse su conducta como falta grave, “...el área técnico interviniente considera que no aporta [el descargo del actor] pruebas de hecho ni derecho... no existiendo nulidad en el procedimiento...” (confr. fs. 261).- De lo expuesto debo concluir que si bien existieron dos sanciones, las mismas obedecieron a dos conductas diferentes. Por un lado, el actor confeccionó un certificado de extravío de un Documento Nacional de Identidad a nombre de Rubén Darío Salinas, sin realizar las constataciones necesarias para corroborar la identidad del sujeto, habiéndose luego comprobado que el sujeto mencionado era en realidad Diego Flores Valencia, sobre quien pesaba un pedido de captura por el delito de homicidio agravado.
En ocasión de un allanamiento ordenado por la Justicia Federal, se obtuvo el certificado en cuestión, siendo comunicada tal situación al Sr. Jefe Sección Leyes Especiales, mediante el parte Inteligencia Nº 052-S.L.E/08 (confr. a fs. 6 del sumario administrativo). Ante dicha conducta, es decir la confección de un certificado sin realizar las verificaciones pertinentes, fue sancionado el Sr. Arel con diez días de arresto (confr. fs. 12/13).- Por otro lado, mediante sumario administrativo, se constató que el actor mantenía una relación de confianza con un sujeto -Sr. Omar Flores- conocido por la Policía como de mala reputación, lo que el actor conocía sin lugar a dudas, ya que el ciudadano en cuestión estuvo detenido en la dependencia donde prestó servicios.
Y que tal relación llegó al punto de confianza en el cual el Sr. Arel le contestaba todos los requerimientos que Flores le hacía, tanto respecto del funcionamiento de la policía -por ejemplo lo atinente a las guardias-, como también aquellos relacionados con averiguaciones acerca de diversas cuestiones propias de la actividad policial. Ante este accionar por parte del actor, se lo consideró incurso en una falta grave, por lo que mediante un Decreto Provincial, fue declarado cesante.- En conclusión, estamos ante un supuesto en el cual el actor fue sancionado en dos ocasiones por dos conductas distintas que, si bien tienen una relación, son perfectamente diferenciables entre sí, y una de ellas requirió la realiza-ción de un sumario administrativo para su dilucidación.
Nos encontramos ante dos faltas: la de confeccionar un certificado de extravío sin realizar las constataciones necesarias, que fue castigada con diez días de arresto; y otra, más grave como ser la de mantener una relación de confianza, que incluía el tratamiento de temas vinculados al funcionamiento de la fuerza policial, con una persona conocida por la policía como de mala reputación, la cual, luego del sumario administrativo, se sancionó con la cesantía del actor. Todo esto confirma que no se ha violado ningún derecho o garantía del actor en esta cuestión, es decir que las demandadas no han violado el principio “non bis in idem”, existiendo dos sanciones para dos conductas o faltas diferentes.- Así lo ha expresado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al decir que “...No se infringe la regla del ne bis in idem cuando la cesantía aplicada a un agente que había sido sancionado con apercibimiento lo fue por hechos posteriores, cuya reiteración dio lugar a un nuevo procedimiento sumarial que concluyó con la sanción más gravosa...” (confr.
“Gearty, Alberto Aníbal c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”, sentencia del 22/05/2013). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que “...Si la cesantía del agente, dispuesta por el Poder Ejecutivo, corresponde a hechos posteriores a los que determinaron la suspensión aplicada por el Subsecretario, no se da el requisito de la unidad esencial, a los fines de la aplicación del principio que expresa la regla ‘non bis in idem’, que no es meramente formal, sino que se refiere a la realidad de la identidad de los hechos motivo de las sucesivas sanciones...” (confr. Fallos 255:202).-
IV. El actor afirma a fs. 6 que el sumario administrativo se ha basado en transcripciones de escuchas telefónicas obtenidas en una investigación del Juzgado Federal. Argumenta que los oficiales tienen la obligación de guardar secreto respecto de dichas escuchas telefónicas, y que el instructor del sumario las solicitó al Juzgado Federal, siendo rechazada tal petición. Por lo que considera que su sanción expulsiva se fundó en un delito. Concluyendo que se ha obtenido una prueba en forma ilegal, ya que los oficiales no debían difundir el contenido de transcripciones telefónicas a terceros. Respecto a lo ut supra expuesto, cabe decir que, según consta a fs. 106 y vta., la Jueza Dra. Marcela Quintana, del Juzgado de Instrucción Nº Uno en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, informa que se ha ordenado el sobreseimiento de María Valeria Herrera en orden al delito de revelación de datos oficiales, encontrándose firme tal decisión, agregando que los Sres. Ramiro Alfonso Domínguez, Raúl Javier Jiménez y Adolfo Esteban López no fueron imputados, no habiendo el fiscal interviniente requerido instrucción respecto de estos últimos. De lo informado es posible concluir que, si bien no se especifican los motivos por los que se sobreseyó a la imputada, el actor no logró demostrar que se haya cometido algún delito durante la instrucción del sumario administrativo. Sino que por el contrario, la justicia ha determinado que los agentes en cuestión no han cometido el alegado delito de violación de secretos, respecto de los testimonios otorgados por ellos en el sumario administrativo seguido al actor. De esta forma, considero que deben ser desestimadas las afirmaciones del actor en este punto.-
V. El actor alega que los actos administrativos dictados son arbitrarios e ilegítimos.-
En este contexto, la materia sustancial de autos nos introduce en el poder disciplinario de la administración pública, que tiene por objeto sancionar aquellas conductas del agente público que lesionan el buen funcionamiento de la Administración Pública y que se originan en la inobservancia de los deberes inherentes a su calidad de agente público (confr. Repetto, Alfredo L., Procedimiento Administrativo Disciplinario - El Sumario, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2008, pág. 3). La Administración es titular, entre otras, de una potestad disciplinaria, la que se puede definir como la atribución que le compete a la Administración para imponer correcciones a los ciudadanos o administrados, por acción de éstos contrarios a lo ordenado por la Administración, y sanciones disciplinarias a los funcionarios o empleados por faltas cometidas en el ejercicio de su cargo (confr.
Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Abeledo Perrot, 5º Edición, pág. 624). Consiste esta potestad en la posibilidad de imponer, por medio de sanciones determinadas, una regla de conducta a todos aquellos cuya actividad compromete a la misma organización administrativa (confr. Goane, René Mario "El Poder Disciplinario de la Administración Pública (Algunos aspectos controvertidos en la doctrina nacional)", en Derecho Administrativo, Obra colectiva en homenaje a Miguel S. Marienhoff, Juan Carlos Cassagne -Director- Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 1019). Dicha potestad o poder de derecho tiene como fundamento el orden de la organización administrativa. Su finalidad es la de preservar la unidad u orden, formalmente constitutivo de su organización, asegurando de este modo, su existencia y normalidad funcional para el logro del cometido en razón del cual ha sido creada (confr.
Goane, René Mario, ob. cit., págs. 1020/1022). En el ámbito disciplinario la Administración obra ejerciendo, en principio, atribuciones propias que se encuentran en el marco de su zona de reserva como consecuencia de la división de poderes, de modo que compete al organismo que ejerce atribuciones de tal naturaleza apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción; de lo que se sigue que la potestad revisora del Poder Judicial comprende el control de legitimidad y razonabilidad, ya que se trata de una facultad discrecional de la Administración (Fallos: 304:1335; 306:1792), por manera que en el ejercicio de dichas potestades ha de reconocerse a la autoridad de aplicación una razonable amplitud de criterio de valoración de los distintos factores implicados (Fallos: 305:102 y 311:2128).
La graduación de la sanción según la apreciación de la gravedad de las faltas cometidas traduce el ejercicio de facultades discrecionales, propias de la administración. Es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (Fallos: 304:721; 305:1489; 306:126).- Conteste con dicho criterio, este Alto Cuerpo, citando a Bielsa, ha expresado: “...Los jueces no pueden juzgar lo discrecional del acto administrativo, porque precisamente siendo acto discrecional de otro Poder, le falta a los jueces la base legal necesaria para fundar su decisión...” (confr.
Tomo X -Contencioso Administrativo- Reg. 706, Folio 1971/1976). Asimismo la estimación de la gravedad del hecho y la graduación de la sanción aplicable son atribuciones propias y discrecionales de la Administración, ajenas, en principio, a los Tribunales de justicia, en tanto se encuadren en las disposiciones legales vigentes y no medie arbitrariedad (confr. fallo cit.).-
No puede este Tribunal arrogarse el poder disciplinario propio de la administración. Sino que su acción debe limitarse a controlar la legitimidad del proceder administrativo, a verificar si la decisión se ha adecuado a la norma específica, si no resulta arbitraria o ilegal, si se ha aplicado debidamente la normativa correspondiente, si los hechos invocados como fundamentos de la decisión existen, si los mismos son realmente como la Administración los califica y resultan determinantes de la sanción aplicada. El control jurisdiccional de sanciones disciplinarias se encuentra limitado a la verificación de las condiciones de legitimidad de la actividad administrativa desplegada para la formación del acto sancionatorio en este orden.- Así también se ha referido la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “...Tratándose de aquellos actos mediante los cuales la Administración enjuicia y sanciona la conducta de sus empleados, en tanto el proceder del agente sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores sobre la corrección con que presta el servicio, la separación del cargo no puede calificarse como arbitraria...” (Fallos 311:2128).-
Sólo corresponde admitir la intervención de la justicia cuando se trata de investigar si en la imposición de medidas disciplinarias, se ha hecho uso legítimo de las normas con arreglo a los cuales han de ser ejercidas las atribuciones, de tal suerte que el control de legitimidad supone el de la debida aplicación de las normas estatutarias, así como el de la correcta calificación de los hechos y su encuadre en el texto aplicable (Fallos: 259:266; 262:67; 308:176 y 311:2128).-
Es decir que, si bien el Poder Judicial tiene facultades para controlar las medidas disciplinarias impuestas por la Administración Pública, tal control debe ser realizado en cuanto a su legalidad y en lo atinente a su razonabilidad, aún cuando se trate de potestades discrecionales, pero sin llegar a ingresar al análisis de la oportunidad, mérito o conveniencia de dichas facultades. Es necesario destacar que la Administración es el único juez de la sanción, resultándole ajeno al Poder Judicial censurar la discrecionalidad con la que ella cuenta en este aspecto, discrecionalidad que debe respetarse siempre que no se trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o su ejercicio no sea irrazonable, debiendo ser la revisión judicial interpretada con criterio excepcional o restrictivo.- Sin perjuicio de ello y aún cuando, como en la especie, el acto, cuya nulidad peticiona el actor, contenga un amplio margen de discrecionalidad por ser expresión de potestades disciplinarias con que cuenta un poder estatal, resulta procedente la revisión judicial -más allá de la amplitud conferida a la administración para su ejercicio- en tanto se limite a constatar que aquella se ajuste a la reglamentación vigente sobre la materia y no haya mediado arbitrariedad o irrazonabilidad. La doctrina ha expresado que, respecto del control judicial de las sanciones disciplinarias, “...nos encontramos frente al equilibrio entre la obligación de control que la Constitución atribuye a los jueces y el deber de respetar el ámbito de actuación propio de los otros poderes del Estado...” (confr. Ivanega, Miriam M., “Control Judicial de las Sanciones Disciplinarias”, en Tratado de Derecho Procesal Administrativo, Juan Carlos Cassagne - Director, Buenos Aires, La Ley, 2007, Tomo II, pág. 586).- Al respecto ha afirmado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que “...Para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueda ejercer el control jurisdiccional respecto de actos disciplinarios de la Administración -que es de carácter restrictivo-, es indispensable que el actor con sus pruebas haya logrado demostrar la existencia de arbitrariedad en el ejercicio de la potestad administrativa...” (confr. “Re, Luis Héctor C/ Municipalidad De Berisso S/ Demanda Contencioso Administrativa”, B 48366 S).-
Las sanciones disciplinarias adoptadas por la administración no deben tener como único sostén la facultad discrecional que posee para sancionar a sus agentes. Por el contrario en el ejercicio de tal facultad deben concurrir los siguientes elementos: a) la comprobación material de los hechos susceptibles de ocasionar la falta disciplinaria; b) la calificación jurídica del hecho; c) la elección de la sanción teniendo en consideración la gravedad de la falta y habiendo valorado la prueba. De dichos elementos el único que posee un grado de discrecionalidad es el último, siendo la administración la encargada de decidir la pena a aplicar. La potestad del Poder Judicial de revisar los actos disciplinarios de la administración comprende el control de legitimación, pudiendo ser anuladas las sanciones cuando incurran en arbitrariedad, dado que no es admisible una actuación discrecional e irrevisable.
La legitimidad se encuentra constituida por la legalidad y la razonabilidad, y tales aspectos de un acto sancionatorio de la administración son los que se encuentran alcanzados por el control que le cabe al Poder Judicial. Es decir que, el control se fija en el análisis de los antecedentes reunidos en el sumario llevado adelante, subsumidos en la norma legal que tipifica la falta y la motivación del acto en atención a los antecedentes de hechos y de derecho que dieron origen a la sanción aplicada. Y, al momento de graduar la sanción, la administración debe considerar, la perturbación en el servicio, reiteración de los hechos, y la jerarquía alcanzada. Siendo la actuación de la administración viciada cuando existe exceso de punición.
Tal vicio, como ha afirmado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena dispuesta y el comportamiento que motivó su aplicación (confr. “C.,D. c/ P.,d. s/ Demanda contencioso administrativa”, del 09/04/2008; “Marín, Verónica Elizabeth c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda contencioso administrativa”, del 30/05/2007; “Améndola, Fabián Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa”, del 18/04/2000; entre otros). En este sentido, también ha dicho el Máximo Tribunal bonaerense que “...En la determinación de la sanción a imponer, cuando el ordenamiento jurídico autoriza al órgano a elegir entre varias alternativas punitivas la más ajustada a las circunstancias del asunto en análisis, radica el ejercicio de la discrecionalidad o libertad de apreciación de las faltas con que cuenta la Administración, para ejercer su potestad disciplinaria.
Y, ante el cuestionamiento judicial, incumbe al accionante acreditar la ilegitimidad, irrazonabilidad o exceso de punición en el ejercicio de tal facultad...” (confr. “Avila, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad- s/ Demanda contencioso administrativa”, del 14/08/2013; “Buffarini de Rakijar, Susana Angela c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”, del 23/03/2010; “R.,M. c/ P.,d. s/ Demanda contencioso administrativa”, del 12/03/2008).- En los presentes autos, el actor asevera que las decisiones atacadas no valoraron correctamente los argumentos de defensa esgrimidos, no siendo fundadas ni motivadas suficientemente. Sin embargo considero que la actuación de las demandadas ha sido basada en un sumario administrativo en el cual se han colectados diferentes pruebas (testimonios de los agentes López, Domínguez, Giménez, Águila, a fs. 67/68 vta., 81/82 vta., 83/84, 85/86 respectivamente, del sumario administrativo), conclusión sumarial (confr. fs. 123/126), dictamen legal (confr. fs. 218), de las cuales surge que la actuación de ellas no fue arbitraria o irrazonable.
Sino que, por el contrario, encuentra en las actuaciones fundamento suficiente para sostener tales decisiones.- Debo señalar que el actor ha tenido pleno acceso al sumario (confr. fs. 204/207 vta. de las actuaciones administrativas), tomado debido conocimiento de los hechos que se le imputaron y ejercido plenamente su derecho de defensa (confr. 208/216, 246/251, 270/271). Considerando las premisas ut supra señaladas, corresponde afirmar que los actos administrativos dictados, y que son objeto del presente proceso, no contienen vicio alguno que produzcan su nulidad.-
Por lo que, habiendo analizado la actuación de las demandadas en el sumario administrativo, considero que se ha comprobado la materialidad del hecho que se le imputa; se ha calificado jurídicamente en forma correcta la conducta del actor, encuadrándola en el estatuto correspondiente; y no ha existido exceso de punición. La sanción impuesta no se muestra como manifiestamente desproporcionada; en efecto, las demandadas han tenido en considera¬ción la jerarquía alcanzada por el sumariado; las alegaciones formuladas por éste; la consecuencia que tendría para el servicio de policía mantenerlo dentro de los cuadros del personal policial, perturbándolo notablemente con conductas como las que tuvo el actor; en suma, la autoridad adminis¬trativa pudo considerar, sin incurrir en arbitrariedad, que la cesantía era la sanción correcta a aplicar.- De esta manera, no encuentro que la actuación de la adminis-tración, tanto los actos emanados del Poder Ejecutivo como los realizados por la Policía, haya sido irrazonable, abusiva o arbitraria.-
Así, no existe en los argumentos defensivos del actor, ni una sola mención respecto al motivo que dieran las demandadas para decidir su cesantía, esto es, mantener el actor una relación con persona conocida por la Policía como de mala reputación, que permita inferir que la decisión tomada fue arbitraria o irrazonable. En ningún momento el actor realiza o esboza siquiera alguna defensa en cuanto al error en que hayan incurrido las demandadas en este punto. He de señalar que, habiéndole dado a conocer al actor las transcripciones de las escuchas telefónicas que dan sustento al sumario administrativo, el mismo no formuló en su descargo alusión alguna que permita inferir que las conversaciones exhibidas no le pertenecían o eran falsas. Esto sumado a que ni en su escrito de demanda ni en toda la prueba producida exista alguna tendiente a atacar su veracidad. Como así tampoco intentó demostrar que no tenía una relación de confianza con alguna persona que la Policía conocía como de mala reputación, que hubiera tornado falsos los fundamentos de las demandadas.- Al respecto ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que “...La demanda no puede prosperar si la resolución sancionatoria cuestionada fue dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la Administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho...” (confr. autos: “V.,H. c/ M.,d. s/ Demanda Contencioso Administrativa”, del 19/08/2009).-
Este Tribunal ha afirmado que la cesantía dispuesta a un agente policial en virtud de un Decreto, en el cual, conforme el análisis de los hechos documentados en las actuaciones administrativas y con base en cuya prueba se ejerció la potestad disciplinaria, legitiman la aplicación de una sanción cuyo mérito corresponde a las facultades del poder administrador, en ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias (confr. Tomo XI, Contencioso Administrativo, Reg. 755, Folio 2128/2134).-
Así pues, considero que no nos hallamos ante una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, que pudiera hacer viable la pretensión del actor.-
VI. Respecto a la supuesta violación de las garantías del debido proceso y violación de la defensa en juicio alegadas a fs. 7 y vta., este Tribunal ha dicho que “...esta garantía procesal a ser oído o garantía constitucional de la defensa en juicio que implica el derecho al debido proceso administrativo, comprende un leal conocimiento de las actuaciones administrativas… conocimiento que constituye un presupuesto necesario de este derecho... y la efectiva posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto…” (confr. Tomo VIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 557, Folio 1530/1541; Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 621, Folio 1731/1734). Todo lo cual se encuentra debidamente cumplido en las actuaciones administrativas. En efecto, en el sumario administrativo se le dio al actor la oportunidad de hacer valer todas las defensas que considerara conducentes, por lo que lo alegado por el actor en este tema debe ser desatendido.- La Suprema Corte de Buenos Aires ha expresado que “...el accionar administrativo cuestionado no padece los vicios de procedimiento que denuncia el actor. La resolución sancionatoria fue dictada en el ámbito de un sumario disciplinario, como resultado de un ordenado procedimiento en el que se reunieron las pruebas necesarias a tal fin... cabe descartar la alegada violación del derecho de defensa del actor en sede administrativa...” (confr. “M.,D. c/ P.,d. s/ Demanda Contencioso Administrativa”, del 09/09/2009).-
La medida disciplinaria cuestionada, cuyo mérito corresponde a las facultades del poder administrador en ejercicio de atribuciones constitucionales que le son propias, no es inválida, pues no se ha demostrado la vulneración del derecho de defensa conforme la actividad desarrollada en los actos administrativos presuntamente lesivos; habiendo sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la Administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por el agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XI -Contencioso Administrativo-, Reg. 755, Folio 2128/2134). Como así tampoco se le negó el acceso a las mismas, ni se le ocultó las conductas que se le reprochaban.-
VII. A fs. 19, el actor solicita una indemnización por daño moral, en virtud de la privación de la libertad sufrida en cumplimiento de la sanción impuesta, y la falta de alimentos que dice haber sufrido durante el cumplimiento de dicha pena.-
Respecto de la denuncia que efectúa concerniente a las formas en las que se llevó adelante la privación de alimentos, “...no se me proveyó alimentos diarios para mi subsistencia... llevando la sanción al grado de vejámen (sic)...” (confr. fs. 17 vta.), la misma aparece carente de toda seriedad, no habiendo nunca realizado ninguna afirmación al respecto o formulado la correspondiente denuncia en su momento.-
Por otra parte, en lo concerniente a la pretendida indemnización por daño moral, la misma debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (confr. art. 89 de la ley 2600). En efecto, es criterio de éste Tribunal que en este tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (confr. Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 626, Folio 1748/1750).
VIII. En definitiva, de conformidad con la reseña efectuada en los considerandos que anteceden, la falta cometida así como la ponderación de la sanción impuesta, pertenecen al ámbito de la discrecionalidad de las demandadas. Sólo puede ser revisado en esta sede en caso de que hubiera existido un apartamiento de la reglamentación que rige la materia, o se hubiera incurrido en arbitrariedad, irrazonabilidad, o en un injusto intolerable; situaciones que no se dan en autos, tal como se desprende del análisis efectuado en la presente. Razón por la cual no es procedente la sanción de nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta causa.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández por compartir sus fundamentos adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte pronunciamiento, rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Policía de la Provincia de Santa Cruz y no haciendo lugar a la demanda incoada por el Sr. Cristian Eduardo Arel contra la Policía de la Provincia de Santa Cruz y Estado de la Provincia de Santa Cruz; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de los honorarios del letrado interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 14 de julio de 2014.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Policía de la Provincia de Santa Cruz.-
2. No haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 2/8 vta. por el Sr. Cristian Eduardo Arel contra la Policía de la Provincia de Santa Cruz y Estado de la Provincia de Santa Cruz de conformidad con los fundamentos expuestos.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes, y con el art. 2º de la Resolución General AFIP Nº 689/1999.-
6. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio; y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017C.141 Tomo: XV Sentencia: 969 Folio N°: 2926/2934 Secretaría: 1
Fin de la sentencia