Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-811/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de revisión interpuesto por la Sra. María Margarita Argañaraz en PE1168310-2023, por no hallarse reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en el art. 91 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-811/19-TSJ Sentencia N°: 1148 Actor: ARGAÑARAZ MARÍA MARGARITA Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/06/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1148 FOLIO Nº 3734/3736 PROT. ELECT. TSS1 005 C.241
Río Gallegos, 12 de junio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “ARGAÑARAZ MARIA MARGARITA C/ CAJA DE PRVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº A-811/19-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que los presentes autos vienen al Acuerdo en virtud del recurso de revisión interpuesto por la parte actora en PE1168310-2023 contra la sentencia que rechazó la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Margarita Argañaraz contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, obrante en PE1157199-2023.-
Al fundamentar su recurso, la Sra. Argañaraz alega que aparecieron documentos de valor esencial para la resolución de la causa que evidencian el error de la resolución recurrida. Añade que mantuvo su matrimonio con el Sr. José Alberto Ogas hasta que falleciera, independientemente de los domicilios que constan en los documentos (cfr. PE1168310-2023, págs. 1 y 2).-
Aduce que este Excmo. Tribunal presupone una separación de hecho por mantener domicilios distintos por el plazo de tres (3) años para un matrimonio que duró cuarenta y siete (47) años. Agrega que esos tres años no son suficientes, ni lo fueron, como para configurar una separación de hecho que no fue cierta. Considera que es un perjuicio enorme para su persona que con tanta liviandad se echen por tierra cuarenta y siete años de matrimonio (cfr. PE cit., pág. 2).-
Afirma que acompaña con su recurso la siguiente documental: Pedido de certificado único de discapacidad (CUD) por parte de la actora a O.S.E.P., en su calidad de esposa del Sr. Ogas del año 2017; CUD otorgado el 23 de noviembre de 2017; Notas de la actora dirigidas a la Caja Complementaria de jubilaciones y pensiones para el personal de obras sanitarias del año 2018; Envío de cenizas de su marido a El Calafate por parte de su hija Claudia Ogas en fecha 23 de noviembre de 2022; Documental del cinerario común parroquial de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de El Calafate del 7 de diciembre de 2022 (cfr. PE y pág. cits.).- Sostiene que la documentación que acompaña demuestra, una vez más, que, a pesar de la distancia, mantenían su matrimonio con el Sr. Ogas, tal es así que fue ella quien peticionó el certificado único de discapacidad para el marido, que finalmente fue otorgado en noviembre de 2017 (cfr. PE cit., págs. 2/3).- Se pregunta: “¿Cómo puede ser que el mismo estado que me niega la pensión por viudez que me corresponde por derecho, me autorice a realizar un trámite en calidad de esposa, siendo que en ese momento aún manteníamos distintos domicilios? El trámite del CUD se realizó en Catamarca, como se puede visualizar en la documental que se adjunta, el mismo organismo me pidió la libreta de matrimonio y fotocopia de mi DNI, por lo cual, se inició un trámite y se otorgó sin ningún problema, consintiendo que ambos teníamos domicilios diferentes.” (cfr. PE cit., pág. 3).- Señala que el matrimonio que mantenía con el causante requería el cuidado de sus bienes y se dividían las tareas para poder resguardar su patrimonio, quedando su esposo viviendo en Catamarca por un plazo de tres años (de 47 años de matrimonio) y la actora en El Calafate, viajando constantemente para verse y pasar tiempo en familia (cfr. PE y pág. cits.).-
Expresa que: “...en el año 2022 decidí traer sus cenizas a El Calafate y depositarlas en el cinerario común de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, con el amparo de mis hijos, siendo que mi hija Claudia me los mandó por correo. Si hubiésemos estado separados de hecho ¿no tendrían que ser mis hijos quienes debían encargarse de sus cenizas? Se podrá ver en los documentos que se acompañan que fue la suscripta en calidad de esposa quien se ha hecho cargo de estos trámites que simbólicamente significan un montón.” (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
Remarca que: “...el tribunal no ha hecho una valoración de toda la prueba aportada en estos autos, dado que no surge de la sentencia la prueba informativa del Sanatorio Pasteur, de la cual surge que el estado de salud de mi marido le impedía volver a vivir a El Calafate y surge de la misma que en fecha 16/9/2017 solicité el alta de la institución, en calidad de esposa del Sr. Ogas.” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Señala que surge de la prueba informativa que fue la actora quien peticionó y suscribió la admisión de su esposo en el sanatorio Sagrado Corazón, el 9 de noviembre de 2017. Agrega que, el 10 de noviembre de 2017, también firmó, en calidad de esposa, el consentimiento para que le realicen a su esposo transfusiones de sangre (cfr. PE cit., pág. 5).-
Dice que tampoco se tuvieron en cuenta, de la prueba aportada en autos, las facturas de Servicios Públicos a nombre de quien fuera su esposo y también abonadas por él, de los siguientes períodos: 6/2013, 5/2014, 9/2014, 12/2014, 3/2017 y 5/2017. Argumenta que esta es otra prueba que indica la vigencia de su matrimonio, sin importar donde vivía cada uno. Agrega que todos los certificados de supervivencia dicen que el domicilio del Sr. Ogas era en El Calafate (cfr. PE cit., págs. 5/6).-
Sostiene que: “La decisión tomada en la sentencia se ciñe a una interpretación estricta y literal a la norma, sin embargo, antijurídica, por no adecuarse al CCCN, en donde se elimina el requisito de la cohabitación para acreditar un matrimonio. Además, como ya se ha mencionado, conforme el art. 7 de dicha norma, es este código el que debe aplicarse y considerarse al momento de resolver, debido a la irretroactividad de las leyes. La sentencia recaída en autos, se corre del criterio tomado por la CSJN en sentencia del 11/7/2002 dictada en autos ‘Gómez, Timotea c/ANSES’, reitera su doctrina aclarando que el hecho de que la Administración Previsional haya comprobado que los cónyuges estaban separados al momento del fallecimiento del causante, no era razón suficiente para declarar extinguido el beneficio de pensión, pues para ello hubiera sido menester una declaración de culpabilidad de la peticionaria, lo que en la causa no estaba acreditado.” (cfr. PE cit., pág. 6).-
II. Que corrido el pertinente traslado a la parte demandada, no fue contestado (cfr. PE1370054-2024).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE cit..-
III. Que en atención a lo expuesto, surge que la actora interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva, alegando que han aparecido documentos de valor esencial para la resolución de la causa.-
El inc. c) del art. 91 de la Ley 2600 edicta que el recurso de revisión procederá “...contra la sentencia definitiva o resolución interlocutoria que pone fin al proceso en los siguientes casos: 1) Cuando, después de dictada la sentencia, se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba; 2) Cuando la sentencia hubiera sido dictada basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere producido después de emanado el acto. Este recurso se deberá interponer y fundar por escrito dentro de los diez (10) días en que los nuevos documentos se descubriesen o recobrasen en el caso del punto 1º Inc. c) y desde el día en que se tomó conocimiento del acto firme que reconoció o declaró la falsedad en el punto 2º del mismo Inciso.”.- Sobre el tema que nos ocupa, este Alto Cuerpo ha expresado: “Este recurso [de revisión] es un remedio extraordinario, encaminado a examinar de nuevo un acto firme. Procede ante diversas circunstancias. La descripta en el inc. 1), que es el que interesa en este caso, refiere a la aparición con posterioridad al dictado de la sentencia de documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra de un tercero, que son recobrados por el recurrente y presentados en la causa luego de la resolución que le puso fin (confr. Hutchinson, Tomás, Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Astrea, 1995, págs. 502/505). Tales documentos deben ser decisivos, es decir que por su importancia puedan hacer variar fundamentalmente la resolución definitiva. No siendo decisivos, no procederá el recurso. La ignorancia, el extravío o la detención que impidió al recurrente presentar los documentos en tiempo debe ser sin su culpa. Debe tratarse, pues, de documentos no agregados oportunamente sin que medie negligencia, error u omisión del propio interesado (confr. Hutchinson, Tomás, Ley nacional de procedimientos administrativos, Tº 1, Buenos Aires, Astrea, 1985, pág. 433). En caso de prosperar producirá la reapertura del juicio. Dado su carácter excepcional, por tratarse de un medio que puede alterar el principio de inmutabilidad de la sentencia, debe imperar una interpretación restrictiva a la hora de decidir su procedencia.
Por ello no puede extenderse a otros casos que no sean los taxativamente establecidos en el artículo y siempre y cuando se cumplan todos los recaudos que él prevé (confr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., pág. 435). El plazo para su interposición es de 10 días, y comienza a contar desde que se encontraron o recobraron los documentos.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 851, Folio 2416/2418).-
Luego de las precisiones apuntadas podemos afirmar, en relación al caso de autos, que el remedio intentado es inadmisible. En primer lugar porque los documentos no fueron presentados en juicio en momento oportuno. En efecto, los documentos a que hace referencia la Sra. Argañaraz son anteriores al dictado de la sentencia, varios de los cuales fueron directamente originados por ella (pedido de Certificado de Discapacidad; y notas de la suscripta dirigidas a la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones); sin embargo no esgrime ningún motivo que le haya impedido presentarlas en autos antes de la emisión del fallo impugnado. Recordemos que la documentación que puede hacerse valer en el recurso de revisión es la que se recobrase o descubriese después del dictado de la sentencia (cfr. art. 91 inc. c) del CPCA, Ley Nº 2600); y este no es el caso, al menos, así no lo alegado la actora.- Por lo expuesto, no puede ahora pretender valerse de los documentos de marras para intentar retrotraer el proceso y dejar sin efecto una sentencia válida.-
En casos como éste la ley considera que la parte debe cargar con las consecuencias de su propio error o descuido, pues ni el error ni la negligencia culpables pueden justificar, como es obvio, la revisión de una sentencia ya firme; circunstancia, esta última, extraordinaria y excepcional y, por eso mismo, de interpretación restrictiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 851, Folio 2416/2418 cit.).- Por otro lado, encontramos que los documentos “de valor esencial para la resolución del asunto” (según los dichos de la recurrente) tampoco tienen tal carácter, ya que no se vislumbran como idóneos para poner en crisis las razones dadas en la sentencia definitiva para rechazar la demanda. Es por ello que, aún de haberse acompañado oportunamente dichas constancias en nada hubieran cambiado la decisión a la que se arriba.-
Que, concluyendo y en atención a que las constancias en que se basa el recurso en tratamiento han sido denunciadas en forma extemporánea y, además, no constituyen un documento decisivo, a tenor de lo dispuesto por el art. 91 inc. c) del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, corresponde rechazar el recurso de revisión por inadmisible; imponer las costas por su orden en virtud de lo establecido por el art. 90 del CPCA, Ley Nº 2.600; y diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de revisión interpuesto por la Sra. María Margarita Argañaraz en PE1168310-2023, por no hallarse reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en el art. 91 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
3. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1148 Folio N°: 3734/3736 Secretaría: 1
Fin de la sentencia