Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-811/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1131692-2023.-
2Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Margarita Argañaraz a fs. 16/21, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-811/19-TSJ Sentencia N°: 1138 Actor: ARGAÑARAZ MARIA MARGARITA Demandado: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 07/11/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1138 FOLIO Nº 3685/3690 PROT. ELECT. TSS1 025 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 7 días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “ARGAÑARAZ MARIA MARGARITA C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° A-811/19-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 4º) Dra. Romina Vanessa Saúl, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde aceptar la excusación deducida por el Sr. Vocal de este Alto Cuerpo, Dr. Fernando Miguel Basanta?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término, la excusación deducida por el Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta, quien expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto ha emitido opinión en las actuaciones en el carácter de Agente Fiscal Subrogante ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia (cfr. PE584622-2022, CVI00014462.pdf).” (cfr. PE1131692-2023).- En razón de los motivos que fundan la excusación del Magistrado, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPCyC, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que la Sra. María Margarita Argañaraz, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés E. Gutiérrez y de la Dra. María Agostina Brambilla, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (en adelante CPS), solicitando el reconocimiento del derecho a pensión por viudez que le correspondería por el fallecimiento de quien fuera su esposo, el Sr. José Alberto Ogas (cfr. fs. 16/21).- Plantea que el objeto de la demanda es: a) La impugnación del Decreto 0483/19 del Poder Ejecutivo Provincial, como órgano de última instancia y que agota la vía administrativa respecto al Expediente N° 265836 de la Caja de Previsión Social; b) Que se ordene a la CPS el pago de las pensiones por viudez, actualización monetaria e intereses, a las que -conforme tal reconocimiento- resulte acreedora desde la fecha de defunción del causante y el reconocimiento de su derecho a percibirlas en el futuro (cfr. foja 16).- Relata que contrajo matrimonio con el Sr. José Alberto Ogas el 20 de octubre de 1970 y en el año 1982 se trasladaron a la localidad de El Calafate. Agrega que el nombrado se jubiló en el año 1996 como empleado de Servicios Públicos Sociedad de Estado y falleció el 26 de diciembre de 2017 (cfr. foja 17 vta.).-
Dice que el Sr. Ogas, ya jubilado, comenzó a viajar a la ciudad de Catamarca por razones que involucraban a un inmueble de propiedad de ambos. Agrega que dicho inmueble había sido usurpado (cfr. foja cit.).-
Sostiene que atento que el mencionado inmueble requería la presencia de algún integrante del matrimonio para su refacción y cuidado, decidieron que fuera el Sr. Ogas quien se instalara por un tiempo a fin de habitar la vivienda y ponerla en condiciones, pues se encontraba en pésimo estado de mantenimiento; y que ella viajaría a acompañarlo y colaborar con lo que fuese necesario hasta que consiguieran alquilarla (cfr. foja cit.).- Asevera que una vez en Catamarca, el causante hubo de contratar los servicios básicos para poder sobrevivir, realizar varios trámites, y a tales fines debió cambiar su domicilio al de la calle San Juan, Casa 23 del Barrio Policial en San Fernando del Valle de Catamarca, sin que ello impidiera que el nombrado continuara viajando a El Calafate o que la actora viajara a Catamarca, en la medida que sus obligaciones se lo permitían (cfr. foja cit.).- Afirma que la hija mayor de ambos y sus cinco (5) pequeños hijos debieron trasladarse a Catamarca como consecuencia de una separación muy conflictiva con el padre de sus hijos.
Añade que fue su esposo quien “...recibió a Claudia Isabel Ogas, nuestra hija, en los primeros meses del año 2003 en la casa de Catamarca. El Sr. Ogas dedicó sus mañanas al cuidado de los niños mientras nuestra hija se asentaba en un trabajo. Por mi parte continuaba conviviendo en El Calafate con nuestro hijo, Eduardo Jorge Ogas, quien estudiaba en esta localidad y desempeñando mi trabajo.” (cfr. fs. 17 vta./18).- Manifiesta que el Sr. Ogas y ella contribuían conjuntamente al mantenimiento de sus propiedades en Catamarca y El Calafate; siempre mantuvieron contacto telefónico habitual; y en los últimos tiempos cuidó personalmente a su esposo, quien se hallaba enfermo, por lo cual se instaló durante sus últimos meses de vida en Catamarca.
Anuda que fue ella quien abonó los gastos de su sepelio, como los de su internación previa, la compra de medicamentos y provisiones (cfr. foja 18).- Expone: “...mi esposo y yo hemos estado unidos en matrimonio por 47 años hasta el momento de su deceso y que si nos hubiéramos separado no me habría hecho cargo de él durante su enfermedad ni de los gastos de su sepelio, ni de efectuar compras que aprovechaba él con la tarjeta de crédito a mi nombre, ni de transferirle dinero cuando por alguna razón, mi esposo necesitaba porque había destinado los ingresos de su jubilación a atender otra necesidad, etc....” (cfr. foja cit.).- Señala que el 18 de julio de 2018, a través del Acuerdo Nº 1290/18, el Directorio de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, decidió no hacer lugar al beneficio de pensión basado en que el domicilio suyo y el de su esposo no coincidían.
Asimismo el Acuerdo de marras se apoya en un supuesto Certificado de Supervivencia del año 2017 en el cual constaría su estado civil como de separada (cfr. fs. 18 y vta.).- Aclara que nunca manifestó que se encontraba separada de hecho y que los certificados los confecciona la demandada y que ella se limitaba a firmarlos (cfr. foja 18/vta.). Un claro ejemplo de esto, sigue en su argumentación, es la documental, expedida el 19 de enero de 2018 -fecha en que su esposo ya había fallecido hacía veinticuatro (24) días- (cfr. foja 26 del Expte. Adm. Nº 265.836/18), donde figura su estado civil como “separada de hecho”. Afirma que lo correcto hubiese sido consignar “viuda”; pero se limitó a firmar como cada vez que hacía el trámite sin prestar atención a tal error (cfr. fs. 18 vta./19).- Sostiene que la Caja de Previsión Social no le otorgó ningún valor a la abundante prueba que aportó su parte, como los pasajes de avión que acreditan sus constantes viajes a Catamarca y bonificación de servicios de la vivienda de El Calafate por parte de Servicios Públicos.
Destaca que resulta importante la documental consistente en la escritura de donación de la vivienda en Catamarca que realiza su marido, suscripto por la actora en el año 2010 y que la incluye en el beneficio de usufructo vitalicio. Se pregunta: ¿Por qué razón me incluiría en el beneficio de usufructo vitalicio si estaban separados de hecho como asevera la CPS? ¿por qué se haría cargo la suscripta de realizar las modificaciones edilicias que requería la casa que habitaba el Sr. Ogas para acompañar su tratamiento médico? (cfr. foja 19).- Sin perjuicio de afirmar que no se hallaba separada de hecho de su esposo, plantea que la CPS debió aplicar los nuevos paradigmas del Código Civil y Comercial.
Al respecto expresa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 431 y sgtes. del CCyCN, han quedado eliminados los deberes de fidelidad, alimentos y cohabitación (cfr. foja cit.). Anuda que la CPS no puede apoyarse en la mera separación como elemento suficiente para determinar la pérdida del derecho de pensión (cfr. foja 19 vta.).- Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (cfr. fs. 20 vta./21).-
Por último, en su petitorio solicita se deje “...sin efecto el Decreto Provincial N° 0483/19, decretándose su nulidad...” (cfr. foja 21).-
II. Que en PE543201-2022 la CPS contesta demanda, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Isak, con el patrocinio letrado de la Dra. Carla Agustina Téllez, solicitando su rechazo con costas.-
Explica que la accionante se presentó el 3 de mayo de 2018 solicitando ante la CPS el beneficio de pensión por el fallecimiento del Sr. José Alberto Ogas, acaecido el 26 de diciembre de 2017 en la Provincia de Catamarca (cfr. PE cit., pág. 1).-
Asevera que a foja 5 del Expediente Administrativo citado se presenta la primera incompatibilidad, pues obra copia del Documento Nacional de Identidad de la solicitante donde figura que reside en el domicilio real ubicado en calle Julio Argentino Roca N° 1754 de la localidad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz; el mismo posee fecha de emisión de agosto de 2015 (cfr. PE cit., pág. 2).-
Aduce que la CPS no hace lugar al beneficio de pensión, ya que de acuerdo con la documental obrante en autos se presumía que la solicitante y el fallecido se encontraban separados de hecho al momento del fallecimiento. Que lo dispuesto es consecuencia de que según consta en su sistema de “Maestros de Jubilados” la Sra. Argañaraz declaró su estado civil como “separada de hecho”. Agrega que se amparó para negar el beneficio de pensión en el artículo 76 de la Ley Previsional N° 1782 y sus modificaciones (cfr. (cfr. PE y pág. cits.).- Argumenta que sólo se otorga el derecho a pensión cuando ocurre la muerte de la persona a cuyo cargo se encontraba o de quien contribuía a la economía familiar. Añade que el beneficio surge porque el derecho citado posee un carácter sustitutivo de los ingresos que, en vida, aportaba el o la causante; es decir que la finalidad de esta prestación apunta a paliar el estado de necesidad derivado de la falta de sostén económico. Plantea que: “...el hecho de que la titular de autos no convivía con el causante al momento del fallecimiento y las manifestaciones vertidas por ella misma en sus Certificados de Supervivencia, los cuales tienen carácter de Declaración Jurada para esta Caja de Previsión Social - nos alejó de la idea de la necesidad de sustituir el ingreso.” (cfr. PE cit., págs. 3/4).- Afirma que es de suma importancia destacar que: “...no es necesario -tal como lo alega la actora- la existencia de cohabitación entre los cónyuges para probar el vínculo matrimonial, que se han analizado las presentes actuaciones en reiteradas ocasiones, y ha llevado a la denegatoria de este Organismo las propias declaraciones juradas de la Sra. Argañaraz no el hecho de que [se] encontrara residiendo en un hogar/localidad diferente al de Don Ogas.” (cfr. PE cit. pág. 4).- Sostiene que la actora: “...se opone a que el Certificado pueda ser considerado como elemento probatorio atento a la fecha de emisión del mismo, siendo que tampoco aclara la razón esgrimida para pronunciarse como ‘separada de hecho’ y no ‘viuda’. Cabe destacar que en un primer momento niega la existencia del certificado de supervivencia. En tal sentido, no existen dudas respecto que al momento del deceso del causante las partes se encontraban efectivamente separadas de hecho.” (cfr. PE y pág. cits.).- Ofrece prueba (cfr. PE cit., pág. 5).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia contesta vista, dictaminando que la demanda entablada es formalmente admisible (cfr. PE584622-2022, pág. 2).-
En PE603396-2022 se ordenó la apertura a prueba de la causa. Certificada su producción y puestos los autos a disposición de las partes para alegar (cfr. PE493878-2023), hicieron uso de este derecho la parte actora en PE821975-2023 y la CPS en PE831642-2023.-
Se llaman autos para sentencia en PE530934-2023, pasando a estudio en PE855045-2023.-
III. Que de conformidad con los antecedentes reseñados, la controversia gira en torno a determinar si le corresponde o no el beneficio de la pensión a la actora, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge.-
El artículo 72 de la Ley Provincial Nº 1782 determina en caso de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación quienes pueden acceder al beneficio de pensión. Entre ellos se incluye al viudo o a la viuda (cfr. inc. 1°). En punto a ello, se ha sostenido que: “...corresponde recordar que el instituto de pensión tiende a proteger el núcleo familiar constituido por los integrantes de la familia, partiendo de la idea de que no queden desamparados por el fallecimiento del cabeza de familia, quien suministra los bienes para el sustento. En esta lógica vemos que cobra relevancia la participación del causante en el sustento del derechohabiente como hito determinante de la atención previsional.” (cfr. Crocilla, Esteban D.: “Las implicancias del Código Civil y Comercial en materia previsional: la pérdida del derecho a pensión del cónyuge supérstite separado de hecho”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/3677/2018).- Entonces, la viuda o el viudo son, en principio, los titulares primarios del beneficio de pensión, salvo que exista alguna causal extraordinaria que le ocasione la pérdida o extinción del beneficio.-
Para sustentar el rechazo del beneficio previsional pretendido, la CPS tuvo en cuenta los domicilios de los esposos al momento del fallecimiento del Sr. Ogas y la declaración de la Sra. Argañaraz acerca de que se encontraba separada de hecho; y fundó su decisión en el artículo 76 inciso a) de la Ley Nº 1782 y sus modificatorias (cfr. Acuerdo Nº 1290/18, obrante a fs. 35/36 del Expte. Adm. cit.).-
En relación a la falta de convivencia de los cónyuges al momento del fallecimiento del causante, es menester poner de relieve que el artículo 76 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) prescribe que no tendrá derecho a pensión “El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite.” (inc. a).- Efectuando una interpretación literal del texto legal se sigue que la sola separación de hecho hace perder el derecho a pensión, sin importar si ella se produjo por culpa de uno o de ambos cónyuges.-
En tal sentido, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “...de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario. La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación [personal] o el divorcio, empero no ocurre lo mismo con la primera en donde la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria, sin que interese la atribución de culpa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1062, Folio 3345/3350; y Reg. 1068, Folio 3376/3380).- La demandante postula que el acto administrativo bajo estudio no aplicó el derecho vigente y que la normativa previsional comentada ha quedado derogada tras la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, por cuanto la convivencia ya no aparece como una exigencia legal objetiva (cfr. fs. 19 y vta.).-
En el derogado Código Civil se establecía que: “Los esposos deben convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la vida o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos, de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos.” (art. 199, texto según Ley Nº 23.515). Además de la posibilidad de esta consecuencia, también se podía demandar por divorcio vincular o separación personal fundado en la causal de abandono voluntario y malicioso (cfr. art. 202, inc. 5° de la ley cit.).- Pero el panorama normativo cambió con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (cuerpo legal en vigencia al momento del fallecimiento del causante).
En tal sentido el 431 establece: “Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.”. Sobre este cambio legislativo la doctrina ha dicho que: “La convivencia. El proyecto diagramado por la comisión de reformas suprimió el deber de cohabitación de los cónyuges, que no fue incorporado siquiera como deber moral por estimarse contradictorio con el respeto por la libertad y la consecuente prohibición de injerencias arbitrarias del Estado en la vida de las personas. Esa propuesta tenía la ventaja de abarcar dentro de la institución matrimonial a las llamadas parejas LAT (Living Apart Together), parejas que, si bien comparten un proyecto de vida en común fundando en la cooperación, el respeto mutuo y la asistencia, por diversas razones, deciden no vivir en la misma casa.
A veces son segundas o posteriores uniones, en algunos casos con hijos de parejas anteriores, que se prefiere no convivan bajo el mismo techo. Sin embargo, el texto del art. 431 CCyC fue modificado antes de su aprobación por la Cámara de Senadores. La norma reincorpora el deber de convivencia el que desde una obligada mirada sistémica del texto legal y la interpretación coherente al que alude expresamente el art. 2° CCyC, también debe ser considerado un deber moral ya que su violación no produce efectos: ni existe posibilidad de obtener su cumplimiento coactivo, ni sanción para el cónyuge que rompe la convivencia, ni tampoco, puede admitirse acción de daños y perjuicios, que con tanta reticencia son vistos hoy en el derecho matrimonial, incluso en la práctica judicial en los últimos años de la vigencia del régimen civil derogado.” (cfr.
Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo, Picasso, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 1a ed., CABA, Infojus, 2015, Tomo 2, pág. 50).- Si bien en la ley la convivencia está mencionada como un deber jurídico, su violación no conlleva, en principio, efectos (cfr. Kemelmajer de Carlucci y Herrera Marisa, “Tratado de Derecho de Familia”, Tomo 1, págs. 258/259). Sin embargo, la carencia de obligatoriedad jurídica de la convivencia en el matrimonio no conlleva -sin más- la derogación del artículo 76, inciso a), de la Ley 1782; aunque sí impacta en la interpretación que se le debe dar a esta disposición. Ello en atención a una hermenéutica sistémica y dinámica del complejo normativo analizado; y a la luz de lo preceptuado en los artículos 1º y 2º del Código Civil y Comercial de la Nación.
Con este criterio se ha dicho que: “Existen vinculaciones entre los preceptos del Código Civil y Comercial y el derecho a gozar de la pensión, porque la normativa previsional ha empleado, desde antaño, conceptos propios del derecho de familia para referirse a las condiciones de acceso al beneficio, especialmente cuando se trata de los cónyuges separados de hecho, divorciados, los convivientes y los hijos...” (cfr. Guillot, María Alejandra, “El Código Civil y Comercial y la Pensión. Articulación entre normativa y realidad”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/3594/2019).- Ante este cuadro normativo, estimo que una correcta interpretación lleva a concluir que la separación de hecho como causal de exclusión del beneficio de pensión contenida en el artículo 76, inciso a), de la Ley Nº 1782 debe ser asimilada, entonces, a la ruptura del proyecto de vida en común basado en la cooperación y en la convivencia al que alude el artículo 431 del CCyCN.
Así ya lo había establecido este Tribunal Superior de Justicia al consignar que la separación de hecho “...‘...se origina con la decisión de los cónyuges de interrumpir la vida en común...’...” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521).- En atención a lo expuesto, corresponde verificar si existió un quiebre de la relación de matrimonio con anterioridad al deceso del Sr. Ogas.-
IV. Que con las premisas reseñadas precedentemente, es oportuno recordar que la denegatoria de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz se basó en la manifestación de la actora acerca de que se encontraba separada de hecho del Sr. Ogas (cfr. foja 26 del Expte. Adm. cit.). Esta circunstancia es reconocida por la misma parte en su demanda (cfr. fs. 18vta./19).-
Al respecto observa el ente previsional que el Sr. Ogas y la Sra. Argañaraz ya no vivían en el mismo domicilio al momento del fallecimiento de aquel. Es que en el certificado de supervivencia del año 2015, el nombrado declaró que su domicilio era en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca (cfr. fs. 35/36 del Expte. Adm. cit.). En concordancia con lo expuesto, de la fotocopia del Documento Nacional de Identidad del Sr. Ogas surge que en noviembre de 2014 el mismo ya tenía domicilio en Catamarca (cfr. foja 22 del Expte. Adm. cit.).- Por su parte, el domicilio de la Sra. Argañaraz, al momento del fallecimiento del causante, era en Julio Argentino Roca Nº 1754 de la ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz (cfr. fotocopia del DNI agregado a foja 5 del Expte. Adm. cit.). Además ella reconoce en su demanda que vive en dicha localidad desde el año 1982 (cfr. foja 17 vta.).-
Entonces, de las constancias del Expediente Administrativo citado surge que al menos desde noviembre de 2014 -cfr. foja 22- y hasta el fallecimiento del causante, el 26 de diciembre de 2017, hecho acaecido en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca (cfr. certificado de defunción de foja 19 del Expte. Adm. cit.) tanto la actora como el Sr. Ogas no convivieron en el mismo domicilio.-
Otro dato relevante es que la separación física entre ambos cónyuges era de más de tres mil kilómetros. La actora vivía en la ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz y el Sr. Ogas en la Capital de la Provincia de Catamarca.-
Con esta separación de más de tres (3) años y con más de tres mil kilómetros de distancia es razonable concluir que se había interrumpido su proyecto de vida como matrimonio.-
Lo señalado se refuerza por el reconocimiento de la misma actora sobre su vínculo con el Sr. Ogas. La Sra. Argañaraz al declarar que se encontraba “separada de hecho” con el causante (cfr. foja 26 del Expte. Adm. cit.). Aquí conviene aclarar que no exime a la Sra. Argañaraz de las consecuencias jurídicas de tal declaración, la afirmación de que la misma se debió a un “error” por no haber prestado atención (cfr. fs. 18 vta./19); pues tal error no es excusable (cfr. art. 387 del CCyCN).- Al respecto se ha dicho que: “...la parte teniendo los elementos de juicio suficientes para defender sus derecho[s] y no hacerlo en su oportunidad, debe soportar las consecuencias jurídicas de su acción u omisión...” (cfr. CNTrab., Sala V, “Otero Francisco Guillermo Nicolás c/ Art Interacción S.A. y Otro s/ Accidente - Ley Especial”, del 17/05/2021, www.cij.gov.ar.).-
Las circunstancias que anteceden fueron tenidas en cuenta por la CPS para denegar la pensión. Correspondía entonces a la accionante desvirtuar dichas pruebas, demostrando que convivía con el causante al tiempo de su muerte o que, al menos, mantenían un proyecto de vida en común.-
Ahora bien, de la demanda surge que la accionante no ha presentado ninguna constancia fehaciente para demostrar la inexactitud de la resolución cuya revocación persigue.-
En efecto, la actora se ha limitado a manifestar que seguía unida en matrimonio con su esposo y que ella viajaba a visitarlo. Afirmó que cuando falleció el Sr. Ogas pagó los gastos de sepelio y antes habría solventado los gastos de medicamentos y provisiones. También se preguntó ¿por qué se haría cargo de realizar las modificaciones edilicias que requería la casa que habitaba el Sr. Ogas para acompañar su tratamiento médico? (cfr. foja 19).- La referencia en la demanda sobre la donación de la vivienda en la ciudad de Catamarca, a saber: “Resulta importante la documental consistente en Escritura de Donación de la Vivienda de Catamarca que realiza mi marido y suscribe mi persona en el año 2010...tal Donación se realizó con derecho real de Usufructo Vitalicio tanto a favor de José Alberto Ogas como de María Margarita Argañaraz. ¿Por qué razón me incluiría en el beneficio de Usufructo Vitalicio si estábamos separados de hecho como asevera la CPS?” (cfr. foja 19), tampoco pone en crisis lo decidido por la Caja de Previsión Social. Esto es así ya que el tiempo en que se produjo la donación, año 2010 (cfr. fs. 89/92 del Expte. Adm. cit.), es distinto al momento crítico analizado en autos, a partir de noviembre de 2014, fecha en la que se produjo la separación de hecho del matrimonio. Siendo irrelevante lo acaecido, en el aspecto referenciado, antes de este momento. Idéntica situación ocurre con los pasajes obrantes a fs. 67/80 del Expediente Administrativo citado, ya que los mismos son anteriores a la fecha supra indicada o posterior al fallecimiento del causante. Asimismo, la acreditación de los gastos efectuados por la actora no son suficientes para desvirtuar lo que surge de la documental obrante a foja 26 del Expediente Administrativo citado que da sustento al acto impugnado; no logrando demostrar el proyecto de vida en común basado en la cooperación y en la convivencia.- Tampoco son relevantes, a los fines de demostrar la unión matrimonial, los alegados gastos en modificaciones edilicias que habría efectuado la actora -no demostrados en autos- ya que a lo sumo estaría invirtiendo en una propiedad de la que goza de un beneficio de usufructo. Por lo que los hipotéticos gastos serían en su propio interés.-
En síntesis, del análisis de la prueba colectada en autos no surge que la reclamante haya logrado demostrar en forma clara, precisa y contundente que se encuentre dentro de los extremos que exige la ley para acceder al beneficio que pretende. Ningún elemento de los aportados por la actora alcanza para desvirtuar las conclusiones a las que se arribó en las actuaciones administrativas. Cabe entonces concluir que el Acuerdo N° 1290/18 del Directorio de la Caja de Previsión Social y el Decreto N° 483/19 del Poder Ejecutivo Provincial que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto contra el citado Acuerdo no contienen vicio alguno que torne procedente su nulidad, y por ende, la demanda no puede prosperar.- En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A la tercera cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera y segunda cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1131692-2023; y rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Margarita Argañaraz a fs. 16/21 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado y las letradas intervinientes -por la parte actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Reneé Guadalupe Fernández, Romina Vanessa Saúl y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 7 de noviembre de 2023.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández, de la Sra. Vocal Subrogante, Dra. Romina Vanessa Saúl y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1131692-2023.-
2. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. María Margarita Argañaraz a fs. 16/21, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado y las letradas intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saúl -Vocal Subrogante-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1025C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1138 Folio N°: 3685/3690 Secretaría: 1
Fin de la sentencia