Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 156.005
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas al apelante vencido (art. 68 CPCCBA y 278 ley 24522);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967). III)
Expte. Nº 156.005. Juzgado Civil y Comercial N° 1 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ARGEMER SA S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)" [causa n° 156.005]”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Alfredo E. Méndez y Ricardo D. Monterisi:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Alfredo E. Méndez dijo:
I. El 11 de septiembre de 2024, el juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 1 departamental dictó sentencia y desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el acreedor Gastón Daniel Targise y la liquidación presentada en fecha 13-5-2024, con costas.
Para así decidir, consideró que la oportunidad procesal adecuada para introducir la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe ceñirse al momento en que se advierta la posibilidad cierta de que pueda llegar a ser aplicada en el caso concreto.
Con base en lo anterior, concluyó que el acreedor laboral debió efectuar el planteo de inconstitucionalidad en ocasión de practicar la liquidación de su crédito, y por ello, consideró extemporánea la presentación de fecha 5-6-2024, lo que sella -por la negativa- la suerte de su pretensión, y le impuso las costas.
II. El recurso del actor.
Gastón Daniel Targise apeló la sentencia el 12-9-2024 y fundó su recurso el 21-9-2024, mediante expresión de agravios que fue contestada por la demandada el 3-10-2024. Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera: (a) Considera equivocado que se repare en la oportunidad en la que se introduce el planteo de inconstitucionalidad, en tanto la invalidez de la norma fue sobreviniente. Refiere que "la cuestión temporal cede ante esta imperatividad de un nuevo evento doctrinal". Alega que al momento de presentarse la liquidación no se tenía certeza sobre "Los sucesos económicos y las respuestas judiciales al momento de fijarse la actual doctrina legal de la Corte en el fallo Barrios". Considera que la solución adoptada por el juez es irrisoria, incoherente y descontextualizada de la realidad vigente. Refiere que es irrisorio porque nadie puede prever lo que va a pasar en diez años y plantear una inconstitucionalidad "por las dudas". Incoherente, porque la respuesta está dada por el propio fallo "Barrios" que recepta y destaca una inconstitucionalidad sobreviniente. (b) En su segundo punto de disconformidad, reitera que el planteo no fue extemporáneo. Existió un hecho "patente" que fue "el cambio de la doctrina legal de la Corte" por lo que, refiere, mal podría haberse hecho un planteamiento de una inconstitucionalidad cuando no existía un Tribunal Superior que así lo avalara. Interpretar lo contrario, dice, sería motivar planteos maliciosos o temerarios generadores de dispendio procesal inconducente dado que se litigaría sabiendo la sinrazón del planteo.
(c) Cuestiona, en su tercer agravio, que la decisión hace recaer el transcurso de los tiempos procesales sobre el acreedor laboral y no sobre la conducta de la concursada.
(d) Considera que la sentencia es nula por no resolver el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte. Objeta que se ordene a la sindicatura la realización de una nueva liquidación conforme las pautas fijadas en la sentencia verificatoria sin aplicar inmediatamente la doctrina legal fijada en "Barrios" a la vez que entiende incoherente que el juez refiera que no deben utilizarse criterios formalistas o restrictivos para juzgar la admisibilidad de un planteo, pero, a la vez, decide desestimar la objeción constitucional planteada.
III. Tratamiento de los agravios III.a. Si bien por otros fundamentos, concuerdo con la solución adoptada por el juez de primera instancia.
De conformidad con las reglas que gobiernan el instituto de la cosa juzgada, si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia que se encuentra firme, no puede ser nuevamente examinada y menos resuelta en distinto sentido. Ello significa que la declaración jurisdiccional, una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, vale no porque sea justa sino porque tiene, para el caso concreto, la fuerza de la misma ley (Sala II, causa 139.935 -"Banco Francés S.A..."- del 17/03/2009, RSD-96 F.598-611).
La Casación bonaerense en fallos reiterados ha reconocido la trascendencia e importancia que la “res iudicata” tiene al señalar que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sustancial adquiere dos atributos especiales: el de coercibilidad, en cuanto tiene la virtud de ser ejecutable coactivamente en caso de resistencia del obligado, y el de inmutabilidad, porque en el futuro ningún juez podrá alterar los efectos del fallo sin modificar sus términos (SCBA A. y S 1959-II-70; SCBA A. y S. 1963-III-70; Ac. 54404 S 1-4-97); toda vez que, si una cuestión ha quedado definitivamente resuelta en sentencia firme, no puede ser nuevamente examinada y menos resuelta en distinto sentido (SCBA Ac. 33028 S 27-4-84, Ac. 48887 S 3-8-93, Ac. 46414 S 6-8-96, Ac. 54404 S 1-4-97, los subrayados me pertenecen).
La Corte Federal se ha expedido en el mismo sentido. En fallos de viejo cuño, ha resuelto que la autoridad de cosa juzgada que se atribuye a la sentencia no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de dar certidumbre y estabilidad a los derechos en litigio, como consecuencia de la tutela del Estado ejercida por medio de los jueces (Fallos 209:303). Se trata de un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, sin la cual no hay en rigor orden jurídico y es, además, exigencia del orden público (Fallos 314:1353). Por ello, una vez que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, vale no porque sea justa sino porque tiene, para el caso concreto, la fuerza de la misma ley (Sala II, causa 139.935, cit.). III.b. Lo dicho tiene singular importancia en el caso en estudio, dado que el contenido económico del crédito verificado por el actor surge de una decisión jurisdiccional firme y consentida, pasada en autoridad de cosa juzgada material. En efecto, el crédito del Sr. Targise que fue declarado verificado en fecha 9 de diciembre de 2019 emerge de una sentencia judicial dictada el 17 de mayo de 2013 por el titular del Juzgado Federal N°2 de esta ciudad en la que se hizo lugar a la demanda por la suma de $42.946,51, modificada parcialmente por la Cámara Federal de Mar del Plata el 18 de agosto de 2015 (v. causa “Targise, Daniel Gastón c/ Argemer S.A. s/ Laboral”, expte. N°22074757/2007, de trámite ante el Juzgado Federal N°2). Al 20 de junio de 2018, según la liquidación que el propio actor presentó en esa misma causa, su crédito ascendía a $104.062,19 en concepto de capital con más intereses calculados con una tasa activa del banco público nacional. Esa liquidación fue aprobada por el Juez Federal Dr. Santiago J. Martín el 12 de noviembre de 2018 y es el valor que tuvo en cuenta el juez de primera instancia en su resolución verificatoria del 09/12/2019 (v. causa "Targise Gastón Daniel c. Argemer SA s. incidente", expte. 126679, de trámite ante el JCC 1; ver fs. 614/7 de la causa “Targise...”, expte. N°22074757/2007, de trámite ante el Juzgado Federal N°2).
Del texto de la sentencia de primera instancia dictada en el fuero federal se desprende que al crédito del actor se le adicionó «mecanismo de actualización» basado en el uso de una alícuota bancaria de una operación activa (ver punto I de la parte dispositiva de la sentencia del 17/05/2013, que remite en cuanto a la actualización, al antepenúltimo párrafo del fallo). O sea, la actualización no fue decidida por vía de un ajuste por índices que haga fluctuante el valor nominal del capital en función de un índice o parámetro externo, sino que el magistrado actuante asignó tal objetivo a la tasa de interés moratoria, la cual se ordenó liquidar mediante la que cobra el Banco Nación en sus préstamos a 30 días.
De los resultandos del voto del Dr. Ferro —al que adhirió el Dr. Tazza— se infiere que el actor no cuestionó en la Cámara Federal ni la tasa escogida ni el uso del interés moratorio como mecanismo de actualización (v. copias digitales adjuntadas por el Dr. Santillán García en su presentación del 06/05/2019 en el incidente de verificación citado en el apartado anterior, causa 126.679, del JCC N°1).
Siendo ello así, el planteo de inconstitucionalidad que formula el Sr. Targise con fundamento en el precedente “Barrios” de la SCBA resulta inadmisible por dos motivos.
En primer lugar, y más allá de la oportunidad procesal en la que ha sido formulado el planteo del Sr. Targise (punto destacado por el juez de primera instancia y en el que hace particular foco el apelante), lo que resulta inadmisible es el objetivo que subyace a la objeción constitucional, consistente en modificar los alcances y el contenido de la decisión jurisdiccional que reconoció su crédito y que pasó en autoridad de cosa juzgada hace casi una década. Es en el proceso judicial tramitado ante el fuero federal donde se reclamó, debatió y dirimió: (a) el tipo obligacional aplicable (de dar sumas de dinero) y (b) un método de actualización (por vía indirecta, a través de la tasa de interés moratoria).
No es posible ya revisar o rediscutir ninguno de los aspectos técnicos vinculados a ese crédito, sea la movilidad o reajuste del capital o bien las alícuotas —puras o bancarias— con las que debe indemnizado el daño moratorio. El imperio de la cosa juzgada veda por completo reabrir esos debates (esta misma solución, en fecha reciente, en Sala I, causa n° 181344 -"Monge, Mirta G."- sent. del 24/10/2024; en igual sentido, Sala II, causa 180.818 –“Frontini, María Julia” del 27/12/2024).
En segundo lugar, el planteo es inadmisible porque en aquél entonces —tanto al demandar, como al apelar ante la Alzada federal— el actor consintió el marco normativo cuya invalidez constitucional ahora propone. Mantuvo ese criterio en la liquidación presentada en el proceso federal el 27 de junio de 2018 e incluso tal fue la modalidad en la que invocó su crédito al promover el incidente de verificación en abril de 2019 y que fue motivo de decisión en la resolución verificatoria del 9 de diciembre de 2019 (v. causa 126.679 “Targise Gaston Daniel C/ Argemer S.A. S/ Incidente” de trámite ante el Juz. Civ. Com. Nro. 1 departamental).
Sobre este punto, la Corte Federal, invocando la doctrina de los actos propios, ha sostenido en reiteradas oportunidades que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 279:350; 297:236, 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, 344:1539, entre muchos otros). Ello es así «toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz» (Fallos: 327:2905).
En suma: encontrándose firme y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia judicial que reconoció el crédito verificado por el apelante (dictada, además, en un proceso en el cual el actor se sometió voluntariamente y sin reservas al régimen legal que ahora cuestiona), considero que el planteo de inconstitucionalidad y el reajuste por índices pretendido resulta inadmisible. Por lo demás, he analizado en detalle la decisión que fue objeto de recurso y no tiene ningún vicio constitucional que pudiera justificar la nulidad que el apelante le endilga en su memorial. Por tal motivo, el agravio que a este tópico refiere también debe ser desestimado (arts. 18 CN, 168 y 171 CPBA).
Propondré al acuerdo desestimar íntegramente el recurso en estudio y confirmar —aunque por otros motivos— la decisión apelada (arts. 17, 18 CN, 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.c. Si bien lo dicho en párrafos precedentes resulta suficiente para dar respuesta a los agravios, me permito agregar una última reflexión complementaria. “Barrios” es un precedente sin duda importante del Máximo Tribunal bonaerense, pero no constituye una ley en sentido material dictada por un poder representativo, no tiene fuerza creadora de una nueva norma del ordenamiento jurídico ni eficacia derogatoria de una norma que lo integra, a la vez que lo allí resuelto tampoco tiene aptitud para afectar —sin más, y de modo pretendidamente automático— a las consecuencias de cualquier tipo de relación o situación jurídica existente. Tanto menos a las que ya se han agotado en el marco de un debate judicial precluido.
La lectura de un precedente de la Casación exige una razonabilidad que es incompatible con su aplicación lineal e indiscriminada a todo género de controversias, pues ello supone prescindir de las características del caso en el que el fallo fue dictado, cuyas aristas y particularidades fueron determinantes en ese pleito y en la decisión allí adoptada.
Y tal vez lo más importante: ni lo decidido por la SCBA en "Barrios" ni ninguna otra circunstancia macroeconómica (vinculada, por cierto, a una inflación crónica que afecta a nuestro país desde hace ya dos décadas) puede justificar pasar por alto uno de los efectos más importantes de una decisión jurisdiccional firme y que emerge de un postulado fundamental de nuestra organización judicial: la imposibilidad de reexaminar su contenido y la veda a que otro juez pueda decidir sobre la materia debatida en un sentido distinto.
Perder de vista esto último incrementa peligrosamente un riesgo en el que estimo necesario reparar: que el solo impacto de la inflación en el poder adquisitivo de un crédito impago pueda operar como justificativo suficiente para reabrir y reeditar en juicio debates ya dirimidos en sentencias judiciales firmes. La tutela del orden público que subyace al instituto de la cosa juzgada no solo se vincula con el aseguramiento de la paz social y la certidumbre en las relaciones jurídicas controvertidas, sino también con el correcto funcionamiento del servicio de justicia.
Con ello quiero destacar que no es menor el costo social y los indeseados efectos prácticos que generaría la reapertura general de procesos cuya etapa de conocimiento ya concluyó y con el solo argumento de que la inflación afectó un derecho creditorio cuyos alcances y modalidades ya fueron materia de reclamo, prueba, debate y decisión (ámbito en el cual el acreedor discutió —o, en su caso, debió haber discutido— la validez constitucional de la prohibición de indexar que tardíamente se propone objetar frente a una nueva coyuntura que considera lesiva de su derecho) [sobre el costo que supone la tutela de derechos vinculados al proceso judicial, véase, en profundidad, Sunstein, Cass R., Holmes, Stephen, El costo de los derechos: por qué la libertad depende de los impuestos, Buenos Aires: Siglo XXI, 2011].
Por lo demás, no hay ningún párrafo en el fallo “Barrios” en el que la Suprema Corte indique —o sugiera, siquiera tangencialmente— que se ha conformado una suerte de nueva causal atípica de revisión de cosa juzgada, vía excepcionalísima que debe quedar reservada a casos extremadamente anómalos (CSJN, in re "Cambell Davidson", Fallos: 279:54, 19-II-1971; “Atlántida”, Fallos: 283:66, 26-VI-1972; SCBA, C 92539, "De Ángel, Obdulio..." del 17-VI-2016, c. 102058, in re "C. ,M. A", del 11-III-2015; arts. 18 CN y 15 seg. párr. CPBA).
ASÍ LO VOTO
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Alfredo E. Méndez dijo:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas al apelante vencido (art. 68 CPCCBA y 278 ley 24522); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Rechazar el recurso de apelación y confirmar la resolución en lo que ha sido materia de agravio, con costas al apelante vencido (art. 68 CPCCBA y 278 ley 24522); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967). III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase. * * *
Fin de la sentencia