Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley 27.541. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior y la sanción aplicada en autos. Costas en el orden causado.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijandolos para la representación procesal en la suma de $78.911 (pesos setenta y ocho mil novecientos once) equivalente a 15,85 (quince con 85/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $197.278 (pesos ciento noventa y siete mil doscientos setenta y ocho) equivalente a 39,63 (treinta y nueve con 63/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-100099478-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Octubre de 2021 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 49.550-I, caratulado “ARGENCRAFT SA s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 90/122 obra recurso de apelación interpuesto por Argencraft S.A. contra la resolución emitida el 13 de diciembre de 2018 por División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste, por la que se determinó de oficio el IVA por los períodos fiscales 7/2013 a 3/2016, intimando gravamen a ingresar más accesorios y se aplica una multa en los términos del artículo 46 de la ley de rito fiscal, atribuyendo la evasión fiscal del período 2/2014. Finalmente, respecto a los períodos fiscales 07/2014, 11/2014, 12/2014 y 03/2015 se difirió la aplicación de sanciones en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 de ley 24.769 (fs. 8/89).
Aduce que las operaciones impugnadas se realizaron con contribuyentes inscriptos sin que exista registro aquellos en Base APOC sino luego de tres años de realizadas las mismas, no existiendo objeción alguna sobre los comprobantes emitidos. Pone de relieve que no obtuvo provecho alguno ya que abonó las facturas, con lo cual el crédito fiscal fue computado debidamente. Considera que no puede ser responsabilizada en ningún caso por omisiones tributarias de terceros, que en todo caso son quienes omitieron o defraudaron al fisco. En cuanto a la sanción aplicada, puntualiza que no corresponde atribuir un obrar defraudatorio, toda vez tomó los recaudos pertinentes tales como verificación de validez de comprobantes y bancarización de pagos. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. Que a fs. 134/146 vta. obra escrito de contestación de traslado del Fisco Nacional. Rechaza las defensas planteadas por la recurrente, exponiendo argumentos para sustentar que el acto cuestionado se ajusta a derecho. Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 190/vta. se encuentra el acta de audiencia de prueba, en los términos del artículo 173 de la ley de rito fiscal. A fs. 191 se abrió la causa a prueba, admitiéndose la informativa y la pericial contable, respecto de la cual los expertos propuestos aceptaron cargo (194 y 197).
Mediante PV-2021-35447052-APN-VOCX#TFN se requirió al Fisco Nacional que, atento la sanción de la ley 27.541 y su modificatoria 27.562, informara si la recurrente había regularizado la deuda discutida en autos en los términos de las normas citadas y, en su caso, acompañara la documentación correspondiente. El organismo recaudador contestó por RE-2021-51373605-APN-SGAI#TFN, exponiendo que se incorporó en el marco de la ley 27.562 el IVA por el período febrero de 2014, resaltando que por el resto de los períodos determinados no se registró acogimiento alguno.
Conferido el traslado a la actora, éste puso de relieve a través del IF-2021-57538430-APN-SGAI#TFN (ratificando ello en el IF-2021-61694418-APN-SGAI#TFN) que con fecha 30 de noviembre de 2020 procedió a adherir a un plan de regularización generado en los términos de la ley 27.562; incluyendo la totalidad de la deuda determinada por la resolución apelada en autos. Señaló que por recomendación de los inspectores de la Dirección Regional Oeste que para no generar inconsistencias en el sistema de cuentas tributarias, la totalidad del ajuste se imputó al período fiscal 2/2014, en sus palabras “utilizando un criterio pro fisco y en primero de los períodos fiscales en los que medió Impuesto determinado por el acto de determinación de oficio” (sic.). En resumidas cuentas, concluye que regularizó la deuda reclamada para los períodos objeto de las presentes actuaciones y sus correspondientes sanciones mediante la adhesión a un plan de facilidades de pagos, correspondiendo el archivo de la presente causa. Cabe señalar que además de la citada presentación, se adjuntaron constancias del Plan O365654 generado el 30 de noviembre de 2020.
Que mediante RE-2021-91209219-APN-SGAI#TFN, la representación fiscal indicó que: “Atento el acogimiento por parte del contribuyente al Plan de Facilidades de Pago N° 0365654, realizado con fecha 30-11-2020, la contribuyente regularizó la pretensión fiscal, incorporando en el citado plan $ 857.862,16 por el IVA del período fiscal del 02/2014, por crédito fiscal detraído de los períodos fiscales del 07/2013 al 03/2016, no generando, la acumulación del ajuste fiscal en el período más antiguo, 02/2014, perjuicio fiscal.”
Asimismo, informó que la actora no se encontraba alcanzada por las causales de exclusión previstas en los incisos a) y b) del artículo 16 de la ley 27.541, no pudiendo constatarse las dispuestas en los incisos c) y d); por su parte, puntualizó que la actora sólo rectificó la declaración jurada de Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal febrero de 2014 Respecto del Certificado Mipyme de la actora, al que hace referencia el art. 8 de la ley 27.541, se hizo saber que el mismo tenía vigencia hasta el 31 de octubre de 2021.
IV. Que el artículo 8° de ley N° 27541 (B.O. 23/12/2019) según texto reformado por la ley N° 27.562 establece que los contribuyentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, agregándose que la ley 27.562 extendió ese plazo al 31 de julio de 2020, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el Titulo IV Capítulo I de esa ley. En tal sentido, entre los contribuyentes comprendidos en este régimen de regularización se encuentran quienes posean el “Certificado MiPyME” (vide art. 4 RG 4816/2020), no resultando controvertido que la recurrente cuenta con el mismo.
Asimismo, en el art. 9 se dispone que quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley bajo análisis, en tanto el recurrente se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, indicando que el allanamiento y/o desistimiento puede ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial según corresponda, quedando incluidas aquellas obligaciones sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables.
A su vez, el art. 9° de la Resolución General N° 4816, reglamentaria de la ley 27.562, establece que cuando la deuda se encuentre en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formula el acogimiento, el que deberá ser presentado ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial donde tramite la causa junto con el detalle de las obligaciones regularizadas.
V. Que ello así, atento el acogimiento formulado en los términos de la ley 27.562 y lo expuesto por las partes en relación a la cancelación de los montos objeto de ajuste, corresponde tener a Argencraft S.A. por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace a impuestos determinados en autos y sus intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de dicha recurrente. Que por otro lado, en lo que hace a la porción restante de intereses resarcitorios y multa por el período febrero de 2014, la propia normativa establece su condonación de pleno derecho como beneficio a partir del desistimiento formulado, en tanto les otorga un tratamiento diferenciado.
De los términos de la ley 27.541 (texto según ley 27.562), surge que ello será procedente con alcance general –en lo que aquí interesa- cuando respecto del capital se adhiera al régimen de regularización excepcional previsto en el Capítulo I del Título IV de esa norma y mientras se cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior (art. 11° primer párrafo); entendiendo ello como incluidas las obligaciones en discusión administrativa contencioso administrativa o judicial; supuesto en el que debe cumplirse con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 27.541.
Cabe señalar que el organismo recaudador puso de resalto, que el apelante no está incurso en las causales de exclusión de los incisos a) (quiebra) y b) (delitos penal tributarios y aduaneros) del artículo 16 de la ley 27541, de acuerdo a las consultas efectuadas al Módulo de Juicios Universales del sistema Atenea y al Sistema de seguimiento de Causas Penales (SCP). Por su parte, respecto a las causales previstas en los incisos c) y d) y atento el Fisco dice no poder constatarlas, no se desprende de la lectura del art. 16 que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las mismas, tampoco surgiendo ello de estas actuaciones. Debo señalar, que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en dicha normativa, corresponde declarar tanto la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado anteriormente como de la multa aplicada por el período febrero de 2014. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
1. Que en las presentes actuaciones se apeló la resolución No 174/2018. Allí se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado con más sus intereses resarcitorios y se impuso una multa con sustento en los artículos 46 y 47 de la Ley N° 11.683, como resultado de la regulación en la tipificación por defraudación.
2. Que con relación a las obligaciones sustanciales adeudadas por ARGENCRAFT S.A., en orden a las agregaciones que obran a fs.252/316, se hallan cumplidos los requisitos legales para tener a la recurrente por desistida, tal como lo analiza la Vocal Preopinante.
3. Que el impuesto oportunamente determinado, base de los intereses resarcitorios y de la única multa, se elevaron a $ 690.278,56. Al respecto la representante fiscal informa que las obligaciones sustanciales fueron incorporadas a un plan de facilidades – Ley 27.562- (O365654) y que el mismo se encuentra vigente, surgiendo de la documentación acompañada por la actora que se trata de un plan de 60 cuotas. De allí surgiría una cancelación de solo 10 de ellas, encontrándose la mayor parte impagas.
4. Que tal como he sostenido en las causas ARNOLDI ADOLFO IGNACIO 18-05-21 Expte ………9612;
LACASE MARTIN 13-5-21 Expte ………1998; BUFALO S.A. 02-6-21 Expte 49.435-I; SPG S.R.L. 04-
06-21 Expte 49807; NOVILLO MIGUEL 14-6-21 Expte 33590; GIRAUDO JULIAN 26-11-20 Expte …….4721 ; SACHI S.A. 25-11-20 Expte ……6953 ; ARQUIMEDES CARRIZO S..R.L. 23-12-20 Expte ……..0284, todas ellas de esta Sala D y a las que me remito en mérito a la brevedad, considero que al encontrarse adeudada la mayor parte de la obligación principal, no corresponde otorgar en esta instancia la condonación de la porción de intereses que exceden a aquellos que deben formar parte de la regularización ni de la multa que se discute en la presente litis. (arts. 11 y 13 de la Ley 27.541 y su modificatoria 27.562), hasta tanto se acredite la cancelación total -pago- de las obligaciones sustanciales -con más los intereses no condonables-, que dieran lugar a los intereses resarcitorios previstos en el artículo 37 de la Ley N° 11.683 y a la sanción recurrida.
5. En consecuencia:
5.1. Adhiero a los puntos 1 y 3 del Voto de la Vocal Instructora 5.2. No habiéndose acreditado la cancelación total -pago- de 1) las obligación sustancial y 2) los intereses no condonados; pero estando vigente un plan de pagos, procédase a remitir la presente causa al archivo, hasta tanto la actora acredite la cancelación total de dichas obligaciones o que el Fisco Nacional denuncie que se ha producido un incumplimiento en los planes de pagos que impliquen la caducidad del mismo.
De no existir presentaciones en ninguno de los dos sentidos, se tendrán por condonados los intereses excedentes previstos en el artículo 11 de la Ley 27.541 y la multa aplicada, en la fecha que se cumpla el vencimiento de la última cuota del plan de pagos original –Ley 27.562-, atento haber dado cumplimiento a los demás requisitos subjetivos que requiere la citada ley. En este supuesto costas por su orden.
Del resultado de la votación que antecede, por mayoría; SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto y los intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley 27.541. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior y la sanción aplicada en autos. Costas en el orden causado.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijandolos para la representación procesal en la suma de $78.911 (pesos setenta y ocho mil novecientos once) equivalente a 15,85 (quince con 85/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $197.278 (pesos ciento noventa y siete mil doscientos setenta y ocho) equivalente a 39,63 (treinta y nueve con 63/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art.13 de la RG 4816/2020.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional y archívese.
Date: 2021.10.19 11:57:25 -03:00 Date: 2021.10.19 13:36:43 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.20 09:12:59 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.20 09:13:00 -03:00
Fin de la sentencia