Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad de notificación y cosa juzgada formulados por la actora y el fisco respectivamente, sin costas.
2Confirmar la Resolución nro. 06/2022 (AD SARA) dictada por el Administrador de la Aduana de San Rafael, en las actuaciones SIGEA N° 19144-736-2020, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-47751036-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: EX-2022-62568767-APN-SGASAD#TFN “ARGENSUN SA”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 22.06.22, mediante el RE-2022-62568641-APN-SGASAD#TFN, la firma ARGENSUN SA, a través de su apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 06/2022 (AD SARA), de la Aduana de San Rafael, Mendoza, tramitada en el expediente SIGEA 19144-736-2020 en donde la Aduana deniega la repetición de la suma abonada en concepto de derechos de exportación -establecidos conforme el decreto 793/2018- relativos a la exportación a consumo documentada en el Permiso de Embarque 18 078 EC01 001531 N. La suma reclamada por el referido PE asciende a un total de ciento setenta y un mil dos cientos pesos con 47/100 centavos. ($171.200,47).
En primer término plantea la nulidad de la notificación de la resolución apelada cursada el 08/11/2021 invocando que fue practicada en un procedimiento combinado de cédula de notificación y correo, que a su entender, adolece de distintos vicios que la tornan nula, toda vez que a la referida fecha tanto el letrado apoderado de la firma como “Argensun S.A.” habían constituido domicilio electrónico ante el SICNEA.
La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante el PE involucrado documentó el 11 de diciembre de 2018, las exportaciones allí declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18. Señala que lo que se cuestiona en autos es la facultad que inconstitucionalmente se irrogó el Poder Ejecutivo al establecer los derechos de exportación y modificar la alícuota, sin sustento legal previo que lo ampare. Aduce que, en su decisión, la Aduana pretende justificar la validez del decreto 793/18 en afirmaciones dogmáticas y sin hilo conductor o justificación válida. Indica que mediante el permiso de embarque involucrado, su mandante documentó la exportación de las mercaderías allí declaradas y al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, se pagó el derecho de exportación establecido por el Decreto N° 793/18, el cual, a través del Poder Ejecutivo, fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA.
Agrega que si bien en los considerandos del citado decreto y en el dictamen jurídico que sustenta la resolución apelada se destaca que la norma es un decreto reglamentario (dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 99, inc. 2 de la CN), lo cierto es que opera como un reglamento delegado; es decir, aquél que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el poder legislativo. Por ello argumenta que el decreto aquí cuestionado, entonces, no es un mero reglamento, sino que opera como el antiguamente denominado reglamento delegado que hoy en día, luego de la reforma del año 1994 se encuentra prohibido por el art. 76. Explica que el servicio aduanero, entiende que el mencionado Decreto N° 793/18 se dictó en el ámbito interno de la Administración y que, por lo tanto, no le resultan aplicables las conclusiones a las que arribó la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”, pero omite considerar, no sólo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto aquí cuestionado, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada.
Por todo ello analiza los alcances del citado decreto y la norma prevista en el art. 755 del CA. Cita el principio de legalidad y refiere al mismo mencionando Jurisprudencia de la C.S.J.N, considerando que es indudable que, en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional. Añade que no desconoce que el fallo allí emitido refería a la Resolución ME Nº 11/02. Plantea que es indudable que el decreto N° 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución, y por ello los derechos de exportación allí fijados, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica”.
Expresa que el decreto N° 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó, lo que recién ocurrió el 13/12/18, cuando entró en vigencia la ley 27.467, por lo cual siendo que los permisos de embarque aquí involucrados se oficializaron previo a dicha fecha y visto que, conforme el art. 726, del CA, el momento imponible queda fijado con el registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia de pago del derecho de exportación fijado por el decreto N° 793/18 es improcedente. Destaca que esta postura fue recogida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia y por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia refiriéndose y explayándose en relación a ello.
Plantea la similitud del caso “Selcro” con “Camaronera Patagónica”, donde considera que es clara y la del art. 59 de la ley 25.237 con el art. 755, del CA. Hace referencia a la facultad de este Tribunal Fiscal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que si bien es cierto que el artículo 1164 del Código Aduanero les impide, en principio, a los integrantes del Excmo. Tribunal pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, se lo permite, en tanto la Corte hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas. Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la C.S.J.N en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el Decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.647 que la ratificó.
Ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755, del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso Nacional la ratificó. Cita Jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación y peticiona que por todas las consideraciones aquí expuestas, se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto Nº 793/18, en tanto, reitera, es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso Nacional. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido el 24.11.22 mediante el IF-2022-126782914-APN- DTD#JGM. Plantea excepción de cosa juzgada como de previo y especial pronunciamiento contra la presentación del recurso de apelación interpuesto por considerarlo extemporáneo -la cual se difirió para su resolución con el fondo de la causa-. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Hace referencia a los hechos que originaron la cuestión. Invoca los arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema.
Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, haciendo propias las consideraciones del Vocal preopinante respecto a la interpretación que corresponde dar a la ley 26.122, explayándose a dicho respecto. Asimismo, cita los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante ("Indunor SA c/EN- PEN y otro s/amparo Ley 16.986". Fallo de fecha 25/04/2019, de la Cámara Contencioso Administrativo Federal- Sala II -Expte. 67133/2018; “Patagonic Gas SRL C/ EN-AFIP-DGA S/Amparo Ley 16.986”. Fallo de la Sala III de la CNACAF, de fecha 14/11/19- Expte. 74554/2018) señalando al fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que da por reproducido. Fundamenta luego que el Tribunal Fiscal resulta incompetente para declarar la inconstitucionalidad de las normas, refiriendo al art. 1164 del CA, jurisprudencia y doctrina. Cita la Causa Nº 9434-A “RBK ARGENTINA S.A. c/DGA s/ RECURSO DE APELACION”. Por último, trae a colación el decisorio arribado en el Plenario TFN del 26/04/2022 (IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN). Finalmente indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” respecto de la moneda en que deben devolverse las diferencias de derechos que deban pagarse, y los artículos 811 y 812 del CA en relación a los intereses aplicables.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. El 24.11.22 la demandada acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 19144-736-2020. El 26.04.2023 se elevan los autos a esta Sala “E” y el 27.04.2023 se los pasa a sentencia.
IV. Que de las actuaciones administrativas SIGEA 19144-736-2020, surge que el escrito reclamando la repetición de los derechos de exportación respecto del PE 18 078 EC01 001531 N se presentó el 09.01.20, fecha de inicio de las actuaciones administrativas. El 01.02.21 la parte actora solicita pronto despacho. A continuación, con fecha 01.11.21, el Administrador de la Aduana de San Rafael dispone: tener por presentada y parte a la empresa actora a través de su apoderado; por iniciado el procedimiento de repetición en los términos de la Resolución General (AFIP) 2365/07; se lo intima en el plazo de 10 dias a constituir domicilio Legal conforme el apartado B, punto 3 “a” de la Resolución General (AFIP) 2365/07, se le hace saber que deberá constituir domicilio electrónico mediante el SICNEA, se tiene por agregada la documental aportada; que se produzca el informe técnico requerido y por Sección Económica y Financiera se certifiquen los montos abonados para su agregación. A continuación luce planilla de notificación del correo Argentino de tipo de carta plus notificada el 08/11/21 al SR. Machado. Con fecha 22.12.21, pasa a la Sección Económica y Financiera. Luego lucen los listados de liquidaciones manuales. Con fecha 29.12.21 pasan a la Sección EX ANTE. Luego luce el permiso de embarque. A continuación obra el dictamen 06/22 de la Aduana de San Rafael que fundamenta que no corresponde hacer lugar a la solicitud de devolución de tributos solicitada. A continuación, obra la Resolución N° 06/2022 (ADSARA) apelada en estos autos, por la que no se hace lugar a la repetición solicitada.
V. Que, en primer término, corresponde señalar que los planteos de nulidad de las notificaciones cursadas por la Aduana en los antecedentes del caso y de cosa juzgada, formulados por la actora y el fisco respectivamente, no pueden prosperar.
Ello así, toda vez que de las act adm y de la documentación acompañada por la recurrente, surge que las notificaciones cursadas en el procedimiento de repetición, incluida la de la resolución recurrida (dictada el 02/02/2022), debieron haberse realizado utilizando el sistema de notificación SICNEA, en atención a que con fecha 14/04/2021 fue dictada la Resolución General 4966/2021, por la que se modificó la Resolución General 3474/13, estableciendo la obligatoriedad del uso del referido sistema, con el objetivo de incrementar la certeza y transparencia en las comunicaciones de los actos administrativos (ver considerandos de la norma). Cabe aclarar que si bien no consta en las actuaciones del caso la adhesión al Sistema Informático de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras de la recurrente y de su letrado apoderado, ante esta instancia la actora pudo probar dicho extremo, con las constancias de “Consulta de datos relacionados con el Comercio Exterior” acompañadas como prueba documental.
Por lo expuesto y atento a que la recurrente recién tomó conocimiento de la resolución recurrida, en virtud de la sentencia dictada por la Sala “F” de este Tribunal en la causa EX-2022-23800091- -APN-SGASAD#TFN ARGENSUN S.A. c/ D.G.A s/AMPARO de fecha 08/04/2022, no cabe más que considerar la temporaneidad del recurso interpuesto con fecha 26/04/2022 (ver Carátula del expediente EX-2022-40733938- -APN- SGASAD#TFN) y no hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la actora, en virtud de que su declaración implicaría retrotraer el proceso sin utilidad alguna y de cosa juzgada formulado por el fisco, sin costas.
VI. Corresponde ahora analizar si la Resolución N° 06/2022 (AD SARA), firmada por el Administrador de la Aduana de San Rafael, en cuanto resolvió denegar la devolución de las sumas pretendidas por ARGENSUN SA en concepto de derechos de exportación (abonados por los PE 18 078 EC01 001531 N –oficializado el 11.12.18- ), se ajusta a derecho.
Que de las actuaciones administrativas del caso, resulta que la firma “ARGENSUN SA” documentó el P.E. 18 078 EC01 001531 N, (-oficializado el 11.12.18-) mediante el cual solicitó la exportación a consumo de la mercadería clasificada en la Posición Arancelaria Nro.: 0813.20.20.9100 (Frutos Secos) por las que se abonaron derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18.
Que el art. 726 del Código Aduanero dispone que sea aplicable el derecho de exportación establecido en la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, y dada la vigencia al 11/12/2018 del Decreto Nro. 793/18 y de la ley 27.467, la recurrente abonó los derechos de exportación liquidados a la fecha de registro de la operación.
Que la actora fundamenta su apelación en el argumento de que el Dec. 793/18 no contenía el respaldo legal suficiente, citando principios constitucionales (reserva legal tributaria) y, fundamentalmente, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15/4/14, en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/EN-M de Economía s/amparo”.
Que en todo su escrito de apelación, cuestiona la legitimidad del Dec. 793/18 en tanto y en cuanto no tenía el respaldo de una ley del Congreso de la Nación, que conforme ella misma manifiesta, se produjo con el dictado de la ley 27.467.
Que la sanción de la ley 27.467 se produjo el día 15/11/2018, fue protocolizada por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 3/12/18 (Decreto Nro. 1094/2018) y publicada en el Boletín Oficial con fecha 4/12/18.
Que en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, se fijó como doctrina legal (art. 151 de la ley 11.683) lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- … ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467” (negritas y subrayado me pertenecen), quedando perfectamente aclarado en dicho texto, la fecha de entrada en vigencia de la norma: 04/12/2018.
En virtud de ello, y atento que el Permiso de Embarque Nro. 18 078 EC01 001531 N fue oficializado el día 11/12/2018, corresponde confirmar el rechazo de la solicitud de devolución de los Derechos de Exportación en él pagados, toda vez que los mismos fueron abonados encontrándose vigente la ley 27.467, respecto de la cual no se ha realizado cuestionamiento alguno.
VII. Que en relación a las costas, y atento los fundamentos expuestos precedentemente y la forma en que se resuelve, corresponde imponerlas en el orden causado toda vez que ni la actora ni la demandada argumentaron a su respecto (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad de notificación y cosa juzgada formulados por la actora y el fisco respectivamente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución nro. 06/2022 (AD SARA) dictada por el Administrador de la Aduana de San Rafael, en las actuaciones SIGEA N° 19144-736-2020, con costas por su orden.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez.
En cuanto a los límites temporales de la doctrina del art. 3 del plenario de este tribunal del 26.04.22 -entre el 04.09.18 y el 04.12.18- vale agregar a lo dicho que no resultan casuales tales límites.
Efectivamente, al entrar en vigencia la ley 27.467 desde el 04.12.18, en lo que importa a esta causa, desapareció la cuestión de la validez constitucional del decreto 793/18 planteada por la actora, conforme el mismo precedente de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica” que invoca. Y es que, desde el 04.12.18 el decreto 793/18 - conforme incluso, implícitamente, el art. 3 del plenario que señala a esa fecha como la de entrada en vigencia la ley 27.467- goza de plena validez constitucional, por su ratificación por el Congreso, en los términos de la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera”) siendo improcedente que se intente con tal fundamento invalidar su aplicación a una exportación como la de autos, oficializada el 12.12.18.
Así se fundamentó en el precedente de esta sala del 29.10.21 “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10-2021.pdf) cuya parte pertinente sobre tal cuestión transcribo -ver Capitulo XIII.3. punto (viii) de la sentencia-: El decreto 793/18 (BO: 04.09.18) fue específicamente ratificado por el art. 82 de la ley de presupuesto 27.467 (BO: 04.12.18). Tal ratificación legislativa otorga vigencia y validez constitucional a las alícuotas del decreto 793/18 solamente desde el 04.12.18, conforme la interpretación constitucional que debe hacerse de los términos ("mantener") del art. 82 de la ley 27.467.(…) la norma (…) expresa una voluntad específica del Congreso de que el decreto 793/18 goce de vigencia inmediata, con independencia de las normas generales de vigencia de las leyes nacionales (art. 5 del Código Civil).
En tal sentido, debe considerarse al art. 82 como una norma especial de entrada de vigencia inmediata -desde el 04.12.18- de las alícuotas y demás previsiones del decreto 793/18, con efectos hacia el futuro (Fallos: 321:366; 323:1566; 325:1418 y 2509). El art. 82 de la ley 27.467 cristaliza, desde el 04.12.18, una voluntad legislativa, clara y explícita, que puede ser entendida -más allá de las imperfecciones técnicas de su instrumentación- como un aval de los contenidos de la norma que ratifica: el decreto 793/18. El período de tres meses (04.09.18 al 04.12.18) durante el cual, conforme lo decidido, el decreto 793/18 careció de vigencia y validez constitucional, consagra un criterio que resulta conteste con el estricto seguido en esta materia por la jurisprudencia de la Corte Suprema, corolario del fundamental principio constitucional de legalidad en materia tributaria.
(ver Fallos: 321:347; 325:2394, en especial el voto del juez Petracchi, y disidencia de los jueces Argibay y Petracchi in re "Camaronera", considerandos 19 y 20). Así lo estableció el Alto Tribunal, por ejemplo, en los precedentes (...): (i) "ZOFRACOR S.A. c/ESTADO NACIONAL s/AMPARO" (Fallos 325:2394) en el que se determinó la nulidad constitucional del DNU 285/1999 (BO: 30.03.99) por el periodo de nueve meses transcurrido entre abril de 1999 y enero del año 2000, en que el mentado DNU fue específicamente ratificado por el art. 86 de la ley de presupuesto 25.237 (B0:10.01.00) para el año 2000; (ii) "KUPCHIK, LUISA SPAK DE Y KUPCHIK, ALBERTO MARIO C/ B.C.R.A. Y ESTADO NACIONAL (M.E.) SNARIOS" (Fallos: 321 :366) en el que se determinó la nulidad constitucional del DNU 580/89 (BO: 22.08.89) por el período de casi cuatro meses transcurrido entre agosto de 1989 y diciembre del mismo año, en el que el DNU fue específicamente ratificado por la ley 23.757 (BO: 18.12.1989); (iii) el invocado por la actora, "CAMARONERA PATAGÓNICA S.A.
C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTROS S/AMPARO" (Fallos: 337:388), en el que se determinó la nulidad constitucional de la Resolución (MEI) 11/2002 (BO: 05.03.02) por el período de poco más de seis meses transcurrido entre marzo del año 2002 y agosto del mismo año, en que la resolución fue genéricamente ratificada por el artículo 3 de la ley 25.645 (BO:09.09.02). (…) Las alícuotas del decreto 793/18 gozan, conjuntamente, de vigencia y validez legal desde el 04.12.18 con el dictado y la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.467; (…)
En conclusión, siendo inaplicable el plenario, conforme sus propios términos (art. 3), a la operación de exportación de autos -oficializada el 11.12.18- y que no existen mayores dudas -incluso bajo la doctrina implícita del art. 3 del plenario- de que, desde el 04.12.18, el decreto 793/18 goza de plena validez constitucional por su ratificación por el art. 82 de la ley 27.467 y bajo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”), corresponde: (i) rechazar los argumentos sobre su invalidez planteados por la actora, por inaplicables al PE de autos; (ii) ratificar la resolución apelada y (iii) rechazar el reclamo de repetición. En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Rechazar los planteos de nulidad de notificación y cosa juzgada formulados por la actora y el fisco respectivamente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución nro. 06/2022 (AD SARA) dictada por el Administrador de la Aduana de San Rafael, en las actuaciones SIGEA N° 19144-736-2020, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secetraría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación –conf. art. 1162 del C.A. y art. 59 del Reglamento de Procedimiento ante el TFN-. Date: 2023.04.27 16:15:07 -03:00 Date: 2023.04.27 16:28:33 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.27 16:28:34 -03:00
Fin de la sentencia