Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 24778886-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el pronunciamiento apelado y declarar abstracta la cuestión suscitada en las presentes actuaciones, de conformidad con lo señalado en el Considerando IV y
2Admitir el recurso de la parte actora en cuanto a las costas y, en consecuencia, imponerlas en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 279 y 68 del C.P.C.C.N.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
64474/2022 - ARGENSUN SA (TF 24778886-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 28 de febrero de 2023.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del pronunciamiento del 12 de mayo de 2022, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por unanimidad, rechazar la presente acción de amparo y, por mayoría, distribuir las costas por su orden.
Para así decidir, se efectuó una reseña de los antecedentes fácticos y de las consideraciones vertidas por las partes en la causa. Ello así, los integrantes del citado Tribunal expresaron que, con posterioridad a que la accionante presentara un pedido de “pronto despacho” habían acontecido una serie de movimientos que derivaron en la resolución de lo peticionado por ella (que ocurrió bajo el número 119/2022 -AD CAMP-). En ese contexto, entendieron que el amparo iniciado había perdido virtualidad pero que, no obstante, correspondía su rechazo “[d]ado que al momento de la interposición de recurso -16/03/2022- el procedimiento de repetición se encontraba en pleno trámite teniendo en consideración la emisión de la NOTA IS 385/2021 obrante a fs. 22 de las actuaciones administrativas y la remisión dispuesta posteriormente [ambas] previas a que se glosara el Dictamen Nro 104/2022 que originara a la Resolución nro. 119/2022 (AD CAMP), emitida el 1/4/2022 […]”. Finalmente y respecto de las costas, los integrantes de la mayoría expresaron que las particulares circunstancias del caso y la circunstancia de que la decisión aduanera que puso fin al procedimiento administrativo hubiera sido dictada con posterioridad a la interposición de la acción, justificaban la distribución en el orden causado (páginas 132/135 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 31 de mayo de 2022 la parte actora interpuso un recurso de apelación, que fundó en el mismo acto y cuyo traslado fue contestado el 21 de junio por su contraria (páginas 141/151 y 157/165 del PDF acompañado en la causa).
En primer término reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal. Posteriormente, destacó que su parte había acudido ante la instancia de origen por haber mediado una excesiva demora de su contraria en el trámite de las actuaciones administrativas del caso, transcurriendo un plazo que excedía ampliamente lo razonable.
Señaló que se encontraban afectados los principios administrativos de sencillez, celeridad y economía procesal y aquellos constitucionales de razonabilidad, legalidad y propiedad. Asimismo, puso de resalto que desde el inicio del procedimiento administrativo y hasta la fecha del inicio de esta acción habían transcurrido más de dos años y dos meses.
Repasó algunos de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Fiscal en la sentencia discutida, al tiempo en que recordó que el expediente administrativo se encontró paralizado, y que, recién con posterioridad a que su parte iniciara esta acción, el servicio aduanero impulsó la tramitación.
Explicó que las circunstancias descriptas bastaban para tener por configurada la demora excesiva a la que refería el artículo 1160 del Código Aduanero y reiteró que la demora en dictar la resolución correspondiente le causaba un perjuicio grave a su parte, quien se veía impedida de recuperar los derechos de exportación abonados indebidamente.
En otro orden de ideas, destacó que no se habían cumplido con los plazos legales (contenidos en los artículos 1068 y ss. del Código Aduanero, la ley 19.549, las Resoluciones ANA 2846/94 y 3428/96, la Instrucción General DGA 8/05 y el decreto 1883/91) aplicables a la especie y manifestó que, teniendo en consideración algún retraso habitual, podía estimarse “[u]n plazo máximo total de aprox. 6 meses para la tramitación del pedido de devolución [y que] En el presente caso ese plazo [había sido notoriamente excedido], con el agravamiento que como se dijo se trata[ba] de una cuestión de puro derecho con criterio ya sentado por la propia Aduana, que no entra[ba] a considerar el fondo de la cuestión, no habiendo período de prueba […]”.
Finalmente, advirtió que la resolución dictada por la demandada respecto de su solicitud no le había sido notificada aun y, por lo expuesto, solicito que se revocara lo decidido y que se impusieran las costas de ambas instancias a su contraria.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones (iniciadas el 16 de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II marzo de 2022 y dentro de las cuales obran los antecedentes del procedimiento administrativo iniciado por la firma actora destinado a obtener la repetición de tributos abonados en el marco de una operación de exportación a consumo identificada con el permiso de embarque 18 078 EC01 010530 F y que tramitó bajo la denominación SIGEA Nº 19144- 681-2020) surge, en lo sustancial, que:
a) El 9 de enero de 2020 la firma actora peticionó ante la autoridad administrativa la devolución de y en los términos de los artículos 809, 1068 y siguientes del Código Aduanero, la devolución de las sumas referidas en el párrafo que antecede y el “pronto despacho” de su petición (páginas 12/21 del PDF de las actuaciones administrativas).
b) El 1 de febrero de 2021, la accionante peticionó nuevamente el “pronto despacho” de lo actuado (página 23 del PDF de las actuaciones administrativas).
c) El 8 de septiembre de 2021 el servicio aduanero tuvo a la actora por presentada en expediente administrativo, por iniciado el procedimiento de repetición e intimó al letrado patrocinante de la actora a adherirse al sistema de notificación electrónica SICNEA (página 100 del PDF de las actuaciones administrativas).
d) El día 31 de marzo de 2022 se emitió el dictamen Nº 104/2022 (SESU AD CAMP) y el 1 de abril de dicho año se dictó la Resolución 119/2022 (AD CAMP) por medio de la cual se rechazó la repetición iniciada por la actora (páginas 115/121 del PDF de las actuaciones administrativas).
IV. Que, sentado lo expuesto y en atención al modo en el cual quedaron configurados los hechos del caso, no puede soslayarse que la parte actora obtuvo la respuesta que pretendió del servicio aduanero. En efecto, debe destacarse que el acto administrativo detallado en el punto “d” del Considerando que antecede, resulta coincidente con lo pretendido por ella en el punto II del escrito de inicio y en su presentación del 9 de enero de 2020.
De esta manera, este Tribunal no puede dejar de reconocer que el objeto de la presente acción se encontraba cumplido en su totalidad con anterioridad a que el Tribunal Fiscal emitiera el pronunciamiento bajo estudio, toda vez que se había acompañado a los actuados la respuesta a la petición de la accionante, que se materializó mediante el dictado de la disposición pretendida. Sobre el punto, debe recordarse que a los Tribunales se les encuentra vedado emitir pronunciamientos en abstracto, esto es, sin que de ellos resulte la producción de efecto jurídico alguno (en igual sentido, esta Sala in re “Adblick Granos (TF 114843040-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” expte. Nº 14517/2022, sentencia de agosto de 2022 y “Argensun SA (TF 25365192-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 55800/2022, sentencia de octubre de 2022).
Por ello, es que corresponde revocar la decisión de la instancia de grado en cuanto dispuso rechazar la presente acción de amparo, si se repara en que, al momento en el que esta fue dictada, la cuestión suscitada había devenido en abstracta.
V. Que, por otro lado, debe analizarse la controversia suscitada en torno a los accesorios y, para ello, no puede soslayarse que la parte actora se vio compelida a iniciar la presente acción debido a la morosidad del servicio aduanero en la tramitación de su petición. Al respecto, recuérdese que el artículo 1160 del Código Aduanero establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos. El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite […]”.
Así, en el caso es posible verificar la existencia de: a) una petición sobre la cual la demandada debía expedirse (esto es, la mencionada solicitud actoral de devolución, que data del 9 de enero de 2020); b) dos pedidos de “pronto despacho” efectuados el 9 de enero referido y el 1 de febrero de 2021 y c) el transcurso en exceso del lapso de quince días que la normativa aduanera prevé como requisito de admisibilidad para el inicio de acciones como la que aquí se encuentra bajo estudio.
En este sentido, cabe destacar que tampoco obstan a lo decidido las suspensiones de plazos establecidas por las Resoluciones CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Generales 4682/2020, 4692/2020, 4695/2020, 4703/2020, 4713/2020, 4722/2020, 4736/2020, 4750/2020, 4766/2020, 4786/2020, 4794/2020, 4807/2020, 4818/2020, 4835/2020, 4840/2020, 4856/2020 y 4999/2021 que establecieron como último lapso suspendido aquel ocurrido entre los días 26 y 28 de mayo de 2021, de modo tal que -teniendo en cuenta que transcurrió más de un año desde la articulación del último pedido de “pronto despacho” de la accionante-, las ellas carecen de relevancia a los efectos de dirimir la cuestión planteada.
Por lo expuesto, corresponde también modificar el régimen de costas de la decisión del Tribunal Fiscal (cfr. artículos 279 del C.P.C.C.N.), las que habrán de ser impuestas en ambas instancias a la demandada, en tanto y cuanto con su injustificada demora ha dado lugar a la promoción del presente amparo (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.). Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:
1. revocar el pronunciamiento apelado y declarar abstracta la cuestión suscitada en las presentes actuaciones, de conformidad con lo señalado en el Considerando IV y 2º) admitir el recurso de la parte actora en cuanto a las costas y, en consecuencia, imponerlas en ambas instancias a la demandada (cfr. artículos 279 y 68 del C.P.C.C.N.).
Se deja constancia de que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (cfr. artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia