Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36606041-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Argensun SA, a obtener el reintegro de la suma de $339.475,89 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa –respecto de los Permisos de Embarque 18078EC01001107M y 18078EC01001446S–, conforme los términos que surgen del Considerando X, con más sus respectivos intereses, de acuerdo Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
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DVP Buenos Aires, de marzo de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 21/09/2023, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, resolvió: (i) rechazar, con costas, la excepción de falta de legitimación para repetir tributos de la actora y (ii) rechazar, con costas por su orden, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar las resoluciones 07/2023, 08/2023, por las que la División de Aduanas de San Rafael había desestimado las solicitudes de devolución de sumas abonadas –$339.475,89 con más sus intereses– en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 793/2018, respecto de los Permisos de Embarque 18078EC01001107M y 18078EC01001446S.
Para así decidir, en lo atinente a la falta de legitimación de la actora para repetir los tributos, consideró que la Aduana no había probado su pretensión “…del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial…”, por lo que correspondía rechazar sin costas el planteo.
En cuanto al fondo del asunto, en lo sustancial, sostuvo que las cuestiones planteadas resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el fallo plenario del 26/4/2022, dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” en el cual, se había acordado fijar como doctrina legal (i) que aquél no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; (ii) que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, de conformidad con lo previsto en el artículo 755 del Código Aduanero; y (iii) que no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones dictadas por la Dirección General de Aduanas denegando la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación de lo dispuesto en el referido decreto y respecto de destinaciones de exportación registradas a partir del 4/9/2018 fecha en la que aquél entró en vigencia y hasta el 4/12/2018, cuando entró en vigor la ley 27.467. Sobre esta base, entendió que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a los permisos de embarque involucrados en la controversia Finalmente, impuso las costas en el orden causado, por considerar que pese al plenario sobre el cual se decidió la cuestión, la parte actora contaba con sobrados fundamentos –jurisprudencia del Alto Tribunal y de todas las Salas de esta Alzada– para considerar que le asistía razón al realizar su planteo de devolución.
II. Contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación el 01/11/2023 y expone sus agravios el 14/11/2023 –los que fueron replicados por la contraria el 14/12/2023–; mientras que la demandada hace lo propio el 31/10/2023 –siendo sus agravios contestados el 14/02/2023–.
La demandada limita sus agravios al régimen de costas dispuestos por el Tribunal Fiscal.
Argumenta que en el caso sub-examine, no existen fundamentos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, criterio sentado como regla general en materia de costas conforme lo normado en el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial.
Sostiene que su parte ha resultado vencedora en virtud de haberse confirmado en su totalidad las resoluciones apeladas por la actora por lo que en virtud del artículo 184, cuarto párrafo, de la ley 11.683, es esta última quien deberá soportar los gastos causídicos y costas de su parte. Cita jurisprudencia en sustento de su tesitura y solicita se impongan las costas a la actora vencida.
III. Por su parte, la firma actora, luego de reseñar los antecedentes de la causa, así como los principales fundamentos del decisorio del Tribunal Fiscal y de la doctrina plenaria sentada por aquel, expresa que en el sub-lite se discute la constitucionalidad del decreto 793/18. Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Afirma que el Presidente de la Nación se irrogó facultades legislativas e impuso un derecho de exportación adicional del 12% para la exportación de todas las mercaderías en las condiciones allí fijadas. En tal sentido, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia imperantes, y en especial, la delineada en el caso “Camaronera Patagónica” por la Corte Suprema, sostiene que el derecho de exportación creado por el decreto 793/18 es ilegítimo. En efecto, siguiendo los lineamientos del máximo tribunal en el precedente mencionado, expone que los derechos de exportación adquieren constitucionalidad recién a partir de la vigencia de la ley 27.467 que ratificó el decreto, a la vez que determinó con una clara política legislativa la posibilidad del Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota de los derechos de exportación y con expresa limitación del máximo en dicho parámetro.
En este marco, aduce que la doctrina y la jurisprudencia han coincidido desde antiguo en que los derechos de aduana –y en lo que aquí especialmente interesa, los derechos de exportación– son tributos que clasifican en la categoría de impuestos, teniendo en cuenta la división tripartita de los recursos tributarios en impuestos, contribuciones y tasas. De este modo, sostiene que, a los fines de su imposición, deben tenerse en cuenta una serie de derechos y garantías explícitas e implícitas a favor de los obligados tributarios contenidos en la Constitución, que comprende, entre otros, el principio de legalidad.
Pone de relieve que este principio constituye una garantía esencial en el derecho constitucional tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley material y formal, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución para la sanción de las leyes. No obstante lo expuesto, indica que en los últimos tiempos se ha visto un avance del poder administrador sobre el Congreso en materia tributaria al amparo de la delegación de facultades, sobre todo en materia de tributos aduaneros.
Así las cosas, luego de hacer referencia al art. 76 de la Constitución Nacional, expresa que a partir de la reforma constitucional del año 1994, y los expresos limitantes en materia de delegación contenidos en su nueva redacción, la delegación contenida en el Código Aduanero debe ser materia de revisión. En esta línea, expone que los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo que aquí cuestiona, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual así ha sido definido por la Corte en la doctrina del caso “Camaronera Patagónica”, en el que el máximo tribunal limitó la invalidez declarada al período comprendido entre el dictado de la resolución allí cuestionada y la ratificación de la delegación legislativa y las normas delegadas que efectuó la ley correspondiente. Finalmente, refiere que la doctrina sentada por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” fue seguida por distintos tribunales federales.
Solicita la inconstitucionalidad de la tasa de interés fijada por la Resolución 559/2022 del Ministerio de Economía en atención a que su aplicación –según alega– representa un avasallamiento al derecho de propiedad –al no recomponer el capital que, por el paso del tiempo, se ve depreciado por el impacto de la inflación– e importar un condicionamiento al derecho de defensa –por desincentivar el acceso a la justicia en virtud de alterar la ecuación económico financiera del reclamo–.
Cita jurisprudencia que –a su entender– abonarían su tesitura.
IV. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos por las partes, es importante destacar que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de esta Alzada, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf., CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus, “ACIJ c/EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
2600/09 y otras) s/amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, de 18/10/2022, entre otros).
V. Desde otro ángulo, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de los hechos, la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
VI. Sentado todo ello, es menester puntualizar que en el caso sub-examine corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la firma Argensun SA, conforme a las disposiciones del decreto 793/18 (B.O. 4/9/2018), resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, cabe precisar que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 19144-863-2020 y 19144-897-2020, fueron iniciadas con las solicitudes de repetición efectuadas por la firma Argensun SA para que se le restituyeran las sumas pagadas por aplicación del decreto 793/2018 en concepto de derechos de exportación con relación a los Permisos de Embarque Nº 18078EC01001107M y 18078EC01001446S, por un monto total de $339.475,89. Dichas solicitudes fueron rechazadas por la Administración de la Aduana de San Rafael por intermedio de las resoluciones 07/2023 y 08/2023 Ello motivó que, con fecha 03/04/2023, la actora interpusiera recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs 5/24, del expediente digital remitido el 19/04/2024), que –tal como se indicó– fue desestimado mediante decisorio de fecha 21/09/2023.
VII. Así las cosas, corresponde describir el plexo normativo aplicable al caso bajo estudio.
En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (art. 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
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Por otro lado, en su art. 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inc. 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inc. 3º). Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99, inc. 3º).
A su vez el art. 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inc. 12).
Por su parte, el art. 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
VIII. Por otro lado, cabe puntualizar que en el precedente registrado Fallos: 337:388, “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ Amparo” (sentencia del 15/4/2014), la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de este derecho de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria —es decir, para nutrir el erario público— y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema sostuvo que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º). Así las cosas, luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate – Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la resolución 11/2002– con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”; y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º).
A continuación, con relación al principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que éste no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la resolución 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo).
Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. Luego, indicó que, en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa. A partir de este análisis la Corte federal concluyó que la resolución 11/2002 resultaba inválida. Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera ignorarse que la ley 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002”, lo cual representó “la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la ley 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la resolución 11/2002, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia”; y resolvió que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento –este último– a partir del cual había comenzado a regir la ley 25.645.
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IX. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en el precedente “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, causa 377/2021, sentencia del 18/10/2022 (criterio reiterado por esta Sala –en su actual integración– en los casos “Over Organización Veterinaria Regional SRL c/ EN-DGA – SIGEA 13289/3919/2019 s/ dirección general de aduanas”, causa 42.682/2022, sentencia del 14/5/2024 y “Newsan SA (TF 9768500-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 17.252/2023, sentencia del 21/5/2024; y en los precedentes “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ dirección general de aduanas”, causa 62.761/2019, sentencia del 3/2/2023; “El Galgo SA c/ EN –AFIP DGA s/dirección general de aduanas”, causa 14.520/2020, sentencia del 28/3/2023; “Arcor SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 23.225/2023, sentencia del 7/11/2023; “Arcor SAIC (TF 69398395-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 26.774/23, sentencia del 21/11/2023); “Enap Sipetrol Argentina SA (TF 25115520-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 29.337/2023, sentencia del 23/11/2023); “Refinería del Norte SA (TF 47880908-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 30.542/2023, sentencia del 23/11/2023; “Refinería del Norte SA (TF 47866058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.644/2023, sentencia del 14/12/2023).
En dicho precedente, se señaló que la ratificación legislativa, como regla general, carecía de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecían de vicios en su origen. Al mismo tiempo, se explicaron las razones del apartamiento a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Patagonic Gas SRL c/ EN -AFIP- DGA s/ amparo”, causa 74.554/2018, sentencia del 14/11/2019.
En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el decreto 793/2018 en las facultades del artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la ley 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica S.A.”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27.467, se dispuso que el decreto 793/2018 –aquí cuestionado– careció de vigencia entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 13/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467– (cfr. esta Sala – en su actual integración– in re: “Over Organización Veterinaria Regional S.R.L.”, ya citado, considerando VI), por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en dicho período.
X. De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones relativas a las destinaciones 18078EC01001107M y 18078EC01001446S, tuvieron lugar con anterioridad al 13/12/2018 –concretamente, fueron oficializadas el 13/09/2018 y el 23/11/2018 respectivamente (cfr. páginas 177/180 y 262/265 de las actuaciones administrativas)–, deberá reintegrarse la suma de $339.475,89 XI. Por otro lado, corresponde rechazar los agravios esbozados por la actora en punto a que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 559/2022 del Ministerio de Economía. Ello así, toda vez que, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General –dictamen Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
4343/2024–, la firma apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (en igual sentido, esta Sala, expte. nro. 24319/2023, in re: “Antonelli, Daniela c/ EN-AFIP-LEY 20628 s/Amparo Ley 16.986”, sentencia del 31/10/2023; y en el mismo sentido, Sala IV Causa Nº 38983/2023, in re: “Suárez, María Cristina c/ EN - AFIP - LEY 20628 s /Amparo Ley 16.986”, del 21/12/2023).
Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (cfr. Sala IV, Causa N° CAF 63190/2019/CA1, in re, “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, del 07/11/2023), doctrina que también ha extendido a las repeticiones aduaneras (cfr. Sala IV, Considerando 6° de la sentencia dictada en la causa 16279/2024, in re, “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 19/11/2024).
Dicha doctrina concuerda con lo expuesto por esta Alzada en el reciente fallo “Telefónica de Argentina SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva” y sus citas (Causa 11207/2020 sentencia del 26/11/2024).
XII. Sentado todo ello, en cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que los reclamos de repetición fueron presentados el 05/11/2019, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/8/2022, conforme a la tasa prevista en la resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda (cfr. artículo 10, vigente a partir del 1º/8/2019); (ii) desde el 01/09/2022 y hasta el 31/1/2024, de acuerdo con la establecida en la resolución 559/2022 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 9º); (iii) desde el 01/02/2024 y hasta el 28/02/2025, de conformidad con la contemplada en la resolución 3/2024 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 10); (iv) a partir del 01/03/2025 según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º); o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago (esta Sala, in rebus: “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 28712-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 43.705/2023, sentencia del 2/2/2024; “Minera Santa Cruz S.A. (TF 27393717-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 34.659/2023, sentencia del 12/3/2024, entre otras) y en las condiciones establecidas por la CSJN en la causa “Cencosud (TF 29.535-A) c/ DGA", sentencia del 15/5/2014, y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (cfr. esta Sala, expte. CAF 43700/2023/CA1 in re “Genoma Laboratories SA c/EN–AFIP–DGA–SIGEA 19144–10022– 2019 s/Dirección General de Aduanas”, del 5/11/2024).
XIII. Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se revoca el decisorio apelado, y que no se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, reconociendo el derecho de la firma Argensun SA, a obtener el reintegro de la suma de $339.475,89 en concepto de derechos de exportación abonados sin causa –respecto de los Permisos de Embarque 18078EC01001107M y 18078EC01001446S–, conforme los términos que surgen del Considerando X, con más sus respectivos intereses, de acuerdo Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 5623/2024/CA1; ARGENSUN SA (TF 36606041–A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
con lo establecido en el Considerando XII. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 2/24 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia